| 29-09-2004 |
Ofensiva comunicacional y presiones
El boinazo blanco de Cheyre
No se puede mostrar como una coincidencia el que, en un mismo día –que además es el Día de las Glorias del Ejército-, el Comandante en Jefe use dos de los más potentes medios de comunicación para lanzar sus exigencias de acelerar el fin de los procesos contra los uniformados. Por intermedio de Televisión Nacional y El Mercurio, Juan Emilio Cheyre insistió fuertemente en su tesis del "horizonte judicial" y de la supuesta colaboración prestada por su rama en materia de justicia.
La misma Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán e impuesta por Augusto Pinochet, habla de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes, como lo señala su Artículo 90, pero el actual Comandante en Jefe insiste en ponerse en el límite de ella o francamente atraviesa la línea con el absoluto consentimiento de Ricardo Lagos.
El Mercurio, que tituló su suplemento de reportajes del domingo con un: "No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre", intenta dar primero la impresión de un Cheyre alejado del pasado, separado de la dictadura, pero ya en la entrevista en las páginas D8 y D9 el título se transforma a: "La deuda de los políticos con los militares no está saldada", que puede dar la idea de un emplazamiento a los civiles que azuzaron la intervención militar para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende –que en todo caso no recogieron el guante-, pero que también vuelve a la mañosa interpretación compartida por los militares, la derecha y la Concertación de que en esto "somos todos responsables" y "que la violencia comenzó antes del golpe militar".
Destacando el número de uniformados procesados y condenados, Cheyre señala que "no quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto". Vuelve a tratar de "ficción" la figura del secuestro permanente asumida para juzgar los casos de detenidos desaparecidos y admite que "nosotros sabemos el destino final… ¡Si la persona está muerta!, ¿cómo va a estar secuestrada? Y siguen excavando". Sin embargo sus palabras chocan con la realidad de sus defendidos, como el mismo ex dictador que ha sido apoyado por él, al que fue a visitar en el Hospital Militar el pasado fin de semana y a quien homenajeó con una misa en estos días de aniversarios. Pinochet ha sido el mayor de los obstáculos para el desarrollo veloz de los procesos, con maniobras múltiples de sus defensores y su supuesta enfermedad irrecuperable.
Otro caso de quienes no han colaborado es el de Juan Carlos Salgado Brocal, actual General de División y Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Nacional, quien ha sido llamado a declarar en el caso del Cerro Chena, donde ha afirmado que él estuvo al mando de un sector del cerro donde no le consta que haya existido torturas o ejecuciones de prisioneros. Algo bastante extraño, aunque en eso coincide con otros oficiales, como el actual director de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, que tampoco vio nada extraño. Todo eso se contrapone a los testimonios de sobrevivientes, conscriptos y hasta algunos suboficiales y oficiales que los involucran en los terribles hechos que terminaron con la muerte y desaparición de dirigentes ferroviarios de San Bernardo y campesinos de Paine. Además, aprovechando su paso como Juez Militar de Santiago al ser Comandante de la Segunda División, obstaculizó cada vez que pudo la investigación de la jueza especial Cecilia Flores, titular del Juzgado de Letras de San Bernardo a cargo del proceso por el Cerro Chena, quien debía solicitar su autorización cada vez que deseaba ingresar a terrenos militares para continuar su investigación. Tras reiteradas quejas de Salgado, que se tradujeron en amonestaciones de parte de sus superiores, Cecilia Flores fue sacada del caso.
Si un hombre tan cercano tiene estos gestos, no aparece como creíble la afirmación de Cheyre sobre la colaboración de su rama con la Justicia.
La ofensiva comunicacional
Si bien Cheyre no entrega opiniones muy nuevas en la materia, el momento en que sale a la palestra –cuando se conmemoran las Glorias del Ejército-, parece tener la complacencia explícita del gobierno. De hecho, ni Lagos ni Bachelet fueron tomados por sorpresa con las declaraciones del uniformado, como tampoco parecieron molestos ante la evidente intervención del militar en ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial.
A pesar de algunas voces en contra, como un destemplado Frei Ruiz-Tagle que pretendió hacer noticia dando órdenes de callar, no se ha visto a los parlamentarios intentar reunir el mínimo de 10 diputados que presenten una acusación constitucional contra el Comandante en Jefe que "compromete gravemente el honor de su institución… y de la nación" al defender y homenajear a un procesado por violaciones a los derechos humanos que, además, se hizo rico mientras ejercía el mismo grado que ostenta hoy Cheyre.
¿Era necesaria tanta exposición en los medios? ¿No existe un conducto regular por el que pueda expresar sus quejas el Comandante en Jefe del Ejército? Lo real es que el accionar de Cheyre viene siendo concertado con la ministra de Defensa y el Presidente de la República en cada acción tendiente a conformar una supuesta reconciliación nacional, al menos en los golpes de efectos que han dado con los homenajes al General Prats, al General Schneider o al mismo padre de la ministra.
La ofensiva sigue insistiendo en un solo objetivo: alcanzar el máximo de impunidad.
Presiones en Tribunales
Al cierre de nuestra edición el ministro Juan Guzmán había dado con la ubicación de los rieles utilizados, probablemente, para adosarlos a los pies de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1976, como forma de culminar sus crímenes en la desaparición de los cuerpos. El hecho volvía a impactar a Chile, especialmente a la gente más involucrada en la defensa de los Derechos Humanos, y se transformaban en un golpe a las palabras de Cheyre. Sin embargo, el mismo juez Guzmán aún no fijaba fecha y lugar para el interrogatorio a Augusto Pinochet luego del retraso en la devolución de los antecedentes del caso por parte del ministro Carlos Villarroel, quien sólo aceleró el traspaso luego de una queja formal de los abogados querellantes.
Las presiones militares al interior del Poder Judicial no son nuevas y en este último tiempo también han afectado a ministros como Alberto Chaigneau, de la Sala Penal, que está viendo el caso de Miguel Angel Sandoval, clave en cuanto a la aplicación o no de la Ley de Amnistía y su posterior uso en todos los casos de detenidos desaparecidos.
Las presiones también alcanzan a quienes se convirtieron en los más estrechos colaboradores de los jueces a cargo de los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, los integrantes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones (ver recuadro).
Las reacciones
Mientras Lavín insiste en apoyar a Cheyre, sin hacerse cargo del emplazamiento a los civiles realizado por el alto uniformado, otros dirigentes de la derecha han permanecido más cautos ante el tema refiriéndose sólo al entrampamiento del proyecto de ley en el Congreso, y la Concertación salió de un primer momento sin reacción para dar paso a voces no del todo unificadas.
Por su parte, las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fueron a entregarle una carta a Cheyre, en la que señalan que "manifestamos nuestra profunda preocupación ante el nuevo intento del Comandante en Jefe del Ejército por poner ‘al ladrón detrás del juez’, con esta actitud se pretende una vez más avanzar en la negación de justicia, en el entregar otra cuota más de impunidad.
Nosotros, sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, somos los primeros interesados en que se avance en la búsqueda de la verdad y que se haga justicia definitivamente. Esto no ha sido posible hasta hoy, porque en primer término los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos no asumen su responsabilidad, no cooperan con la justicia, y con el proceso de verdad. No podrá haber un mañana, que garantice un ‘nunca más’ si no hay verdad y en consecuencia justicia".
La diputada Pamela Pereira y la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz coincidieron en señalar que "ahora, que se esté pensando fórmulas como para poder terminar con los procesos, parece increíble. Aquí lo que se debiera hacer es seguir insistiendo en que se entregue toda la información para esclarecer todos los casos".
El trasfondo de los dichos del general Cheyre tienen destinatarios claros, los parlamentarios y los jueces, pero dejan en la nebulosa las intenciones de ampliar la impunidad para aquellos que "sirvieron a la patria, liberándola del cáncer marxista".Las medidas consensuadas
Si bien desde el conglomerado oficialista no ha habido una opinión única sobre las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, desde el gobierno –con exclusión del ministro Insulza-, las señales han sido positivas y encaminadas a buscar una rápida solución a las quejas del uniformado.
El mismo Ricardo Lagos, poco antes de viajar a Estados Unidos y México, adelantó su disposición a "dictar una nueva legislación para agilizar los juicios de derechos humanos", a lo que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, añadió que "la fórmula específica no está detallada ni caracterizada, pero el gobierno y el propio Presidente están disponibles para buscar una fórmula que permita avanzar más rápido en la resolución de temas judiciales pendientes".
Posteriormente, todo tuvo que ser explicado por José Miguel Insulza, quien señaló que existía "la posibilidad de que algunos delitos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal sean juzgados con ese sistema", cosa que estaría estudiando el ministerio de Justicia hace ya algunos meses. El sistema, que debería entrar en vigencia en julio de 2005 en todo el país, da un máximo de dos años para el cierre de los procesos y podría aplicarse a los casos de violaciones a los Derechos Humanos por el denominado "principio pro reo", que se aplica en el caso de que una reforma a la ley beneficie al procesado.
Si bien esta salida es compleja, podría ser aplicada mediante algunos de estos tecnicismos, lo que para algunos abogados sería impresentable –como dijo Pamela Pereira-, pues apunta directamente a un punto final; aunque para otros podría significar un avance, pues –como señala Eduardo Contreras-, lo que más han buscado los abogados de Derechos Humanos es justamente acortar los procesos y llegar a condenas en el más rápido tiempo posible. El mismo abogado se encarga de recalcar que, al contrario de lo que dice Cheyre, son los mismos militares los que alargan la investigación con maniobras dilatorias como las que aplica la defensa de Augusto Pinochet.
Acelerando el proyecto de DD.HH.
El mismo Insulza, desde su cargo de Vicepresidente, despejó el camino de otra de las exigencias de Cheyre: la de la aceleración de los proyectos presentados por Lagos para rebajar las penas de los violadores de Derechos Humanos que colaboren en la entrega de información sobre el destino de los desaparecidos.
Depende del gobierno el que se otorgue urgencia a la tramitación de los proyectos, que se han entrampado en las diferencias entre el PS y la UDI por la definición exacta de a quiénes se los otorgaría el beneficio. Las exigencias de Cheyre apuntan a reponer el articulado inicial del proyecto, que daba una amplia interpretación para identificar a los posibles beneficiados con la rebaja, cosa que Insulza admite que evaluará con los senadores para llegar a algún acuerdo y despachar con rapidez, "porque para nosotros lo importante no es tanto el instrumento, sino más bien el objetivo que se persigue", según señala.
Jaime Gazmuri, senador y vicepresidente del Partido Socialista, ablandó la posición de sus camaradas al señalar que "tenemos ya un compromiso legislativo, que tomó el gobierno con la mesa del Senado y las diferentes bancadas, sobre qué proyectos vamos a aprobar durante este año y éste es uno de los que quisiéramos apoyar".
La desarticulación del Departamento Quinto
Otra de las medidas que ha ido tomando el gobierno, en concordancia con las ideas de Cheyre, es el de la desarticulación de lo que fuera el Departamento Quinto de Investigaciones, creado específicamente para dedicarse a la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, idea que surgió con el primer Director General de la policía civil que asumió tras el fin de la dictadura, el general (R) Horacio Toro –que sería desbancado por una maniobra de los servicios de seguridad uniformados-, y asumido por el prefecto Luis Henríquez, quien se desempeñaría como jefe y formador de los jóvenes policías que fueron destinados a dicho organismo. No sin dificultades internas, como el aislamiento de parte de muchos de sus colegas y la falta de recursos, el Departamento Quinto continuó desarrollándose bajo la dirección de Nelson Mery, logrando grandes avances en los procesos de Derechos Humanos y acompañando la labor de ministros como Juan Guzmán, quien ha destacado siempre su aporte profesional.
En el último tiempo, con la salida de Mery y la elección por parte de Ricardo Lagos de Arturo Herrera Verdugo como nuevo Director General, la situación se ha vuelto, por decir lo menos, incómoda. Las redestinaciones y cambios al interior del Departamento Quinto han estado a la orden del día luego de la asunción del ex jefe de gabinete de Ernesto Baeza, designado a cargo de Investigaciones por Pinochet.
Así, por ejemplo, se les ha indicado a los jueces que trabajen con nuevos colaboradores y no con los más avezados del organismo policial, mientras algunos de éstos son involucrados en extrañas situaciones, como la salida del ministro Daniel Calvo del Caso Spiniak, para quitarles la autoridad moral que tienen al interior de Investigaciones.
Frente a todos estos indicios no se puede evitar la pregunta: ¿fueron sorprendidos el Presidente Lagos y la ministra Bachelet con las declaraciones de Cheyre?
Carta abierta del PC a Cheyre
Señor Comandante en Jefe del Ejército
General Juan Emilio Cheyre
De nuestra consideración:
Ante los diversos pronunciamientos que usted ha realizado en el marco de la celebración de la Independencia Nacional, hemos considerado necesario dirigirnos a usted para exponerle nuestras apreciaciones y nuestros planteamientos respecto de sus dichos.
Ninguna de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha tenido los espacios y la oportunidad para exponer sus argumentos al país, como los que usted ha tenido. Es una forma reiterada de actuar, como representante de un poder de facto, que interviene, incide y presiona para alcanzar sus objetivos sobre la sociedad.
Por la forma como usted expone el origen del golpe del 11 de septiembre de 1973, que a nuestro parecer tergiversa la historia, y por el hecho de ostentar el poder de las armas, que transforma en presión ilegítima su postura sobre la forma como se llevan adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, esto adquiere especial connotación y gravedad.
Usted reitera que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, sobre el gobierno civil y constitucional de Salvador Allende, fue causado por una especie de desvarío que involucró a toda la sociedad, y en especial a la sociedad política. Sin embargo, salvo en un documento emanado de la autoproclamada "mesa de diálogo", que es producto de una negociación política y no de la verdad histórica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo hay duda alguna de que el golpe militar fue urdido con antelación al triunfo electoral de la Unidad Popular y desde antes que Salvador Allende asumiera el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos y el financiamiento de organismos de inteligencia norteamericanos, que tuvieron en la derecha chilena, y en sectores del llamado centro político, apoyo y estrecha alianza conspirativa.
La historia demuestra que en las acciones desestabilizadoras previas al golpe jugaron un papel no menor, altos jefes militares de la época.
Las violaciones a los derechos humanos en nuestro país comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y continuaron durante los años posteriores, a través del ejercicio de un poder absoluto sobre la sociedad y sobre el pueblo, con prácticas terroristas desde el Estado. En esa acción jugaron un papel relevante cuadros militares de todas las ramas castrenses y policiales.
Efectivamente, hay responsabilidades institucionales que no se pueden negar. Los mandos que aplicaron el terrorismo de estado en Chile, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual no hay constancia haya sido desechada, deben responder ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Ambos hechos fueron la base para que durante años la Asamblea de Naciones Unidas condenara a la dictadura de Pinochet. Y eso, como verdad histórica, no ha cambiado.
Usted manifiesta su preocupación porque algunos uniformados responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran sujetos a proceso y sus juicios se estarían prolongando innecesariamente y acusa a la sociedad civil de estarlos victimizando. Curiosamente, esta acusación, del máximo Jefe Militar, se produce cuando la Corte Suprema debe dirimir si aplica o no la Ley de Amnistía dictada por Pinochet y se discute en el Senado una ley de rebajas de pena, que nos parece aberrante, para responsables de violaciones a los derechos humanos.
La "prolongación de los procesos", hecho que no tiene comparación con el vía crucis sufrido durante décadas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, tiene su origen sólo en la negativa de las FF.AA. ante las exigencias de verdad y justicia que les plantea la sociedad chilena y el mundo.
Es hora de que las Fuerzas Armadas escuchen las exigencias nacionales e internacionales para que entreguen todos los antecedentes respecto de las detenciones, desapariciones y ejecuciones que se cometieron bajo la dictadura militar. Las razones que se esgrimen para eximirse de tal deber no tienen justificación alguna y representan una falta de ética insoportable para el futuro de la Nación
Ya no se justifica que en Chile sigamos viviendo presionados por el poder de las armas como forma de mantener la impunidad. Ya es hora de que el Alto Mando se desvincule definitivamente de quienes violaron los derechos humanos y de quienes ordenaron el Genocidio usando el poder militar, incluyendo al ex general Pinochet. El ocultamiento reiterativo de la verdad y la tergiversación de la historia sólo tiene una finalidad: la impunidad para los crímenes de lesa humanidad.
Señor General: no nos mueve el odio ni afán de venganza alguno. Necesitamos de la convivencia democrática real entre civiles y militares. Necesitamos Fuerzas Armadas con una doctrina que privilegie su accionar de Paz en función de los intereses nacionales, que sea un ejemplo para las futuras generaciones. Invocamos razones de verdad y justicia para que esto sea posible.
Sólo cuando la verdad y la justicia emerjan diáfanas, como un sentimiento de grandeza que impregne todo el acontecer de la Patria, podremos hablar de iguales en una sociedad democrática, no excluyente y libre de los temores que la agobian.
Atte.
Guillermo Teillier
Secretario General
Partido Comunista de Chile
Santiago, 21 de septiembre de 2004.
La misma Constitución de 1980, ideada por Jaime Guzmán e impuesta por Augusto Pinochet, habla de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes, como lo señala su Artículo 90, pero el actual Comandante en Jefe insiste en ponerse en el límite de ella o francamente atraviesa la línea con el absoluto consentimiento de Ricardo Lagos.
El Mercurio, que tituló su suplemento de reportajes del domingo con un: "No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre", intenta dar primero la impresión de un Cheyre alejado del pasado, separado de la dictadura, pero ya en la entrevista en las páginas D8 y D9 el título se transforma a: "La deuda de los políticos con los militares no está saldada", que puede dar la idea de un emplazamiento a los civiles que azuzaron la intervención militar para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende –que en todo caso no recogieron el guante-, pero que también vuelve a la mañosa interpretación compartida por los militares, la derecha y la Concertación de que en esto "somos todos responsables" y "que la violencia comenzó antes del golpe militar".
Destacando el número de uniformados procesados y condenados, Cheyre señala que "no quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto". Vuelve a tratar de "ficción" la figura del secuestro permanente asumida para juzgar los casos de detenidos desaparecidos y admite que "nosotros sabemos el destino final… ¡Si la persona está muerta!, ¿cómo va a estar secuestrada? Y siguen excavando". Sin embargo sus palabras chocan con la realidad de sus defendidos, como el mismo ex dictador que ha sido apoyado por él, al que fue a visitar en el Hospital Militar el pasado fin de semana y a quien homenajeó con una misa en estos días de aniversarios. Pinochet ha sido el mayor de los obstáculos para el desarrollo veloz de los procesos, con maniobras múltiples de sus defensores y su supuesta enfermedad irrecuperable.
Otro caso de quienes no han colaborado es el de Juan Carlos Salgado Brocal, actual General de División y Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Nacional, quien ha sido llamado a declarar en el caso del Cerro Chena, donde ha afirmado que él estuvo al mando de un sector del cerro donde no le consta que haya existido torturas o ejecuciones de prisioneros. Algo bastante extraño, aunque en eso coincide con otros oficiales, como el actual director de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, que tampoco vio nada extraño. Todo eso se contrapone a los testimonios de sobrevivientes, conscriptos y hasta algunos suboficiales y oficiales que los involucran en los terribles hechos que terminaron con la muerte y desaparición de dirigentes ferroviarios de San Bernardo y campesinos de Paine. Además, aprovechando su paso como Juez Militar de Santiago al ser Comandante de la Segunda División, obstaculizó cada vez que pudo la investigación de la jueza especial Cecilia Flores, titular del Juzgado de Letras de San Bernardo a cargo del proceso por el Cerro Chena, quien debía solicitar su autorización cada vez que deseaba ingresar a terrenos militares para continuar su investigación. Tras reiteradas quejas de Salgado, que se tradujeron en amonestaciones de parte de sus superiores, Cecilia Flores fue sacada del caso.
Si un hombre tan cercano tiene estos gestos, no aparece como creíble la afirmación de Cheyre sobre la colaboración de su rama con la Justicia.
La ofensiva comunicacional
Si bien Cheyre no entrega opiniones muy nuevas en la materia, el momento en que sale a la palestra –cuando se conmemoran las Glorias del Ejército-, parece tener la complacencia explícita del gobierno. De hecho, ni Lagos ni Bachelet fueron tomados por sorpresa con las declaraciones del uniformado, como tampoco parecieron molestos ante la evidente intervención del militar en ámbitos de los poderes Legislativo y Judicial.
A pesar de algunas voces en contra, como un destemplado Frei Ruiz-Tagle que pretendió hacer noticia dando órdenes de callar, no se ha visto a los parlamentarios intentar reunir el mínimo de 10 diputados que presenten una acusación constitucional contra el Comandante en Jefe que "compromete gravemente el honor de su institución… y de la nación" al defender y homenajear a un procesado por violaciones a los derechos humanos que, además, se hizo rico mientras ejercía el mismo grado que ostenta hoy Cheyre.
¿Era necesaria tanta exposición en los medios? ¿No existe un conducto regular por el que pueda expresar sus quejas el Comandante en Jefe del Ejército? Lo real es que el accionar de Cheyre viene siendo concertado con la ministra de Defensa y el Presidente de la República en cada acción tendiente a conformar una supuesta reconciliación nacional, al menos en los golpes de efectos que han dado con los homenajes al General Prats, al General Schneider o al mismo padre de la ministra.
La ofensiva sigue insistiendo en un solo objetivo: alcanzar el máximo de impunidad.
Presiones en Tribunales
Al cierre de nuestra edición el ministro Juan Guzmán había dado con la ubicación de los rieles utilizados, probablemente, para adosarlos a los pies de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1976, como forma de culminar sus crímenes en la desaparición de los cuerpos. El hecho volvía a impactar a Chile, especialmente a la gente más involucrada en la defensa de los Derechos Humanos, y se transformaban en un golpe a las palabras de Cheyre. Sin embargo, el mismo juez Guzmán aún no fijaba fecha y lugar para el interrogatorio a Augusto Pinochet luego del retraso en la devolución de los antecedentes del caso por parte del ministro Carlos Villarroel, quien sólo aceleró el traspaso luego de una queja formal de los abogados querellantes.
Las presiones militares al interior del Poder Judicial no son nuevas y en este último tiempo también han afectado a ministros como Alberto Chaigneau, de la Sala Penal, que está viendo el caso de Miguel Angel Sandoval, clave en cuanto a la aplicación o no de la Ley de Amnistía y su posterior uso en todos los casos de detenidos desaparecidos.
Las presiones también alcanzan a quienes se convirtieron en los más estrechos colaboradores de los jueces a cargo de los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, los integrantes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones (ver recuadro).
Las reacciones
Mientras Lavín insiste en apoyar a Cheyre, sin hacerse cargo del emplazamiento a los civiles realizado por el alto uniformado, otros dirigentes de la derecha han permanecido más cautos ante el tema refiriéndose sólo al entrampamiento del proyecto de ley en el Congreso, y la Concertación salió de un primer momento sin reacción para dar paso a voces no del todo unificadas.
Por su parte, las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fueron a entregarle una carta a Cheyre, en la que señalan que "manifestamos nuestra profunda preocupación ante el nuevo intento del Comandante en Jefe del Ejército por poner ‘al ladrón detrás del juez’, con esta actitud se pretende una vez más avanzar en la negación de justicia, en el entregar otra cuota más de impunidad.
Nosotros, sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, somos los primeros interesados en que se avance en la búsqueda de la verdad y que se haga justicia definitivamente. Esto no ha sido posible hasta hoy, porque en primer término los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos no asumen su responsabilidad, no cooperan con la justicia, y con el proceso de verdad. No podrá haber un mañana, que garantice un ‘nunca más’ si no hay verdad y en consecuencia justicia".
La diputada Pamela Pereira y la dirigenta de la AFDD Viviana Díaz coincidieron en señalar que "ahora, que se esté pensando fórmulas como para poder terminar con los procesos, parece increíble. Aquí lo que se debiera hacer es seguir insistiendo en que se entregue toda la información para esclarecer todos los casos".
El trasfondo de los dichos del general Cheyre tienen destinatarios claros, los parlamentarios y los jueces, pero dejan en la nebulosa las intenciones de ampliar la impunidad para aquellos que "sirvieron a la patria, liberándola del cáncer marxista".Las medidas consensuadas
Si bien desde el conglomerado oficialista no ha habido una opinión única sobre las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, desde el gobierno –con exclusión del ministro Insulza-, las señales han sido positivas y encaminadas a buscar una rápida solución a las quejas del uniformado.
El mismo Ricardo Lagos, poco antes de viajar a Estados Unidos y México, adelantó su disposición a "dictar una nueva legislación para agilizar los juicios de derechos humanos", a lo que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, añadió que "la fórmula específica no está detallada ni caracterizada, pero el gobierno y el propio Presidente están disponibles para buscar una fórmula que permita avanzar más rápido en la resolución de temas judiciales pendientes".
Posteriormente, todo tuvo que ser explicado por José Miguel Insulza, quien señaló que existía "la posibilidad de que algunos delitos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal sean juzgados con ese sistema", cosa que estaría estudiando el ministerio de Justicia hace ya algunos meses. El sistema, que debería entrar en vigencia en julio de 2005 en todo el país, da un máximo de dos años para el cierre de los procesos y podría aplicarse a los casos de violaciones a los Derechos Humanos por el denominado "principio pro reo", que se aplica en el caso de que una reforma a la ley beneficie al procesado.
Si bien esta salida es compleja, podría ser aplicada mediante algunos de estos tecnicismos, lo que para algunos abogados sería impresentable –como dijo Pamela Pereira-, pues apunta directamente a un punto final; aunque para otros podría significar un avance, pues –como señala Eduardo Contreras-, lo que más han buscado los abogados de Derechos Humanos es justamente acortar los procesos y llegar a condenas en el más rápido tiempo posible. El mismo abogado se encarga de recalcar que, al contrario de lo que dice Cheyre, son los mismos militares los que alargan la investigación con maniobras dilatorias como las que aplica la defensa de Augusto Pinochet.
Acelerando el proyecto de DD.HH.
El mismo Insulza, desde su cargo de Vicepresidente, despejó el camino de otra de las exigencias de Cheyre: la de la aceleración de los proyectos presentados por Lagos para rebajar las penas de los violadores de Derechos Humanos que colaboren en la entrega de información sobre el destino de los desaparecidos.
Depende del gobierno el que se otorgue urgencia a la tramitación de los proyectos, que se han entrampado en las diferencias entre el PS y la UDI por la definición exacta de a quiénes se los otorgaría el beneficio. Las exigencias de Cheyre apuntan a reponer el articulado inicial del proyecto, que daba una amplia interpretación para identificar a los posibles beneficiados con la rebaja, cosa que Insulza admite que evaluará con los senadores para llegar a algún acuerdo y despachar con rapidez, "porque para nosotros lo importante no es tanto el instrumento, sino más bien el objetivo que se persigue", según señala.
Jaime Gazmuri, senador y vicepresidente del Partido Socialista, ablandó la posición de sus camaradas al señalar que "tenemos ya un compromiso legislativo, que tomó el gobierno con la mesa del Senado y las diferentes bancadas, sobre qué proyectos vamos a aprobar durante este año y éste es uno de los que quisiéramos apoyar".
La desarticulación del Departamento Quinto
Otra de las medidas que ha ido tomando el gobierno, en concordancia con las ideas de Cheyre, es el de la desarticulación de lo que fuera el Departamento Quinto de Investigaciones, creado específicamente para dedicarse a la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, idea que surgió con el primer Director General de la policía civil que asumió tras el fin de la dictadura, el general (R) Horacio Toro –que sería desbancado por una maniobra de los servicios de seguridad uniformados-, y asumido por el prefecto Luis Henríquez, quien se desempeñaría como jefe y formador de los jóvenes policías que fueron destinados a dicho organismo. No sin dificultades internas, como el aislamiento de parte de muchos de sus colegas y la falta de recursos, el Departamento Quinto continuó desarrollándose bajo la dirección de Nelson Mery, logrando grandes avances en los procesos de Derechos Humanos y acompañando la labor de ministros como Juan Guzmán, quien ha destacado siempre su aporte profesional.
En el último tiempo, con la salida de Mery y la elección por parte de Ricardo Lagos de Arturo Herrera Verdugo como nuevo Director General, la situación se ha vuelto, por decir lo menos, incómoda. Las redestinaciones y cambios al interior del Departamento Quinto han estado a la orden del día luego de la asunción del ex jefe de gabinete de Ernesto Baeza, designado a cargo de Investigaciones por Pinochet.
Así, por ejemplo, se les ha indicado a los jueces que trabajen con nuevos colaboradores y no con los más avezados del organismo policial, mientras algunos de éstos son involucrados en extrañas situaciones, como la salida del ministro Daniel Calvo del Caso Spiniak, para quitarles la autoridad moral que tienen al interior de Investigaciones.
Frente a todos estos indicios no se puede evitar la pregunta: ¿fueron sorprendidos el Presidente Lagos y la ministra Bachelet con las declaraciones de Cheyre?
Carta abierta del PC a Cheyre
Señor Comandante en Jefe del Ejército
General Juan Emilio Cheyre
De nuestra consideración:
Ante los diversos pronunciamientos que usted ha realizado en el marco de la celebración de la Independencia Nacional, hemos considerado necesario dirigirnos a usted para exponerle nuestras apreciaciones y nuestros planteamientos respecto de sus dichos.
Ninguna de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha tenido los espacios y la oportunidad para exponer sus argumentos al país, como los que usted ha tenido. Es una forma reiterada de actuar, como representante de un poder de facto, que interviene, incide y presiona para alcanzar sus objetivos sobre la sociedad.
Por la forma como usted expone el origen del golpe del 11 de septiembre de 1973, que a nuestro parecer tergiversa la historia, y por el hecho de ostentar el poder de las armas, que transforma en presión ilegítima su postura sobre la forma como se llevan adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, esto adquiere especial connotación y gravedad.
Usted reitera que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, sobre el gobierno civil y constitucional de Salvador Allende, fue causado por una especie de desvarío que involucró a toda la sociedad, y en especial a la sociedad política. Sin embargo, salvo en un documento emanado de la autoproclamada "mesa de diálogo", que es producto de una negociación política y no de la verdad histórica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo hay duda alguna de que el golpe militar fue urdido con antelación al triunfo electoral de la Unidad Popular y desde antes que Salvador Allende asumiera el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos y el financiamiento de organismos de inteligencia norteamericanos, que tuvieron en la derecha chilena, y en sectores del llamado centro político, apoyo y estrecha alianza conspirativa.
La historia demuestra que en las acciones desestabilizadoras previas al golpe jugaron un papel no menor, altos jefes militares de la época.
Las violaciones a los derechos humanos en nuestro país comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y continuaron durante los años posteriores, a través del ejercicio de un poder absoluto sobre la sociedad y sobre el pueblo, con prácticas terroristas desde el Estado. En esa acción jugaron un papel relevante cuadros militares de todas las ramas castrenses y policiales.
Efectivamente, hay responsabilidades institucionales que no se pueden negar. Los mandos que aplicaron el terrorismo de estado en Chile, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual no hay constancia haya sido desechada, deben responder ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Ambos hechos fueron la base para que durante años la Asamblea de Naciones Unidas condenara a la dictadura de Pinochet. Y eso, como verdad histórica, no ha cambiado.
Usted manifiesta su preocupación porque algunos uniformados responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran sujetos a proceso y sus juicios se estarían prolongando innecesariamente y acusa a la sociedad civil de estarlos victimizando. Curiosamente, esta acusación, del máximo Jefe Militar, se produce cuando la Corte Suprema debe dirimir si aplica o no la Ley de Amnistía dictada por Pinochet y se discute en el Senado una ley de rebajas de pena, que nos parece aberrante, para responsables de violaciones a los derechos humanos.
La "prolongación de los procesos", hecho que no tiene comparación con el vía crucis sufrido durante décadas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, tiene su origen sólo en la negativa de las FF.AA. ante las exigencias de verdad y justicia que les plantea la sociedad chilena y el mundo.
Es hora de que las Fuerzas Armadas escuchen las exigencias nacionales e internacionales para que entreguen todos los antecedentes respecto de las detenciones, desapariciones y ejecuciones que se cometieron bajo la dictadura militar. Las razones que se esgrimen para eximirse de tal deber no tienen justificación alguna y representan una falta de ética insoportable para el futuro de la Nación
Ya no se justifica que en Chile sigamos viviendo presionados por el poder de las armas como forma de mantener la impunidad. Ya es hora de que el Alto Mando se desvincule definitivamente de quienes violaron los derechos humanos y de quienes ordenaron el Genocidio usando el poder militar, incluyendo al ex general Pinochet. El ocultamiento reiterativo de la verdad y la tergiversación de la historia sólo tiene una finalidad: la impunidad para los crímenes de lesa humanidad.
Señor General: no nos mueve el odio ni afán de venganza alguno. Necesitamos de la convivencia democrática real entre civiles y militares. Necesitamos Fuerzas Armadas con una doctrina que privilegie su accionar de Paz en función de los intereses nacionales, que sea un ejemplo para las futuras generaciones. Invocamos razones de verdad y justicia para que esto sea posible.
Sólo cuando la verdad y la justicia emerjan diáfanas, como un sentimiento de grandeza que impregne todo el acontecer de la Patria, podremos hablar de iguales en una sociedad democrática, no excluyente y libre de los temores que la agobian.
Atte.
Guillermo Teillier
Secretario General
Partido Comunista de Chile
Santiago, 21 de septiembre de 2004.
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