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miércoles, 2 de octubre de 2013

Macabro hallazgo relacionado a la dictadura de Pinochet


Poco después del golpe de estado en Chile que terminó con la vida del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet organizó la llamada "Caravana de la Muerte", que no era sino una comitiva de soldados que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de los detenidos tras el golpe de estado.

Uno de esos procesos administrativos era matar a los izquierdistas y tirarlos al mar, y el método para "desaparecerlos" era el uso de rieles, los cuales eran utilizados para hundir los cuerpos que eran arrojados desde un avión de la Fuerza Aérea.

¿Qué opinas sobre la dictadura de Pinochet?

Según reporta el portal español El Mundo, después de casi 40 años los vecinos de Caldera, una pequeña localidad costera situada a casi 900 kilómetros al norte de Santiago, se mostraron sorprendidos tras la aparición de cinco de esos presuntos rieles.

El hallazgo ha sido posible gracias a la confesión de un exuniformado justo antes de morir, del que no se ha facilitado el nombre.

Por ahora los rieles se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos.

Asimismo, se inició una búsqueda en el área del hallazgo, ante la posibilidad de que haya más piezas similares.

Es el segundo descubrimiento

Se cree que hay dos acontecimientos ocurridos a finales de 1973 que podrían estar relacionados con el hallazgo de Caldera.

El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la 'Caravana de la Muerte' en la ciudad de Calama.

Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos.

El segundo acontecimiento del que se tiene noticia son tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.

Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre, Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia.

Con éste es el es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, una localidad situada a 44 kilómetros al norte de Valparaíso. En esa ocasión, cuatro piezas metálicas, que aún tenían botones de las víctimas adheridos, fueron halladas por detectives de la PDI.









Más en Univision.com: http://noticias.univision.com/america-latina/chile/article/2013-08-02/hallazgo-rieles-dictadura-pinochet#ixzz2gc8U9fra

Dictadura chilena usaba música de Julio Iglesias como elemento de tortura


A 40 años del golpe de estado que llevó al fallecido dictador Augusto Pinochet a tomar el poder en Chile, han salido a la luz algunas de las técnicas que su régimen empleaba para infligir daños sicológicos a los presos políticos y a los disidentes que acababan entre rejas.

Entre ellos, sorprende el malévolo uso de los éxitos del cantante español Julio Iglesias como instrumento de castigo y tortura, una intencionalidad que cumplía sus objetivos a través de la reproducción "constante y a gran volumen" de los acordes y la suave voz del emblemático artista.

¿Qué opinas sobre esta técnica de tortura?

"La música normalmente sirve para insuflar ánimo a los presos y motivarles para que se sintieran unidos, pero el estado logró revertir la situación y usar la música como una herramienta muy útil para aturdir y hacer sufrir a los detenidos. Las canciones de artistas como Julio Iglesias, George Harrison (guitarrista de The Beatles) y la banda sonora de 'La Naranja Mecánica' sonaban en los altavoces a gran volumen y de forma constante para saturar las mentes de los presos, lo que provocaba daños físicos y sicológicos de gran envergadura", reveló la investigadora Katia Chornik, profesora de la Universidad de Manchester, al diario británico Daily Mirror.

A veces la música ayudaba a prisioneros

La fatídica explotación de los temas de Julio Iglesias para beneficio de la dictadura chilena tenía lugar en casas de tortura, campos de concentración y prisiones repartidas por toda la geografía chilena, según rezan algunos extractos del estudio llevado a cabo por Chornik y publicado en su obra 'Los sonidos de la memoria: cautividad política y musical en el Chile de Augusto Pinochet'.

Sin embargo, a pesar de los dramas asociados a la música del intérprete español durante el autoritario régimen, la académica también revela que muchos de los prisioneros recibían estas melodías con cierto optimismo y sobre todo con nostalgia, ya que les recordaban a sus compañeros desaparecidos y les ayudaban a mantener viva su memoria.

"El terrible sufrimiento que impartían estas técnicas también tenía su lado positivo, porque la música servía como una forma de testimonio sobre aquellos que ya no se encontraban entre ellos. Como muchos de los opositores dejaban de existir y desaparecían de todo registro, sus compañeros de celda normalmente podían rendirles homenaje cuando sonaban aquellas canciones que les recordaban a ellos", explicó Katia Chornik.

Más en Univision.com: http://noticias.univision.com/america-latina/chile/article/2013-09-11/dictadura-chilena-usaba-musica-de-julio-iglesias-como-elemento-de-tortura#ixzz2gc5j0xax

JOSE LIBORIO RUBILAR GUTIERREZ


Rut : 37.353 de Mulchén.

F.Nacim. : 23-07-45, 28 años al momento de su detención.

Domicilio : Fundo "El Carmen Maitenes", Mulchén.

E.Civil : Soltero.

Actividad : Obrero agrícola de la Corporación Nacional Forestal -CONAF-.

C.Repres. : Dirigente del Sindicato del Fundo "El Carmen Maitenes".

F.Detenc. : 6 de octubre de 1973


SITUACION REPRESIVA

José Liborio Rubilar Gutiérrez, soltero, obrero agrícola de la CONAF, dirigente sindical, fue detenido el día sábado 6 de octubre, junto a su hermano Florencio, en circunstancias que ambos, se dirigieron al campo a ver unos animales. Luego, alrededor de las 15:00 horas, fuerzas combinadas de Carabineros, del Ejército y civiles, en un número aproximado a 30, fuertemente armados y montados a caballo, pasaron frente a la casa de la familia Rubilar Gutiérrez llevando detenidos a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, los que, posteriormente, fueron unidos a otros trabajadores del fundo que también habían sido apresados. Ellos son Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo y Germán Albornoz Acuña.

El día anterior, es decir, el 5 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas Florencio y José Liborio, fueron interceptados por dos civiles armados -Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor y Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera -ambos domiciliados en Mulchén- cuando iban llegando a su domicilio, con quienes mantuvieron una conversación de unos 15 minutos. Situación que, a pesar de inquietar a la familia, los hermanos Rubilar no comentaron lo tratado.

Entre los aprehensores se encontraba el -en ese entonces- Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña- ambos ex funcionarios del Retén El Morro- y un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, aparte de los dos ya idividualizados, se pudo identificar también a Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, -ambos domiciliados en Mulchén- y Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.

Los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío-Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal -CONAF-. Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria -CORA- la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.

Uno de los civiles portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia -quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén- que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.

El grupo lleva consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.

Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar los detenidos fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares -hermanos contra hermanos y padres contra hijos- bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento.

Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó a allanar algunas viviendas de las víctimas. Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos.

Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.

Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que, sus hijos y los otros detenidos, habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.

Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar.

La octava víctima, José Guillermo Albornoz González, fue ejecutado en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte, sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.

En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos. El día anterior a la detención de los campesinos del Fundo Carmen Maitenes el mismo grupo aprehensor detuvo en la Hacienda El Morro a Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, Edmundo Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán. El día 7 de octubre el grupo represor se trasladó a un tercer fundo denominado Pemehue, allí detuvo a otras 5 personas: Alberto y Felidor Albornoz González, José Gutiérrez Ascencio, Juan de Dios Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos fueron también ejecutados por sus captores y enterrados clandestinamente; sus familias los buscaron hasta 1980 como detenidos desaparecidos. (Ver fichas de Juan de Dios Laubra Brevis y Florencio Rubilar Gutiérrez).


http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R/jose_liborio_rubilar_gutierrez.htm


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes.

El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446-81.

El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.



http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R/jose_liborio_rubilar_gutierrez.htm

FLORENCIO RUBILAR GUTIERREZ




Rut : 37.313 de Mulchén / 29.675 Mulchén

F.Nacim. : 15-12-48, 24 años a la fecha de la detención.

Domicilio : Fundo "El Carmen Maitenes", Mulchén.

E.Civil : Soltero.

Actividad : Obrero agrícola de la Corporación Nacional Forestal -CONAF-.

C.Repres. : Sin militancia ni cargo de representación social.

F.Detenc. : 6 de octubre de 1973







SITUACION REPRESIVA

Florencio Rubilar Gutiérrez, soltero, obrero de la Corporación Nacional Forestal -CONAF- sin militancia política, fue detenido el día sábado 6 de octubre de 1973, junto a su hermano José Liborio, en circunstancias que ambos, después de haber almorzado, se dirigieron al campo a ver unos animales. Luego, alrededor de las 15:00 horas, fuerzas combinadas de Carabineros, del Ejército y civiles, en un número aproximado a 30, fuertemente armados y montados a caballo pasaron frente a la casa de la familia Rubilar Gutiérrez llevando detenidos a los hermanos Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, los que, posteriormente, fueron unidos a otros trabajadores del fundo que también habían sido apresados. Ellos son Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo y Germán Albornoz Acuña.

El día anterior, es decir, el 5 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas Florencio y José Liborio, fueron interceptados por dos civiles armados -Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor y Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera -ambos domiciliados en Mulchén- cuando iban llegando a su domicilio, con quienes mantuvieron una conversación de unos 15 minutos. Situación que, a pesar de inquietar a la familia, los hermanos Rubilar no comentaron lo tratado. Ese mismo día posterior a ese hecho, Francisco Urrizola Elías, solicitó a Ladislao Rubilar González, padre de los Rubilar Gutiérrez, que le guardara varios bultos que contenían una gran cantidad de carne de vacuno, a lo que éste accedió. Los civiles, en esa ocasión, se movilizaban en un jeep marca Willys de color rojo. Asimismo, al día siguiente, pidieron a don Ladislao que les guardara unos caballos.

Entre los aprehensores se encontraba el, en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, -ambos ex funcionarios del Retén El Morro- y un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, aparte de los dos ya individualizados, se pudo identificar también a Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor, -ambos domiciliados en Mulchén- y a Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.

Los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío-Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal -CONAF-. Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria -CORA- la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.

Uno de los civiles portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia -quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén- que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos Militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.

El grupo llevaba consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.

Esta versión se encuentra corroborada por el Ministro en Visita en su investigación, expresando en su resolución final:

"Por declaraciones de los testigos de la causa, el grupo armado era portador de una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y ultimadas, sin que hubiera existido enfrentamiento, sin que existieren pruebas fehacientes de militancia política extremista de izquierda". (Existen informes incluso que demuestran que no existían tales implicancias ni delictuales).

Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar los detenidos fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares -hermanos contra hermanos y padres contra hijos- bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento.

Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó a allanar algunas viviendas de las víctimas. Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos.

Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores liberaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.

Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.

Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar.

Al respecto, el Ministro Sumariante en su declaración de incompetencia afirma:

"Respecto de cuyos cuerpos existen fundadas presunciones de haber sido ultimados a tiros en una pampa cercana a las casas del fundo, para lo cual se excavó una fosa de 6 por 4 mts. aproximadamente, en la cual se inhumaron los restos de las siete (7) personas nombradas, recubriéndolas con trozos de césped irregularmente colocados, lugar al cual concurrían familiares y terceros a colocar ofrendas florales.

Existe consenso en que nunca más se volvió a ver vivos a las personas nombradas, según el Fiscal Militar ad-hoc don Raúl López Tournier ninguna de estas personas aparecía como registrada en las listas de detenidos".

La octava víctima, José Guillermo Albornoz González, fue ejecutado en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte. Sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.

En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos.

El Ministro al respecto afirma en su resolución:

"Que tanto las características de los lugares de los entierros de los cadáveres, aparte de los vestigios encontrados, hace más verosímil la versión que emana de un importante número de testigos sabedores de los hechos y las conclusiones que ha venido sentando el Tribunal. En efecto, en la especie de fosa común de Carmen Maitenes, la excavación claramente identificable por los retazos de césped cortados y vueltos a colocar, en forma irregular, no existía con anterioridad a la incursión del grupo armado, fue removida antes de la inspección del tribunal y no obstante se encontraron allí restos humanos. El lugar, además, era venerado por las gentes del lugar".

"Existen antecedentes de que al disponer la Excma. Corte Suprema la investigación de los hechos materia de esta querella y se designó Ministro en Visita Extraordinaria, se vio a vehículos motorizados y personas que en forma sigilosa deambularon por la tumba en referencia y probablemente se procedió a una exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos para lo cual contaron con la facilidad que proporcionaba la cercanía del río; el hecho cierto es que, constituido el Tribunal en esos lugares, sólo encontró evidencias que el lugar había sido excavado por terceros, no obstante detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de una data aproximada a la fecha de la comisión de los hechos".

"Que conforme al informe del Laboratorio de Policía Técnica el resto hallado es de hierro y como según el Coronel Rehren la munición que usaban los militares en sus fusiles SIG era de acero relleno con plomo, aparece evidente la relación".

La situación de esta víctima se ubica en un contexto represivo ocurrido en la zona los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en que fueron detenidos en el Fundo El Morro primero, por efectivos Militares y de Carabineros acompañados por civiles y luego ultimados 5 detenidos, cuyos cuerpos fueron reconocidos mientras permanecieron en el lugar "La Playita", observándose que presentaban sus manos atadas a la espalda y el cuerpo con impactos de armas de fuego. Los detenidos eran Juan Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo y Domingo Sepúlveda.

En el lugar Carmen Maitenes, en análogas circunstancias fueron hechos prisioneros primero, mantenidos encerrados y obligados a pelearse entre sí, en las casas del fundo Carmen y Maitenes, más tarde ultimados y sus cuerpos enterrados en una pampita cercana a las casas de Administración, las siguientes personas: José Liborio Rubilar Gutiérrez, Florencio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González y Guillermo Albornoz González.

Por último, en el fundo Pemehue fueron detenidas las siguientes personas: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz, Gerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Fernando Gutiérrez Ascencio. Miembros de las fuerzas antes indicadas el día 7 de octubre de 1973 detuvieron a estas personas en sus casas, las que fueron posteriormente ultimadas. (Ver ficha de Juan de Dios Laubra Brevis).





GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.

El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.

En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes. En la resolución de fecha 29 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para proseguir conociendo la causa remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Militar de Concepción de Turno.

Dicha resolución se basó en numerosos antecedentes recopilados por el Ministro Sumariante concluyendo:

"Que los hechos precedentemente descritos son constitutivos de diversos delitos de homicidio en las personas de los nombrados que en orden cronológico tuvieron lugar los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, primero en la Hacienda El Morro, luego Carmen Maitenes y finalmente en Pemehue. Esos lugares están en itinerario obligado por el camino que saliendo de Mulchén llega al Morro y continúa hacia Carmen Maitenes y Pemehue en las cercanías de la cordillera de Los Andes.

Que con los magros datos que han logrado extraerse de los altos comandos de las Fuerzas Armadas no se ha podido establecer quién o quiénes materialmente comandaban el grupo armado. Interrogados los Oficiales Sres. Reheren Pulido y Morell Donoso, Jefes de Plaza de Los Angeles y Angol, respectivamente, han negado haber dispuesto operativos en la zona por no estar dentro de su jurisdicción este último, por otro lado la incineración de los libros o archivos que podrían haber aportado luz sobre el particular no han permitido otra cosa que inculpar como persona que comandaba al grupo a un Sargento del Regimiento de Montaña de Los Angeles, de apellido Díaz, personaje que aparece nombrado por no menos de tres testigos: cuya individualización no ha sido posible obtener de la Comandancia de ese Instituto Militar.

No obstante importantes datos del interrogatorio al Coronel señor Martínez Moena de Santiago que se habría desempeñado como Comandante al mando de la tropa del Regimiento de Montaña de Los Angeles, sus magros y escuetos resultados en nada han contribuido a esclarecer la situación.

Que en cuanto a la participación de miembros de las Fuerzas de Carabineros de Mulchén existen presunciones fundadas de que el Teniente Sr. Jorge Maturana Concha, Osvaldo Díaz Díaz (alias el Alicate) y el carabinero Héctor Armando Guzmán Saldaña -ex funcionarios del Retén El Morro- tuvieron participación en la detención ilegal, maltrato y presumiblemente en la muerte de Brevis, Yáñez, Vidal, Sepúlveda y Vivanco. Al respecto existen las declaraciones de testigos, de la calidad de un profesor de la Escuela de la localidad, la esposa del ex médico de la Posta, funcionarios administrativos de la Hacienda El Morro, declaraciones de parientes y vecinos en la referida Hacienda, quienes acusan directamente a estos funcionarios, aparte de algunos civiles como Romualdo Guzmán, Francisco Urrizola, Rolf Düring, Raúl Tirapeguy, Samuel Arriagada, etc.

Que si bien todos éstos han negado su participación, sus descargos son casi increíbles puesto que como calcadas sus declaraciones (cerca de 56 funcionarios) todos ejecutaban labores de orden interno, jamás salían del radio de la ciudad y apenas conocen de nombre la Hacienda El Morro, Carmen Maitenes y Pemehue, pese a que muchos de ellos debieron cumplir órdenes judiciales en esos lugares.

Por otra parte alegan no haber visto Militares en la zona; en cambio, otros funcionarios alejados ya del servicio han reconocido la presencia constante de fuerzas militares y la realización de operativos con Carabineros y Militares, que incluso pasaron a pedir caballares y monturas a la Comisaría de Mulchén, lo cual abona la conclusión de que efectivamente un grupo militar reforzado por Carabineros al mando del Teniente Maturana, se desplazó hacia la Hacienda El Morro, llegando a horas de la madrugada al fundo San Francisco donde se premunieron de cabalgaduras para continuar su patrullaje y operativo con los resultados que se conocen.

Resulta por demás corroborante con lo anterior la intervención de los carabineros Héctor A. Guzmán Saldaña y Osvaldo Díaz, personas que por haber pertenecido a la dotación del Morro conocían no sólo a las personas sino los lugares donde vivían.

Que en lo que respecta al carabinero Osvaldo Díaz, más conocido como "el Alicate", existe también testimonio inculpatorio de Juan Angel Segura Merino, quien fuera "expropiado" de un novillo para atender a la tropa, hecho en el que actuó el nombrado Osvaldo Díaz. Todo ello ocurrió en Pemehue. Osvaldo Díaz presentaba después de los hechos verdaderas crisis de angustia.

Que también aparecen implicados en estos hechos los civiles Sres. Romualdo Guzmán y Francisco Urrizola, quienes reconocen haberse encontrado en las Reservas Forestales con un grupo militar armado con el que estuvieron tres días y aún cuando sostienen no haberse movido de las casas de huéspedes de la Reserva Forestal de Malleco, no es menos cierto que al menos Romualdo Guzmán fue visto en el grupo que pasó al fundo San Francisco y además en El Morro, en Carmen Maitenes y en Pemehue donde intervino en la detención de Juan Roa Riquelme.

Que por otra parte no resulta verosímil la versión de estos dos individuos, pues se cuidaron muy bien de insistir en que no vieron la detención de ninguna persona, no oyeron disparos y se mantuvieron en las casas cuando, como se ha visto, existen cargos en contrario y del propio ex administrador de Reservas Forestales don Adolfo Martin quien sostiene que tanto los militares como civiles salían a recorrer los alrededores.

Resulta también inculpatoria para los nombrados Francisco Urrizola y Romualdo Guzmán, Rolf Düring, Samuel Arriagada y Raúl Tirapequy, la circunstancia de que todos reconocen ser muy conocidos de los Jefes de las Fuerzas de Carabineros de ese entonces, concurriendo al cuartel haciendo guardias internas y al decir de algunos de los funcionarios de Carabineros, de una intimidad notable, a quienes constantemente se les veía en el cuartel departiendo con los jefes, circunstancias que incluso autorizarían para concluir que, en la confección de las listas a que antes se ha hecho alusión, tuvieron también activa participación y, por ende, constituyen precedentes anteriores y aún simultáneos a la perpetración de los delitos.

La participación de los funcionarios de Carabineros Maturana, Díaz y Guzmán no es otra que la de presuntos autores de los delitos de detención arbitraria, maltrato seguido de muerte de personas, allanamientos ilegales; la de los civiles, en el mejor de los casos, no sería otra que la de cómplices, pues reconocen que sirvieron a las fuerzas como conocedores o veedores de la zona y sin duda también de las personas que se trataba de aprehender.

Que de conformidad a lo que dispone el artículo 5 del Código de Justicia Militar "corresponde a la Jurisdicción Militar el conocimiento...", de las causas por delitos comunes cometidos por Militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él.

Con arreglo, además, a lo prevenido en el artículo 426 del mismo Código, se declara que este Tribunal no es competente para proseguir en el conocimiento de esta causa, la cual deberá remitirse a la Fiscalía Militar de Concepción, de turno".

La causa fue remitida al 3er. Juzgado Militar de Concepción siendo rolada con el N°446-81.

El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 8 de noviembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de la amnistía y cambió el carácter de sobreseimiento de definitivo a temporal, debido a que "si bien se encuentra acreditado en el Proceso la existencia de hechos que revistieron las características de delitos, no ha sido posible establecer la participación en ellos de personas determinadas, circunstancia esta última que impide aplicar las disposiciones sobre amnistía".


http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-R/florencio_rubilar_gutierrez.htm

LUIS ALBERTO GODOY SANDOVAL



(Foto enviada por su sobrina)
Rut : 39.328 de Mulchén.
F.Nacim. : 13 12 49, 23 años al momento de su detención.
Domicilio : Fundo "El Carmen Maitenes", Mulchén.
E.Civil : Casado, cuatro hijos, uno póstumo.
Actividad : Obrero agrícola de la Corporación Nacional Forestal ?CONAF?.
C.Repres. : Sin militancia ni cargo de representación social.
F.Detenc. : 6 de octubre de 1973


Luis Alberto Godoy Sandoval, casado, 4 hijos, obrero agrícola de la CONAF, sin militancia política, fue detenido el día 6 de octubre de 1973, aproximadamente a las 14:00 horas, en su domicilio ubicado en el Fundo "El Carmen Maitenes", en los instantes en que se encontraba almorzando junto a su esposa y su padre. Hasta allí llegaron uniformados fuertemente armados, los que, luego de allanar violentamente la casa y sin dar explicación alguna, le ordenaron que los acompaña al exterior de la misma. Una vez afuera lo obligaron a tenderse en el suelo con las manos en la nuca y lo interrogaron insistentemente. Luego lo condujeron a las casas de la Administración del Fundo. En ese eventual recinto de reclusión, se encontraban también detenidos los hermanos José Liborio, Florencio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González, Guillermo y Germán Albornoz Acuña.
Al momento de los hechos, habían transcurrido seis meses de matrimonio entre Luis Alberto y María Zulema Albarrán Castro, la que se encontraba en el primer mes de embarazo de su hijo Rodrigo Esteban Godoy Albarrán.
Entre los aprehensores estaba el ?en ese entonces? Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro y un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, se pudo individualizar a Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor y Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera, ambos domiciliados en Mulchén, Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor? ambos domiciliados en Mulchén? y Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.
Luis Alberto Godoy Sandoval, al igual que los demás detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío?Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal ?CONAF?. Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria ?CORA? la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.
Uno de los civiles portaba un documento firmado por el Capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia ?quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén? que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos, familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.
El grupo lleva consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.
Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar los detenidos fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares ?hermanos contra hermanos y padres contra hijos? bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento.
Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó allanar algunas viviendas de las víctimas. Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos.
Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la Administración y, luego, silencio absoluto.
Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.
Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar.
La octava víctima, José Guillermo Albornoz González, fue ejecutado en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico donde, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte. Sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.
En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos. (Ver ficha de Juan de Dios Laubra Brevis).
El mismo grupo aprehensor de los 8 campesinos del Fundo Carmen Maitenes el día anterior, 5 de octubre, había detenido a otros 5 campesinos de la Hacienda El Morro, Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán; el día posterior, 7 de octubre, detuvieron en el Fundo Pemehue a Alberto y Felidor Albornoz González, a José Gutiérrez Ascencio, Juan Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos también fueron ejecutados por sus captores y todos inhumados en fosas clandestinas, desde donde en 1979 los exhuman también ilegalmente. (Para mayor información, ver caso de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).


GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen y Maitenes.
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446?81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de 1978, de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.


Recibido por Memoriaviva el 1-4-08
Queridos Amigos Chilenos/nas,

Escribo esta carta en honor a mi tio, Luis Alberto Godoy Sandoval, que nunca logro a conocer a su unico hijo porque le cortaron la vida a una temprana edad en Oct. del 73. Aunque en estos momentos no pueda viajar a mi patria a verle las caras a esas personas, que para mi son menos que eso, pido todo tipo de justicia que se haga en contra de ellos, Don Jorge Maturana Concha y Osvaldo Diaz Diaz, (el famoso Alicate). Dos carabineros, de las 20 o mas personas que participaron en la detencion, tortura, y muerte de los nuestros. Gente que; vivia sin militancia y sin armas. Imaginense que hasta los mismos civiles sin verguenzas que querian ver como se torturaba y mataba personas, solo por vivir el gusto de matar, han vivido en Mulchen todo este tiempo sin ninguna represaria. Bueno les cuento que hoy esta carta a la gracia de uds. empieza a circular por todo Chile. Si, quiero que sepan que todos tenemos el derecho de vivir, mientras no seamos crueles el uno con el otro, ni nos hagamos dano. Yo se que mis obreros, los de nuestra causa no eran cruel con nadie, eran hombres que se sacaban el sombrero para saludar a una dama, y cuidaban mucho de nuestras tierras. Que nunca provocaron los que les paso ese fin de semana 5, 6, y 7 de Oct., del '73.
No se tomaron las tierras como algunos dicen, y todos y digo todos incluyendo a los Castros, los Medeles, los carabineros sabian el tipo de personas que vivian en esos campos. Los de la Reserva acuerdense bien, si les ha llegado esta carta y ud. participo, Luchin Alfero (tractorista) y Sr. Hugo Elgueta quien dijo, "querian tierra, ayi tienen tierra" y TruNes(Juan Leal) guardabosque de CONAF Y Don Alfonso Sanchez... tambien de CONAF que les piederon palas y picotas ha dos ancianos padres, dan MAS verguenza). Ademas quiero decir algo Sr Carlos Lehman que aun esta vivo (administrador) y Don Tomas Sargent (dueno) que ahora esta muerto debe estar avergonzados de haber prestado esa casa patronal para que torturen a los hijos de personas que algun dia les brindaron mate en sus humildes casas. No nos olvidemos de los civiles Roumaldo "Mayo" Guzman de su prepotencia y Aquiles Guzman Fritz, agricultor que nada tenia que hacer ayi.
Nosotros los familiares no estamos avergonzados porque vamos a pelear hasta el ultimo momento y respiracion final, para encontrar la justicia que todo el sistema judicial nos ha negado por mucho tiempo! Bueno con mucha pena y tristeza, lamento todo lo que fue y nunca sera. Lo que hoy en dia es y sigamos adelante mi gente con la frente en alta porque, SI!, nosotros podemos hacer un cambio!
Orgullosa de todos los obreros del pais que sufrieron a las manos de los corruptos sangrientos asesinos. Se me olvida algo, si alguien conoce mas sobre estos casos, en especial de los Militares del Regimiento de Montana numero 17 de Los Angeles que antes en el '73 era numero 3, de los que lograron obtener medallas por su sopuesta valentia en matar a estas personas porfavor dejenmelo saber al correo al final. Debian haber sido militares entre el '73 y '74 los que fueron al campo en esos dias de Octubre y mataron a jovenes y profesores en Mulchen (pueblo) en Septiembre del '73.

Sobrina de Tito,

Veronica Matus Godoy



http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-G/god-san.htm

[En Dictadura] El mundo rural asolado por el terror


Escrito por Darío Nuñez (resumen.cl)


Miércoles, 18 de Septiembre de 2013 01:44

Despiadada e inmisericorde. Como una plaga se expandió por los campos de la región la represión que se desató sobre los campesinos y trabajadores rurales inmediatamente después del golpe de estado de septiembre de 1973.


El campesinado de la zona se había integrado con entusiasmo y fervor a la ola de rebeldía que se forjó en el impulso de la reforma agraria y en la conquista de derechos y libertades. Una vida digna era el objetivo que motorizaba las luchas y esperanzas de los pobres de los campos. “La tierra para el que la trabaja”, era la forma específica que adoptaba el comienzo de ese camino por una vida mejor.


El gobierno popular de Salvador Allende impulsaba una reforma agraria que se proponía afectar solo a los fundos de más de 80 hs. de riego básico que, dada nuestra geografía y resquicios legales de los poderosos, dejaba reducida su aplicación a unos cuantos predios del llano central. La explotación de los trabajadores del campo, sin embargo, se desarrollaba sin límites ni reparos desde el mar a la cordillera, y desde la cordillera al mar, en fundos y latifundios de distintos tamaños y características. Pero llegado el triunfo del gobierno de Allende, los campesinos y trabajadores agrícolas que vivían y sufrían esa explotación patronal no se fijaron en límites de hectáreas, ni se subordinaron a definiciones programáticas ajenas, para proponerse zafar del yugo de los patrones. Emprendieron su propio camino de lucha y se tomaron fundos y predios para ejercer su libertad y exigir o aplicar sus derechos. Las tomas condujeron a la expropiación de los fundos y latifundios, a la generación de asentamientos y comunidades campesinas, a la construcción de sindicatos y cooperativas, a las organizaciones colectivas y amplias, a forjar su propio destino.


Esta ola de rebeldía campesina generó, inevitablemente, el odio absoluto de patrones, de los momios (fachos), de los poderosos. En esta zona las corrientes derechistas eran poderosas, contaban con grupos paramilitares organizados, siguieron y siguen siendo poderosas. Cuando lograron consumar el golpe de estado que derrocó al gobierno de Allende, desataron todo su odio, su ánimo de revanchismo, su sed de venganza sobre el campesinado y los trabajadores del campo.


Los antiguos patrones junto a bandas paramilitares de derecha, otros lacayos de los poderosos, lideraron con lista en mano las incursiones que se desataron sobre los campos por parte de las tropas uniformadas; o bien, esos civiles se integraron plenos de entusiasmo criminal a las incursiones represivas.


Las tropas de uniformados, militares y carabineros, llevaron a cabo incursiones represivas sobre los lugares, fundos, caseríos, que más se habían destacado en la lucha por sus derechos durante el gobierno de Allende, o desde antes, o desde siempre. El objetivo era acallarlos, aniquilarlos, someterlos, restablecer el orden patronal de la mano del poder de la bala y la bayoneta de los uniformados.


Esto fue particularmente masivo y virulento en la provincia de Bío-Bío, en especial en las comunas de Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco y Mulchén. Allí los civiles incluso actuaron por su cuenta, o participaron de interrogatorios y torturas al interior de las unidades militares y policiales, o participaron activamente en ejecuciones de campesinos apresados. Las acciones represivas buscaban no solo el amedrentamiento de los ciudadanos sino el sometimiento popular y sembrar el terror en la población en su conjunto. A estas razias, se agregó el despreciable método de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas que iban causando las hordas represivas; situación de desaparición que en la mayoría de los casos se mantiene hasta hoy. Esta práctica dio inicio a la existencia de detenidos desaparecidos.


Un caso que grafica de modo brutal la brutalidad (valga la redundancia) y el odio de los ejecutores, sus métodos despiadados y macabros, lo encontramos en lo ocurrido con la familia D’Apollonio en la comuna de Santa Bárbara. Sergio D’Apollonio Peterman, obrero agrícola de 48 años, casado, 9 hijos, y su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, obrero agrícola, 22 años, fueron detenidos a las 3 de la madrugada del 23 de octubre de 1973 por carabineros del Retén Santa Bárbara. Los aprehensores se hacían acompañar por el facho civil Jorge Domínguez y movilizaban en una camioneta del latifundista José Domínguez, padre del anterior. Luego de detenerlos los llevaron a un puente cercano que cruza el río Bío-Bío; los hicieron descender del vehículo; los ejecutaron con ráfagas de fusilería; una vez muertos, arrojaron sus cuerpos al río. Todo esto fue visto por la esposa de Sergio Apollonio y su hija Cristina quienes habían seguido los pasos de la comitiva y observaban ocultas los hechos a cierta distancia. Al amanecer, cuando los policías se habían marchado del lugar, ambas mujeres bajaron hasta el lecho del río e intentaron recuperar los cuerpos de sus deudos desde las aguas. Solo pudieron rescatar el cuerpo de Carlos Jacinto. El día 24 de octubre, en circunstancias que se encontraban velando el cadáver de Carlos en la casa familiar, llegaron hasta la vivienda los mismos carabineros del Retén Santa Bárbara quienes, por el imperio del poder de las armas, se llevaron el cadáver para arrojarlo nuevamente al río Bío-Bío, esta vez sobre el Puente Pinto, más al interior de la cordillera. Casos como éste se encuentran por decenas en los campos de la zona, pero no sólo en los campos se atacó al campesinado.


En los hechos, la represión desatada sobre localidades y pequeños pueblos de la zona también se inscribe en esta gran represalia dirigida contra el mundo campesino y rural. En ese marco se incluyen las masivas y notorias acciones de represalia y aniquilamiento desarrolladas en lugares como Santa Juana, Nacimiento, Laja, Hualqui, Coelemu, San Rosendo, entre otros lugares.


Para los gestores y ejecutores del golpe de estado el mundo rural fue un objetivo prioritario de la subsecuente represalia desatada sobre la población. No menor es el dato que en la zona que comprende la actual región el 29 % de las víctimas (ejecutados y detenidos desaparecidos) provocadas en la primera época post golpe (entre septiembre y diciembre de 1973) es gente del mundo campesino y rural de la zona. En la provincia de Biobío este porcentaje alcanza el 43,5 % de las víctimas y en la provincia de Ñuble el 34,5 %. A estas víctimas hay que agregar aquellos campesinos que fueron detenidos, encarcelados, torturados, expulsados de sus tierras, como parte de esta guerra contra el pueblo instigada por los patrones y ejecutada por uniformados y fachos.


Así se estableció el imperio del terror en los campos. Y los antiguos patrones recuperaron sus fundos y potestades, restablecieron su orden amparados en la violencia y criminalidad del régimen dictatorial.


http://www.rsumen.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=7925:en-dictadura-el-mundo-rural-asolado-por-el-terror&catid=13:memoria-historica&Itemid=57

Horacio Neftalí CARABANTES OLIVARES



El 17 de enero de 1975 fueron detenidos en Viña del Mar la pareja integrada por Sonia del Tránsito RIOS PACHECO y Fabián Enrique IBARRA CORDOBA.
El 18 de enero de 1975, también en Viña del Mar, fueron detenidos Carlos Ramón RIOSECO ESPINOZA y Alfredo Gabriel GARCIA VEGA.
El 21 de enero de 1975, fue detenido Horacio Neftalí CARABANTES OLIVARES, en Viña del Mar.
El 24 de enero de 1975 fue detenida en Quilpué María Isabel GUTIERREZ MARTINEZ.
El día siguiente en Viña del Mar es detenido Abel Alfredo VILCHES FIGUEROA.
El 27 de enero de 1975 se produce la última de estas detenciones en Valparaíso, afectando a Elías Ricardo VILLAR QUIJON.
Todos estos detenidos, y otros que fueron liberados, fueron trasladados al Regimiento Maipo donde se practicaron torturas de acuerdo a los métodos habituales en la DINA.
El 28 de enero de 1975 un grupo de unas 20 personas de las que permanecían en el Regimiento Maipo, entre las cuales se cuentan las ocho mencionadas, fueron trasladadas a Villa Grimaldi, donde fueron vistas por numerosos testigos.
En un principio, de acuerdo con los métodos habituales, la detención fue negada por las autoridades. Sin embargo, en medio de múltiples contradicciones y frente a la gran cantidad de evidencia presentada ante los tribunales de justicia, el propio Director de la DINA, ante a una consulta de la Corte de Apelaciones de Santiago, en julio de 1977, reconoció el operativo realizado en la zona de Valparaíso y Viña del Mar así como la detención de los ocho desaparecidos. No obstante, señala que todos ellos quedaron en libertad inmediata, salvo Horacio Carabantes que fue puesto en libertad en Santiago, a solicitud suya (.http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/3a.html)

Más adelante, la versión de que los detenidos fueron puestos en libertad inmediata y que nunca permanecieron en Villa Grimaldi, es sostenida por las autoridades. Así, ante consultas formuladas por los tribunales de justicia el Subsecretario del Interior informó en febrero de 1978 que no había ningún antecedente de que un lugar llamado Villa Grimaldi haya sido recinto militar ni campo de detenidos. En marzo del mismo año, el ex-director de la DINA informó que los ocho desaparecidos no estuvieron detenidos sino sólo retenidos mientras prestaban declaración y que ninguno de ellos estuvo detenido en ningún cuartel de la DINA "incluído Villa Grimaldi". En ese mismo mes, el Jefe del Estado Mayor de la CNI informó que Villa Grimaldi era recinto militar pero no había sido jamás campo de detenidos.
La Comisión estima que la versión entregada por la DINA respecto de los ocho desaparecidos de Valparaiso es falsa, porque las respuestas oficiales no son concordantes, porque hay numerosos testigos de la permanencia de las víctimas en Villa Grimaldi, porque las respuestas de la DINA respecto de muchas otras detenciones han sido comprobadamente falsas, y porque de ninguno de los afectados se ha vuelto a saber.
Los detenidos desaparecieron en poder de la DINA. Los testimonios coinciden en que el grupo de los ocho de Valparaíso fueron trasladados dentro de Villa Grimaldi a un lugar llamado "La Torre", así como en que el día 20 de febrero todos o la mayor parte de ellos fueron sacados de la Villa sin que haya vuelto ha haber noticias de ninguno de ellos.
La Comisión está convencida de que la desaparición de estas ocho personas fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.
(Informe Rettig)

Actualidad:

TERCERA- 28 DICIEMBRE 2000 Por desaparición de varios opositores. Presentan cinco nuevas querellas contra Pinochet
Uno de los libelos que interpuso el abogado Caucoto se pide investigar la presunta responsabilidad del senador UDI Carlos Bombal cómplice o encubridor en la muerte del profesor Alejandro Avalos. La acción legal fue presentada por el abogado Nelson Caucoto, quien detalló que en el libelo también se solicita al ministro en visita investigar la supuesta participación en el hecho del general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, entre otros militares en retiro. Los otros requerimientos fueron presentados por la muerte y desaparición en manos de la disuelta Dina de Juan René Molina; Claudio Arturo Lavín Loyola; Horacio Neftalí Carvantes y Francisco Zuñiga Aguilera
 
La Tercera 22 de Julio 2002Ministro Guzmán procesó a siete militares (r)
El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.
Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.
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Nota de memoriaviva.com: abogado de DDHH otorgó los siguientes detalles:
Manuel Contreras Sepúlveda por : Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas.
Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira.
Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos.
Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes,
Ibarra, Rioseco, García y Vilches.
Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos.
Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.)
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Casos de Parral
Asimismo, el magistrado notificó hoy a tres militares retirados de su procesamiento de secuestro calificado, en el marco de la desaparición de 15 personas en la localidad de Parral.
Se trata del coronel (r) del Ejército, Hugo Cardemil y el coronel (r) de Carabineros y el suboficial (r) de la misma institución, Pablo Caulier Greant y Luis Alberto Hidalgo, respectivamente.
Tras ser notificados por el ministro instructor, los ex uniformados quedarán detenidas en recintos militares y policiales.
 





MILITARES ESPIARON A LA IZQUIERDA DESDE ANTES DEL GOLPE DEL *73





Por: LA NACION-EFE Lunes 3 septiembre 2012


Los militares espiaron a los partidos y grupos de izquierda desde antes del golpe que Augusto Pinochet encabezó en 1973 para derrocar al gobierno de Salvador Allende, según consta en documentos confidenciales a los que Efe tuvo acceso.

Se trata de unos 1.500 escritos que la DINA y otros organismos represivos entregaron en 1974 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), según los cuales los partidos de izquierda fueron infiltrados por los militares durante el gobierno de Salvador Allende.

Así lo confirma unos 1.500 escritos que la DINA y otros organismos represivos entregaron en 1974 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que fueron revelados. Estos documentos afirman que los partidos de izquierda fueron infiltrados durante el gobierno de Allende


Los militares espiaron a los partidos y grupos de izquierda desde antes del golpe que Augusto Pinochet encabezó en 1973 para derrocar al gobierno de Salvador Allende, según consta en documentos confidenciales a los que Efe tuvo acceso.

Se trata de unos 1.500 escritos que la DINA y otros organismos represivos entregaron en 1974 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), según los cuales los partidos de izquierda fueron infiltrados por los militares durante el gobierno de Salvador Allende.

También los documentos dan cuenta de acciones represivas posteriores al golpe y revelan que los militares se infiltraron en la labor de las iglesias cristianas en favor de las víctimas de la dictadura.

PC, PS, MAPU Y MIR INFILTRADOS

Varios legajos se refieren a "informes de informantes" que, antes del golpe, entregaban a los militares información sobre la estructura de los partidos de izquierda, listas de militantes y dirigentes, fotos y actas de materias tratadas en reuniones.

Los escritos, que fueron aportados por fuentes militares que pidieron absoluta reserva de identidad, y no provienen de archivos o instituciones de acceso público, revelan que a comienzos de 1974 la DINA tenía en su poder la estructura clandestina completa de los partidos Comunista, Socialista y Mapu y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La información abarcaba los nombres reales y encubiertos de sus dirigentes, así como las claves que utilizaban para contactarse.

ÚLTIMA REUNIÓN DEL PS ANTES DEL GOLPE

El material al que accedió Efe consta de 2 listas de documentos, escritas a máquina, con un total de 18 páginas, fechadas en 1974 y que consignan un número de serie a cada archivo, la materia de qué trata, y su destino (la DINE).

Los documento, a varios de los cuales Efe también accedió, en originales o copias, están clasificados como "Secreto" o "Reservado" y su origen es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la DINA o los servicios de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea.

Un documento da cuenta de lo tratado en la última reunión de la comisión política del PS antes del golpe, efectuada el 28 de agosto de 1973, y menciona qué dirigentes favorecían un enfrentamiento armado para consolidar la formación de un Estado socialista.

Pero la mayoría, según el texto, estuvo por apoyar la tesis de Allende y del PC, de llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana para evitar un golpe, cediendo incluso parte del programa del gobierno.

ESPÍAS EN EL COMITÉ PARA LA COOPERACIÓN DE LA PAZ

Asimismo, hay documentos encontrados en los allanamientos de las viviendas de militantes de izquierda, relacionados con materias políticas e instrucción militar, así como declaraciones de detenidos tras el golpe militar.

Dos documentos, marcados como "Informe DINA", de mayo de 1974, revelan cómo ese organismo infiltró el Comité para la Cooperación de la Paz, constituido en octubre de 1973 por las iglesias para ayudar a los perseguidos por el régimen.

Dicha infiltración se realizó mediante agentes que simularon ser perseguidos políticos y su acción alcanzó a tales niveles que el Comité hasta les dio dinero para que trasladaran personas clandestinamente hacia Argentina, de cuyo destino jamás se supo.


INFORMES SOBRE SCHNEIDER, PRATS Y BACHELET

Los archivos también contienen datos sobre los asesinatos del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, ocurrido en octubre de 1970 poco antes de que Allende asumiera la presidencia, y del edecán naval del mandatario, Arturo Araya Peeters, en julio de 1973, ambos cometidos por grupos de ultraderecha.

Asimismo, hay un archivo marcado como "Antecedentes del general Bachelet" y otro como "Antecedentes sobre el general Carlos Prats".

Bachelet, padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, murió en marzo de 1974 en la cárcel, a causa de las torturas que sufrió en la Academia de Guerra Aérea, por oponerse al golpe de Estado junto a otros oficiales y suboficiales aéreos.

El general Prats, antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército, fue asesinado por la DINA junto a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

DOCUMENTOS DE LA "OPERACIÓN CÓNDOR"

Otro de los documentos entregados a la DINE está marcado como "Plan de Operación Cóndor", como se conocen las acciones coordinadas entre las dictaduras de Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile para eliminar opositores, creada en Santiago a fines de 1975.

Se describe además un "Paquete con cédulas de identidad según nómina adjunta", que sin embargo no se incluye y por ende no se sabe a qué personas correspondían ni porqué estaban en el organismo castrense.

En los juicios por violaciones de los derechos humanos, los militares invariablemente han asegurado a los jueces que nunca supieron de la existencia de este tipo de documentos.

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"Mamito" llenó de plomo a pez gordo de la CNI


El oficial en retiro del Ejército y funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Joaquín Molina Fuenzalida, fue baleado en su casa por Manuel Contreras Valdebenito. Recibió una docena de tiros y, tras agonizar 12 días, falleció en el Hospital Militar. El baleo dejó la cola por el pedigree de los involucrados: Un CNI y el hijo del jefe de la DINA. La Cuarta lo publicó en exclusiva el martes 1 de noviembre de 1988

Hijo del "mamo": Manuel Contreras Valdebenito, hijo del general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).(Foto: Copesa)
El martes 1 de noviembre de 1988 estos pechitos publicamos una exclusiva mundial: El "Mamito" Contreras, hijo del jefe de la DINA, había baleado nada menos que al mayor de Ejército en retiro y funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Joaquín Molina Fuenzalida, quien sufrió heridas de gravedad y pereció días después.
La sangre llegó al río en la casa del uniformado, mientras se encachaban en una fiesta de cumpleaños, en calle Pucará 5120, comuna de La Reina.
El apio verde se celebró el 29 de octubre y era una taza de leche cultivada... hasta que llegó a embarrarla Manuel Contreras Valdebenito, quien en 1988 era un joven universitario de 22 pepucias.
El "Mamito", heredero del general Manuel Contreras, se dejó caer con un grupo de amigotes y dejó crema y media cuando cachó que su polola, la joven de 17 años Tania Molina Vuskovic, hija de Joaquín Molina, estaba acompañada de Danko Derpick Moreno, de 27.
Después de que los galanes se mostraron los colmillos, la cosa se puso bri-bri y el "Mamito" comenzó a darle una pateadura de miedo al joven Danko.
Cuando Derpick se estaba yendo de tolola, el mayor Molina se metió al boche y le dio un tatequieto a Con-treras.
Eso fue como echarle escupito en la oreja al "Mamito", quien corrió a su auto, sacó una pistola y disparó como malo de la cabeza contra Molina Fuenzalida, quien recibió un total de 12 proyectiles.
Apenas se dio cuenta de que su "suegro" había quedado malherido, Contreras se echó el broiler del lugar.
Tras 12 días de agonía y cuatro operaciones de urgencia para sacarle las balas, el mayor (R) Molina Sanhueza falleció en el Hospital Militar.
Pero la cosa no terminó ahí, puesto que hasta fines de noviembre los abogados del "Mamito" y de Molina Sanhueza se echaron la culpa del crimen. La moto la chantó en seco María Alicia Sáez, esposa de la víctima, quien aseguró que había sido una mocha desigual, porque su esposo estaba desarmado.
La Corte Suprema designó ministro en visita a Adolfo Bañados, quien el martes 29 de noviembre ordenó la detención del "Mamito". Éste se defendió como siamés de espalda y gritó a los cuatro vientos que Molina lo había apuntado a dos metros y se le había ido encima, por lo que no tuvo otra opción que apretar el gatillo.

A Contreras también le cargaron el tiroteo de dos lolos en agosto del '88, en una manifestación callejera preplebiscito por el "No". En junio de 1989 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones le otorgó la libertad bajo fianza de 300 lucas. El "Mamito" la sacó barata.

http://www.lacuarta.com/diario/2004/11/17/17.58.4a.CRO.MAMITO.html

Joaquin Molina Fuenzalida (Teniente 1º de Ejercito)





Foto: Cortesia de Julio Oliva


En 1973 el Capitán Joaquín Molina estaba destinado al 14º Regimiento de Coyhaique, bajo el mando del entonces Coronel Humberto Gordon. Luego del Golpe Militar fue destinado a Hacerse cargo del campo de prisioneros Las Bandurrias, en las cercanías de Coyhaique. Los presos de aquella época recuerdan que Molina se hacia llamar “El capitán mas malo de todo Chile”.

El día 27 de Octubre de 1973 Joaquín Molina encabezo la comitiva que fue a Río Mayo en Argentina para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que fueron capturados por Gendarmería Argentina cuando escaparon a ese país en busca de refugio político. La comitiva estaba además integrada por el medico José María Fuentealba Suazo, también miembro del Ejercito, un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares “les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligo al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llego al recinto militar. Solo viajaban en su interior los dos uniformados y el medico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy”. En el mismo diario Maria Erita Vera, hija de Juan Vera señala. “Los prisioneros de Las Bandurrias me dijeron que el Doctor venia pálido, que no hablaba y que temblaba”.

Este agente fue muerto por el hijo de Manuel Contreras en 1989.

Martes 14 de Mayo 2002 Primera Linea

Corte de Coyhaique confirma proceso a ex médico del Ejército por DD.DD.

Por tres votos a uno, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó el sometimiento a proceso del ex funcionario de Ejército José María Fuentealba, implicado en la desaparición de tres personas en octubre de 1973.

La defensa solicitó la semana pasada la libertad del ex médico de la institución castrense, la que fue negada por el tribunal de alzada, y ahora decidió además someterlo a proceso.

Fuentealba participó en la comitiva militar que luego del golpe de Estado se trasladó hasta Río Mayo, en Argentina, para capturar a Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que estaban retenidos por Gendarmería Argentina cuando escaparon a ese país en busca de refugio político.

La comitiva estaba compuesta -además del doctor Fuentealba-, por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.

Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, donde se pierde su rastro.

"Los militares les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llego al recinto militar. Solo viajaban en su interior los dos uniformados y el medico", agrega la información.

Este fin de semana se realizó una inspección ocular a la Reserva Forestal Coihaique del Cementerio El Claro, con la presencia de los procesados Evaldo Reidlich y Fuentealba, para verificar antecedentes que se relacionan con la causa.

El abogado Rafael Alvarado, defensor de Juan Vera, uno de los tres desaparecidos tras ser entregados a militares chilenos por gendarmes argentinos, adelantó que se ordenarían nuevas diligencias para identificar al resto de integrantes de la patrulla del ejército que participó en el hecho


Nota aclaratoria:

Esta ficha anterior consignaba el nombre del medico como Luis Fuentealba, (como aparecio en el reportage del diario La Epoca). Eso no es correcto. El nombre correcto del doctor a los cuales se refiere la informacion (del diario La Epoca) es el Dr JOSE MARIA FUENTEALBA SUAZO.
El Dr Luis Fuentealba no esta relacionado con los hechos que arriba se indican.


http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/molina_fuenzalida_joaquin.htm

Venganza sin uniforme. La masacre de los campesinos de Liquiñe


Publicado en 8 septiembre, 2008de manuelgross


La historia no contada de los 36 civiles que provocaron la muerte de cientos de campesinos


Venganza sin uniforme


Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones del sur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces de campesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieron terratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunos casos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos y señores los campos, pueblos y caseríos del país.




Por Jorge Escalante, Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo


Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vez en la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendos de guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces, desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidores de sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terreno contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmente al interior de los fundos donde la ley era el patrón.


Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales por mejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y a los militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.


En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temen a que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.


Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.


Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores, sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de sus vecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes y desamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.


La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operarios del campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.


El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas, para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal más grande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados.


SEÑORES DEL FIN DE CHILE


Miguel Ángel Fuentealba tenía cinco años cuando el 10 de octubre de 1973 el negro de la noche se tiñó de rojo en el caserío de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina. A su padre lo llevaron junto a otros diez campesinos sobre el puente del río Toltén en Villarrica, le dieron varios tiros y le abrieron el vientre con corvo para que su cuerpo no flotara y desapareciera en la corriente.


Miguel, hoy en los cuarenta, por muchos años no supo qué pasó con su padre, Isaías. Por las tardes se peinaba bien, se ponía su mejo r ropa, "y bien lustradito me sentaba en un sillón que había afuera de la casa a esperar que mi viejo volviera en la micro del fundo en la que siempre llegaba". Tartamudea un poco, lo que le sobrevino desde entonces, mira a los ojos, y de repente su voz se hace más leve por la emoción del recuerdo. Afuera, en las calles de Villarrica, donde lo encontramos en un café, la lluvia es imponente.


Luis García Guzmán era el hijo de Julián, dueño de las Termas de Liquiñe, rabiosos anticomunistas ambos. La hostería y cabañas del complejo sirvieron de cuartel general para la cacería. Allí, Luis García y su padre, ya fallecido, le hicieron la lista de quiénes había que cazar al capitán Hugo Guerra Jorquera, que llegó con fuerzas militares de Valdivia. Los García pusieron también los vehículos para transportar a los detenidos hasta su destino final.


Once campesinos de los fundos Paimún, Trafún y Carranco sufrieron la condena que les impusieron estos amos y señores del pueblito.


El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, al que pertenecían los tres predios, la mayor área maderera en hectáreas y poder de los campesinos de la historia de Chile, fortalecido durante el Gobierno de Allende con José Liendo Vera, el "comandante Pepe", como su principal líder, fue temido entonces por los terratenientes de la precordillera de la X Región. Ahora era el tiempo de la reversa, cuando había que cobrar en vidas.


Pero esa noche la esposa de Luis García, María Hernández Calderón, vio todo. Veinte años después, García la abandonó con sus dos hijos por otra mujer, y fue ella quien ahora se vengó y denunció lo que presenció aquella noche de octubre: los once campesinos amarrados y vendados arriba de los vehículos de los García, y su marido manejando, uno de ellos vestido de militar. Ella vio salir desde la hostería el convoy de la muerte destino al río Toltén.


Refugiados de la lluvia bajo el alerón del edificio donde habita en Villarrica, María habló con LND para contar su desdicha. Pero después de su confesión a la justicia en 2005, García la visitó y con amenazas la obligó a firmar una carta desdiciéndose de sus declaraciones donde relató lo sucedido.


"Le firmé la carta para que me dejara tranquila, porque era prepotente, ya nadie lo quiere por eso". Pero meses después, la mujer arremetió de nuevo y volvió a ratificar sus dichos en el proceso que se instruye por este episodio. Sorprende su entereza y valor, y sus ideas claras. Huimos del frío y la lluvia y nos acompaña a tomar chocolate caliente para entibiar los recuerdos amargos.


Como una jugarreta del destino, Luis García, que también fue "alguacil" de Carabineros, bautizó su actual negocio de maderas nativas con el nombre de uno de los fundos de la tragedia: "Maderas Nativas Paimún S.A.", en la carretera entre Villarrica y Lican Ray. Allí lo buscamos sin suerte. Su mujer dice que está en Santiago.


SENTENCIA DE FAMILIA


Miguel Ángel, uno de los cinco hijos que dejó su padre, Isaías, no oculta que por mucho tiempo pensó en matar a los García cuando años después supo la verdad. De adolescente debió trabajar en las termas porque eran los únicos que en el villorrio daban trabajo. Su madre, Honorinda, también sirvió para los señores. Y los García con sus compinches militares siguieron acudiendo a festejar y cantar con la guitarra a la fonda de su abuela en Liquiñe.


"Hay todavía una esperanza de que él vuelva, aunque sé que es irracional Mi hija me dice a veces: ¿y si el abuelo está vivo en otro país? Es que la mente es tan extraña", divaga Miguel Ángel, mirando por la ventana del café a la calle mojada.


En octubre de 1994, los García vendieron el complejo turístico a la Armada, que lo adquirió en 196 millones de pesos, bajo la lupa del notario de Panguipulli Leonardo Calderara.


Consultado el comandante en jefe, almirante Rodolfo Codina, afirmó desconocer el trágico pasado de lo que ahora es un sitio de esparcimiento para oficiales y gente de mar. "Desconozco si estas termas tenían alguna vinculación con violaciones de los derechos humanos", respondió el almirante a LND.


En Liquiñe, las tías de Miguel Ángel, Gloria y Marta, se sorprenden con nuestra llegada a preguntar por aquel pasado que ellas y todo el pueblo quisieran enterrar para siempre.


Suenan violentas las expresiones de cariño hacia "el abuelo Julián" y "don Lucho", los García que ayudaron a matar a su cuñado Isaías. Marta es directa: "Él se lo buscó, para qué anduvo metido en tonteras", sentencia en defensa de los amos del caserío. Y completa el sentimiento advirtiendo que fue Isaías el verdadero culpable de su propia muerte y no los García. Las palabras de la mujer parecen su propia sentencia en el almacén donde la encontramos. Su hija también habla familiarmente del "abuelo Julián" como si fuera el suyo propio.


Hace un par de años, el pueblito de Liquiñe salió a las calles con banderas y pancartas para apoyar a Luis García, después de que éste fue condenado en primera instancia a cinco años y un día como autor de los secuestros y desaparición de los campesinos. "Don Lucho" llegó pidiendo firmas de apoyo en su favor, y casi todos los 1.200 habitantes del lugar lo respaldaron y abrazaron.


Es la vida real y contradictoria de estas aldeas donde a veces parece que ni el mismo Cristo llegara todavía. Tan contradictorio como el cielo tormentoso que de repente se abre en un descanso del diluvio, y en medio de la oscuridad, la soledad y el silencio más pleno nos devela su manto de estrellas y constelaciones que sobrecogen y que contemplamos entumidos, con respeto a la inmensidad y al misterio de ese universo del sur.


LOS DUEÑOS DEL MUNDO


Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara. Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre, humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.


Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que "el patrón" salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. "Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado", dice con amabilidad.


Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura. Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.


No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.


Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas. "Acá no se entra sin mi permiso", sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos de vuelta con nuestra cámara.


Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresa Seellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado "por activistas mapuches para causar disturbios".


Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbara entre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familias sin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel Cuevas Pincheira, "fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados", él no estaba ahí.


Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada (ver imagen) que obtuvimos de Ricardo Barrueto, Norma no duda: "Es él". Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio de zapatero.


Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas, permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles Sergio Fuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y José Valdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte. Norma lo grafica de la siguiente forma: "Ese día lo que hizo el grupo de civiles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabineros fue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto".


Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: "Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara", dice.


La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con Los Ángeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quién era el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtió sobre Ricardo: "Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían". El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que "es un hombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir. Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador".


Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.


AMIGOS INSEPARABLES


Unos pocos kilómetros al sur de Santa Bárbara, en Mulchén, otra ola de secuestros se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado de civiles y Carabineros. Organizados de la misma forma, pero en esta ocasión vestidos con sus ropas, llegaron en la noche a buscar su venganza. Una de ellas recayó sobre el obrero y dirigente de un sindicato campesino José Orellana Gatica. Sus aprehensores: Rolf During Pohler y Samuel Arriagada Domínguez, más el contingente policial a su servicio. El motivo era claro: el obrero trabajaba dentro del fundo Verdún (nombre que alude a la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial protagonizada por alemanes y franceses), cuyos dueños eran los padres de During.


La esposa de José Orellana, Sara Mendoza, recuerda que la noche del 28 de septiembre del ‘73 el piquete llegó afuera de la casa que tenían al interior de la propiedad patronal. Sin preguntar abrieron fuego y luego de unos instantes botaron la puerta. Tomaron a su marido y lo sacaron a la fuerza. No le fue difícil reconocer a During y a Arriagada, ya que siempre los veía juntos dentro del fundo. Desesperada, salió con un candelabro, pero de un balazo lo volaron de su mano. El padre de José, quien también vivía ahí y trabajaba para los During, no se levantó. Su esposa le rogó que intercediera a favor de su hijo, pero el hombre, fiel a su patrón, le contestó que se callara y siguiera durmiendo. Pocos días después, el hombre echó a Sara del fundo y continuó trabajando para los During durante toda su vida. En ese momento ella tenía 21 años y seis meses de embarazo.


Para el equipo de LND fue imposible dar con Rolf During, ya que se mueve entre varias propiedades que mantiene entre la VIII, IX y X Región. Sin embargo, encontramos a su hasta ahora inseparable amigo, Samuel Arriagada, con quien viajó en el mismo vehículo a declarar por este caso a la Corte de Apelaciones de Concepción.


También hijo de latifundistas, pero hoy venido a menos, Arriagada no figura en ningún registro público. Sólo la casa a nombre de su hermana nos alerta sobre su posible presencia. Es una casona de madera, antigua, ubicada en la esquina de las calles Soto y Villagrán. En un pequeño almacén, ubicado a un costado, nos confirman que en esa casa vive Samuel Arriagada y que si bien es un personaje poco afable, no saben que esté involucrado en crímenes cometidos durante la dictadura.


Ante la presencia de una cámara fotográfica, de todas las personas que pasaron por el lugar, el único que puso mirada sospechosa y se molestó cuando fotografiaban el frontis de la casa fue un tipo de unos 65 años, que vestía casaca y blue jeans. A los pocos segundos ingresa al domicilio y ya no queda duda: es Samuel Arriagada.


Consultado por su situación procesal, al principio negó estar involucrado en ningún juicio. Al recordarle que estuvo detenido varias semanas, en 2003, dice no tener nada que ver y que no confía en la prensa. No aceptó más preguntas, sólo se mantuvo con la vista fija hasta que nos perdimos de su esquina.


Su hermetismo silencioso contrasta con la imagen que se llevó Sara cuando se careó con él. "Le faltó sólo pegarme", recuerda. Pero ella nunca se achicó. "Cada vez que los encontraba en el banco o en algún lugar, yo llegaba con mi hijo en brazos y le decía, sobre todo a Rolf: ‘Mátame a mí también’. Él siempre se limitaba a bajar el rostro. Su madre llegó a ofrecerme dinero para que yo dejara de acusarlos. A mí eso no me interesaba. Ni un peso les acepté", cuenta la mujer de ojos negros y sonrisa tierna.


La actitud combativa de Sara es aislada. Los hermanos de José, por ejemplo, se negaron a realizarse exámenes de ADN en el Servicio Médico Legal para determinar si algunos de los restos óseos encontrados en diversas partes de Chile pueden coincidir. "Tienen miedo de que el golpe vuelva y arrasen con todo nuevamente", advierte Sara.


De todas formas, para ella siempre pudo más la añoranza de volver a encontrar a su marido. A pesar de que vivió 20 años con otro hombre y tuvo un hijo con él, no duda en mostrar sus cartas. "Elijo a José cien veces. Mis mejores momentos son cuando sueño con él. Estoy a su lado y me dice que deje de buscarlo. Ahí lo escucho y soy feliz. Cuando despierto todo cambia", cuenta.


Aunque ninguno de los dos confesó el secuestro, actualmente Samuel Arriagada está condenado en primera instancia a cinco años y un día de presidio por el secuestro calificado de José Orellana. A Rolf During, en tanto, se le impusieron 10 años. El motivo es que el descendiente de alemanes guarda otro muerto bajo la mesa. En este último caso sí reconoce que fue uno de los que apretó el gatillo.


EL COMPAÑERO DEL AÑO


En su declaración judicial ante el ministro con dedicación exclusiva Carlos Aldana, Rolf During reconoció que el 28 de septiembre, mientras hacía guardia de apoyo a Carabineros, recibió a Jorge Narváez Salamanca, quien llegó detenido en compañía de "un grupo de personas". No recuerda quiénes eran. Posteriormente, relata During, subió a un auto y se sentó al lado de Narváez hasta que llegaron al retén de Quilaco, un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Mulchén. Ahí los esperaba el teniente de Carabineros Jorge Maturana (también condenado). Luego de una hora de espera, lo llevaron hasta el puente Quilaco, ubicado sobre el río Biobío, lo sentaron sobre una de las barandas y luego procedieron a ejecutarlo.


El otro civil que estuvo presente en la escena del crimen, José Horacio Pacheco Padilla, también declaró que During fue uno de los tres que disparó. Respecto de su participación, señaló que participó de la detención y que, como no estaba armado, sólo fue testigo ocular.


Sin embargo, Pacheco Padilla era compañero de colegio en el Liceo de Hombres de la ciudad de Jorge Narváez (iba un curso más arriba), pertenecía al grupo Patria y Libertad y también al grupo de apoyo civil a Carabineros. Por otro lado, Narváez tenía entonces 15 años, militaba en el MIR. De ahí que la evidencia judicial apunta a que fue él quien entregó el nombre de su compañero.


Cuando se pregunta por José Pacheco, en Mulchén su nombre suena conocido. "Maneja un colectivo de esos de letrero amarillo", comenta un vecino. La descripción agrega que trabaja para la "línea número 2", que tiene su garita al final de la calle Victoria, casi en el límite urbano de la pequeña ciudad. Es una casucha verde de madera, rodeada de los clásicos vehículos negros que llegan y se van. El resto de los colectiveros dicen que Pacheco maneja un Chevrolet Corsa, el único que hay en la línea. Además, todos cuentan que es un tipo afable y simpático. Ninguno de ellos reconoce saber que tenga algún tipo de problemas con la justicia. Lo consideran un hombre tranquilo que vive junto a su familia.


Tras unos minutos de espera, el vehículo aparece. De su interior desciende un tipo de unos 52 años, robusto, panzón, canoso y de bigote. Se apresura a indagar el motivo de nuestra presencia. "Una carrerita hacia Los Ángeles", le respondemos como excusa para saber cómo se desenvuelve a pesar de su pasado. Decide posar junto a su vehículo, con absoluto relajo.


En más de 32 años, nadie, excepto uno o dos familiares de las víctimas, le recordó su crimen: haber sido parte de un grupo de voluntarios que detuvieron ilegalmente a Jorge Narváez Salamanca, y participar en su ajusticiamiento.


Al igual que Rolf During, durante años Pacheco negó su participación en la muerte de Narváez. Sólo en los últimos años la memoria se le ha refrescado. Actualmente está condenado a cinco años y un día. Si se confirma su sentencia de primera instancia, tendrá que ir a prisión. During también.


EL LOCO BARRIENTOS


La metralla y el zumbido de las balas rompían el silencio de la noche del sur. Hoy, a medianoche, en los rincones de la X Región se sigue oyendo el batir de los árboles resistiendo el viento, las gotas de agua que caen desde las ramas y el murmullo de la fauna nocturna. La noche del 16 de septiembre de 1973 fue una de aquellas donde no fueron los truenos los que rasgaron la naturaleza, sino las ráfagas de las armas de uniformados y civiles que se descargaban contra campesinos, que eran parte generacional de esa naturaleza.


Esa misma fecha, a la misma hora, la familia Valderas se preparaba para dormir. Aunque habían sabido del golpe en Santiago, ellos no pensaron que las caravanas de la muerte que se desataron en el país podrían llegar hasta ellos. Es más, los 16 hermanos que componían la familia comenzaban a llegar para juntarse los días de Fiestas Patrias.


Todo esto hasta que se oyeron los pasos de varios hombres que se venían sobre la humilde vivienda, ubicada a 200 metros del camino que bordeaba el lago Puyehue. Flavio, el hijo mayor, se topó casualmente a mitad de camino con el grupo, cuando se dirigía a la letrina. "Alto ahí, buscamos a Flavio Heriberto Valderas, no te movái conchetumadre; te vamo a matar, culiao", dijo un carabinero. Un culatazo le quebró el arco superciliar derecho al joven y le desprendió parte de la piel. "Mi madre dijo que se le había salido el ojo del golpe", relata su hermana Luz Marina.


En su sencilla casa, ubicada en calle Diego de Almagro, ella relató a LND que "mi hermano era un chiquillo tranquilo, trabajador, que hacía un par de semanas se había peleado con un carabinero, y éste lo había amenazado. Esa noche, Barrientos acompañó a la patrulla de Carabineros, los guió y les facilitó vehículos. También les indicó donde vivía ‘Cantarito’ y entró con el destacamento para señalarlo, porque también pensaba que mi hermano le había trancado la puerta de su casa para molestarlo".


Consta en el expediente del caso que Flavio Heriberto nunca tuvo una actividad política y que su muerte, más bien correspondió a una venganza personal.


Pero Luz Marina Valderas no ha olvidado ninguna de las numerosas ocasiones que ha tenido que encontrarse con Jorge Barrientos Camadro, en Osorno. La justicia dice que fue uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición de su hermano Flavio Heriberto, a quien apodaban "Cantarito".


Actualmente, Barrientos es un tipo que viste siempre con chaqueta, blue jeans y botas. Usa un sombrero de huaso y se moviliza en un todo terreno. Tiene dos fundos: uno en Puerto Octay y otro en Puyehue. Su vida, en los últimos 35 años, ha sido tranquila, a excepción de sus constantes arrebatos violentos y su conocido mal genio. El ex dueño de la Radio Sago, Pedro Burgos, relató a sus cercanos sobre una reunión en el club de caza y pesca local, donde asistió el sujeto. El anciano relató cómo Barrientos sacó de su cintura una pistola para disparar al aire porque no estaba de acuerdo con una decisión. Así ha pasado su vida, entre los fundos, la Feria Tattersall de ganado y, recientemente, desfilando por tribunales y pasando un tiempo en la cárcel.


Luz Marina hace muchos años que trabaja para el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ella cuida el departamento que el legislador mantiene en un céntrico edificio. Pero también trabaja, desde hace años, como garzona en eventos.


"Una vez me tocó el cóctel de inauguración de una planta de secado de Soprole. Yo servía en una bandeja y tuve pasar por su lado. Me conoció y me botó la bandeja de un manotazo", recordó la mujer.


Tampoco dice olvidar el odio con que la miró la mañana en que, nuevamente por casualidad, pasaba a dejar las llaves de su camioneta a un puesto de flores, antes de partir a Concepción, donde le esperaban varios días de prisión preventiva, el único tiempo que ha estado privado de libertad por la desaparición forzada del campesino.

Luego del recorrido, constatamos que a 35 años de las matanzas, estos "señores" siguen siendo los amos de sus pequeños reinos, cuyos súbditos les siguen temiendo, como si fuera hoy esa misma fatídica noche que muchos habrían preferido no vivir.

Domingo 7 de septiembre de 2008
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Fuente: La Nación Domingo

La Historia Oculta del Régimen Militar

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