Los Planes Represivos para 2012

Escrito por Hugo Guzmán R.

En el ala oriente del primer piso del palacio de La Moneda se diseñan cursos y planes para fortalecer lo que el gobierno llama “combate al terrorismo”, lo que incluye medidas de contención, persuasión, represión y control de movimientos ciudadanos (estudiantiles, medioambientales, okupas, indígenas, etc.) y de la protesta social, con el objetivo de encarar el 2012, año en que se anuncian y prevén variadas manifestaciones sociales. Aquello incluyó un curso dictado para uniformados y fiscales chilenos por policías y fiscales españoles, el anuncio de la creación del grupo “Cazadores” de Carabineros, afinamiento de labores de Inteligencia y refuerzo de dotación e insumos de contingentes como Fuerzas Especiales de la policía uniformada. La batuta en estos planes la llevan el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el Subsecretario Rodrigo Ubilla y el jefe de la División de Estudios de esa dependencia, el ex fiscal Alejandro Peña, quienes son proactivos en inauguración y organización de cursos, declaraciones a la prensa y elaboración de documentos y tesis al interior de La Moneda. Precisamente Ubilla, en declaraciones al diario El Mercurio publicadas el 26 de enero, anunció que en agosto de este año comenzará a operar el grupo “Cazadores” de Carabineros, que tendrá como objetivo “capturar a quienes generan desórdenes y violencia más grave” en las marchas y actividades de protesta social. Informó además que “vamos a dotar a Carabineros de sistemas tecnológicos, como cámaras de alta resolución que registran rostros desde largas distancias, por ejemplo, con el fin de mejorar el aporte de pruebas” contra ciudadanos y manifestantes. Ubilla adelantó la caracterización que se hace en La Moneda sobre lo que será la protesta social el 2012: “No van a ser manifestaciones masivas. Vamos a tener en forma permanente grupos pequeños actuando simultáneamente en distintos puntos del país o de la ciudad, a fin de producir desorden público en niveles progresivos de violencia”. Ello da cuenta de los análisis que se hacen en oficinas de La Moneda para caracterizar y encarar la movilización y la protesta en este año. Se apunta prioritariamente a la ligar violencia y terrorismo con protesta social, en lo que varios expertos definieron como la criminalización del movimiento social. Reforzar fuerzas antimotines. Cumplir los objetivos de La Moneda en este terreno, pasa por dos líneas establecidas desde el Ministerio del Interior. Una, sacar adelante el 2012 el proyecto de ley que endurece las penas carcelarias a quienes participen en tomas, corte de calles, desordenes, interrupción de servicios públicos y sean detenidos en marchas o protestas. Y otra, reforzar la dotación, equipamiento y tecnología de Fuerzas Especiales de Carabineros, el organismo encargado a lo largo de todo el país de labores de persuasión y represión de la protesta social. Habrá en 2012 una continuidad en la preocupación por la mantención de las unidades motorizadas (carros lanza gases y lanza agua, buses para detenidos y traslado de personal, etc.), de caballería, armamento e implementos disuasivos que incluye las cuestionadas bombas lacrimógenas, y el equipamiento individual antimotines. Durante estos meses seguirán los entrenamientos de los uniformados en recintos de Carabineros. Además, se proveerá de tecnología nueva como el uso de las cámaras mencionadas por el Subsecretario Ubilla, las que se agregarán a las filmadoras que usan elementos de FF.EE. para grabar rostros de ciudadanos en las marchas, para aportar a los archivos que mantienen Carabineros (que nadie sabe en qué consisten y dónde están). Por declaraciones de funcionarios del Ministerio del Interior y por actividades realizadas, algunas de conocimiento público, se sabe que se potenciará la labor de Inteligencia tanto de órganos policiales como gubernamentales, para encarar las movilizaciones ciudadanas y sociales, sobre todo en cuanto a detectar, identificar y caracterizar a personas y organizaciones. Eso estaría incluyendo una mejor coordinación entre Inteligencia de Carabineros, Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Se estaría haciendo un mapeo de las organizaciones estudiantiles, sindicales, medioambientales, okupas, indígenas y otras, y la incidencia y bases que tienen en ciudades del país, para ubicar o re-ubicar contingentes policiales. También se seguirían indagando las llamadas “conexiones internacionales” de agrupaciones estudiantiles, indígenas, okupas, etc. En La Moneda, como al interior de los cuerpos policíacos, no pasan por alto declaraciones y análisis de parlamentarios y dirigentes políticos y sociales en el sentido de que 2012 será un año de movilizaciones y expresión ciudadana que se puede materializar en marchas, paros, protestas, cortes de calles, tomas, etc. Enseñanzas españolas. En este contexto, la segunda semana de enero se realizó en la Escuela de Carabineros el Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigaciones Complejas y Terrorismo al que asistieron fiscales, jefes y funcionarios policiales y autoridades del Ministerio del Interior. Lo singular es que la cátedra la dieron fiscales y policías de España expertos en labores antiterroristas y que combatieron a ETA. No dejó de llamar la atención que Interior haya elegido a especialistas en combate al terrorismo provenientes de un país donde hay una actividad de ese tipo cuyos alcances e impactos distan mucho de la realidad chilena. La explicación podría estar en declaraciones de funcionarios y personeros del gobierno y de la derecha que en repetidas ocasiones hicieron analogías o establecieron conexiones de ETA y las FARC de Colombia, con organizaciones mapuches, anarquistas, juveniles, estudiantiles y de izquierda. En esa línea, no es menor que una nota del diario El Mercurio sobre este curso, indicó -haciendo una tácita referencia al movimiento estudiantil y juvenil chileno- que “todos (fiscales y policías españoles) tuvieron participación en acciones que desbarataron a grupos radicales como el SEGI, una organización juvenil perteneciente a la denominada izquierda abertzale…” Es sugestivo que las clases que recibieron los fiscales y policías chilenos incluyera, según datos informales, instrucción sobre informantes, agentes encubiertos, “colaboradores” de la policía y fiscales para la identificación y datos probatorios de manifestantes, intercepción y escuchas telefónicas, detección de contenidos en internet, tendencias terroristas, organización terrorista, legislación antiterrorista y armado de pruebas contra procesados por violencia. Eso es coherente con prácticas detectadas y denunciadas, como infiltración de carabineros en marchas y protestas, escuchas telefónicas ilegales, colaboradores con la Justicia que se muestran como “testigos sin rostro”, y reiteración de la tesis de accionar terrorista en el país a partir de situaciones como el “Caso Bombas” que finalmente terminó en un fiasco judicial y policial. Y afianzar todo el contexto y herramientas legislativas que en Chile se funda en la Ley Antiterrorista, impuesta por la dictadura y vigente en la actualidad. Instalación de tesis. La Moneda, doctrinariamente, sigue instalando la tesis de la existencia y el peligro del terrorismo en Chile. Tesis que vincula siempre esa posibilidad a grupos indígenas, juveniles, de izquierda y opositores. Se va produciendo una adaptación o adecuación de la tesis de la contrainsurgencia planteada por regímenes dictatoriales que fueron respaldados precisamente por actuales personeros de la derecha. Así también, se refuerza la tesis del “combate al terrorismo” en un sentido local y global, instalada por el ultraconservador George W. Bush desde la Casa Blanca el 2001 después de los atentados en Nueva York. En la línea doctrinaria, el Ministro Rodrigo Hinzpeter, salió al paso de los cuestionamientos a las acciones represivas al movimiento social. "A veces -dijo- uno se enfrenta a una crítica de la oposición y de muchos sectores, intentando señalar () que habría una especie de empecinamiento en nuestro Gobierno, o en el Ministerio del Interior por perseguir los episodios, quizás pretendiendo que el Gobierno los enmarcara en una versión distinta de lo que algunos pueden denominar protesta social". Añadió que "cuando hay violencia, a mi juicio, simplemente la protesta social se acaba y surgen otras cosas, a lo menos, de protesta vandálica" e incluso "de conductas criminales y, eventualmente, de conductas terroristas". Se trata se insistir en la tesis de la existencia de terrorismo en el país, el cual ya no sólo se podría presentar en acciones en zonas indígenas, sino que en las calles, escuelas, servicios públicos, etc, donde, según la autoridad, de una protesta se pasa al terrorismo. La instalación de esos idearios se efectúa a través de reiteradas declaraciones de funcionarios de gobierno y personeros de la derecha, pero también a través de los medios de prensa afines, donde se repite insistentemente el uso de categorías y calificaciones como terrorista, inadaptado social, encapuchado, subversivo, anarquista, etc. En definitiva, para La Moneda, junto a la lucha contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana, es primordial mantener el orden público y reprimir alteraciones que lleguen a desestabilizar al país. De paso, no ceja en la preocupación por el terrorismo. En ese marco, Rodrigo Hinzpeter enfatizó que se trata de “un fenómeno que nos preocupa y tenemos especialmente un desafío que nos ocupa: evitar que en la próxima década sí tengamos un fenómeno de terrorismo”. Fuente: Reporte http://www.reporte.cl/principal/index.php?option=com_content&view=article&id=212&catid=41 http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6305%3Alos-planes-represivos-para-2012&catid=41%3Aderechos-humanos&Itemid=56