A casi 40 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, salen a la luz nuevas evidencias de una de las causas criminales por la que el juez chileno Juan Guzmán logró procesar a Augusto Pinochet, pero el dictador evadió la justicia. Por Enrique Torres.
Las nuevas evidencias consisten en rieles hallados en las costas de la comuna de Caldera, en la norteña Región de Atacama, que fueron utilizados como anclas para lanzar al mar los cadáveres de prisioneros, víctimas de la llamada operación Caravana de la Muerte.
Los hierros oxidados fueron encontrados luego de que un exmilitar que participó en tétrica comitiva, antes de morir, diera a conocer informaciones que permitieron ubicar los fierros.
La identidad del exmilitar no fue revelada, sin embargo trascendió que las partes halladas en las costas de Caldera, casi 900 kilómetros al norte de Santiago de Chile, se encuentran en manos de criminalistas de la Policía de Investigaciones.
En declaraciones a Prensa Latina, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, lamentó que la información solo se conociera gracias a que el exmilitar antes de morir accedió a revelar detalles.
De acuerdo con Lira, ello demuestra que quienes integraron las instituciones armadas y otras guardan informaciones que pueden conducir a muchos de los familiares de las víctimas a conocer el paradero de sus seres queridos masacrados durante la dictadura Pinochet (1973-1990).
Luego del hallazgo de los rieles, la AFEP envió una carta al jefe del Ejército chileno, Juan Manuel Fuente-Alba, en la cual denuncia que las instituciones armadas tienen información sobre el destino de miles de chilenos y chilenas cuyos cuerpos aún son buscados por sus familiares.
"Es nuestro deber indicarle que esta acción de no entregar la información pertinente es considerada por las organizaciones de familiares y por muchos chilenos y chilenas un acto de cobardía y de bajeza moral", indicó la agrupación.
La AFEP, en nombre de la humanidad y de valores universales como la verdad y la justicia, exigió a las Fuerzas Armadas que rompa el pacto de silencio mantenido durante 40 años.
"Demasiado tiempo ha pasado ya ocultando la verdad y manteniendo un trato absolutamente deshumanizado con los familiares de las víctimas. Hemos leído sus declaraciones solicitando un trato humanitario con los pocos victimarios que han sido condenados para la justicia chilena por crímenes de lesa humanidad y cuyas penas son irrisorias frente a los crímenes cometidos", señala la carta a Fuente-Alba.
La misiva hace referencia declaraciones del jefe del Ejército al diario El Mercurio en julio último, en las cuales manifestó estar apenado por los exmilitares que guardan prisión por violaciones de los derechos humanos.
"Efectivamente nos entristece ver que todavía esas personas permanecen ancladas a una situación de hace 40 años", exclamó el militar, quien alegó que varios de los reos tienen avanzada edad o situaciones médicas complejas.
Ante esas declaraciones también reaccionó la AFEP, que de inmediato recordó no hubo razón humanitaria cuando se asesinó jóvenes y niños, como Claudia Valenzuela, a quien ultimaron junto a sus padres, teniendo seis años.
En una reciente entrevista con Prensa Latina, el juez Guzmán recordó que si bien logró abrir cuatro expedientes contra Pinochet, solo pudo procesarlo en tres ocasiones, y una de ellas fue precisamente por la operación Caravana de la Muerte.
Bajo ese nombre, un comando de oficiales del Ejército, al mando del general Sergio Arellano, recorrió el país durante un mes en 1973 con la encomienda de Pinochet de agilizar y revisar los procesos de los detenidos tras la asonada golpista del 11 de septiembre de ese año.
Guzmán recordó que, a causa de esa operación, en la que fueron ejecutadas 75 personas, logró procesar dos veces a Pinochet.
Cuando lo entrevistó en medio del proceso y le mostró un documento con su firma y anotaciones de su puño y letra en los que ordenaba la misión a la caravana, el general le dijo que ese no era un documento oficial y no servía para nada.
A pesar de todas las evidencias presentadas, Pinochet logró evadir la justicia, ya que la Corte Suprema estimó que tenía las facultades mentales disminuidas para enfrentar un proceso judicial.
"De los cinco jueces en la Corte, solo uno mantuvo mi criterio, de que Pinochet estaba en condiciones de ser juzgado, pues no tenía demencia alguna", enfatizó Guzmán, quien tuvo en sus manos los peritajes de siquiatras que dictaminaron que el dictador estaba apto mentalmente para subir al banquillo de los acusados.
Incluso en las conversaciones sostenidas directamente con Pinochet corroboró que estaba en su sano juicio, con criterios, capaz de discernir entre culpable e inocente, y de mentir para ocultar su responsabilidad en las barbaries de la dictadura.
Los cadáveres de la Caravana de la Muerte fueron inhumados ilegalmente en otra cruzada, la Operación retiro de Televisores, también ordenada por Pinochet para que los restos fueran dispersados y en muchos casos lanzados al mar, a fin de ocultarlos.
El informe Retting, realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, solo contabilizó ejecuciones y desapariciones. En total, reconoció dos mil 279 muertes en manos de las fuerzas castrenses durante la dictadura.
En tanto, la Comisión Valech, denominada así en honor al exobispo de Santiago, Sergio Valech, amplió las pesquisa sobre la represión y en 2004 presentó su reporte, el cual enumeró más de 30 mil víctimas, de ellas más de 28 mil por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones.
Empero, el segundo informe de esa comisión, entregado en agosto de 2011 al presidente Sebastián Piñera, reconoce más de 40 mil víctimas, a pesar de que unas 22 mil denuncias de organizaciones de derechos humanos fueron rechazadas por el equipo investigador. (Prensa Latina)
Los hierros oxidados fueron encontrados luego de que un exmilitar que participó en tétrica comitiva, antes de morir, diera a conocer informaciones que permitieron ubicar los fierros.
La identidad del exmilitar no fue revelada, sin embargo trascendió que las partes halladas en las costas de Caldera, casi 900 kilómetros al norte de Santiago de Chile, se encuentran en manos de criminalistas de la Policía de Investigaciones.
En declaraciones a Prensa Latina, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, lamentó que la información solo se conociera gracias a que el exmilitar antes de morir accedió a revelar detalles.
De acuerdo con Lira, ello demuestra que quienes integraron las instituciones armadas y otras guardan informaciones que pueden conducir a muchos de los familiares de las víctimas a conocer el paradero de sus seres queridos masacrados durante la dictadura Pinochet (1973-1990).
Luego del hallazgo de los rieles, la AFEP envió una carta al jefe del Ejército chileno, Juan Manuel Fuente-Alba, en la cual denuncia que las instituciones armadas tienen información sobre el destino de miles de chilenos y chilenas cuyos cuerpos aún son buscados por sus familiares.
"Es nuestro deber indicarle que esta acción de no entregar la información pertinente es considerada por las organizaciones de familiares y por muchos chilenos y chilenas un acto de cobardía y de bajeza moral", indicó la agrupación.
La AFEP, en nombre de la humanidad y de valores universales como la verdad y la justicia, exigió a las Fuerzas Armadas que rompa el pacto de silencio mantenido durante 40 años.
"Demasiado tiempo ha pasado ya ocultando la verdad y manteniendo un trato absolutamente deshumanizado con los familiares de las víctimas. Hemos leído sus declaraciones solicitando un trato humanitario con los pocos victimarios que han sido condenados para la justicia chilena por crímenes de lesa humanidad y cuyas penas son irrisorias frente a los crímenes cometidos", señala la carta a Fuente-Alba.
La misiva hace referencia declaraciones del jefe del Ejército al diario El Mercurio en julio último, en las cuales manifestó estar apenado por los exmilitares que guardan prisión por violaciones de los derechos humanos.
"Efectivamente nos entristece ver que todavía esas personas permanecen ancladas a una situación de hace 40 años", exclamó el militar, quien alegó que varios de los reos tienen avanzada edad o situaciones médicas complejas.
Ante esas declaraciones también reaccionó la AFEP, que de inmediato recordó no hubo razón humanitaria cuando se asesinó jóvenes y niños, como Claudia Valenzuela, a quien ultimaron junto a sus padres, teniendo seis años.
En una reciente entrevista con Prensa Latina, el juez Guzmán recordó que si bien logró abrir cuatro expedientes contra Pinochet, solo pudo procesarlo en tres ocasiones, y una de ellas fue precisamente por la operación Caravana de la Muerte.
Bajo ese nombre, un comando de oficiales del Ejército, al mando del general Sergio Arellano, recorrió el país durante un mes en 1973 con la encomienda de Pinochet de agilizar y revisar los procesos de los detenidos tras la asonada golpista del 11 de septiembre de ese año.
Guzmán recordó que, a causa de esa operación, en la que fueron ejecutadas 75 personas, logró procesar dos veces a Pinochet.
Cuando lo entrevistó en medio del proceso y le mostró un documento con su firma y anotaciones de su puño y letra en los que ordenaba la misión a la caravana, el general le dijo que ese no era un documento oficial y no servía para nada.
A pesar de todas las evidencias presentadas, Pinochet logró evadir la justicia, ya que la Corte Suprema estimó que tenía las facultades mentales disminuidas para enfrentar un proceso judicial.
"De los cinco jueces en la Corte, solo uno mantuvo mi criterio, de que Pinochet estaba en condiciones de ser juzgado, pues no tenía demencia alguna", enfatizó Guzmán, quien tuvo en sus manos los peritajes de siquiatras que dictaminaron que el dictador estaba apto mentalmente para subir al banquillo de los acusados.
Incluso en las conversaciones sostenidas directamente con Pinochet corroboró que estaba en su sano juicio, con criterios, capaz de discernir entre culpable e inocente, y de mentir para ocultar su responsabilidad en las barbaries de la dictadura.
Los cadáveres de la Caravana de la Muerte fueron inhumados ilegalmente en otra cruzada, la Operación retiro de Televisores, también ordenada por Pinochet para que los restos fueran dispersados y en muchos casos lanzados al mar, a fin de ocultarlos.
El informe Retting, realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, solo contabilizó ejecuciones y desapariciones. En total, reconoció dos mil 279 muertes en manos de las fuerzas castrenses durante la dictadura.
En tanto, la Comisión Valech, denominada así en honor al exobispo de Santiago, Sergio Valech, amplió las pesquisa sobre la represión y en 2004 presentó su reporte, el cual enumeró más de 30 mil víctimas, de ellas más de 28 mil por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones.
Empero, el segundo informe de esa comisión, entregado en agosto de 2011 al presidente Sebastián Piñera, reconoce más de 40 mil víctimas, a pesar de que unas 22 mil denuncias de organizaciones de derechos humanos fueron rechazadas por el equipo investigador. (Prensa Latina)
