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jueves, 24 de marzo de 2011

Rodrigo Hinzpeter: “Asesinar a un policía es más grave que asesinar a un ciudadano común”


Consultado por el amplio despliegue policial para dar con el asesino de dos detectives, el jefe del gabinete de Piñera dijo que “no hay recursos para reaccionar del mismo modo en todos los casos”. Además aseguró que la muerte de dos policías causa mayor conmoción ciudadana que si se tratara de ciudadanos comunes.
Durante la mañana de este jueves, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en entrevista con el programa de televisión Bienvenidos de Canal 13, dijo que “asesinar a un policía, aunque suene duro, es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente en el orden de sociedad en que nosotros nos hemos dado”.
La respuesta fue a la pregunta de un espectador respecto de la diferencia entre el despliegue policial visto ayer miércoles en las calles de Santiago, luego de que se ultimara a dos funcionarios de la PDI, en relación a otros asesinatos o delitos.
Hinzpeter justificó sus palabras diciendo que “ninguno de nosotros trabaja entregando su vida para cuidar a los demás, entonces la ley tiene que ser cuidadosa, muy protectora, de quienes están dispuestos a entregar su vida por cuidarnos a nosotros que cumplimos otras labores importantes en la sociedad”.
La jornada anterior 500 funcionarios de la PDI fueron desplegados en la ciudad para dar con el asesino de sus colegas. Hinzpeter dijo que “probablemente hubieran no estado si el asesinado hubiera sido otra persona, para decir las cosas con honestidad. Pero también es cierto, para ser honesto, que la sociedad se conmociona mucho más con el asesinato de dos PDI que con el asesinato de dos ciudadanos comunes y corrientes”.
A su juicio, “ayer (miércoles) no hubiéramos tenido el grado de conmoción ciudadana, porque muchos días se producen esos hechos terribles, pero la sociedad se impacta más cuando el asesinado es un funcionario de las policías. Y son hechos que afortunadamente ocurren menos, entonces llaman más la atención”.
Cuando la periodista Monserrat Alvarez le espetó: “pero eso es injusto”, el jefe del gabinete de Piñera dijo que “sin duda, no hay recursos para reaccionar del mismo modo en todos los casos”.

UNA PDI SORPRENDIDA
Conmoción causó este miércoles la persecución que fue a través de toda la ciudad de Italo Jorge Nolli Olivan, quien mató a dos policías de la PDI y en su huída dejó heridos a otros cuatro.
La sangrienta jornada empezó en la mañana cuando cuatro funcionarios policiales que realizaban un control por robo y reducción de cobre en la comuna de San Bernardo, fueron sorprendidos por Nolli, quien disparó ráfagas con su pistola Glock calibre 40.
El subprefecto Marcelo Cristián Morales, de 38 años, recibió 12 impactos de bala, en tanto que su colega, la subinspectora Karim Jimena Gallardo, de 28 años, fue ultimada por la espalda con cuatro balazos. Otros dos policías que estaban en el vehículo quedaron heridos en sus extremidades sin riesgo vital.
Los otros dos detectives, Esteban Tapia y Miguel Meléndez, quedaron heridos y  lograron ocultarse en una garita de control.
Luego del asesinato, Nolli volvió a su camioneta Ford Ranger de color rojo y se marchó del lugar.
El hecho, extraño en nuestro país, despertó una persecución furiosa por toda la ciudad de Santiago, con intercambios de disparos. A esa altura, era un asunto personal para los funcionarios de la PDI, que sacaron todo el contingente a la calle para dar con el asesino de sus colegas.
Carabineros apoyó la operación con helicópteros y su central de cámaras repartidas por la ciudad. Hubo accidentes entre vehículos particulares y de la PDI en la autopista central y en General Velásquez y Nueva Imperial. Cuatro detectives quedaron heridos en estas diversas colisiones.
La PDI se encontró con Nolli en la esquina de Cienfuegoscon Ricardo Cumming. Nolli alcanzó Agustinas, donde se produjo otro tiroteo en el que se dispararon más de 100 balas, varias de ellas de ráfaga de subametralladora.
Luego de dejar heridos a otros dos policías, Nolli fue abatido al volante de su camioneta por seis tiros efectuados por la policía desde la parte frontal. El tipo llevaba siete armas de fuego y tenía 68 años.

MERCENARIO DE VIETNAM
Cuando se supo la identidad del abatido, se cerró el puzzle respecto del inusual tirador. Identificado como Italo Jorge Nolli Olivan, de origen italiano, el sujeto había sido mercenario en Vietnam y en Camboya. Estaba fichado por falsificación, giro doloso de cheques y estafas. También tenía antecedentes de 1987 por infracción a la Ley de Armas y el 15 de junio de 2010 por hurto de material de guerra.
Cuando en 1987 allanan sus propiedades, carabineros encuentra una ametralladora UZIcon cinco cargadores, 14 granadas de fragmentación y explosivos varios.
Según relata LUN, Nolli salía en las noches de protesta contra la dictadura en una camioneta Toyota Starlet azul a dispararle a la gente que protestaba en las poblaciones.
El allanamiento de su departamento mostró un verdadero arsenal de guerra. A  centímetros del picaporte de entrada tenía un dispositivo conectado a una escopeta y un extintor que daba a un maletín. Aún no se entrega información respecto del contenido de dicha maleta.
Además el veterano de Vietnam tenía unas tres mil  balas, algunas de ellas de fusiles de guerra; siete pistolas, tres marca Glock calibre 40; extintores para usarlos como explosivos; un casco de guerra; cuchillos a lo Rambo y otros elementos bélicos.
Por M.B.R.
El Ciudadano

http://www.elciudadano.cl/2011/03/24/33791/rodrigo-hinzpeter-%E2%80%9Casesinar-a-un-policia-es-mas-grave-que-asesinar-a-un-ciudadano-comun%E2%80%9D/

martes, 22 de marzo de 2011

Ex recluta reveló la suerte de 18 opositores a Pinochet

22 de marzo de 2011 - 08:57



Los cadáveres de al menos 18 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet asesinados tras el golpe militar de 1973 fueron arrojados a un río de la zona de Temuco , dijo hoy a Efe un exrecluta que participó en la acción.
El exrecluta ha entregado datos desconocidos hasta ahora sobre ese episodio de la represión pinochetista al juez especial Fernando Carreño, que investiga la desaparición de seis militantes comunistas en noviembre de 1973


Los cadáveres de al menos 18 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet asesinados tras el golpe militar de 1973 fueron arrojados a un río de la zona de Temuco , dijo hoy a Efe un exrecluta que participó en la acción.
El exrecluta ha entregado datos desconocidos hasta ahora sobre ese episodio de la represión pinochetista al juez especial Fernando Carreño, que investiga la desaparición de seis militantes comunistas en noviembre de 1973.
Entrevistado por Efe, M.C.S., que pidió reserva de su identidad, señaló que él y otros reclutas que cumplían el servicio militar a fines de 1973 en el regimiento Tucapel, con base en Temuco, recibieron órdenes de arrojar cadáveres a un río cercano en varias ocasiones.
“Yo permanecí dos años en el regimiento Tucapel haciendo mi servicio militar, y siempre recibimos órdenes de los oficiales. Si no las cumplíamos, nos mataban a nosotros“, relató.
El exrecluta, que reside en Freire, dijo que él participó en dos operaciones para deshacerse de cadáveres en elrío Allipén, pero le consta que “hubo más”, por lo que le comentaron entonces sus compañeros reclutas.
“Me ordenaron subir a un camión junto a otros conscriptos para ir a Isla Cautín (campo de entrenamiento militar). Ya de noche, al llegar al lugar la primera vez subimos diez cuerpos y la segunda ocho. Los llevamos al puente Allipén donde fueron arrojados al río de ese mismo nombre”, rememoró.
M.C.S. señaló que los oficiales de entonces están negando “todo” ante el juez Carreño y quieren que “paguen” los que eran unos “simples conscriptos“. “Eso no es justo”, dijo a Efe.
En sus declaraciones al juez Carreño, M.C.S. ha mencionado a un “teniente Espinoza”, aparentemente Manuel Espinoza Ponce, ya fallecido, y al entonces teniente Pablo Gran López, hoy general retirado, como los oficiales de los operativos en los que se arrojaron cadáveres al río.
Gran López está inculpado en la única causa que investiga el juez Carreño en relación con los crímenes ocurridos en el regimiento Tucapel después del golpe militar, la de los seis militantes comunistas que fueron sacados del cuartel y llevados a un campo de entrenamiento donde fueron asesinados.
Las autoridades militares dijeron posteriormente que se trataba de terroristas abatidos al intentar asaltar un polvorín.
En la misma condición de inculpado que Gran López figura en la causa el exbrigadier Jaime García Covarrubias, hoy funcionario del Pentágono de Estados Unidos como profesor del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos.
Dos antiguos prisioneros, Herman Carrasco y Víctor Maturana, dijeron a Efe que presentarán escritos ante el juez Carreño para que también abra una investigación por los cuerpos arrojados al río Allipén y por las torturas que afirman haber sufrido a manos de García Covarrubias y otros oficiales que cumplían funciones en el cuartel Tucapel.


http://www.eldinamo.cl/2011/03/22/ex-recluta-revelo-la-suerte-de-18-opositores-pinochet/

jueves, 10 de marzo de 2011

MANUEL CONTRERAS Y ÁLVARO CORBALÁN NO CALIFICARÍAN PARA RAZONES HUMANITARIAS



  Ex director de la DINA tiene 81 años mientras que el ex jefe operativo de la CNI sufre las consecuencias de un grave cáncer a la tiroides. Se maneja la posibilidad de excluir del beneficio a los condenados a cadena perpetua. En Punta Peuco hay otros dos presos que cumplirían con los requisitos.



Jueves 10 de marzo de 2011| por Claudio Leiva Cort�s
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda es un preso que tiene 81 años (nació el 4 de mayo de 1929) y que sufre de cáncer al colon, diabetes, hipertensión y trombosis. Es decir, cumpliría con los requisitos para el indulto por razones humanitarias que impulsaría el gobierno para los reos mayores de 80 y enfermos terminales.
El problema es que el general de Ejército (R) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda no fue humanitario al mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Entre los años 1974 y 1977, "El Mamo" encabezó la brutal represión del régimen de Augusto Pinochet en contra de cualquier tipo de disidencia.
Distinto es el caso del general (R) Odlanier Mena Salinas, el ex militar de mayor edad que cumple condena y el primero en mencionarse como eventual indultado. Mena tiene 85 años y fue condenado a seis por su complicidad en el asesinato de tres víctimas de la Caravana de la Muerte.
En cambio, el general (R) Contreras Sepúlveda está sentenciado a más de 300 años de cárcel y a dos cadenas perpetuas por diversos crímenes, entre ellos torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los más graves son los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats. Por lo mismo, una de las medidas que se maneja para que Contreras no opte al beneficio sería excluir a los condenados a cadena perpetua.
"El Mamo" se encuentra recluido en el penal Cordillera, al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Este recinto y el de Punta Peuco, en Tiltil, no tienen problemas de hacinamiento, el principal motivo del gobierno para desocupar las cárceles. Todo lo contrario, son considerados penales "5 estrellas".
La última "aparición pública" de Contreras ocurrió el domingo 6 de marzo pasado, en el blog "El once de un gran mes", donde escribió que "después de haber reflexionado profundamente acerca de la situación que viven los presos políticos militares (…) si el gobierno cumple con lo prometido y los uniformados regresan a sus hogares, seremos los primeros en apoyarlos para que continúen otro período".
"EL PROTECTOR"
Pero el general (R) Manuel Contreras no es el único personaje funesto que podría ser beneficiado con un indulto de esta naturaleza, si es que llega a aprobarse en el Congreso. Existe otro gran protagonista de la represión que sufriría una grave enfermedad.
Se trata del teniente coronel (R) Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde ocupaba la chapa de Álvaro Valenzuela; ex pareja de la vedette española María José Nieto y, según la leyenda popular, protector de Tito Fernández, El Temucano.
Corbalán tiene 59 años y se encuentra recluido en Punta Peuco, donde cumple una cadena perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, crimen ligado al asesinato de Tucapel Jiménez. También fue condenado por los asesinatos de 12 frentistas en la Operación Albania y por el crimen del periodista José Carrasco.
En mayo pasado, Corbalán Castilla fue operado en el Hospital Militar por un cáncer a la tiroides y estuvo internado grave durante dos semanas. No se ha informado de su actual estado de salud, pero según sus cercanos está perdiendo la visión y sufriría de otras complicaciones derivadas de su obesidad.
Su última declaración se publicó el 1 de marzo pasado, en el sitio Despierta Chile, y en ella afirmó que "respetuosamente hago saber al Tribunal que por salud mental y física -la que debo priorizar en el último tramo de vida que me queda-, hasta aquí llegó mi contribución y tributo a la justicia, en lo que dice relación con estos hechos (violaciones a los DDHH) acontecidos hace tanto tiempo".
DOS VERDADERAMENTE TERMINALES
En Punta Peuco hay otros dos presos que, de acuerdo a los antecedentes entregados por sus familiares, cumplirían con los requisitos para un indulto por razones humanitarias. Uno de ellos es enfermo terminal y el otro tiene más de 80 años.
El primero es el capitán (R) de Carabineros Guillermo Arturo Cofré Silva (en la foto), condenado a cinco años y un día por el secuestro calificado de la detenida desaparecida Marta Edith Vásquez Fredes, en octubre de 1973 en Curanilahue.
El oficial en retiro, según sus familiares, está aquejado de un cáncer terminal, se encuentraimagen postrado en cama, sufre de insuficiencia respiratoria y depende del suministro de oxígeno de modo permanente para sobrevivir. El año pasado, el gobierno le negó un indulto.
El segundo es el ex detective Risiere Altez España, de 82 años, condenado a cinco años por los secuestros calificados de los detenidos desaparecidos Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, todos ocurridos en La Cisterna en 1974.
Según sus familiares, Altez España es enfermo crónico y espera morir en el mismo penal. Él ha solicitado su libertad condicional, pero no se la conceden por considerarlo un peligro para la sociedad. 


http://216.72.168.173/manuel-contreras-y-alvaro-corbalan-no-calificarian-para-razones-humanitarias/noticias/2011-03-09/202234.html

martes, 8 de marzo de 2011

Un joven de 16 años, entre víctimas identificadas de la dictadura Pinochet

Martes, 08 de marzo de 2011 a las 16:22


En 1990, se encontraron varias fosas clandestinas con cuerpos de las personas registradas como desaparecidas durante la dictadura (Archivo EFE).


SANTIAGO DE CHILE (EFE) — Los restos de dos víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, una de ellas un adolescente de dieciséis años, fueron identificadas por el Servicio Médico Legal, informaron este martes fuentes judiciales.

Se trata de Orlando Ponce Quezada y de Mario Casanova Pino, de 34 años, que formaban parte de 125 cadáveres enterrados ilegalmente en 108 tumbas marcadas como NN (sin nombre) en el Patio 29 delCementerio General de Santiago en 1973 y exhumados en 1991 por órdenes judiciales.
Ese año, al ser interrogado por el hecho de que en algunos ataúdes había dos cadáveres, el general Augusto Pinochet ante periodistas elogió "la economía" que ello suponía.
Ambos formaban parte de la lista de desaparecidos detenidos, llamados así a las víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Pinochet, entre 1973 y 1990. En la lista figuran 1,209 personas, 54 menores de edad entre ellos. Ponce y Casanova, estaban incluidos.
Orlando Ponce Quezada fue detenido el 8 de octubre de 1973 durante una inspección masiva de militares en la población obrera Cerro Colorado, del municipio de Renca, según fuentes de derechos humanos.

El adolescente, de acuerdo con testigos, fue subido a una camioneta roja a cargo de infantes, quienes lo colocaron boca abajo en el piso del vehículo para luego saltar sobre su cuerpo.

Junto a otros detenidos, fue trasladado a la Comisaría de Renca y dos horas más tarde llevado en la misma camioneta a un costado del cerro Colorado, donde soldados de la Fuerza Aérea le dispararon por la espalda.

Mario Casanova Pino fue ejecutado con numerosos disparos en la mañana del 24 de septiembre de 1973 en una calle de Santiago y permaneció como detenido desaparecido hasta 1991, cuando se esclareció -a través de declaraciones- que había sido enterrado comoNN,  sin embargo, su cuerpo no había sido encontrado. 

En la tarde del 17 de septiembre de 1973, infantes de la IV Comisaría de Santiago se presentaron en el domicilio familiar acompañados por Mario Casanova, a quien llevaban esposado.

Su rostro tenía señales de haber recibido golpes. Los policías señalaron que investigaban la comisión de un hurto y se lo llevaron nuevamente. Al día siguiente, los familiares concurrieron hasta el cuartel policial, pero la detención fue negada.

El Servicio Médico Legal remitió los datos de ambas identificaciones al juez especial Alejandro Solís, a cargo de la investigación relativa al Patio 29, y que deberá comunicar el resultado del peritaje a las familias de las víctimas y ordenar la entrega de los restos

viernes, 4 de marzo de 2011

Familiares de ejecutados presentaron 403 nuevas querellas

A 20 años del histórico mensaje en que el ex Presidente Patricio Aylwin pidiera perdón al país por las víctimas del régimen militar, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó 403 querellas por violaciones a los derechos humanos al juez Mario Carroza, encargado de revisar todos los nuevos expedientes referidos a los delitos de lesa humanidad.



La presidenta de la entidad, Alicia Lira, explicó que “estamos realizando una acción de justicia a los niños, hombres y adolescentes que fueron asesinados que no tienen verdad y justicia”.
 En ese marco, los familiares de los ejecutados exigieron al magistrado, encargado de investigar las causas de la muerte del Presidente Salvador Allende, que se exhume su cadáver, para determinar cómo falleció.
 La propia Alicia Lira pidió “que se investigue plenamente las causas de su muerte (…) Es una obligación ética y moral”.
 En ese sentido, el abogado querellante Eduardo Contreras aseguró que “no es posible aceptar tesis como dogmas de fe, cuando todos sabemos que el cuerpo del Presidente Allende fue acribillado por las balas de los militares. ¿Cuál de esas balas fue la que causó necesariamente su muerte?, suponiendo que la tesis del suicidio sea cierta. El país tiene derecho a saber la verdad”.
 Respecto de la posición de la familia del fallecido mandatario, quienes se opusieron a una posible exhumación,Contreras dijo que “nosotros las comprendemos, solidarizamos con ellas, entendemos su dolor, las respetamos, pero creemos que la justicia y la ley están por encima de todo”.
 upi/so/pa/bp//





http://www.eldinamo.cl/2011/03/04/familiares-de-ejecutados-presentaron-403-nuevas-querellas

La Historia Oculta del Régimen Militar

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