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jueves, 3 de octubre de 2013

Al menos ocho de los detenidos en Punta Peuco tienen armas inscritas a su nombre

Según publicó La Segunda, la mayor cantidad las tiene Álvaro Corvalán. Casi todos los ex uniformados las registraron bajo el rótulo de "armas de colección".


SANTIAGO.- Al menos ocho de los militares recluidos en el penal Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos tienen armas inscritas a su nombre.

Según publicó hoy La Segunda, a pesar de que la ley indica que ninguna persona sentenciada por un delito está autorizada para ello, varios de los 53 reos del recinto penitenciario aparecen en los registros como dueños de pistolas, escopetas y rifles.

De acuerdo al vespertino, la mayor cantidad las tiene Álvaro Corvalán, quien tiene 10 armas inscritas a su nombre. El militar (r), condenado a más de cinco décadas de presidio, cuenta con una carabina, una escopeta, un fusil, un rifle y seis pistolas.

En tanto, el ex director de la DINA, Manuel Contreras, aparece en los registros con dos pistolas, dos escopetas y un revólver.

Luego está el coronel (r) Marcelo Moren Brito, condenado a 125 años de cárcel, quien tiene 3 armas, entre escopetas y pistolas. Lo mismo tiene a su nombre el brigadier (r) Miguel Krassnoff.

Asimismo, el general (r) Hugo Salas Wenzel aparece con siete armas: dos pistolas y cinco escopetas.

En la nómina también figura el brigadier (r) José Zara, quien registra una carabina y una pistola, mientras que el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez tiene una escopeta, un revólver y una pistola. La lista la cierra David Miranda con dos pistolas.

La información surge a pocos días de que el ex director de la CNI, Odlanier Mena, se quitara la vida con una de las cuatro armas que aparecen inscritas a su nombre, en momentos en que se encontraba con salida de fin de semana.

Al igual que Mena, la mayoría de los ex uniformados tienen las armas bajo el rótulo de "armas de colección".

De todos los internos en Punta Peuco, doce cuentan con beneficios carcelarios: 11 tienen salida de fin de semana y uno el permiso de salida diaria.
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/10/03/622742/al-menos-ocho-de-los-detenidos-en-punta-peuco-tienen-armas-inscritas-a-su-nombre.html

El secreto mejor guardado del caso O’Reilly: quiénes pidieron y pagaron la carta de apoyo al sacerdote legionario en la prensa

El Mercurio y La Tercera se negaron a entregar antecedentes pedidos por la Fiscalía
El 25 de agosto, dos días antes de la audiencia de formalización, aparecieron dos inserciones en las que 1.084 personas manifestaban su apoyo al sacerdote John O’Reilly. La Fiscalía requirió la identidad de las personas que contrataron y pagaron las publicaciones en El Mercurio y La Tercera. Argumentando el derecho a la libre expresión y que era un acto entre privados, se negaron a entregar los antecedentes. “¿Y si fue el colegio o la orden o algún testigo que declaró? ¿Y si los medios no cobraron?”, se pregunta el abogado querellante, José Ignacio Escobar. Ayer el profesional citó las inserciones para demostrar el poder de los amigos del cura y el temor a las represalias de las cinco testigos protegidas, cuyos nombres seguirán siendo reservados.

El domingo 25 de agosto, dos días antes de la audiencia de formalización por abuso sexual en contra de dos alumnas al interior del Colegio Cumbres, La Tercera y El Mercurio publicaron inserciones firmadas por 1.084 personas con sus nombres, dos apellidos y RUT en apoyo al sacerdote legionario John O’Reilly. Declaraban “haber sido testigos de las obras del padre John O’Reilly al servicio de Dios y no podemos callar frente al dolor infinito de un hombre inocente imputado del más vil de los delitos”.
Entre los suscriptores estaban Nicolás Ibáñez, socio de D&S, la cadena supermercadista que fue vendida a Walmart; el hermano del ministro del Interior, Herman Chadwick, y su señora; Pilar Capdevila, esposa de Eliodoro Matte (quien no figura); los abogados Andrés Serrano, miembro del Tribunal Supremo de la UDI; y Juan Eduardo Palma (Palma y Cía); el empresario inmobiliario Jaime Izquierdo Iñiguez; el director del Puerto Lirquén (del grupo Matte), Juan Manuel Gutiérrez; el socio de la inmobiliaria FFV, Arturo Fernández León; el gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel; el director de CMPC (grupo Matte) y de Iansa, Arturo Mackenna; los también directores de Iansa, Patricio Claro Grez  y Joaquín Noguera; el presidente de la exportadora Viconto, Carlos Souper; el vicepresidente de Wenco, Anselmo Palma Pfotzer; el gerente general de Turismo Cocha, Sergio Purcell; el socio de la empresa calculista ALV, Alfonso Larraín Vial, y el arquitecto Gerardo del Río.
El abogado de la parte querellante, José Ignacio Escobar, socio del estudio Harasic y López, solicitó al día siguiente al Ministerio Público que oficiara a los dos medios para que entregaran los nombres de las personas naturales o jurídicas que pidieron publicar las inserciones y cómo y cuánto pagaron por dichos avisos.
Durante la audiencia que llevó adelante la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía, Andrea Díaz-Muñoz, y en la que fue formalizado John 0’Reilly, el abogado intentó argumentar sobre la importancia de dichos insertos, pero al mencionarlos la jueza lo interrumpió y le manifestó que era una impertinencia. Cuando quiso justificar por qué eran relevantes la magistrada le impuso una amonestación disciplinaria, a la que apeló. “Es poco habitual que te interrumpan. Y más que te amonesten. Ocurre cuando hay una falta de respeto grave a la contraparte o al juez, o busca impedir que las partes se agredan verbalmente”.
Las cartas de apoyo, a juicio del abogado, constituyen un acto de presión sobre los jueces, testigos, peritos y otras posibles víctimas. “O’Reilly sabe quiénes son sus amigos, no necesita una carta o se la pueden mandar privadamente. ¿Qué sentido tiene publicar una inserción en dos medios de circulación nacional? No va dirigida a los lectores, que ya se han formado una opinión, o a la Fiscalía, que ya tomó una decisión, sino a los que tienen que intervenir de distinta manera como jueces, peritos o testigos. Es decirles: él no anda solo, tiene amigos poderosos”.
El Ministerio Público, accediendo a su solicitud, requirió a los dos medios de comunicación la información. Ambos se negaron, con argumentos que, según Escobar, no tienen fundamento legal.
La Tercera respondió: “No es posible atender su solicitud. Es de público conocimiento que la investigación a la que hace referencia su oficio versa sobre delitos sexuales cometidos mucho antes de la publicación del 25 de Agosto de 2013, por lo que los documentos e información requerida (apoyo público de diversos ciudadanos a un imputado mediante inserto de prensa de fecha 25 de Agosto de 2013), es muy posterior al hecho investigado, no está relacionada con el mismo, no puede ser objeto de comiso ni servir como medio de prueba de tales hechos. Por el contrario, se trata de un acto entre privados, de carácter lícito, en ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar de cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política. Lo anterior, se une al hecho de que se trata de información comercial, de carácter reservado, cuya divulgación puede afectar el desarrollo económico de La Tercera”.
El Mercurio, por su parte, sostuvo: “Me permito señalarle que por tratarse de un inserción, que se efectuó dentro de las prácticas comerciales normales o habituales del diario El Mercurio, estamos amparados por la reserva correspondiente sobre los antecedentes, sin perjuicio de que además, estimamos que los datos requeridos no son de aquellos contemplados dentro de las hipótesis señaladas por las disposiciones invocadas”.
Frente a la negativa, el Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía que los apercibiera a entregar la información.

DUDAS NO ACLARADAS: “¿Y SI LOS MEDIOS NO COBRARON?

Las cartas de apoyo, a juicio del abogado, constituyen un acto de presión sobre los jueces, testigos, peritos y otras posibles víctimas. “O’Reilly sabe quiénes son sus amigos, no necesita una carta o se la pueden mandar privadamente. ¿Qué sentido tiene publicar una inserción en dos medios de circulación nacional? No va dirigida a los lectores, que ya se han formado una opinión, o a la Fiscalía, que ya tomó una decisión, sino a los que tienen que intervenir de distinta manera como jueces, peritos o testigos. Es decirles: él no anda solo, tiene amigos poderosos”.
Agrega que conocer la identidad de las personas que solicitaron y pagaron las inserciones es un asunto relevante en la causa. El abogado plantea: “Pudo ser la congregación de los Legionarios de Cristo, lo que sería grave, ya que ésta llevó adelante la investigación eclesiástica inicial. O el colegio, que fue el que denunció los hechos a la justicia. Y sería raro que denunciara, por un lado, y, al mismo tiempo, apareciera alegando la inocencia del imputado. O testigos de la causa, con lo cual se pondría en cuestión su imparcialidad. Entre los firmantes hay varios de apellidos Bollmann Schele y hay una testigo que pertenece a esta familia que es una de las principales testigos de la causa. Es una de las primeras personas a las que la madre de las menores le comunica sus sospechas de abuso y ella hace afirmaciones sobre la madre en el juicio”.
Afirma que no sabe si los medios cobraron por estas inserciones. “Si no lo hicieron implicaría que están sosteniendo la inocencia del imputado y que, por lo tanto,  ha existido una cobertura sesgada del caso”.
El 16 de septiembre el magistrado Jorge Norambuena Carrillo, del Cuarto Juzgado de Garantía, rechazó la petición por estimarla desproporcionada al afectar derechos de terceros ajenos a la investigación.
El abogado querellante presentó un recurso de reposición junto al Ministerio Público planteando, entre otros puntos, que no se puede afectar a terceros sin saber de antemano quién encargó la publicación. También sostuvo que el abogado del querellado, Luis Hermosilla, estimó que las inserciones eran un medio de prueba —cosa que contradice uno de los argumentos de La Tercera— y las acompañó a la carpeta de investigación. “El que sean un medio de prueba es uno de los fundamentos que autoriza a obtener la información según el artículo 217 del Código Procesal Penal. También revela la coordinación entre quienes publican la carta y su uso como medio de defensa”.
Argumentó que no se viola el secreto de la fuente periodística, ni hay secreto comercial o industrial involucrado en la divulgación del nombre de quien encarga el inserto y el monto pagado. Tampoco se vulnera la libertad de expresión, puesto que no se trata de un acto de censura previa, y los que pagan un inserto de esta naturaleza no pueden tener una legítima expectativa de privacidad respecto de quien la solicita y cancela.
“A diferencia de lo sostenido en la resolución el objetivo de la diligencia es obtener información útil a la investigación. Es importante para descartar eventuales actos de encubrimiento, porque si el que la encargó fue el colegio o la congregación ¿puedo confiar en que no hayan presionado a testigos que trabajan en el colegio? O si es un testigo que está dentro de los firmantes ¿puedo confiar en que la información que entregó es verídica?”.
El juez Norambuena Carrillo no acogió los argumentos y rechazó los recursos de reposición del abogado y del Ministerio Público el 23 de septiembre pasado. Su resolución es inapelable.

“TESTIGOS PROTEGIDAS TIENEN TEMOR A LAS REPRESALIAS”

En la causa en la que el sacerdote se encuentra formalizado por abuso sexual en contra de dos menores y con arresto domiciliario total, existen cinco testigos protegidas, cuyos nombres pidió conocer el abogado Hermosilla, alegando que se veía afectado el derecho a defensa
En la audiencia de cautela de garantías, efectuada ayer, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Daniela Guerrero, confirmó la decisión del Fiscal de la Zona Oriente, Matías Moya, de no dar a conocer sus identidades.
“Las cinco testigos pidieron reserva de sus nombres argumentando temor a las represalias. Entre mis argumentos para apoyar la decisión del Fiscal mencioné las inserciones de prensa. O’Reilly tiene amigos muy poderosos y el temor de las testigos protegidas es muy justificado”.

http://www.elmostrador.cl/pais/2013/10/03/el-secreto-mejor-guardado-del-caso-oreilly-quienes-pidieron-y-pagaron-la-carta-de-apoyo-al-sacerdote-legionario-en-la-prensa/

Devastador informe de SVS implica a los actores más poderosos del sistema financiero chileno en caso Cascadas

La Bolsa de Comercio quedó al desnudo en sus prácticas más cuestionables
Julio Ponce habría sido el “ideólogo y promotor”, León Vial y su corredora “instrumentales”. BanChile, Citigroup, Celfin y los hijos de prominentes políticos y empresarios actores claves están involucrados.


Digna de una novela de Stephen King, las 337 páginas del oficio con que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) justificó la formulación de cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, terminaron ayer de remecer por completo el mercado de capitales chileno.
La Bolsa de Comercio quedó al desnudo en sus prácticas más cuestionables, las cuales, hasta ahora, nunca habían sido develadas.
La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma, tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y 2011.
Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
Hasta ahora, con la revelación de los cargos que Coloma formuló el 10 de septiembre pasado, se conocía solamente de la participación de Ponce y de un grupo de ejecutivos ligados a las cuestionadas operaciones de las sociedades cascadas que controlan SQM. Entre ellos, el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, del gerente general de Potasio y director de algunas ‘cascadas’, Patricio Contesse Fica —hijo del amigo de Ponce y gerente general de SQM, Patricio Contesse González—, y del asesor y amigo de Ponce, Roberto Guzmán.
Pero ayer, con la filtración del oficio de formulación de cargos a Ponce se reveló toda la estructura con que operaba Ponce para comprar y vender acciones de las ‘cascadas’ y de SQM. Al mismo tiempo, salieron al ruedo los personajes y empresas que fueron parte del esquema con que operaba. El informe plantea que Ponce “habría sido el ideólogo y promotor” del referido esquema.
El documento de la SVS reveló que entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, bajo un diseño “recurrente y coincidente”, el que en términos simples, consistía en la venta por parte de las ‘cascadas’ de algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la venta —de vuelta y en algunos casos luego de transacciones entre algunas de las sociedades de estos empresarios— a las ‘cascadas’ a precios sobre la cotización del momento. Esto generaba ganancias tanto para Ponce, como sus amigos y socios, y pérdidas para las ‘cascadas’.
Aunque Vial no es acusado aún por la SVS, es junto a Le Blanc, el principal involucrado en el caso, por su casi indiscutible participación en las cuestionadas operaciones. Esto, porque al menos dos sociedades suyas —Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña— transaron acciones de las cascadas, de forma directa o indirecta, y con los otros implicados.
Pero además, porque su corredora aparece como la principal operadora en las operaciones, dada su reiterada aparición en compraventa de acciones, en condiciones que, según la SVS, si bien en lo formal aparentaban cumplir la ley, en la práctica estaban hechas para impedir que otros inversionistas —salvo algunas excepciones de institucionales— intervinieran. Las califica como operaciones “engañosas”.
Es justamente este hecho el que además puso en el ojo del huracán al reconocido gerente general de la corredora Larraín Vial, Manuel Bulnes, y el gerente de distribución de la misma empresa, Felipe Errázuriz. Ambos ejecutivos son identificados como los que personalmente gestionan las distintas operaciones en que participa LV y son —según las propias palabras de Bulnes— los que informan a Vial, de los negocios que se producirían en la bolsa con las cascadas.
El primo hermano de Bulnes, Santiago Bulnes, es casado con la hija de León Vial y trabaja también en la corredora.
Respecto del actuar de Vial, la SVS es clara: “En el caso de las sociedades instrumentales relacionadas al Sr. Leonidas Vial, su nexo al esquema expuesto podría ser hallado principalmente en el actuar de Larraín Vial, corredora que se encargó de llevarlos a la práctica en los mercados bursátiles, principalmente en el año 2009 y en menor medida en el año 2010, siendo personeros de dicha corredora, los Sres. Bulnes y Errázuriz, quienes se transformaron en el nexo con dichas sociedades, toda vez que estos se encargaron de presentar tales negocios a estas Sociedades Instrumentales, ejecutándolos en bolsa, en términos funcionales al esquema antes descrito”, afirma.
Además de LV, aparecen nombrados los otros grandes actores de la bolsa. Las corredoras de Bolsa Banchile, del grupo Luksic, y Citigroup, hoy socio del mismo grupo en el Banco de Chile, son reiteradamente nombradas en la investigación por cumplir una especie de rol de comprador “puente” entre las distintas operaciones de estas sociedades. En particular, la SVS alude a la participación del polémico ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya. Hoy Araya es socio de la corredora Tanner.
Incluso es reiteradamente aludida en la investigación la segunda corredora del país —que hace poco fue adquirida por el banco brasileño BTG Pactual—, Celfin, que al momento de los hechos investigados era controlada por Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus. En roles más secundarios se dan algunas apariciones de CorpBanca, Bci y Santander, aunque fundamentalmente en operaciones de financiamiento de diverso tipo.
El documento de la SVS confirma lo que se sabía: la participación en algunas operaciones claves de Ponce, del fondo Linzor Fund Return, que al tiempo de las operaciones —hace dos años— la gestionaban tres prominentes ejecutivos: Canio Corbo Atria, hijo homónimo del empresario y director de Sigdo Koppers y la Compañía Sudamericana de Vapores, y sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; Nicolás Larraín Hurtado, hijo del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín; y Tomás Hurtado Larraín, hijo del controlador de Entel y del holding financiero Consorcio. Eso sí, en la investigación sólo aparece Corbo mencionado, en un choque de declaraciones con Cristián Araya, en ese momento de Banchile. Su rol en el caso fue una de los factores determinantes en la ruptura de los tres con los socios fundadores de Linzor Capital. Los tres ahora operan bajo el nombre de CHL.
Consorcio es socio en el gestor privado de fondos Moneda Asset Management, que lidera Pablo Echeverría y que junto a AFP como Habitat, Cuprum, Provida y Planvital, lideraron la ofensiva contra Ponce, desatando la investigación de la SVS.
En el oficio, además, la SVS detalla la actuación del ex director de Norte Grande, el ex superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, quien dejó en el papel distintas actuaciones que tuvo particularmente en 2010 cuando reclamó a Aldo Motta la necesidad de elaborar una pauta de transacciones de acciones, solicitud que Motta tardó casi medio año en poner en práctica mientras en el intertanto seguía realizando las hoy cuestionadas operaciones.
La investigación revela además el impacto dominante que tuvieron las operaciones asociadas a Ponce Lerou en las ‘cascadas’. Según la SVS, entre 2009 y 2011, las acciones transadas como parte del esquema que —como determinó— había diseñado Ponce y en el que participaron Guzmán, Le Blanc y Vial, representaron entre el 70 % y el 88 % del total de operaciones del mercado local para la acción Calichera A, y un 73 % en 2009 en el caso de Oro Blanco, cifra que bajó a entre 10 % y 30 % entre 2010 y 2011.
La SVS determinó que las operaciones realizadas se efectuaron a través de un aceitado engranaje que consideraba distintas situaciones.
Por un lado, las ‘cascadas’, específicamente Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, “habrían sido utilizadas de forma que dejaran disponibles, aparentemente para el mercado, paquetes relevantes de acciones representativas del capital de Oro Blanco, Pampa Calichera y/o Soquimich”. Luego, estos paquetes de acciones resultaron ser acciones de primera emisión de aumentos de capital no suscritos por la correspondiente Cascada en su calidad de accionista, en particular Oro Blanco y Calichera A, o acciones que formaban parte del activo de aquéllas, esto último específicamente para los títulos Calichera A y SQM-B.
La SVS detectó que en algunas oportunidades, Norte Grande acopió acciones de manera previa, específicamente Calichera A y SQM-B, para luego vender estos paquetes de acciones. “Dichas adquisiciones fueron, por lo general, financiadas mediante la venta de acciones Oro Blanco. En cuanto a las compras de acciones Calichera A efectuadas por Norte Grande, sus contrapartes principalmente fueron terceros, entre ellos inversionistas institucionales, los que asimismo fueron las contrapartes de las ventas de acciones Oro Blanco efectuadas por aquélla para financiar la adquisición de las acciones Calichera A. En las adquisiciones de los papeles SQM-B por Norte Grande, se observa que la principal contraparte de dichas operaciones fue una sociedad de propiedad del Sr. Roberto Guzmán, operaciones que se realizaron principalmente mediante OD sin difusión y OD con difusión de 3 minutos, en tanto, las contrapartes de las ventas de acciones Oro Blanco efectuadas por Norte Grande para financiar las compras de acciones SQM-B, fueron principalmente inversionistas institucionales”, dice.
Por otra parte, indica que en el caso de las acciones provenientes de aumentos de capital, “se habría procurado, a través de la realización de diversas operaciones sociales, que la sociedad cascada con derecho a dichas acciones no suscribiera dicho aumento, en tanto, en el caso de las acciones que formaban parte del activo, se habría generado una razón aparente para fundamentar dicha venta o, en algunos casos, simplemente se habría instruido efectuar esas ventas sin mayor justificación”. Dichas ventas se habrían hecho a través de remates efectuados en bolsa y, en menor medida, por operaciones bursátiles OD (orden directa), en especial para SQM-B.
“En cuanto a los remates, éstos compartieron las características de inscribirse a precios que podrían entenderse bajo mercado y ejecutarse, salvo alguna excepción, en dichas condiciones. Asimismo, estos remates fueron ejecutados en un solo lote aun cuando correspondían a montos significativos y con una difusión que, si bien cumplió las reglamentaciones bursátiles, no habría sido acorde con el objetivo de maximizar la captación de recursos derivada de dicho proceso, dados los montos a rematar, actuando ello como barrera para la intervención de potenciales inversionistas. Estos remates de acciones en la totalidad de los casos fueron suscritos, ya sea en forma significativa o en su integridad, por sociedades bajo el control del Sr. Julio Ponce Lerou o por sociedades cuya propiedad era del Sr. Guzmán y, en menor medida, por sociedades de propiedad del Sr. Leonidas Vial, dependiendo del año, conforme se explicó en los Hechos y Análisis. En el caso de las ventas a través de operaciones OD, específicamente para el título SQM-B, se observa que la contraparte fue principalmente alguna de las sociedades de propiedad del Sr. Guzmán, previo paso por la cartera propia de Banchile”, detalla la SVS.
Según la entidad, una vez que las acciones Oro Blanco, Calichera A y/o SQM-B estaban en poder de las personas mencionadas se procuraba financiar a la sociedad cascada que, al final del ciclo del esquema, se encargaría de comprar esas acciones, siendo tales sociedades Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios, en diferentes ocasiones. Para financiar a las cascadas otra de las mismas le daba el financiamiento, se dividía alguna de ellas o se endeudaba con sociedades relacionadas, como firmas ligadas a Ponce.
De acuerdo a la autoridad, las compras de acciones SQM-B, Calichera A y Oro Blanco efectuadas por las cascadas se “hicieron principalmente a precios aparentemente superiores a los prevalecientes en el mercado, y mayoritariamente a sociedades bajo el control del Sr. Julio Ponce Lerou, distintas de las Sociedades Cascadas, y del Sr. Roberto Guzmán y, en menor medida, a sociedades de propiedad de los Sres. Leonidas Vial y Alberto Le Blanc, las que, previamente hablan adquirido esas acciones principalmente de las propias Sociedades Cascada y de otras Sociedades Relacionadas, Vinculadas y/o Instrumentales y, a terceros, aunque en este caso en una cuantía menor”, indica.
En estos casos, agrega, se detecta concertación entre los actores. “Se ha podido observar además que las operaciones que se realizaron entre las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales se efectuaron mayoritariamente a través de remates, operaciones en rueda que darían cuenta de una concertación entre las partes, operaciones OD con y/o sin difusión, habiéndose efectuado una parte importante de estas últimas con la particularidad que el cumplimiento de los requisitos para la realización de estas OD sin difusión era alcanzado por Larraín Vial, que ingresaba en los segundos anteriores a dichas operaciones ofertas de compras y ventas que le permitieran, aparentemente, cumplir con la normativa bursátil, las que eran eliminadas en los segundos posteriores al cierre de la operación OD buscada ejecutar”, apunta.
Según indica, el esquema en cuestión habría hecho posible que sociedades relacionadas a Ponce Lerou pudieran vender las acciones Calichera A y Oro Blanco, a precios significativamente mayores a los de su compra.





http://www.elmostrador.cl/negocios/2013/10/03/devastador-informe-de-svs-implica-a-los-actores-mas-poderosos-del-sistema-financiero-chileno-en-caso-cascadas/

La elite socialista y la historia trágica de la otra víctima de Punta Peuco

Aparentemente no hay mucho que vincule los suicidios de Odlanier Mena y Edmundo Letelier, salvo por un detalle: el penal de Punta Peuco. El primero se autoeliminó el pasado sábado, tal vez, como protesta —decepción— por su inminente traslado hasta allí; en tanto, el segundo, lo hizo en junio de 2006 en Puerto Montt, en medio de un drama pasional y personal que lo venía afectando desde su salida como custodio de la cárcel donde debía ser trasladado Mena.


Me atrevería a decir que ambos fueron víctimas de la política sórdida que se institucionalizó en los años 90’, donde Pinochet negociaba directamente con la cúpula concertacionista —lo que incluía también a las elites del PPD y socialistas— y de la que, Punta Peuco es uno de sus símbolos —¿de los consensos, se llamó?—, tan autofestejada por sus protagonistas directos y cuyos episodios turbios los chilenos recién comenzamos a conocer en profundidad.
El coronel de Gendarmería Edmundo Letelier, había estado vinculado en su adolescencia a las Juventudes Comunistas, de hecho una hermana suya se exilió en Suecia, y al retorno de la democracia, se aproximó a los gobiernos de la Concertación pasando información sobre el movimiento y las acciones de ex agentes de la CNI. Su vieja cultura política y su proximidad al PS lo acercaron a los nuevos directivos de Gendarmería y, se cuenta, estrechó una amistad con Claudio Martínez, también socialista, quien fue Director de la institución entre 1993 y 1997.
No es casualidad, entonces, que durante ese periodo llegase a ser Coronel, Jefe de Seguridad de la institución, en cuya condición se le encomendó la difícil tarea de arrestar a Manuel Contreras en el sur, hecho que fue toda una peripecia para el emergente directivo.
Relatan los testigos de la época, se le fue haciendo cada vez más difícil cumplir las órdenes que llegaban directamente del gobierno en el sentido de otorgar al prisionero Manuel Contreras, el “trato de excepción” que había sido acordado entre el gobierno de Frei —lo que incluía también a parte de la elite socialista— y Pinochet. Fue en ese contexto donde se inscribe el respaldo de los socialistas a la construcción de este penal y luego al Cordillera en la administración Lagos y, aún más, la cerrada defensa que algunos de sus militantes, encabezados por Insulza, hicieron del ex dictador para regresarlo a Chile de su arresto en Londres.
Con la detención del ‘Mamo’ Contreras, Letelier llegó a la cúspide de su carrera, pues, además, quedó a cargo del Penal Punta Peuco, cárcel donde estarían recluidos los principales líderes de la ex DINA y los principales inculpados en crímenes de derechos humanos. Pero también significó el inicio de su caída en desgracia. Y es que relatan los testigos de la época, se le fue haciendo cada vez más difícil cumplir las órdenes que llegaban directamente del gobierno en el sentido de otorgar al prisionero Manuel Contreras, el “trato de excepción” que había sido acordado entre el gobierno de Frei —lo que incluía también a parte de la elite socialista— y Pinochet. Fue en ese contexto donde se inscribe el respaldo de los socialistas a la construcción de este penal y luego al Cordillera en la administración Lagos y, aún más, la cerrada defensa que algunos de sus militantes, encabezados por Insulza, hicieron del ex dictador para regresarlo a Chile de su arresto en Londres.
Su caída en desgracia fue paralela a esos acuerdos tácitos sobre trato privilegiado y los procesos de conversión que afectaron a antiguas víctimas que ocupaban roles significativos en el Estado. Letelier, como muchos de nosotros, no se enteró de ellos y nadó contracorriente, hasta ahogarse por completo. Además, ya no estaba Claudio Martínez en la dirección de Gendarmería, cargo al que tuvo que renunciar por la fuga de los frentistas ocurrida a fines de 1996 y sobre la cual, años más tarde, Letelier probará que  estuvo rodeada de hechos muy curiosos, como aquella orden —fax se dijo en la oportunidad— que días previos a la fuga, extrañamente cursó el Ministerio de Justicia para reagrupar en celdas contiguas a los cuatro frentistas que días después protagonizarían el novelesco escape desde la Cárcel de Alta Seguridad. Además, su relación con el nuevo director socialista de Gendarmería, Hugo Espinoza, no fue la misma. La nueva autoridad institucional, ex ocupante de La Oficina y ex director de la Dirección de Seguridad Pública e informaciones, no escatimó recursos y órdenes para que se cumplieran los acuerdos sobre el trato “especial” a los ex DINA convenidos entre el gobierno y Pinochet. Y allí comenzaron los problemas para Edmundo Letelier. Tal vez, lo que marcó un punto y aparte en ese proceso fue la decisión de la administración de la época, emitida a través del Ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el subsecretario José Antonio Gómez de permitir que el viejo socio de Contreras en la Operación Cóndor, Otto Paladino, ex Director de la Secretaria de Inteligencia del Estado argentina (SIDE), lo visitara en Punta Peuco y, que debió operativizar el coronel Letelier. Se sabe que tal visita, realizada el 16 de octubre de 1995, no quedó registrada en el libro de visitas y que ambos militares se reunieron en secreto por cerca de tres horas. La misión terminó por romper la lealtad entre los dos adherentes del PS, y marcó el inicio del permanente reclamo de Edmundo Letelier sobre los tratos Vip que debían dársele a Contreras. Otra situación que profundizó el conflicto entre ambos fue el operativo de castigo montado sobre los prisioneros políticos en la madrugada del 6 de febrero de 1999, en la cárcel de seguridad que afectó en particular a los miembros del grupo Lautaro, que ordenó el Director Hugo Espinoza y que, nuevamente, le tocó encabezar al coronel Letelier a quien, muchos testigos recuerdan furibundo y gritándoles a los reos “¡convénzanse, están derrotados!”.
Las constantes órdenes que Letelier recibía contradictoriamente —golpear a los subversivos y dar trato privilegiado a Contreras— gatillaron finalmente su salida, primero del cargo y luego de Gendarmería, y su contratación como asesor externo. Quienes lo conocieron señalan que Espinoza le solicitó que renunciase a los cargos que ocupaba en la institución y le aseguró que se le contrataría como externo al servicio con un sueldo especial. Tal cosa sucedió durante algún tiempo, sin embargo, muy pronto se le cortó el contrato con el servicio. Y allí comenzó su verdadera tragedia y desvarío. Empezó por revelar información sobre los extraños acontecimientos que rodearon la fuga de los ex frentistas —como la orden del Ministerio de Justicia ocurrida días previos al escape de agrupar a todos los involucrados—, que siguió luego con las denuncias de persecuciones y robos que lo afectaban, las amenazas por teléfono que recibía periódicamente, así como la información privada que se le sustrajo de un baúl en Gendarmería, cuando aún mantenía un contrato con la institución. En fin, la no renovación del convenio, su rompimiento con los socialistas de Gendarmería y con la Concertación, profundizaron su vía crucis que culminará trágicamente el año 2006 en Puerto Montt. En efecto, mientras todo esto sucedía el coronel, paralelamente, mantuvo una relación amorosa con la teniente de la institución Marion Berger Neuman, de la que salió un hijo. Acosado por no encontrar trabajo, y por los celos, viajó desde Santiago al sur, donde luego de asesinar a la teniente, se dio un disparo en la boca. Trágico final para otro de los ocupantes de Punta Peuco y una historia que mancha las actuaciones de una parte de la elite socialista durante la transición: protagonistas estelares no sólo de la defensa de Pinochet en Londres, sino también de otros episodios cuestionables de la reinstalación democrática: su papel en ‘la oficina’, validadores del Penal Punta Peuco y luego del Cordillera, y también los encargados de administrar el hotel de lujo para Contreras que estuvo en el centro de la tragedia del coronel Letelier y recientemente, de Odlanier Mena. Una cárcel con una historia trágica y contradictoria, de principio a fin y que hoy tiene en tela de juicio no solo a los gobiernos democráticos de la época, sino a los socialistas, víctimas principales de los uniformados en dictadura. ¿Han oído ustedes hablar del síndrome Estocolmo?


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Dr. y profesor universitario.








http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/03/la-elite-socialista-y-la-historia-tragica-de-la-otra-victima-de-punta-peuco/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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