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viernes, 13 de septiembre de 2013
El boinazo blanco de Cheyre
29-09-2004 |
Ofensiva comunicacional y presiones
El boinazo blanco de Cheyre
No se puede mostrar como una coincidencia el que, en un mismo día –que además es el Día de las Glorias del Ejército-, el Comandante en Jefe use dos de los más potentes medios de comunicación para lanzar sus exigencias de acelerar el fin de los procesos contra los uniformados. Por intermedio de Televisión Nacional y El Mercurio, Juan Emilio Cheyre insistió fuertemente en su tesis del "horizonte judicial" y de la supuesta colaboración prestada por su rama en materia de justicia.
La misma Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán e impuesta por Augusto Pinochet, habla de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes, como lo señala su Artículo 90, pero el actual Comandante en Jefe insiste en ponerse en el límite de ella o francamente atraviesa la línea con el absoluto consentimiento de Ricardo Lagos.
El Mercurio, que tituló su suplemento de reportajes del domingo con un: "No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre", intenta dar primero la impresión de un Cheyre alejado del pasado, separado de la dictadura, pero ya en la entrevista en las páginas D8 y D9 el título se transforma a: "La deuda de los políticos con los militares no está saldada", que puede dar la idea de un emplazamiento a los civiles que azuzaron la intervención militar para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende –que en todo caso no recogieron el guante-, pero que también vuelve a la mañosa interpretación compartida por los militares, la derecha y la Concertación de que en esto "somos todos responsables" y "que la violencia comenzó antes del golpe militar".
Destacando el número de uniformados procesados y condenados, Cheyre señala que "no quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto". Vuelve a tratar de "ficción" la figura del secuestro permanente asumida para juzgar los casos de detenidos desaparecidos y admite que "nosotros sabemos el destino final… ¡Si la persona está muerta!, ¿cómo va a estar secuestrada? Y siguen excavando". Sin embargo sus palabras chocan con la realidad de sus defendidos, como el mismo ex dictador que ha sido apoyado por él, al que fue a visitar en el Hospital Militar el pasado fin de semana y a quien homenajeó con una misa en estos días de aniversarios. Pinochet ha sido el mayor de los obstáculos para el desarrollo veloz de los procesos, con maniobras múltiples de sus defensores y su supuesta enfermedad irrecuperable.
Otro caso de quienes no han colaborado es el de Juan Carlos Salgado Brocal, actual General de División y Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Nacional, quien ha sido llamado a declarar en el caso del Cerro Chena, donde ha afirmado que él estuvo al mando de un sector del cerro donde no le consta que haya existido torturas o ejecuciones de prisioneros. Algo bastante extraño, aunque en eso coincide con otros oficiales, como el actual director de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, que tampoco vio nada extraño. Todo eso se contrapone a los testimonios de sobrevivientes, conscriptos y hasta algunos suboficiales y oficiales que los involucran en los terribles hechos que terminaron con la muerte y desaparición de dirigentes ferroviarios de San Bernardo y campesinos de Paine. Además, aprovechando su paso como Juez Militar de Santiago al ser Comandante de la Segunda División, obstaculizó cada vez que pudo la investigación de la jueza especial Cecilia Flores, titular del Juzgado de Letras de San Bernardo a cargo del proceso por el Cerro Chena, quien debía solicitar su autorización cada vez que deseaba ingresar a terrenos militares para continuar su investigación. Tras reiteradas quejas de Salgado, que se tradujeron en amonestaciones de parte de sus superiores, Cecilia Flores fue sacada del caso.
Si un hombre tan cercano tiene estos gestos, no aparece como creíble la afirmación de Cheyre sobre la colaboración de su rama con la Justicia.
La ofensiva comunicacional
Si bien Cheyre no entrega opiniones muy nuevas en la materia, el momento en que sale a la palestra –cuando se conmemoran las Glorias del Ejército-, parece tener la complacencia explícita del gobierno. De hecho, ni Lagos ni Bachelet fueron tomados por sorpresa con las declaraciones del uniformado, como tampoco parecieron molestos ante la evidente intervención del militar en ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial.
A pesar de algunas voces en contra, como un destemplado Frei Ruiz-Tagle que pretendió hacer noticia dando órdenes de callar, no se ha visto a los parlamentarios intentar reunir el mínimo de 10 diputados que presenten una acusación constitucional contra el Comandante en Jefe que "compromete gravemente el honor de su institución… y de la nación" al defender y homenajear a un procesado por violaciones a los derechos humanos que, además, se hizo rico mientras ejercía el mismo grado que ostenta hoy Cheyre.
¿Era necesaria tanta exposición en los medios? ¿No existe un conducto regular por el que pueda expresar sus quejas el Comandante en Jefe del Ejército? Lo real es que el accionar de Cheyre viene siendo concertado con la ministra de Defensa y el Presidente de la República en cada acción tendiente a conformar una supuesta reconciliación nacional, al menos en los golpes de efectos que han dado con los homenajes al General Prats, al General Schneider o al mismo padre de la ministra.
La ofensiva sigue insistiendo en un solo objetivo: alcanzar el máximo de impunidad.
Presiones en Tribunales
Al cierre de nuestra edición el ministro Juan Guzmán había dado con la ubicación de los rieles utilizados, probablemente, para adosarlos a los pies de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1976, como forma de culminar sus crímenes en la desaparición de los cuerpos. El hecho volvía a impactar a Chile, especialmente a la gente más involucrada en la defensa de los Derechos Humanos, y se transformaban en un golpe a las palabras de Cheyre. Sin embargo, el mismo juez Guzmán aún no fijaba fecha y lugar para el interrogatorio a Augusto Pinochet luego del retraso en la devolución de los antecedentes del caso por parte del ministro Carlos Villarroel, quien sólo aceleró el traspaso luego de una queja formal de los abogados querellantes.
Las presiones militares al interior del Poder Judicial no son nuevas y en este último tiempo también han afectado a ministros como Alberto Chaigneau, de la Sala Penal, que está viendo el caso de Miguel Angel Sandoval, clave en cuanto a la aplicación o no de la Ley de Amnistía y su posterior uso en todos los casos de detenidos desaparecidos.
Las presiones también alcanzan a quienes se convirtieron en los más estrechos colaboradores de los jueces a cargo de los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, los integrantes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones (ver recuadro).
Las reacciones
Mientras Lavín insiste en apoyar a Cheyre, sin hacerse cargo del emplazamiento a los civiles realizado por el alto uniformado, otros dirigentes de la derecha han permanecido más cautos ante el tema refiriéndose sólo al entrampamiento del proyecto de ley en el Congreso, y la Concertación salió de un primer momento sin reacción para dar paso a voces no del todo unificadas.
Por su parte, las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fueron a entregarle una carta a Cheyre, en la que señalan que "manifestamos nuestra profunda preocupación ante el nuevo intento del Comandante en Jefe del Ejército por poner ‘al ladrón detrás del juez’, con esta actitud se pretende una vez más avanzar en la negación de justicia, en el entregar otra cuota más de impunidad.
Nosotros, sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, somos los primeros interesados en que se avance en la búsqueda de la verdad y que se haga justicia definitivamente. Esto no ha sido posible hasta hoy, porque en primer término los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos no asumen su responsabilidad, no cooperan con la justicia, y con el proceso de verdad. No podrá haber un mañana, que garantice un ‘nunca más’ si no hay verdad y en consecuencia justicia".
La diputada Pamela Pereira y la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz coincidieron en señalar que "ahora, que se esté pensando fórmulas como para poder terminar con los procesos, parece increíble. Aquí lo que se debiera hacer es seguir insistiendo en que se entregue toda la información para esclarecer todos los casos".
El trasfondo de los dichos del general Cheyre tienen destinatarios claros, los parlamentarios y los jueces, pero dejan en la nebulosa las intenciones de ampliar la impunidad para aquellos que "sirvieron a la patria, liberándola del cáncer marxista".Las medidas consensuadas
Si bien desde el conglomerado oficialista no ha habido una opinión única sobre las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, desde el gobierno –con exclusión del ministro Insulza-, las señales han sido positivas y encaminadas a buscar una rápida solución a las quejas del uniformado.
El mismo Ricardo Lagos, poco antes de viajar a Estados Unidos y México, adelantó su disposición a "dictar una nueva legislación para agilizar los juicios de derechos humanos", a lo que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, añadió que "la fórmula específica no está detallada ni caracterizada, pero el gobierno y el propio Presidente están disponibles para buscar una fórmula que permita avanzar más rápido en la resolución de temas judiciales pendientes".
Posteriormente, todo tuvo que ser explicado por José Miguel Insulza, quien señaló que existía "la posibilidad de que algunos delitos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal sean juzgados con ese sistema", cosa que estaría estudiando el ministerio de Justicia hace ya algunos meses. El sistema, que debería entrar en vigencia en julio de 2005 en todo el país, da un máximo de dos años para el cierre de los procesos y podría aplicarse a los casos de violaciones a los Derechos Humanos por el denominado "principio pro reo", que se aplica en el caso de que una reforma a la ley beneficie al procesado.
Si bien esta salida es compleja, podría ser aplicada mediante algunos de estos tecnicismos, lo que para algunos abogados sería impresentable –como dijo Pamela Pereira-, pues apunta directamente a un punto final; aunque para otros podría significar un avance, pues –como señala Eduardo Contreras-, lo que más han buscado los abogados de Derechos Humanos es justamente acortar los procesos y llegar a condenas en el más rápido tiempo posible. El mismo abogado se encarga de recalcar que, al contrario de lo que dice Cheyre, son los mismos militares los que alargan la investigación con maniobras dilatorias como las que aplica la defensa de Augusto Pinochet.
Acelerando el proyecto de DD.HH.
El mismo Insulza, desde su cargo de Vicepresidente, despejó el camino de otra de las exigencias de Cheyre: la de la aceleración de los proyectos presentados por Lagos para rebajar las penas de los violadores de Derechos Humanos que colaboren en la entrega de información sobre el destino de los desaparecidos.
Depende del gobierno el que se otorgue urgencia a la tramitación de los proyectos, que se han entrampado en las diferencias entre el PS y la UDI por la definición exacta de a quiénes se los otorgaría el beneficio. Las exigencias de Cheyre apuntan a reponer el articulado inicial del proyecto, que daba una amplia interpretación para identificar a los posibles beneficiados con la rebaja, cosa que Insulza admite que evaluará con los senadores para llegar a algún acuerdo y despachar con rapidez, "porque para nosotros lo importante no es tanto el instrumento, sino más bien el objetivo que se persigue", según señala.
Jaime Gazmuri, senador y vicepresidente del Partido Socialista, ablandó la posición de sus camaradas al señalar que "tenemos ya un compromiso legislativo, que tomó el gobierno con la mesa del Senado y las diferentes bancadas, sobre qué proyectos vamos a aprobar durante este año y éste es uno de los que quisiéramos apoyar".
La desarticulación del Departamento Quinto
Otra de las medidas que ha ido tomando el gobierno, en concordancia con las ideas de Cheyre, es el de la desarticulación de lo que fuera el Departamento Quinto de Investigaciones, creado específicamente para dedicarse a la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, idea que surgió con el primer Director General de la policía civil que asumió tras el fin de la dictadura, el general (R) Horacio Toro –que sería desbancado por una maniobra de los servicios de seguridad uniformados-, y asumido por el prefecto Luis Henríquez, quien se desempeñaría como jefe y formador de los jóvenes policías que fueron destinados a dicho organismo. No sin dificultades internas, como el aislamiento de parte de muchos de sus colegas y la falta de recursos, el Departamento Quinto continuó desarrollándose bajo la dirección de Nelson Mery, logrando grandes avances en los procesos de Derechos Humanos y acompañando la labor de ministros como Juan Guzmán, quien ha destacado siempre su aporte profesional.
En el último tiempo, con la salida de Mery y la elección por parte de Ricardo Lagos de Arturo Herrera Verdugo como nuevo Director General, la situación se ha vuelto, por decir lo menos, incómoda. Las redestinaciones y cambios al interior del Departamento Quinto han estado a la orden del día luego de la asunción del ex jefe de gabinete de Ernesto Baeza, designado a cargo de Investigaciones por Pinochet.
Así, por ejemplo, se les ha indicado a los jueces que trabajen con nuevos colaboradores y no con los más avezados del organismo policial, mientras algunos de éstos son involucrados en extrañas situaciones, como la salida del ministro Daniel Calvo del Caso Spiniak, para quitarles la autoridad moral que tienen al interior de Investigaciones.
Frente a todos estos indicios no se puede evitar la pregunta: ¿fueron sorprendidos el Presidente Lagos y la ministra Bachelet con las declaraciones de Cheyre?
Carta abierta del PC a Cheyre
Señor Comandante en Jefe del Ejército
General Juan Emilio Cheyre
De nuestra consideración:
Ante los diversos pronunciamientos que usted ha realizado en el marco de la celebración de la Independencia Nacional, hemos considerado necesario dirigirnos a usted para exponerle nuestras apreciaciones y nuestros planteamientos respecto de sus dichos.
Ninguna de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha tenido los espacios y la oportunidad para exponer sus argumentos al país, como los que usted ha tenido. Es una forma reiterada de actuar, como representante de un poder de facto, que interviene, incide y presiona para alcanzar sus objetivos sobre la sociedad.
Por la forma como usted expone el origen del golpe del 11 de septiembre de 1973, que a nuestro parecer tergiversa la historia, y por el hecho de ostentar el poder de las armas, que transforma en presión ilegítima su postura sobre la forma como se llevan adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, esto adquiere especial connotación y gravedad.
Usted reitera que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, sobre el gobierno civil y constitucional de Salvador Allende, fue causado por una especie de desvarío que involucró a toda la sociedad, y en especial a la sociedad política. Sin embargo, salvo en un documento emanado de la autoproclamada "mesa de diálogo", que es producto de una negociación política y no de la verdad histórica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo hay duda alguna de que el golpe militar fue urdido con antelación al triunfo electoral de la Unidad Popular y desde antes que Salvador Allende asumiera el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos y el financiamiento de organismos de inteligencia norteamericanos, que tuvieron en la derecha chilena, y en sectores del llamado centro político, apoyo y estrecha alianza conspirativa.
La historia demuestra que en las acciones desestabilizadoras previas al golpe jugaron un papel no menor, altos jefes militares de la época.
Las violaciones a los derechos humanos en nuestro país comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y continuaron durante los años posteriores, a través del ejercicio de un poder absoluto sobre la sociedad y sobre el pueblo, con prácticas terroristas desde el Estado. En esa acción jugaron un papel relevante cuadros militares de todas las ramas castrenses y policiales.
Efectivamente, hay responsabilidades institucionales que no se pueden negar. Los mandos que aplicaron el terrorismo de estado en Chile, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual no hay constancia haya sido desechada, deben responder ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Ambos hechos fueron la base para que durante años la Asamblea de Naciones Unidas condenara a la dictadura de Pinochet. Y eso, como verdad histórica, no ha cambiado.
Usted manifiesta su preocupación porque algunos uniformados responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran sujetos a proceso y sus juicios se estarían prolongando innecesariamente y acusa a la sociedad civil de estarlos victimizando. Curiosamente, esta acusación, del máximo Jefe Militar, se produce cuando la Corte Suprema debe dirimir si aplica o no la Ley de Amnistía dictada por Pinochet y se discute en el Senado una ley de rebajas de pena, que nos parece aberrante, para responsables de violaciones a los derechos humanos.
La "prolongación de los procesos", hecho que no tiene comparación con el vía crucis sufrido durante décadas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, tiene su origen sólo en la negativa de las FF.AA. ante las exigencias de verdad y justicia que les plantea la sociedad chilena y el mundo.
Es hora de que las Fuerzas Armadas escuchen las exigencias nacionales e internacionales para que entreguen todos los antecedentes respecto de las detenciones, desapariciones y ejecuciones que se cometieron bajo la dictadura militar. Las razones que se esgrimen para eximirse de tal deber no tienen justificación alguna y representan una falta de ética insoportable para el futuro de la Nación
Ya no se justifica que en Chile sigamos viviendo presionados por el poder de las armas como forma de mantener la impunidad. Ya es hora de que el Alto Mando se desvincule definitivamente de quienes violaron los derechos humanos y de quienes ordenaron el Genocidio usando el poder militar, incluyendo al ex general Pinochet. El ocultamiento reiterativo de la verdad y la tergiversación de la historia sólo tiene una finalidad: la impunidad para los crímenes de lesa humanidad.
Señor General: no nos mueve el odio ni afán de venganza alguno. Necesitamos de la convivencia democrática real entre civiles y militares. Necesitamos Fuerzas Armadas con una doctrina que privilegie su accionar de Paz en función de los intereses nacionales, que sea un ejemplo para las futuras generaciones. Invocamos razones de verdad y justicia para que esto sea posible.
Sólo cuando la verdad y la justicia emerjan diáfanas, como un sentimiento de grandeza que impregne todo el acontecer de la Patria, podremos hablar de iguales en una sociedad democrática, no excluyente y libre de los temores que la agobian.
Atte.
Guillermo Teillier
Secretario General
Partido Comunista de Chile
Santiago, 21 de septiembre de 2004.
La misma Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán e impuesta por Augusto Pinochet, habla de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes, como lo señala su Artículo 90, pero el actual Comandante en Jefe insiste en ponerse en el límite de ella o francamente atraviesa la línea con el absoluto consentimiento de Ricardo Lagos.
El Mercurio, que tituló su suplemento de reportajes del domingo con un: "No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre", intenta dar primero la impresión de un Cheyre alejado del pasado, separado de la dictadura, pero ya en la entrevista en las páginas D8 y D9 el título se transforma a: "La deuda de los políticos con los militares no está saldada", que puede dar la idea de un emplazamiento a los civiles que azuzaron la intervención militar para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende –que en todo caso no recogieron el guante-, pero que también vuelve a la mañosa interpretación compartida por los militares, la derecha y la Concertación de que en esto "somos todos responsables" y "que la violencia comenzó antes del golpe militar".
Destacando el número de uniformados procesados y condenados, Cheyre señala que "no quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto". Vuelve a tratar de "ficción" la figura del secuestro permanente asumida para juzgar los casos de detenidos desaparecidos y admite que "nosotros sabemos el destino final… ¡Si la persona está muerta!, ¿cómo va a estar secuestrada? Y siguen excavando". Sin embargo sus palabras chocan con la realidad de sus defendidos, como el mismo ex dictador que ha sido apoyado por él, al que fue a visitar en el Hospital Militar el pasado fin de semana y a quien homenajeó con una misa en estos días de aniversarios. Pinochet ha sido el mayor de los obstáculos para el desarrollo veloz de los procesos, con maniobras múltiples de sus defensores y su supuesta enfermedad irrecuperable.
Otro caso de quienes no han colaborado es el de Juan Carlos Salgado Brocal, actual General de División y Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Nacional, quien ha sido llamado a declarar en el caso del Cerro Chena, donde ha afirmado que él estuvo al mando de un sector del cerro donde no le consta que haya existido torturas o ejecuciones de prisioneros. Algo bastante extraño, aunque en eso coincide con otros oficiales, como el actual director de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, que tampoco vio nada extraño. Todo eso se contrapone a los testimonios de sobrevivientes, conscriptos y hasta algunos suboficiales y oficiales que los involucran en los terribles hechos que terminaron con la muerte y desaparición de dirigentes ferroviarios de San Bernardo y campesinos de Paine. Además, aprovechando su paso como Juez Militar de Santiago al ser Comandante de la Segunda División, obstaculizó cada vez que pudo la investigación de la jueza especial Cecilia Flores, titular del Juzgado de Letras de San Bernardo a cargo del proceso por el Cerro Chena, quien debía solicitar su autorización cada vez que deseaba ingresar a terrenos militares para continuar su investigación. Tras reiteradas quejas de Salgado, que se tradujeron en amonestaciones de parte de sus superiores, Cecilia Flores fue sacada del caso.
Si un hombre tan cercano tiene estos gestos, no aparece como creíble la afirmación de Cheyre sobre la colaboración de su rama con la Justicia.
La ofensiva comunicacional
Si bien Cheyre no entrega opiniones muy nuevas en la materia, el momento en que sale a la palestra –cuando se conmemoran las Glorias del Ejército-, parece tener la complacencia explícita del gobierno. De hecho, ni Lagos ni Bachelet fueron tomados por sorpresa con las declaraciones del uniformado, como tampoco parecieron molestos ante la evidente intervención del militar en ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial.
A pesar de algunas voces en contra, como un destemplado Frei Ruiz-Tagle que pretendió hacer noticia dando órdenes de callar, no se ha visto a los parlamentarios intentar reunir el mínimo de 10 diputados que presenten una acusación constitucional contra el Comandante en Jefe que "compromete gravemente el honor de su institución… y de la nación" al defender y homenajear a un procesado por violaciones a los derechos humanos que, además, se hizo rico mientras ejercía el mismo grado que ostenta hoy Cheyre.
¿Era necesaria tanta exposición en los medios? ¿No existe un conducto regular por el que pueda expresar sus quejas el Comandante en Jefe del Ejército? Lo real es que el accionar de Cheyre viene siendo concertado con la ministra de Defensa y el Presidente de la República en cada acción tendiente a conformar una supuesta reconciliación nacional, al menos en los golpes de efectos que han dado con los homenajes al General Prats, al General Schneider o al mismo padre de la ministra.
La ofensiva sigue insistiendo en un solo objetivo: alcanzar el máximo de impunidad.
Presiones en Tribunales
Al cierre de nuestra edición el ministro Juan Guzmán había dado con la ubicación de los rieles utilizados, probablemente, para adosarlos a los pies de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1976, como forma de culminar sus crímenes en la desaparición de los cuerpos. El hecho volvía a impactar a Chile, especialmente a la gente más involucrada en la defensa de los Derechos Humanos, y se transformaban en un golpe a las palabras de Cheyre. Sin embargo, el mismo juez Guzmán aún no fijaba fecha y lugar para el interrogatorio a Augusto Pinochet luego del retraso en la devolución de los antecedentes del caso por parte del ministro Carlos Villarroel, quien sólo aceleró el traspaso luego de una queja formal de los abogados querellantes.
Las presiones militares al interior del Poder Judicial no son nuevas y en este último tiempo también han afectado a ministros como Alberto Chaigneau, de la Sala Penal, que está viendo el caso de Miguel Angel Sandoval, clave en cuanto a la aplicación o no de la Ley de Amnistía y su posterior uso en todos los casos de detenidos desaparecidos.
Las presiones también alcanzan a quienes se convirtieron en los más estrechos colaboradores de los jueces a cargo de los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, los integrantes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones (ver recuadro).
Las reacciones
Mientras Lavín insiste en apoyar a Cheyre, sin hacerse cargo del emplazamiento a los civiles realizado por el alto uniformado, otros dirigentes de la derecha han permanecido más cautos ante el tema refiriéndose sólo al entrampamiento del proyecto de ley en el Congreso, y la Concertación salió de un primer momento sin reacción para dar paso a voces no del todo unificadas.
Por su parte, las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fueron a entregarle una carta a Cheyre, en la que señalan que "manifestamos nuestra profunda preocupación ante el nuevo intento del Comandante en Jefe del Ejército por poner ‘al ladrón detrás del juez’, con esta actitud se pretende una vez más avanzar en la negación de justicia, en el entregar otra cuota más de impunidad.
Nosotros, sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, somos los primeros interesados en que se avance en la búsqueda de la verdad y que se haga justicia definitivamente. Esto no ha sido posible hasta hoy, porque en primer término los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos no asumen su responsabilidad, no cooperan con la justicia, y con el proceso de verdad. No podrá haber un mañana, que garantice un ‘nunca más’ si no hay verdad y en consecuencia justicia".
La diputada Pamela Pereira y la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz coincidieron en señalar que "ahora, que se esté pensando fórmulas como para poder terminar con los procesos, parece increíble. Aquí lo que se debiera hacer es seguir insistiendo en que se entregue toda la información para esclarecer todos los casos".
El trasfondo de los dichos del general Cheyre tienen destinatarios claros, los parlamentarios y los jueces, pero dejan en la nebulosa las intenciones de ampliar la impunidad para aquellos que "sirvieron a la patria, liberándola del cáncer marxista".Las medidas consensuadas
Si bien desde el conglomerado oficialista no ha habido una opinión única sobre las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, desde el gobierno –con exclusión del ministro Insulza-, las señales han sido positivas y encaminadas a buscar una rápida solución a las quejas del uniformado.
El mismo Ricardo Lagos, poco antes de viajar a Estados Unidos y México, adelantó su disposición a "dictar una nueva legislación para agilizar los juicios de derechos humanos", a lo que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, añadió que "la fórmula específica no está detallada ni caracterizada, pero el gobierno y el propio Presidente están disponibles para buscar una fórmula que permita avanzar más rápido en la resolución de temas judiciales pendientes".
Posteriormente, todo tuvo que ser explicado por José Miguel Insulza, quien señaló que existía "la posibilidad de que algunos delitos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal sean juzgados con ese sistema", cosa que estaría estudiando el ministerio de Justicia hace ya algunos meses. El sistema, que debería entrar en vigencia en julio de 2005 en todo el país, da un máximo de dos años para el cierre de los procesos y podría aplicarse a los casos de violaciones a los Derechos Humanos por el denominado "principio pro reo", que se aplica en el caso de que una reforma a la ley beneficie al procesado.
Si bien esta salida es compleja, podría ser aplicada mediante algunos de estos tecnicismos, lo que para algunos abogados sería impresentable –como dijo Pamela Pereira-, pues apunta directamente a un punto final; aunque para otros podría significar un avance, pues –como señala Eduardo Contreras-, lo que más han buscado los abogados de Derechos Humanos es justamente acortar los procesos y llegar a condenas en el más rápido tiempo posible. El mismo abogado se encarga de recalcar que, al contrario de lo que dice Cheyre, son los mismos militares los que alargan la investigación con maniobras dilatorias como las que aplica la defensa de Augusto Pinochet.
Acelerando el proyecto de DD.HH.
El mismo Insulza, desde su cargo de Vicepresidente, despejó el camino de otra de las exigencias de Cheyre: la de la aceleración de los proyectos presentados por Lagos para rebajar las penas de los violadores de Derechos Humanos que colaboren en la entrega de información sobre el destino de los desaparecidos.
Depende del gobierno el que se otorgue urgencia a la tramitación de los proyectos, que se han entrampado en las diferencias entre el PS y la UDI por la definición exacta de a quiénes se los otorgaría el beneficio. Las exigencias de Cheyre apuntan a reponer el articulado inicial del proyecto, que daba una amplia interpretación para identificar a los posibles beneficiados con la rebaja, cosa que Insulza admite que evaluará con los senadores para llegar a algún acuerdo y despachar con rapidez, "porque para nosotros lo importante no es tanto el instrumento, sino más bien el objetivo que se persigue", según señala.
Jaime Gazmuri, senador y vicepresidente del Partido Socialista, ablandó la posición de sus camaradas al señalar que "tenemos ya un compromiso legislativo, que tomó el gobierno con la mesa del Senado y las diferentes bancadas, sobre qué proyectos vamos a aprobar durante este año y éste es uno de los que quisiéramos apoyar".
La desarticulación del Departamento Quinto
Otra de las medidas que ha ido tomando el gobierno, en concordancia con las ideas de Cheyre, es el de la desarticulación de lo que fuera el Departamento Quinto de Investigaciones, creado específicamente para dedicarse a la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, idea que surgió con el primer Director General de la policía civil que asumió tras el fin de la dictadura, el general (R) Horacio Toro –que sería desbancado por una maniobra de los servicios de seguridad uniformados-, y asumido por el prefecto Luis Henríquez, quien se desempeñaría como jefe y formador de los jóvenes policías que fueron destinados a dicho organismo. No sin dificultades internas, como el aislamiento de parte de muchos de sus colegas y la falta de recursos, el Departamento Quinto continuó desarrollándose bajo la dirección de Nelson Mery, logrando grandes avances en los procesos de Derechos Humanos y acompañando la labor de ministros como Juan Guzmán, quien ha destacado siempre su aporte profesional.
En el último tiempo, con la salida de Mery y la elección por parte de Ricardo Lagos de Arturo Herrera Verdugo como nuevo Director General, la situación se ha vuelto, por decir lo menos, incómoda. Las redestinaciones y cambios al interior del Departamento Quinto han estado a la orden del día luego de la asunción del ex jefe de gabinete de Ernesto Baeza, designado a cargo de Investigaciones por Pinochet.
Así, por ejemplo, se les ha indicado a los jueces que trabajen con nuevos colaboradores y no con los más avezados del organismo policial, mientras algunos de éstos son involucrados en extrañas situaciones, como la salida del ministro Daniel Calvo del Caso Spiniak, para quitarles la autoridad moral que tienen al interior de Investigaciones.
Frente a todos estos indicios no se puede evitar la pregunta: ¿fueron sorprendidos el Presidente Lagos y la ministra Bachelet con las declaraciones de Cheyre?
Carta abierta del PC a Cheyre
Señor Comandante en Jefe del Ejército
General Juan Emilio Cheyre
De nuestra consideración:
Ante los diversos pronunciamientos que usted ha realizado en el marco de la celebración de la Independencia Nacional, hemos considerado necesario dirigirnos a usted para exponerle nuestras apreciaciones y nuestros planteamientos respecto de sus dichos.
Ninguna de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha tenido los espacios y la oportunidad para exponer sus argumentos al país, como los que usted ha tenido. Es una forma reiterada de actuar, como representante de un poder de facto, que interviene, incide y presiona para alcanzar sus objetivos sobre la sociedad.
Por la forma como usted expone el origen del golpe del 11 de septiembre de 1973, que a nuestro parecer tergiversa la historia, y por el hecho de ostentar el poder de las armas, que transforma en presión ilegítima su postura sobre la forma como se llevan adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, esto adquiere especial connotación y gravedad.
Usted reitera que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, sobre el gobierno civil y constitucional de Salvador Allende, fue causado por una especie de desvarío que involucró a toda la sociedad, y en especial a la sociedad política. Sin embargo, salvo en un documento emanado de la autoproclamada "mesa de diálogo", que es producto de una negociación política y no de la verdad histórica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo hay duda alguna de que el golpe militar fue urdido con antelación al triunfo electoral de la Unidad Popular y desde antes que Salvador Allende asumiera el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos y el financiamiento de organismos de inteligencia norteamericanos, que tuvieron en la derecha chilena, y en sectores del llamado centro político, apoyo y estrecha alianza conspirativa.
La historia demuestra que en las acciones desestabilizadoras previas al golpe jugaron un papel no menor, altos jefes militares de la época.
Las violaciones a los derechos humanos en nuestro país comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y continuaron durante los años posteriores, a través del ejercicio de un poder absoluto sobre la sociedad y sobre el pueblo, con prácticas terroristas desde el Estado. En esa acción jugaron un papel relevante cuadros militares de todas las ramas castrenses y policiales.
Efectivamente, hay responsabilidades institucionales que no se pueden negar. Los mandos que aplicaron el terrorismo de estado en Chile, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual no hay constancia haya sido desechada, deben responder ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Ambos hechos fueron la base para que durante años la Asamblea de Naciones Unidas condenara a la dictadura de Pinochet. Y eso, como verdad histórica, no ha cambiado.
Usted manifiesta su preocupación porque algunos uniformados responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran sujetos a proceso y sus juicios se estarían prolongando innecesariamente y acusa a la sociedad civil de estarlos victimizando. Curiosamente, esta acusación, del máximo Jefe Militar, se produce cuando la Corte Suprema debe dirimir si aplica o no la Ley de Amnistía dictada por Pinochet y se discute en el Senado una ley de rebajas de pena, que nos parece aberrante, para responsables de violaciones a los derechos humanos.
La "prolongación de los procesos", hecho que no tiene comparación con el vía crucis sufrido durante décadas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, tiene su origen sólo en la negativa de las FF.AA. ante las exigencias de verdad y justicia que les plantea la sociedad chilena y el mundo.
Es hora de que las Fuerzas Armadas escuchen las exigencias nacionales e internacionales para que entreguen todos los antecedentes respecto de las detenciones, desapariciones y ejecuciones que se cometieron bajo la dictadura militar. Las razones que se esgrimen para eximirse de tal deber no tienen justificación alguna y representan una falta de ética insoportable para el futuro de la Nación
Ya no se justifica que en Chile sigamos viviendo presionados por el poder de las armas como forma de mantener la impunidad. Ya es hora de que el Alto Mando se desvincule definitivamente de quienes violaron los derechos humanos y de quienes ordenaron el Genocidio usando el poder militar, incluyendo al ex general Pinochet. El ocultamiento reiterativo de la verdad y la tergiversación de la historia sólo tiene una finalidad: la impunidad para los crímenes de lesa humanidad.
Señor General: no nos mueve el odio ni afán de venganza alguno. Necesitamos de la convivencia democrática real entre civiles y militares. Necesitamos Fuerzas Armadas con una doctrina que privilegie su accionar de Paz en función de los intereses nacionales, que sea un ejemplo para las futuras generaciones. Invocamos razones de verdad y justicia para que esto sea posible.
Sólo cuando la verdad y la justicia emerjan diáfanas, como un sentimiento de grandeza que impregne todo el acontecer de la Patria, podremos hablar de iguales en una sociedad democrática, no excluyente y libre de los temores que la agobian.
Atte.
Guillermo Teillier
Secretario General
Partido Comunista de Chile
Santiago, 21 de septiembre de 2004.
La escaramuza del "boinazo"
Abraham Santibáñez | Fecha de Edición: 04-06-2012
Es de esos aniversarios que pasan sin pena ni gloria. La semana pasada se cumplieron 19 años desde que el edificio de las Fuerzas Armadas, en Zenteno y la Alameda Bernardo O`Higgins, amaneciera decorado con soldados en uniforme de guerra, caras pintadas y boinas negras. Periodistas ingeniosos –creo que de Apsi- bautizaron el insólito despliegue como el “boinazo”.No era un desfile alegórico, sino una manifestación de descontento del comandante en jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet, frente al gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Su lista de quejas era una descarga de artillería pesada y de largo alcance. El estallido, según se denunció entonces, fue gatillado por un titular del diario La Nación: “Reabren caso cheques del hijo de Pinochet”. Como director en ese momento del diario de gobierno, me acaban de invitar a hablar del caso en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Cuento que, cuando el Presidente Aylwin llegó a La Moneda en marzo de 1990, había un gran tema en el tapete: las violaciones a los derechos humanos. Los numerosos procesos que vendrían después, tuvieron como prólogo el trabajo de la Comisión Verdad y Reconciliación, que hasta hoy se conoce como Comisión Rettig. Fue un trago amargo para el general. Pero, gracias al cuidado con que se conformó la Comisión, la tarea concluyó positivamente.Sin embargo, antes de fines de 1990, saltó a la actualidad un nuevo tema: la corrupción. Por mucho tiempo hasta los más recalcitrantes opositores al régimen militar habían creído que, en esa materia, no había reproches. Tal vez algunos excesos, como la casa de El Melocotón y la espléndida mansión de Lo Curro. Pero... corrupción: nada.La gran sorpresa fue cuando trascendió que el Ejército había pagado tres millones de dólares –cheques mediante- a Augusto Pinochet Hiriart por una empresa que, a su vez, acababa de comprar. Habría más, hasta llegar a las cuentas del banco Riggs. El revuelo por los “pinocheques” motivó el Ejercicio de Enlace, en diciembre de 1990. Y, tras un período de latencia, fue la chispa del “boinazo”, el 28 de mayo de 1993, cuando Aylwin estaba en visita en los países escandinavos. El descontento del comandante en jefe tenía raíces profundas: resoluciones sin tramitar en el Ministerio de Defensa, el “desfile” de uniformados por los tribunales de Justicia... y, además, el anuncio de una nueva ley orgánica para las Fuerzas Armadas. Mao Tse-tung sostenía que “basta una chispa para incendiar una pradera”. Ese día, el pretexto fue la portada de La Nación. Habla bien de la estatura moral del Presidente Aylwin que diera instrucciones de no ceder ante el insólito petitorio. Tampoco cedimos en La Nación ya que el Ejército adicionalmente quiso dictar un titular que desmintiera el que le resultó ofensivo. Tal vez podíamos haber encontrado una mejor solución. Pero lo que decidimos fue, simplemente, que al día siguiente el diario iría sin titular principal en la portada. Terminado mi recuento, los futuros periodistas aplaudieron.
http://www.diarioelcentro.cl/?q=articulo-columnistas&id=1674
Ricardo Lagos y crímenes de la dictadura: “Todos sabían lo que ocurría, los militares y los que no éramos militares”
El expresidente Ricardo Lagos se refirió a los crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura, asegurando que “todos sabían lo que pasaba y todos somos responsables” de ello.
“Todos sabían lo que ocurría, los militares y los que no éramos militares. Cuando se decía ‘a fulano se le aplicó la ley de fuga’, usted sabía que no era cierto que fulano quiso fugarse, simplemente lo fusilaron. ‘Y el otro se autodinamitó’, todos sabíamos lo que había ocurrido. O sea, eso lo sabían los militares, y los civiles, y los medios de comunicación. En ese sentido, todos somos responsables”, señaló a radio ADN.
En la misma linea, el ex mandatario socialista expresó que “no se trata de andar pidiendo perdón por los medios de comunicación, ese es un acto muy personal e íntimo. De lo que se trata es de cómo somos capaces de tener ciertos consensos básicos”.
“Lo escuché con el alma comprimida dentro de mí, un corazón estremecido el último discurso, porque sabía que Allende no salía vivo de La Moneda, eso se sabía”, concluyó Lagos.
Querido papito: Carta de niños a sus padres desaparecidos
En la desesperación de la ausencia, muchos niños escribieron a sus padres emotivas cartas, mientras éstos se encontraban desaparecidos. Algunos regresaron, otros no. Acá, dos relatos sobrecogedores pertenecientes al Museo de la Memoria.
Alejandra Holzapfel: Yo sobreviví a Venda Sexy
Alejandra tenía 19 años cuando fue tomada prisionera por la DINA. Desde 1974 a 1975 estuvo detenida en Villa Grimaldi, Venda Sexy, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Fue violada por el guatón Romo y violentada sexualmente con un perro pastor alemán al que los agentes de la dictadura llamaban Volodia. Pese a todo, no lograron doblegarla: “Pasamos atrocidades, pero somos capaces de ser felices porque somos personas dignas. Nuestros torturadores, no”, declara.
Primavera de 1976: Alejandra Holzapfel Picarte (21) entra corriendo -los puños apretados, la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos- a su departamento en el block Karl Marx 34 en Potsdam, Alemania, donde vive su exilio desde 1975. Casi rompe su polera y pantalón mientras, llorando, se desnuda. Tropieza al empujar la puerta del baño y, aún sin recuperar el equilibrio, entra a la ducha y abre la llave del agua. Toma una esponja y comienza a refregarse el cuerpo con tanta vehemencia que se le irrita la piel, pero sigue tratando de quitarse la suciedad imaginaria. De golpe, llegan los recuerdos: ella vendada, sin ropa, sobre un camastro, violada por Osvaldo Romo; ella en el suelo, sujetada por agentes de la DINA, mientras una mayor de carabineros dirige a un perro amaestrado para ultrajarla. Sale a su dormitorio, aún estilando, cubierta sólo por una toalla. Se sienta en la cama frente a un espejo y se observa.
Ese día, por vez primera desde su paso por los centros de tortura pinochetista, Alejandra tuvo un contacto romántico con un hombre y fue un desastre. Su amigo Pepe Fuica -un militante socialista a quien conoce hace un par de meses, cuando la convenció de entregar su testimonio como torturada política a Naciones Unidas-, la besó de improviso mientras caminaban por su barrio en Am Stern. Para él, se trató de un arrebato amoroso. Para ella, el que la tomara por sorpresa fue arrastrarla, otra vez, a los días en que fue violentada sexualmente: cayó al suelo, lo golpeó una y otra vez, y luego huyó.
Ese día, por vez primera desde su paso por los centros de tortura pinochetista, Alejandra tuvo un contacto romántico con un hombre y fue un desastre. Su amigo Pepe Fuica -un militante socialista a quien conoce hace un par de meses, cuando la convenció de entregar su testimonio como torturada política a Naciones Unidas-, la besó de improviso mientras caminaban por su barrio en Am Stern. Para él, se trató de un arrebato amoroso. Para ella, el que la tomara por sorpresa fue arrastrarla, otra vez, a los días en que fue violentada sexualmente: cayó al suelo, lo golpeó una y otra vez, y luego huyó.
Encerrada en su habitación, Alejandra ya ni siquiera llora. Sólo mira, en silencio, su reflejo. Afuera de su edificio, Fuica termina de fumar un cigarrillo y enciende de inmediato otro con las manos temblorosas. Está descolocado y se cree responsable de la reacción de Holzapfel, por lo que decide quedarse un par de horas ahí, a la espera de que ella salga de su guarida. Como ello no ocurre, se marcha a Berlín y un mes después le envía una carta, disculpándose. Ella le contesta y le sugiere encontrarse y conversar: He decidido, le dice, vivir la vida que soñaba antes del Golpe de Estado.
“Recuperar la alegría era también una decisión política, una forma de ganarle a la dictadura”, explica hoy, a sus 60 años, Alejandra.
Esta convicción la lleva a casarse con Fuica, a ser madre con él y a volver a sonreír pese a haber sido brutalmente torturada por más de tres meses desde que fue tomada prisionera a fines de 1974.
LA CAÍDA
El 11 de diciembre de 1974, en las horas previas al inicio de su calvario por los centros de tortura, Alejandra, estudiante de Veterinaria, recibió en su departamento en Santiago Centro a una de sus amigas más cercanas, Beatriz Bataszew, quien, como ella, militaba el en MIR.
Bataszew estaba siendo buscada por los organismos represivos. La información que se manejaba entre los miristas es que todas las casas de seguridad de la organización habían sido allanadas o estaban bajo vigilancia y que algunos de sus compañeros estaban presos. De otros, nada se sabía. Necesitaba esconderse por unos días.
En silencio, ambas cenaron esa noche y luego durmieron a sobresaltos. A las cinco de la madrugada, un fuerte ruido las despertó. Aún no amanecía. La oscuridad era casi absoluta y en la puerta un hombre exigía que le abriera. Las dos sabían lo que eso significaba. O creían saberlo. La magnitud de la crueldad de los organismos de represión no era conocida hasta eses entonces.
Mientras la mamá de Alejandra se levantaba a atender, Beatriz advirtió que portaba un documento estratégico que no podía caer en manos del Régimen. Entre las dos, rompieron los papeles y los masticaron mientras tomaban agua para no atorarse. Una tía abuela de Holzapfel, que también vivía con ellas, estaba inquieta con el inusual movimiento. Tan tarde o tan temprano no es hora de llegar a los hogares decentes, decía.
En la puerta de entrada, la mamá de Alejandra intentaba convencer al joven oficial Fernando Lauriani Maturana, a cargo del operativo, de que esa noche sólo ella estaba en casa. La misión no le era difícil. Aunque se haría conocido como uno de los criminales más crueles del Régimen, Lauriani no era precisamente una lumbrera. El militar estaba decidido a retirarse, pero Alejandra no lo sabía y, temiendo que pudieran arrestar a su madre, se asomó al living justo cuando Lauriani se estaba yendo. La alcanzó a ver.
- ¡Esta es la señorita que buscamos!, exclamó el agente.
Entonces allanó la casa y encontró a Beatriz.
- ¿Y esta rucia suelta quién es?
- Es compañera de Universidad, estábamos estudiando.
Lauriani se esforzó en corroborar que le estaban diciendo la verdad, exigiéndole a Beatriz que le diera un número de teléfono para verificar la información. La joven alumna de Agronomía le dio el de sus padres. Al otro lado de la línea, ellos le dijeron al agente que la niña se encontraba preparando un examen donde una amiga. Esa noche, Bataszew se salvó.
Holzapfel, en cambio, quedó detenida por la delación de Humberto Menantaux, uno de los integrante del Comité Central del MIR que había caído en las garras de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en noviembre de ese año y que fue asesinado en 1975 después de haber sido obligado a entregar toda la información que poseía y a dar, junto a otros tres integrantes de la organización, una conferencia de prensa en que llamó a sus compañeros a deponer las armas tras leer la nómina de muertos del MIR. Hoy figura en la lista de desaparecidos.
ESE MUERTO NO LO CARGO YO
- “Le traigo a la niña a las 8.30. Le vamos a hacer un par de preguntitas nomás. Téngale desayuno”, vociferó Lauriani antes de partir.
La mamá de Alejandra no volvió a dormir. Preparó la mesa confiada en la palabra del militar.
Afuera de su hogar en Valentín Letelier, a pasos de La Moneda, Holzapfel fue subida, con los ojos vendados, a un vehículo conducido por Basclay Zapata. Cerca de las seis de la madrugada, sus captores la ingresaron a Villa Grimaldi, en medio de murmullos, y llamaron a dos mujeres de la DINA, que precedieron a escudriñarla en búsqueda de algún texto secreto o microfilme. Tras tocarle hasta la vagina, la dejaron sentada con los ojos aún cubiertos.
Entonces oyó una voz.
- ¿Quién eres?
Sin saber quién preguntaba, decidió responder:
- Soy Alejandra Holzapfel.
- ¡Coneja, estás acá!
En ese minuto, reconoció la voz de Laura Ramsay y luego, cuando se deslizó la venda, pudo ver a Carmen Bueno.
A las ocho de la mañana Lauriani le hizo una breve visita.
- Que se levante inmediatamente la que está sin la venda.
- Soy yo-, respondió Alejandra.
Lauriani había hecho uso varias veces de la misma táctica para burlarse de las recién detenidas. Se acercó a Alejandra y la abofeteó tan fuerte que ella cayó al suelo.
- ¡Te dije que no te sacaras la venda! ¡Aprende a obedecer, huevona!
Alejandra recuerda que aún no se le había quitado el ardor en la cara cuando comenzó a sonar una cumbia: “A ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató”.
En ese minuto, la llevaron a otro cuarto, la desnudaron, la mojaron y le aplicaron electricidad sobre un catre metálico. Le pidieron nombres de otros dirigentes del MIR. “Tarde o temprano todos hablan”, le aseguraron. Ella calló. Luego, Osvaldo Romo, viéndola débil por la tortura, se bajó el pantalón y la violó por primera vez. Ella siguió en silencio.
- ¿Tu chapa es Mauro?
- No.
- ¿Quién es Mauro?
- No sé.
- ¿Qué sabes?
- Nada.
Los torturadores se pusieron a hacer comentarios sobre el calor de diciembre y lo lindas que eran las comunistas recién llegadas. La volvieron a poner sobre la parrilla y el Guatón Romo la violó otra vez.
- ¿Tu chapa es Mauro?
- No.
El mismo ritual se repitió por cinco días.
“Sentí que mi dignidad dependía de no hablar, por lo mismo me costó mucho perdonar a quienes se quebraron. Con los años, he aprendido que existen distintos tipos de delación, que es diferente quien se vuelve colaborador a quien, ante una situación que no puede soportar, delata. Hoy si ponen frente a mí a uno de mis nietos, tal vez entrego todo lo que sé. Uno de verdad no sabe qué puede o no aguantar. A mí me hicieron cosas terribles, y callé, pero he conocido a gente maravillosa que entregó a un compañero que es detenido desaparecido y sufre hasta hoy por eso”.
El 16 de diciembre de 1974, luego de cinco días en Villa Grimaldi, Holzapfel fue trasladada a un casa de dos pisos en calle Irán 3037, en Macul. Allí se reencontró con Beatriz, maltrecha y herida. Bataszew había caído el 12 de diciembre, un día después que Alejandra, interceptada en un fallido encuentro con otro militante, Mario Peña, y fue llevada de inmediato a Venda Sexy. La fantasía de burlar a la DINA sólo fue eso: una ilusión. Su novio, Dagoberto San Martín, también perseguido, fue cazado por la represión el 17 de diciembre. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Alejandra intuyó, al ver a Beatriz, que le esperaban otros espantos. La residencia estaba llena de miristas, algunos con heridas visibles y la mayoría en extremo delgados.
“Estaba también Laura Ramsay, que había sido sacada hace unos días de Villa Grimaldi. Me extrañó no ver a Carmen Bueno, porque no había vuelto a saber de ella. Después me enteré que ella, que era cineasta, fue asesinada bajo el cargo de haberle regalado una mascota a Miguel Enríquez”.
La cumbia que atormentaba a Alejandra en Villa Grimaldi, fue reemplazada en la Discoteque por música anglo que sonaba durante todo el día para esconder los gritos de quienes eran torturados en el subterráneo. Quienes llegaron ahí fueron vulnerados sexualmente de forma continúa. La brutalidad llegó al extremo de que la mayor de Carabineros Ingrid Olderock entrenó a un pastor alemán ovejero, a quien llamó “Volodia”, para violar a los prisioneros.
- Contra todo lo que se pueda creer ella le había enseñado a violar. Estaba completamente amaestrado por ella, que le daba las órdenes.
¿Es cierta la historia del “perro Volodia”?
-Es cierta, a mí me tocó ser violada así, con ese animal, por eso te lo puedo decir. Es una de las historias más terribles y dolorosas que yo sólo he podido enfrentar hace muy pocos años. Por mucho tiempo no pude sacarlo, me daba una vergüenza terrible.
Ingrid dirigía al animal, mientras los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso. Hombres y mujeres que pasaron por Venda Sexy fueron víctimas de esta atrocidad. Nadie hablaba del tema en la casona, pero tras las sesiones de tortura, las compañeras recibían a sus amigas con más ternura que de costumbre y las acurrucaban para que durmieran un rato. Con los días, se dieron cuenta de que quienes estaban a cargo del centro de detención disminuían las violaciones cuando las prisioneras estaban menstruando, así es que idearon un plan: Las que estaban con el periodo o con una herida sangrante dejaban un paño manchado en el baño, así la que ingresaba se lo ponía. La estrategia irritó a los agentes:
- ¡Otra vez están todas estas huevonas con la regla, hasta cuándo!, se quejaba el general en retiro, Raúl Iturriaga Neumann, que actualmente cumple condena en Punta Peuco.
La resistencia consistía en eso: en no rendirse en medio de la miseria.
“Uno pierde noción del tiempo con la tortura, del día de la noche, de si comíamos o no. Recuerdo que una vez comí una sopa de huesos de pollo y que otra vez nos dieron lentejas con caca y una compañera dijo fuerte: ‘Nos están dando lentejas con caca. Nos las vamos a comer igual, pero ni crean que no lo sabemos’. Era una forma de hacerles saber que no nos estaban engañando. El Venda Sexy fue terrible. Varios compañeros desaparecieron desde ahí también”.
De la Discoteque, Alejandra pasó a Cuatro Álamos, recinto que los militares usaban para que a los detenidos se les borraran las huellas visibles de la tortura. “Desde ahí también desaparecieron gente, pero las condiciones eran menos duras: tuvimos acceso a duchas, por ejemplo”.
Luego de unas semanas, fue llevada a Tres Álamos, donde Nieves Ayrees, quien también había sufrido todos los horrores del aparato represivo pinochetista, le dio un sentido al dolor.
- Había un grupo de detenidas que daba como la bienvenida. Me encuentro con Nieves Ayrees, que es hermana de la Rosita, mi actual socia en la productora, y dice “Oh, la Holzapfel, ¡chiquillas, llegó otra del Liceo 1” y empiezan a cantar, “Eleceí, ceí, ceí”. Y yo pienso “qué está pasando aquí, están todas las locas”. Después entendí la importancia del temple de esas mujeres. Nieves vive ahora en Nueva York, y estoy demasiado agradecida de ella, porque con ella al lado uno no puede caerse. En Cuatro Álamos me llevó a su celda. La llamó “la cueva mágica”, hacía dibujos, siempre nos dibujaba sonriendo. Nos obligaba a conversar sobre lo que nos había pasado. “Ah, a ti también te violaron”. Al final, era raro porque ella lo entendía todo. Y nos hacía hacer obras de teatro, sociabilizar el dolor. Yo, que me sentía sucia, logré ver que a todas nos pasaba eso. Estoy convencida de que ella me enseñó a sobrevivir.
Estando en Tres Álamos, Holzapfel pudo recibir visitas. Su primer encuentro fue con su madre, a quien no había visto en tres meses.
- Mamá, necesito que me traigas antibióticos. Es muy importante.
- ¿Estás enferma?
- Es que…me violaron.
Al escuchar por vez primera esta confesión, su madre se puso pálida, pero entre gemidos, le aseguró a su pequeña de 19 años que todo estaría bien porque que estaban vivas y eso era lo único importante. También le comunicó que pronto podría partir al exilio en Alemania y terminar sus estudios de veterinaria, profesión que, tras las aberraciones sexuales que le infringió Olderock con el perro Volodia, Alejandra nunca más quiso ejercer:
- Debes seguir tus estudios de veterinaria.
- No quiero.
- Ale, debes hacerlo. Es lo que amas y te faltan dos años nomás.
Alejandra la miró sin sacar la voz. Ahora odiaba el contacto con los animales, pero no se atrevió a decírselo. ¿Qué podría haberle dicho sobre lo que vivió en Venda Sexy si no quería ni siquiera recordarlo?
A mediados de 1975, Alejandra fue enviada a la RDA. El arribo fue difícil. Eran tiempos de sospechas. No hablaba el idioma y Berlín estaba lleno de militantes del PC y el PS. Ella era del MIR y el rumor era que los militantes del MIR eran agentes de la CIA que habían propiciado el Golpe.
“Fue súper doloroso. Llegó un momento en que le dije al alemán a cargo que me mandara de vuelta a Tres Álamos. El tipo se espantó y al día siguiente aclaró la situación con todos los chilenos y les dijo ‘Alejandra es una persona de confianza, entonces ella puede hacer lo que quiera’. Ese fue el espaldarazo que necesitaba. Ahí me enviaron a vivir a Potsdam”.
En Potsdam, Holzapfel llegó al edificio en el residían Ángela Jeria -viuda del general Alberto Bachelet- y su hija Michelle. Por más de un año fue vecina de piso de ambas. Ángela la acogió y la acompañó. Fue la dulzura que Alejandra requería para recuperarse y una de las personas que la instó a aceptar los cortejos de Pepe Fuica, con quien se casó y a quien abandonó en 1979 luego de que él frustrara su plan de regresar a combatir al país.
- Me metí en la política de retorno del MIR y él consideraba que era un suicidio. Quise volver el ’79, me estaba preparando para eso, y él fue al consulado de Chile a entregar esta información para impedir que yo retornara.
Alejandra no pudo soportar la traición. Falsificó los pasaportes de sus hijos, con ayuda de una amiga alemana, y huyó con ellos desde Leipzig, donde estaba residiendo desde que había contraído matrimonio. Tomó el tren y llegó hasta la casa de Carlos Liberona en Frankfurt, quien la derivó con Cristián Schmidt, quien sólo le pidió, a cambio de estar en su hogar seis meses con los niños, que le enseñara a manejar.
Recién en 1987, pudo volver con sus hijos al país. Fuica, en tanto, murió en un accidente de tránsito en Alemania sin haber logrado el perdón de Alejandra.
Cuando Holzapfel llegó a Chile comenzó a colaborar con la justicia en los procesos contra quienes la violentaron estando en prisión. Se ha careado con Basclay Zapata, Miguel Krassnoff Martchenko, Lauriani Maturana y Osvaldo Romo.
Ninguno, nunca, le ha pedido perdón.
- Lauriani quiso darme lástima. ‘Tengo familia’, me dijo. Krassnoff fue más prepotente. El guatón Romo se hizo pipí, literalmente. Olderock no pasó un día en la cárcel. Murió en libertad, pero por azar un día, creo que el 88 o el 89, entró a comprar a un minimarket que yo tenía en Valentín Letelier. Afortunadamente no estaba sola y pude echarla y decirle lo que pensaba. Es sanador decirle a alguien ‘aquí estoy, aunque me hiciste esto o lo otro’. Aún así, tengo una gran frustración de saber que los torturadores no reciben el castigo merecido por cada persona a la que hicieron sufrir, que hay que acumular condenas para que pasen tiempo en la cárcel y sobre todo me duele no saber qué pasó con los compañeros que están detenidos desaparecidos. Que aún hoy, a cuarenta años, nos nieguen la verdad es una nueva forma de torturarnos.
Pese a todo, Alejandra sabe que le dobló la mano a la dictadura. Hoy tiene un par de nietos “maravillosos, preciosos y todos los adjetivos lindos que se te puedan ocurrir” y la dignidad, que la DINA trató de quebrantar, intacta.
- Aquí instalaron una política de destrucción de nosotros como seres humanos, y aún así no pudieron conseguirlo. Entonces, cuando somos capaces de reír, de disfrutar la vida, demostramos que no pudieron destruirnos. Pasamos atrocidades, pero somos capaces de ser felices porque somos personas dignas. Nuestros torturadores, no.
http://www.theclinic.cl/2013/09/11/alejandra-holzapfel-y-la-vida-tras-las-torturas-y-las-aberraciones-sexuales-de-la-dictadura/
AL FIN: Traidor Agustín Edwards será citado en investigación que busca procesar a los instigadores del Golpe
Luego que agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos presentaran una querella para dar cuenta de las personas que estaban en conocimiento de este alzamiento militar. El ministro en visita Mario Carroza inició una investigación para dilucidar quienes fueron los instigadores del golpe de Estado de 1973 y con cuánta anterioridad se comenzó a gestar el derrocamiento de Salvador Allende.
Es por ello que el magistrado ordenó como primeras diligencias interrogar en calidad de testigo a Carlos Altamirano, ex secretario general del PS. En tanto, Carroza ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI “ubicar y entrevistar” como testigos a Agustín Edwards Eastman y al abogado y fundador de Patria y Libertad Pablo Rodríguez Grez. Al respecto señaló: “se busca llegar al fondo, el Golpe no es obra sólo y exclusiva de las FF.AA., sino que a una conjura fraguada antes de que Allende asumiera el gobierno”.
Costa – Gavras y la “Vía chilena hacia el socialismo”: Lo imprevisto de la imagen fílmica
Por Carlos Aguirre Aguirre
Una cinta polémica
El estreno en 1970 de la cinta “L’ Aveu” (La Confesión), del cineasta franco-griego Costa – Gavras, será el inicio de una aguda polémica en el seno de la izquierda europea; controversia que pronto tendrá su réplica en nuestro país. El film, protagonizado porYves Montand y Simone Signoret , exhibe la incómoda realidad que vivió de Arthur London, quien fue vice ministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, durante el Proceso de Praga en 1952, juicio donde fue obligado a confesar la autoría de acciones conspirativas que nunca protagonizó. Mediante un relato ficcional, que fue construido con el objeto de lograr una rápida compresión por parte del espectador, Gavras logra acercarnos a la crisis institucional que sufrieron los socialismos reales en la segunda mitad del S.XX.
La polémica desatada por el estreno del film, el cual fue tildado de panfleto anticomunista, despertó el interés de distintos realizadores, quienes vieron en esta cinta, un documento de trascendencia ideológica que permitía abrir un debate que hasta entonces era tabú en muchos círculos de la izquierda tradicional europea. Este es el caso del documentalista Chris Marker, quien en su cortometraje “On vous parle de Prague: Le deuxième procès d’Artur London”, realizado en 1969 pero estrenado dos años después, plantea la importancia política de “L’ Aveu” y la relevancia que tiene la controversia que ésta provocó. En relación a ésto último, en una entrevista realizada en 1972 por la desaparecida revista “Primer Plano”, titulada “Confesiones de Costa Gavras”, al realizador franco-griego comenta que “en Francia, la derecha y la nueva derecha, no recibieron bien la película. Se preguntaron: ¿Qué quiere decir Gavras? Por otra parte, toda la izquierda francesa, y una parte del Partido Comunista, el PC italiano, el belga, el yugoslavo, el español, estuvieron a favor de la película”. Sin embargo, en Chile la cinta tuvo un rechazo en sectores de la izquierda, y una buena recepción en los opositores al gobierno de la Unidad Popular. En la misma entrevista, Gavras indica que aquel apoyo de la “reacción” a “L’ Aveu” se dio en el año 1971, antes de que la cinta fuera estrenada en el país, durante las reñidas elecciones municipales que le dan el triunfo a la UP con el 51% de los votos. El cineasta reconocerá que fue el mismo Helvio Soto quien lo alertó del fenómeno que había provocado la película en Chile. Ese mismo año, el director de “Z” es invitado a un programa de televisión, donde se le da la oportunidad de comentar la historia de la controversial cinta. Posterior a esto, se reúne con Salvador Allende, quien le indica que el filme puede ser exhibido en el país sin problema alguno.
La relación Gavras – Allende: La filmación de “Estado de Sitio”
El sociólogo Tomás Moulian en su texto “Conversación ininterrumpida con Allende”, afirma que el proyecto de la “Vía chilena hacia el socialismo” no se puede analizar como un fenómeno ajeno de la crisis de legitimidad que sufrían los socialismos reales. Esta tesis tiene sustento, cuando se admite que los proyectos emancipatorios que encarnó la ex URSS padecieron trasformaciones burocráticas que eliminaron progresivamente los cimientos políticos que preconizaron en un principio. Aquella realidad histórica, justifica el nacimiento de procesos alternativos de tránsito hacia el socialismo y que fueron tildados de “innovadores” por la izquierda tradicional. Según Moulian “Todos estos experimentos, de alguna manera o en algún momento de su proceso, pretendieron representar una alternativa al modelo burocrático consolidado en la “patria del socialismo””. El papel político que jugará el film de Gavras en Chile, se condice con el dilema que representaba el proyecto ideológico de la Unidad Popular frente a la experiencia de los países de Europa del Este.
Dentro de esta óptica, es que el cineasta franco-griego realiza “L’ Aveu” tomando como base el libro de London “La confesión: en el engranaje del proceso de Praga”. Esto posibilitó que el juicio político que Gavras realiza en su trabajo, tuviera una positiva recepción en el gobierno de le época, situación que lo llevó a filmar “Estado de sitio” en el país y consolidar así una admiración por el proceso chileno. La simpatía que el cineasta sentía por Allende, fue recientemente reconocida en la última edición chilena de “Le Monde diplomatique”, donde recuerda que el primer mandatario al leer el guion de “Estado de Sitio” le señaló que la cinta se tenía que filmar en Chile y que contaba con todo su apoyo para realización de esa tarea.
“Estado de Sitio”, que fue estrenada en 1973 después del Golpe de Estado, narra la relación entre el Movimiento de Libración Nacional-Tupamaros, movimiento guerrillero de izquierda uruguayo, y Philip Santore, agente de la CIA que trabaja para el Ministerio de Interior del país y que dirige una academia de entrenamiento para las fuerzas especiales de distintos países latinoamericanos.
La sorpresiva imagen cinematográfica después de septiembre
En 1977 Chris Marker estrena su documental “Le Fond de l’air est rouge” (El fondo del aire es rojo). En la segunda parte de esta realización, titulada “Las manos cortadas”, se utiliza una filmación de los Juegos Olímpicos de 1952 de Helsinki, donde se muestra a un jinete que ganó la medalla de plata en esa ocasión. Marker, mediante una voz en off, afirma que en esa oportunidad él pensaba que filmaba al campeón de un equipo chileno, admitiendo que en realidad estaba grabando a un golpista. La imagen corresponde a César Mendoza, General Director de Carabineros y miembro de la junta militar que derrocó a Salvador Allende.
Cinco años después, Gavras exhibe “Missing” (Desaparecido), película que muestra la búsqueda de un periodista norteamericano desaparecido durante la dictadura militar que fue integrada por Mendoza. En 1985 el Director General de Carabineros renuncia a la Junta Militar, debido a que la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de la época se ve involucrada en el “Caso Degollados”, referido al asesinato de tres militantes del Partido Comunista.
Cuando se visiona “Estado de Sitio”, se pueden dilucidar los dos objetivos principales que tenía Gavras cuando la filmó. El primero es defender las democracias liberales, logrando victimizarlas frente a la injerencia extranjera estadounidense. El segundo propósito, es posicionar a la cinta como una advertencia para la Unidad Popular, acerca del rol que cumple el Ejército en los países latinoamericanos. Esta película nunca sería vista por Allende.
Finalmente la exhibición de “L’ Aveu” fue posible por la existencia de un puente ideológico entre el filme y el proyecto de la “Vía chilena hacia el socialismo”. Esta situación nunca fue percatada por Gavras, quien incluso no se mostró sorprendido cuando llegó a Chile en el año 1971 y vio los volantes que se lanzaban desde un edificio donde se leía “Prohibir La Confesión”. Circunstancia similar es la de “Estado de Sitio”, donde se muestra el carácter represivo de las intervenciones militares en los países subdesarrollados, y la resistencia armada que se articula producto de estas. En ambos casos, se cumple lo que sostiene Marker cuando se percata que era un golpista a quien grababa y no a un campeón hípico: “Nunca se sabe que es lo que estás filmando”.
http://www.claves.cl/2013/09/13/costa-gavras-y-la-via-chilena-hacia-el-socialismo-lo-imprevisto-de-la-imagen-filmica/
Boinazo
El boinazo fue un hecho ocurrido en Chile el viernes 28 de mayo de 1993, durante la Presidencia de Patricio Aylwin, en donde comandos del Ejército de Chile comandados por Augusto Pinochet se reunieron en las cercanías delPalacio de la Moneda armados y con vestiduras militares de combate, para hacer presión para que no se abriera el caso de los pinocheques, un caso de corrupciónque tenía como protagonistas al mismo Pinochet y especialmente a su hijo mayorAugusto Pinochet Hiriart.
El evento se denominó «boinazo» por las boinas negras de los soldados reunidos.
Antecedentes
Pocos días antes del boinazo, el diario chileno La Nación publicó una noticia con el titular «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet», en alusión al caso de los pinocheques, que ya había sido postergado en 1990 por una presión previa de Pinochet padre y el Ejército, en lo que se conoció como el «ejercicio enlace», ocurrido el 19 de diciembre de ese año.1 2El evento
Pinochet padre inició entonces nuevas presiones para cerrar el caso, esta vez más explícitas, reuniéndose en el Edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos 200 metros del Palacio de la Moneda, con oficiales del Ejército escoltados porsoldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como «el boinazo».1 3Consecuencias
Producto de este evento, y dado que recién se estaba asentando nuevamente la democracia, Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder.1 4
El caso de los pinocheques fue cerrado definitivamente durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien aludió a razón de Estado producto de nuevas presiones de los oficiales de Ejército en 1995, quienes esta vez vestidos de civil, realizaron un «picnic» en las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar acusados porviolaciones a los derechos humanos.1 2
Referencias
- Jump up to:a b c d BBC Mundo (11 de agosto de 2005). «Los conflictos de la familia Pinochet». Consultado el 3 de mayo de 2012.
- ↑ Jump up to:a b El Nacional (29 de septiembre de 2009). «Hijo de Pinochet declara por "Pinocheques"». Consultado el 3 de mayo de 2012.
- Jump up↑ Noticias 24 (29 de septiembre de 2009). «Hijo de Pinochet fue interrogado por presunta malversación». Consultado el 3 de mayo de 2012.
- Jump up↑ Noticias 24 (29 de septiembre de 2009). «Hijo de Pinochet fue interrogado por presunta malversación». Consultado el 3 de mayo de 2012.
http://es.wikipedia.org/wiki/Boinazo
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