Vocero estival de la UDI celebra fallo contra el juez español
“Esta condena la aplaudimos, porque la sentimos como merecida. Siempre actuó tratando de usar sus casos para ganar protagonismo personal (…) Condenar a 11 años de inhabilitación y expulsarlo del poder judicial en forma unánime por el Tribunal Supremo Español, demuestra que el juez Garzón terminó atrapado en su ley”, dijo el diputado gremialista y reconocido pinochetista.
El diputado Iván Moreira (UDI) celebró este jueves el fallo del Tribunal Supremo Español que declaró al juez español Baltasar Garzón culpable del delito de prevaricación y lo condenó a 11 años de inhabilitación.
“Esta condena la aplaudimos, porque la sentimos como merecida. Siempre actuó tratando de usar sus casos para ganar protagonismo personal (…) Condenar a 11 años de inhabilitación y expulsarlo del poder judicial en forma unánime por el Tribunal Supremo Español, demuestra que el juez Garzón termino atrapado en su ley”, dijo el diputado de la UDI e incondicional a la figura del fallecido general (r) Augusto Pinochet.
Recordó que fue precisamente Garzón quien emitió la orden de extradición en 1998 que mantuvo al ex dictador detenido más de un año en Londres. Y por eso manifestó que: “quien actúa con maldad tarde o temprano la justicia lo castiga”.
Moreira recalcó que: “cuando el Tribunal Supremo de Justicia Español, por unanimidad, inhabilita, expulsa y condena al Juez Garzón, está demostrando que no tiene ni tenía ninguna credibilidad”.
“Quién puede creer entonces en la forma que actuó, no solamente con el general Pinochet, sino que con ciudadanos, dirigentes políticos a quienes espió. Operando de una manera claramente ilegal y quedó demostrado que así no se hace justicia (…) Con ilegalidad no se hace justicia”, señaló.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un 34% de aumento en la discriminación durante el año 2011, respecto al año anterior.
Así fue indicado en el décimo informe anual de derechos humanos y diversidad sexual que elabora el Movilh, donde se acusa un aumento en las denuncias de discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el país.
Se trata de 186 casos, entre ellos incluso 3 asesinatos, además de agresiones físicas, verbales, abusos policiales, junto con discriminaciones laborales y educacionales.
La cifra fue calificada como grave por el vocero del movimiento, Jaime Parada, que a su juicio evidencia una cultura homofóbica proveniente de grupos específicos.
Para el líder del Movilh, Rolando Jiménez, esto también se traduce en una mayor voluntad de parte de las víctimas para denunciar.
Ante las fuertes declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, haciendo una comparación entre lo vivido el jueves pasado con los métodos de represión sionistas utilizados contra el pueblo palestino, una avalancha de respuestas de todos los sectores políticos han deseado desvirtuar los dichos y tergiversar su intencionalidad, aludiendo a presuntas connotaciones racistas y anti-semitas.
Incluso luego de que Gajardo explicara sus palabras, disculpándose con el pueblo judío si es que el mensaje había sido malinterpretado y que éste sólo se refería a un sector minoritario dentro de círculos israelitas, el sector sionista, los medios continuaron su arremetida e indicaron que la religión de Rodrigo Hinzpeter había sido objeto de ataque y que esto constituía un acto de intolerancia digno de ser repudiado por todos los habitantes de Chile.
El propio ministro Hinzpeter, poco después de recibir el apoyo de Guido Girardi al calificar éste las declaraciones como “racistas”, condenó el acto de Gajardo y recalcó que tales dichos habían “herido” a su familia. “Ha herido a mis hijos, a mí, a mi señora, a mis padres y a millones de personas por una condición religiosa”, profirió el ministro del Interior ante las cámaras.
Decir que el presidente del Magisterio aludió a una “condición religiosa” constituye una gran mentira, dado que el sionismo no es una religión, sino una ideología política. La propia ONU, en su Resolución 3379 de 1975, entendió el sionismo como una forma de discriminación racial que se desprende del judaísmo.
“La paz y la cooperación internacionales exigen el logro de la liberación nacional y la independencia, la eliminación del colonialismo y del neocolonialismo, de la ocupación extranjera, del sionismo, del apartheid y de la discriminación racial en todas sus formas, así como el reconocimiento de la dignidad de los pueblos y su derecho a la libre determinación”, dictó la Organización de Naciones Unidas a mediados de los 70.
En este contexto, el sionismo debe entenderse como una doctrina de sectores judíos minoritarios que impulsa la hegemonía territorial del Estado de Israel, atentando contra la integridad de otros pueblos que habitan el Medio Oriente. No debe sorprender entonces que a menudo se vinculen intereses sionistas con la política exterior de Estados Unidos hacia los países árabes, ya que Israel es el aliado más poderoso de la potencia americana en la región.
Dicho esto, la relación entre el ministro del Interior y círculos sionistas es muy visible para quien se dedique a investigarlo.
Podríamos partir diciendo que el ministro es nieto, por lado materno, de Mauricio Baltiansky, uno de los fundadores del Movimiento Sionista de Chile. En el año 1911, según registra el vol. 21 de la Encyclopedia Judaica (edición 2008), Baltiansky impulsó la creación de la primera célula sionista en el país con la ayuda del Movimiento Sionista de Argentina.
Rodrigo Hinzpeter Kirberg, como su propia biografía revela, es “cercano” al Comité Judío-Americano(American Jewish Committee), una organización lobista que extiende su influencia y presión política no sólo a EE.UU., sino a América Latina.
El Comité Judío-Americano se encuentra estrechamente afiliado con la ONU a través del grupo UN Watch, el cual ha estado tras la cabeza de activistas como Richard Falk que condenan y critican el tratamiento otorgado por el gobierno israelí al pueblo palestino. Entre las funciones de este comité, según el sitio web Power Base, se cuenta el crear acción política parlamentaria a favor de Israel, crear grupos de presión para afectar organizaciones que son vistas como hostiles por Israel, enviar periodistas o formadores de opinión a Israel para educarlos en la perspectiva israelí, entre otros.
En marzo de 2011, mientras el Presidente Sebastián Piñera efectuaba su gira por Medio Oriente, una delegación del Comité Judío-Americano, conformada por 18 miembros, fue recibida silenciosamente en La Moneda por el ministro Hinzpeter y los embajadores de Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Aunque la visita se extendió por tres días, la prensa nacional no hizo cobertura alguna sobre qué se discutió, quiénes asistieron y a qué acuerdos se llegaron.
Las noticias internacionales del AJC reportaron, “El grupo discutió la innovadora visita del presidente a Israel y la autoridad palestina; la esperanza de un Tratado de Libre Comercio Chileno-Israelí; la ONU y el Medio Oriente; la amenaza de extremismo islámico en Sudamérica; y las relaciones chileno-estadounidenses en vísperas de la anticipada visita del Presidente Obama a Santiago.”
Hinzpeter también figura como participante de un congreso realizado entre comunidades judías latinoamericanas en noviembre de 2006, organizado por el Comité Judío-Americano en Miami. La declaración final disponible en el sitio del Comité afirma que los representantes de las diversas comunidades involucradas “ratifican su solidaridad con el Estado de Israel en su legitimidad histórica”.
Tanto en Chile como en el mundo, el lobby sionista ha ejercido un rol importante en impedir que los países reconozcan la legitimidad del Estado palestino. Según lo que contó a Verdad Ahora el líder de la Federación Palestina de Chile, Daniel Jadue, en una entrevista conducida semanas antes de las declaraciones de Jaime Gajardo, este lobby explicaría por qué el Estado palestino no ha sido reconocido por el gobierno de Piñera con las fronteras anteriores a 1967, sumándose a otros países de la región como Brasil y Argentina.
A mediados del año pasado, el Senador Eugenio Tumaacusó a Hinzpeter de ser un “militante de la causa israelí” y cuestionó la autoridad de Sebastián Piñera en asuntos de política exterior. El Senador Tuma fue duramente criticado por Gabriel Zaliasnik, el entonces presidente de la Comunidad Judía de Chile, quien denostó al parlamentario por poseer ascendencia palestina e intervenir en la discusión sobre el reconocimiento del Estado palestino.
Otra de las campañas del lobby israelí en Latinoamérica ha sido la inserción de propaganda anti iraní y discriminación generalizada contra los musulmanes. Tanto el gobierno estadounidense como el israelí han catalogado a Irán como la nueva amenaza nuclear, planteando la tesis de que tal país promueve el terrorismo islámico y busca el exterminio del pueblo judío – una suerte de Holocausto del siglo 21. La lógica de estas acusaciones puede ser fácilmente descrita como irrisoria, puesto que el propio Estado de Israel posee cientas de ojivas nucleares y tecnología militar para desplegarlas en cualquier momento – un arsenal que, según una publicación de 2009 en el Washington Times, Obama acordó mantener en secreto, alejado de inspecciones internacionales.
Un claro intento de introducir la amenaza fabricada de un terrorismo islámico en Chile fue el controversial “caso paquistaní”, que luego de seis meses de investigación debió ser cerrado por el Ministerio Público al no poseer evidencia suficiente para presentar acusaciones fundadas. No es coincidencia que Rodrigo Hinzpeter, representante del lobby sionista en Latinoamérica, haya participado protagónicamente en criminalizar de manera calumniosa al joven paquistaní Mohammed Saif Ur Rehman Khan.
A finales de 2010, Saif Khan reveló a The Clinic que recibió respaldo por parte de Jorge Barraza, un ex comisario de la PDI que estuvo involucrado en el centro de la investigación por el Caso Guzmán. Según Khan, Barraza sostuvo desde el comienzo que las acusaciones levantadas en su contra eran falsas y que constituían un montaje orquestado por organismos de inteligencia.
“Tuve la ayuda de una persona, un profesional experto en inteligencia, el ex comisario Jorge Barraza Riveros, un real patriota, que fue la primera persona en creer en mi persona y en mi inocencia al sostener que esto era un montaje”, reveló Khan a la prensa. “Primero tuvimos una relación un tanto secreta, pero ahora no tengo ningún problema en decirlo: Barraza me otorgó soporte moral, judicial y me dio esperanzas”, concluyó.
Una de las tantas inconsistencias del caso fue el allanamiento ilegal realizado por tres efectivos de la PDI, vestidos de civil, a la pensión del estudiante extranjero, cuando éste ni siquiera había sido puesto a disposición de la justicia y se mantenía recluido a la fuerza en la embajada estadounidense. Según las declaraciones tomadas en el proceso, la orden de allanar habría sido otorgada personalmente por el jefe del FBI en Chile, Stanley Stoy, en el marco de una presunta investigación que antecedía a la “detección de trazas de explosivos” en la sede diplomática.
La Policía de Investigaciones, ahora al mando de Hinzpeter bajo el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no ha estado exenta de vinculaciones con la célula de inteligencia israelí, Mossad.
Según cables revelados por Wikileaks en febrero de 2011, Israel ordenó a las autoridades chilenas vigilar al embajador de Irán durante una visita diplomática. Lo que hoy sabemos es que tal acción fue autorizada por el entonces director de la PDI, Nelson Mery Figueroa, según el testimonio de dos ex funcionarios de la institución. “Mery es un informante del Mossad”, reveló a Terra el ex comisario René Cocq.
Probablemente estas operaciones reflejen la preocupación del Comité Judío-Americano, un organismo netamente político y no religioso, sobre “extremismo islámico en Sudamérica” en la reunión que llevó a cabo este año, a puertas cerradas, con el ministro Hinzpeter.
Quizás el elemento más grave entre las acusaciones emitidas por Jaime Gajardo, cuya validez ya hemos explorado y corroborado, es el de un presunto servicio militar efectuado por Rodrigo Hinzpeter en Israel.Según informó la Agencia Judía de Noticias, Hinzpeter efectivamente realizó un viaje de estudios a Israel en 1983. “Teniendo en cuenta la edad que en ese momento tenía Hinzpeter, puede haber sido al finalizar sus estudios secundarios”, reporta AJN.
“La razón es que Israel, siendo un estado-cliente de los norteamericanos, cuenta con su propio ejército mundial de reserva -las comunidades judías repartidas por el planeta- a quienes considera sus ciudadanos”, expone Kirk, mencionando posteriormente que el actual ministro “según versiones de prensa cuenta en su currículum una estancia en Israel tras terminar sus estudios secundarios en Chile, a la misma edad que los jóvenes israelíes hacen su servicio militar”.
Como muy bien escribe un columnista de Piensa Chile, a raíz de los comentarios de Gajardo sobre posibles doctrinas aprendidas por Hinzpeter en Israel, “Hacer el servicio militar bajo la bandera de otro estado no es un asunto baladí. El soldado expresa su adhesión juramentada a éste y se compromete a servir «fielmente a su patria».”
“En el caso de Hinzpeter el asunto es aún más preocupante”, continúa el columnista, “puesto que ostenta un cargo en el cual dispone de información reservada, confidencial y que además está llamado según la Constitución a asumir el puesto de Vicepresidente de la República en caso de ausencia del Presidente.”
Sea o no buena la comparación entre lo ocurrido el pasado jueves y las condenables prácticas de Israel contra los pueblos oprimidos en Medio Oriente, es imprescindible indicar que Rodrigo Hinzpeter efectivamente posee vínculos estrechos con el sionismo. Aunque los grandes medios busquen desviar la atención y transformar críticas legítimas hacia Israel en “declaraciones racistas”, no debemos permitir que la verdad sea silenciada, ni mucho menos tergiversada, para que el gobierno se excuse y continúe ejerciendo su represión contra el pueblo chileno.
En el ala oriente del primer piso del palacio de La Moneda se diseñan cursos y planes para fortalecer lo que el gobierno llama “combate al terrorismo”, lo que incluye medidas de contención, persuasión, represión y control de movimientos ciudadanos (estudiantiles, medioambientales, okupas, indígenas, etc.) y de la protesta social, con el objetivo de encarar el 2012, año en que se anuncian y prevén variadas manifestaciones sociales.
Aquello incluyó un curso dictado para uniformados y fiscales chilenos por policías y fiscales españoles, el anuncio de la creación del grupo “Cazadores” de Carabineros, afinamiento de labores de Inteligencia y refuerzo de dotación e insumos de contingentes como Fuerzas Especiales de la policía uniformada.
La batuta en estos planes la llevan el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el Subsecretario Rodrigo Ubilla y el jefe de la División de Estudios de esa dependencia, el ex fiscal Alejandro Peña, quienes son proactivos en inauguración y organización de cursos, declaraciones a la prensa y elaboración de documentos y tesis al interior de La Moneda.
Precisamente Ubilla, en declaraciones al diario El Mercurio publicadas el 26 de enero, anunció que en agosto de este año comenzará a operar el grupo “Cazadores” de Carabineros, que tendrá como objetivo “capturar a quienes generan desórdenes y violencia más grave” en las marchas y actividades de protesta social.
Informó además que “vamos a dotar a Carabineros de sistemas tecnológicos, como cámaras de alta resolución que registran rostros desde largas distancias, por ejemplo, con el fin de mejorar el aporte de pruebas” contra ciudadanos y manifestantes.
Ubilla adelantó la caracterización que se hace en La Moneda sobre lo que será la protesta social el 2012:
“No van a ser manifestaciones masivas. Vamos a tener en forma permanente grupos pequeños actuando simultáneamente en distintos puntos del país o de la ciudad, a fin de producir desorden público en niveles progresivos de violencia”.
Ello da cuenta de los análisis que se hacen en oficinas de La Moneda para caracterizar y encarar la movilización y la protesta en este año. Se apunta prioritariamente a la ligar violencia y terrorismo con protesta social, en lo que varios expertos definieron como la criminalización del movimiento social.
Reforzar fuerzas antimotines.
Cumplir los objetivos de La Moneda en este terreno, pasa por dos líneas establecidas desde el Ministerio del Interior.
Una, sacar adelante el 2012 el proyecto de ley que endurece las penas carcelarias a quienes participen en tomas, corte de calles, desordenes, interrupción de servicios públicos y sean detenidos en marchas o protestas. Y otra, reforzar la dotación, equipamiento y tecnología de Fuerzas Especiales de Carabineros, el organismo encargado a lo largo de todo el país de labores de persuasión y represión de la protesta social.
Habrá en 2012 una continuidad en la preocupación por la mantención de las unidades motorizadas (carros lanza gases y lanza agua, buses para detenidos y traslado de personal, etc.), de caballería, armamento e implementos disuasivos que incluye las cuestionadas bombas lacrimógenas, y el equipamiento individual antimotines. Durante estos meses seguirán los entrenamientos de los uniformados en recintos de Carabineros.
Además, se proveerá de tecnología nueva como el uso de las cámaras mencionadas por el Subsecretario Ubilla, las que se agregarán a las filmadoras que usan elementos de FF.EE. para grabar rostros de ciudadanos en las marchas, para aportar a los archivos que mantienen Carabineros (que nadie sabe en qué consisten y dónde están).
Por declaraciones de funcionarios del Ministerio del Interior y por actividades realizadas, algunas de conocimiento público, se sabe que se potenciará la labor de Inteligencia tanto de órganos policiales como gubernamentales, para encarar las movilizaciones ciudadanas y sociales, sobre todo en cuanto a detectar, identificar y caracterizar a personas y organizaciones. Eso estaría incluyendo una mejor coordinación entre Inteligencia de Carabineros, Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Se estaría haciendo un mapeo de las organizaciones estudiantiles, sindicales, medioambientales, okupas, indígenas y otras, y la incidencia y bases que tienen en ciudades del país, para ubicar o re-ubicar contingentes policiales. También se seguirían indagando las llamadas “conexiones internacionales” de agrupaciones estudiantiles, indígenas, okupas, etc.
En La Moneda, como al interior de los cuerpos policíacos, no pasan por alto declaraciones y análisis de parlamentarios y dirigentes políticos y sociales en el sentido de que 2012 será un año de movilizaciones y expresión ciudadana que se puede materializar en marchas, paros, protestas, cortes de calles, tomas, etc.
Enseñanzas españolas.
En este contexto, la segunda semana de enero se realizó en la Escuela de Carabineros el Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo al que asistieron fiscales, jefes y funcionarios policiales y autoridades del Ministerio del Interior.
Lo singular es que la cátedra la dieron fiscales y policías de España expertos en labores antiterroristas y que combatieron a ETA. No dejó de llamar la atención que Interior haya elegido a especialistas en combate al terrorismo provenientes de un país donde hay una actividad de ese tipo cuyos alcances e impactos distan mucho de la realidad chilena.
La explicación podría estar en declaraciones de funcionarios y personeros del gobierno y de la derecha que en repetidas ocasiones hicieron analogías o establecieron conexiones de ETA y las FARC de Colombia, con organizaciones mapuches, anarquistas, juveniles, estudiantiles y de izquierda.
En esa línea, no es menor que una nota del diario El Mercurio sobre este curso, indicó -haciendo una tácita referencia al movimiento estudiantil y juvenil chileno- que “todos (fiscales y policías españoles) tuvieron participación en acciones que desbarataron a grupos radicales como el SEGI, una organización juvenil perteneciente a la denominada izquierda abertzale…”
Es sugestivo que las clases que recibieron los fiscales y policías chilenos incluyera, según datos informales, instrucción sobre informantes, agentes encubiertos, “colaboradores” de la policía y fiscales para la identificación y datos probatorios de manifestantes, intercepción y escuchas telefónicas, detección de contenidos en internet, tendencias terroristas, organización terrorista, legislación antiterrorista y armado de pruebas contra procesados por violencia.
Eso es coherente con prácticas detectadas y denunciadas, como infiltración de carabineros en marchas y protestas, escuchas telefónicas ilegales, colaboradores con la Justicia que se muestran como “testigos sin rostro”, y reiteración de la tesis de accionar terrorista en el país a partir de situaciones como el “Caso Bombas” que finalmente terminó en un fiasco judicial y policial.
Y afianzar todo el contexto y herramientas legislativas que en Chile se funda en la Ley Antiterrorista, impuesta por la dictadura y vigente en la actualidad.
Instalación de tesis.
La Moneda, doctrinariamente, sigue instalando la tesis de la existencia y el peligro del terrorismo en Chile. Tesis que vincula siempre esa posibilidad a grupos indígenas, juveniles, de izquierda y opositores.
Se va produciendo una adaptación o adecuación de la tesis de la contrainsurgencia planteada por regímenes dictatoriales que fueron respaldados precisamente por actuales personeros de la derecha.
Así también, se refuerza la tesis del “combate al terrorismo” en un sentido local y global, instalada por el ultraconservador George W. Bush desde la Casa Blanca el 2001 después de los atentados en Nueva York.
En la línea doctrinaria, el Ministro Rodrigo Hinzpeter, salió al paso de los cuestionamientos a las acciones represivas al movimiento social. "A veces -dijo- uno se enfrenta a una crítica de la oposición y de muchos sectores, intentando señalar () que habría una especie de empecinamiento en nuestro Gobierno, o en el Ministerio del Interior por perseguir los episodios, quizás pretendiendo que el Gobierno los enmarcara en una versión distinta de lo que algunos pueden denominar protesta social".
Añadió que "cuando hay violencia, a mi juicio, simplemente la protesta social se acaba y surgen otras cosas, a lo menos, de protesta vandálica" e incluso "de conductas criminales y, eventualmente, de conductas terroristas".
Se trata se insistir en la tesis de la existencia de terrorismo en el país, el cual ya no sólo se podría presentar en acciones en zonas indígenas, sino que en las calles, escuelas, servicios públicos, etc, donde, según la autoridad, de una protesta se pasa al terrorismo.
La instalación de esos idearios se efectúa a través de reiteradas declaraciones de funcionarios de gobierno y personeros de la derecha, pero también a través de los medios de prensa afines, donde se repite insistentemente el uso de categorías y calificaciones como terrorista, inadaptado social, encapuchado, subversivo, anarquista, etc.
En definitiva, para La Moneda, junto a la lucha contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana, es primordial mantener el orden público y reprimir alteraciones que lleguen a desestabilizar al país.
De paso, no ceja en la preocupación por el terrorismo. En ese marco, Rodrigo Hinzpeter enfatizó que se trata de “un fenómeno que nos preocupa y tenemos especialmente un desafío que nos ocupa: evitar que en la próxima década sí tengamos un fenómeno de terrorismo”.
Publicado en sitio Freedom of Information Act (FOIA)
El archivo relata que en 1987 el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, informó a la embajada norteamericana en Santiago que ésta era la razón por la cual la familia Pinochet quería que el actual edil —quien tramitaba su acreditación para desempeñarse como civil adjunto de la legación diplomática de Chile en Washington— se alejara del país. Además, según el relato del periodista, Labbé también iba a recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios, agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier.
Un documento desclasificado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, revela un episodio desconocido de la vida del actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé y que se remonta a fines de los 80.
El documento, publicado por el sitio Freedom of Information Act (FOIA), es un cable que envió la embajada de Estados Unidos en Santiago al Secretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz. El documento detalla que el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, explicó el 13 de julio de 1987 a un funcionario de la embajada del país del norte que entre las razones para la partida del entonces oficial de Ejército a la embajada en Washington se encontraba una que complicaba a la familia Pinochet: Labbé —y no el brigadier general Oscar Vargas— era el padre de un hijo ilegítimo de Jacqueline Pinochet, que había nacido recientemente.
“Vargas había estado saliendo con otra hija, Lucía, y la familia probablemente lo quería fuera del país por un tiempo, pero Willoughby dijo que estaba seguro de que la relación con Jacqueline era de Labbé”, señala el documento. El documento consigna que Willoughby también afirmó que “Cristián Labbé, cuya aplicación para acreditación como civil adjunto de la embajada de Chile en Washington y que está aún pendiente, había sido junto a Armando Fernández Larios, miembro de un pequeño grupo personal del Ejército reunido en 1973 para entregar seguridad para el nuevo jefe de Estado, Augusto Pinochet”.
El ex secretario de prensa de la Junta Militar, también relató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sido enviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad de Ciencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con su trabajo en la ‘proyección’, pero además el amigo dijo que era para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios, dónde está y qué le está diciendo al Gobierno Americano”.
“El grupo completo después fue incorporado a la DINA. Más recientemente, según Willoughby, Labbé ha estado trabajando en una unidad especial dentro de la oficina del secretario general de la Presidencia, a cargo de “Proyección del régimen” y enlace entre la presidencia y el Ejército en proyectos relacionados con ese objetivo. Willoughby dijo que esa unidad está liderada por un coronel del ejército retirado cuyo nombre no recordaba. Sostuvo que no es una oficina de inteligencia o seguridad, pero sí de personal de planificación política. Por supuesto, para poder hacer eso, necesitan y recolectan lo que él llamó inteligencia política sobre lo que la oposición está haciendo y diciendo”.
El ex secretario de prensa de la Junta Militar, asimismo relató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sido enviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad de Ciencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con su trabajo en la “proyección”, pero además el amigo dijo que “era para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios (agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier), dónde está y qué le está diciendo al Gobierno Americano. El amigo es un oficial del Ejército que también trabaja en la Unidad Especial”.
Al final del archivo, queda en evidencia la precaria condición financiera que habría estado atravesando Willoughby en esa época —quien ya estaba alejado del gobierno—, y que dijo estar a punto de “ser conducido a la pared por la presión del gobierno a los clientes de su negocio y puede tener que declararse en quiebra pronto. Él tiene una propiedad más para hipotecar, si obtiene un préstamo él será capaz de esperar por un tiempo más largo”.
Consultado al respecto por El Mostrador, Willoughby señala que “no supe ni me interesaba la vida sexual del alcalde de Providencia ni de Jacqueline Pinochet
Dice que información desclasificada en EEUU busca "enlodar y liquidar" al alcalde
En su blog, Manuel Contreras Valdebenito dijo que su padre advirtió a las autoridades de la época que el periodista que ejerció como vocero de la dictadura cumplía el papel de “informante”, recibiendo a cambio “las burlas y críticas del gobierno militar y de la UDI”. Y también sostuvo que fue el profesional el que “convenció a Pinochet que fue la DINA” la que atentó en Washington contra el ex canciller Orlando Letelier.
Como un intento de “enlodar y liquidar” la imagen del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, calificó el hijo del general (r) Manuel Contreras el documento desclasificado en Estados Unidos en el cual el periodista y otrora vocero de la dictadura, Federico Willoughby, aparece confidenciándole a un diplomático estadounidense el año 1987 el porqué el edil fue enviado en ese entonces a la embajada de Chile en Washington.
La información que fue dada a conocer el lunes por El Mostrador, sostiene que Willoughby creía que Labbé era el padre de uno de los hijos de Jacqueline Pinochet, la hija menor del fallecido ex gobernante de facto. Y también que viajó a la capital de Estados Unidos para estar cerca de Armando Fernández Larios, el ex agente de la DINA que testificó contra Augusto Pinochet en el juicio por el atentado con bomba perpetrado en Washington en 1976 y que acabó con la vida del ex canciller Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit.
Frente a ello Manuel Contreras Valdebenito, en su blog titulado “Mi guerra”, disparó contra el periodista, acusándolo de traición y también de haber sido un informante de la CIA, cuestión que su padre, en su calidad de director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, habría advertido a las autoridades de la época.
Dijo que Willoughby quedó al descubierto en Madrid, cuando formó parte de la comitiva de Pinochet que junto a su esposa, Lucía Hiriart, asistió a los funerales del ex dictador español Francisco Franco. “Una noche en el hotel donde alojaban en Madrid, varios oficiales de la DINA compartieron con este periodista y agentes de inteligencia españoles. Estos les comentaron en forma reservada que Willoughby era un informante de la CIA desde los años ‘60 y que no era confiable. Los DINA lo confrontaron”.
Y también entrega una particular versión del atentado contra Letelier. “Mi padre le informó al general Augusto Pinochet y a la junta de gobierno. Dado los buenos contactos de Willoughby, el informe de mi padre fue puesto en duda. Se produce el asesinato de Orlando Letelier por un agente de la CIA y es Willoughby quien convence a Pinochet que fue la DINA”.
Asimismo, aseguró que “mi padre siempre insistió en la condición de informante de la CIA de Willoughby y su conexión de doble agente con la KGB, quienes además controlaban el DG-2 cubano (departamento de inteligencia de Fidel Castro). Y recibió las burlas y críticas de propios integrantes dentro del gobierno militar y de la UDI”.
Finalmente, sostiene que “hoy vemos como se desclasifica este documento y las falacias de Willoughby en 1987 ante un embajador quien le pagaba por información”, la que a su juicio “no tiene otro objetivo que intentar enlodar y liquidar al alcalde Labbé y colocarlo en una posición inexistente”.
Al respecto negó que Labbé haya sido enviado a espiar a Fernández Larios, ya que éste, en 1987, “vivía muy bien junto a su hermana en Miami y debía presentarse cada diez días en la oficina local del FBI, es decir no existía motivo alguno de seguirle los pasos”.
ESTO FUE PUBLICADO POR "EL MOSTRADOR" CUYO OBJETIVO FINAL NO TIENE OTRO QUE ENLODAR LA FIGURA DEL ALCALDE CRSITIÁN LABBÉ, PERO INCURREN EN CIERTOS DETALLES QUE AQUELLOS QUE SABEN DE INTELIGENCIA PODRÁN APRECIAR DE INMEDIATO. PRIMERO LES SUGIERO QUE LEAN ESTE "INFORME" Y LUEGO RELATARÉ SOBRE WILLOUGHBY:
6 de Febrero de 2012
Publicado en sitio Freedom of Information Act (FOIA)
Documento desclasificado de EE.UU. afirma que alcalde Labbésería el padre de uno de los hijos de Jacqueline Pinochet
El archivo relata que en 1987 el ex vocero de la JuntaMilitar, Federico Willoughby, informó a la embajada norteamericana en Santiagoque ésta era la razón por la cual la familia Pinochet quería que el actual edil—quien tramitaba su acreditación para desempeñarse como civil adjunto de lalegación diplomática de Chile en Washington— se alejara del país. Además, segúnel relato del periodista, Labbé también iba a recolectar toda la informaciónque pudiera sobre Fernández Larios, agente de la DINA involucrado en elasesinato de Orlando Letelier.
Un documento desclasificado por el departamento de Estado delos Estados Unidos, revela un episodio desconocido de la vida del actualalcalde de Providencia, Cristián Labbé y que se remonta a fines de los 80.
El documento, publicado por el sitio Freedom of InformationAct (FOIA), es un cable que envió la embajada de Estados Unidos en Santiago alSecretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz. Eldocumento detalla que el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby,explicó el 13 de julio de 1987 a un funcionario de la embajada del país delnorte que entre las razones para la partida del entonces oficial de Ejército ala embajada en Washington se encontraba una que complicaba a la familiaPinochet: Labbé —y no el brigadier general Oscar Vargas— era el padre de unhijo ilegítimo de Jacqueline Pinochet, que había nacido recientemente.
“Vargas había estado saliendo con otra hija, Lucía, y lafamilia probablemente lo quería fuera del país por un tiempo, pero Willoughbydijo que estaba seguro de que la relación con Jacqueline era de Labbé”, señalael documento. El documento consigna que Willoughby también afirmó que “CristiánLabbé, cuya aplicación para acreditación como civil adjunto de la embajada deChile en Washington y que está aún pendiente, había sido junto a ArmandoFernández Larios, miembro de un pequeño grupo personal del Ejército reunido en1973 para entregar seguridad para el nuevo jefe de Estado, Augusto Pinochet”.
El ex secretario de prensa de la Junta Militar, tambiénrelató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sidoenviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad deCiencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con sutrabajo en la ‘proyección’, pero además el amigo dijo que era para recolectartoda la información que pudiera sobre Fernández Larios, dónde está y qué leestá diciendo al Gobierno Americano”.
“El grupo completo después fue incorporado a la DINA. Másrecientemente, según Willoughby, Labbé ha estado trabajando en una unidadespecial dentro de la oficina del secretario general de la Presidencia, a cargode “Proyección del régimen” y enlace entre la presidencia y el Ejército enproyectos relacionados con ese objetivo. Willoughby dijo que esa unidad estáliderada por un coronel del ejército retirado cuyo nombre no recordaba. Sostuvoque no es una oficina de inteligencia o seguridad, pero sí de personal deplanificación política. Por supuesto, para poder hacer eso, necesitan yrecolectan lo que él llamó inteligencia política sobre lo que la oposición estáhaciendo y diciendo”.
El ex secretario de prensa de la Junta Militar, asimismorelató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sidoenviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad deCiencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con sutrabajo en la “proyección”, pero además el amigo dijo que “era para recolectartoda la información que pudiera sobre Fernández Larios (agente de la DINAinvolucrado en el asesinato de Orlando Letelier), dónde está y qué le estádiciendo al Gobierno Americano. El amigo es un oficial del Ejército que tambiéntrabaja en la Unidad Especial”.
Al final del archivo, queda en evidencia la precariacondición financiera que habría estado atravesando Willoughby en esa época—quien ya estaba alejado del gobierno—, y que dijo estar a punto de “serconducido a la pared por la presión del gobierno a los clientes de su negocio ypuede tener que declararse en quiebra pronto. Él tiene una propiedad más parahipotecar, si obtiene un préstamo él será capaz de esperar por un tiempo máslargo”.
Consultado al respecto por El Mostrador, Willoughby señalaque “no supe ni me interesaba la vida sexual del alcalde de Providencia ni deJacqueline Pinochet”.
LO SIGUIENTE:
DURANTE EL FUNERAL DEL GENERALÍSIMO FRANCISCO FRANCO EN ESPAÑA, 1975, FUE EL GENERAL AUGUSTO PINOCHET, SU SEÑORA LUCÍA HIRIART, MI PADRE Y 50 HOMBRES DE DINA EN UN AVIÓN LAN, MÁS LA COMITIVA CIVIL DEL GOBIERNO QUE INCLUÍA A UN FIEL FEDERICO WILLOUGHBY.
UNA NOCHE EN EL HOTEL DONDE ALOJABAN EN MADRID, VARIOS OFICIALES DE DINA COMPARTIERON CON ESTE PERIODISTA Y AGENTES DE INTELIGENCIA ESPAÑOLES. ESTOS LES COMENTARON EN FORMA RESERVADA QUE WILLOUGHBY ERA UN INFORMANTE DE LA CIA DESDE LOS AÑOS '60 Y QUE NO ERA CONFIABLE. LOS DINA LO CONFRONTARON. AL DÍA SIGUIENTE LE INFORMARON A MI PADRE Y ESTE PERSONAJE QUEDÓ BAJO SOSPECHA. SE CONFIRMÓ LO ANTERIOR EN UNA VISITA Y ENCUENTRO QUE TUVO MI PADRE CON EL JEFE DE LA CIA RICHARD HELMS MESES MÁS TARDE EN QUE LE ENTREGO UN LISTADO DE INFORMANTES DE LA CIA DE AQUELLOS AÑOS EN LOS CUALES ÉL NO ESTABA Y DESCONFIABAN DADO SUS ACERCAMIENTOS COMPROBADOS AL BLOQUE COMUNISTA, ES DECIR, PODÍAN SER AGENTES DOBLES PERO LOS MANTENÍAN PARA SEGUIRLOS.
MI PADRE LE INFORMÓ AL GENERAL AUGUSTO PINOCHET Y A LA JUNTA DE GOBIERNO. DADO LOS BUENOS CONTACTOS DE WILLOUGHBY, EL INFORME DE MI PADRE FUE PUESTO EN DUDA. SE PRODUCE EL ASESINATO DE ORLANDO LETELIER POR UN AGENTE DE LA CIA Y ES WILLOUGHBY QUIEN CONVENCE A PINOCHET QUE FUE LA DINA. EL RESTO DE LA HISTORIA ES CONOCIDO, SALVO QUE ESTE HOMBRE ES QUIEN CONVENCE AL CAPITÁN ARMANDO FERNANDEZ LARIOS (DE DOBLE NACIONALIDAD EEUU-CHILE) DE QUE SE ENTREGUE AL FBI EN RIO DE JANEIRO Y SE DECLARE "CULPABLE DE ENCUBRIMIENTO" SABIENDO QUE TOWNLEY, AGENTE DE LA CIA COMETIÓ EL ASESINATO QUE NO TENÍA OTRO OBJETIVO QUE DESESTABILIZAR AL GOBIERNO MILITAR Y PRODUCIR SU CAÍDA, LO QUE NO SE LOGRÓ.
MI PADRE SIEMPRE INSISTIÓ EN LA CONDICIÓN DE INFORMANTE DE LA CIA DE WILLOUGHBY Y SU CONECCIÓN DE DOBLE AGENTE CON LA KGB QUIENES ADEMÁS CONTROLABAN EL DG-2 CUBANO (DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE FIDEL CASTRO). Y RECIBIÓ LAS BURLAS Y CRÍTICAS DE PROPIOS INTEGRANTES DENTRO DEL GOBIERNO MILITAR Y DE LA UDI....ADEMÁS NOMBRÓ A OTRO PERSONAJE QUIEN SERÍA CANCILLER, QUIEN FUE DESTITUIDO LUEGO DEL FALLO EN EL VIAJE A FILIPINAS DEL GENERAL PINOCHET; VIAJE AL CUAL MI PADRE LE ADVIRTIÓ (ESTANDO EN RETIRO) QUE NO FUERA POR CUANTO HABÍA UN PLAN PARA ASESINARLO, INFORMACIÓN QUE LE FUE PROPORCIONADA DESDE EEUU POR PERSONAL QUE APOYABA AL GOBIERNO DE CHILE.
HOY VEMOS COMO SE DESCLASIFICA ESTE DOCUMENTO Y LAS FALACIAS DE WILLOUGHBY EN 1987 ANTE UN EMBAJADOR QUIEN LE PAGABA POR INFORMACIÓN; EMBAJADOR QUE ERA CONTRARIO AL GOBIERNO MILITAR Y SE DA LA CASUALIDAD QUE ÉL ESTABA PARA EL INGRESO ILEGAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS POR CARRIZAL BAJO Y EL PLEBISCITO DE 1988 HACIENDO TODO LO QUE PUDO PARA QUE SE PERDIERA. Y WILLOUGHBY A SU LADO.
LA "INFORMACIÓN" QUE AHORA SE DIFUNDE NO TIENE OTRO OBJETIVO QUE INTENTAR ENLODAR Y LIQUIDAR AL ALCALDE LABBÉ Y COLOCARLO EN UNA POSICIÓN INEXISTENTE, POR CUANTO ARMANDO FERNÁNDEZ LARIOS PARA 1987 VIVÍA MUY BIEN JUNTO A SU HERMANA EN MIAMI Y DEBÍA PRESENTARSE CADA DIEZ DÍAS EN LA OFICINA LOCAL DEL FBI, ES DECIR NO EXISTÍA MOTIVO ALGUNO DE SEGUIRLE LOS PASOS.
EN INTELIGENCIA SE DENOMINA "DESINFORMACIÓN".
LO QUE SÍ ES INFORMACIÓN ES QUE WILLOUGHBY ERA INFORMANTE DE LA CIA Y DOBLE AGENTE PARA LA KGB Y DG-2 CUBANO....Y POSIBLEMENTE SIGA PARA ESTE ÚLTIMO EN UNA TAREA DE BOTAR AL ALCALDE LABBÉ CON FALSAS E INJURIOSAS "INFORMACIONES".
NO SE DEBE OLVIDAR QUE TRABAJÓ PARA LA CONCERTACIÓN DESDE SUS INICIOS.
