15 de los 22 hombres y mujeres acusados por el Gobierno de provocar desórdenes, destruir instalaciones y obstruir el libre tránsito el pasado 14 de marzo son habitantes de Chacabuco. Algunos de ellos participaban en un cortejo fúnebre que esa tarde regresaba del cementerio de Aysén. Aquí reconstruimos esos minutos a través de sus testimonios.
La tarde ya declaradamente fría del miércoles 14 de marzo en la región de Aysén fue la jornada elegida por el Ministerio del Interior y sus asesores legales para identificar a las 22 víctimas de un castigo que hace días venía preparando para quebrar la firme resistencia en esa atormentada zona de la Patagonia chilena: la Ley de Seguridad del Estado.
15 de los 22 hombres y mujeres acusados bajo ese cuerpo legal de provocar desórdenes, alterar la tranquilidad, promover o destruir instalaciones y obstruir el libre tránsito de las personas, son viejos vecinos de Puerto Chacabuco .
Esa localidad ubicada a 15 kilómetros de Puerto Aysén, donde sus 1.600 habitantes se conocen más por sus apodos que por sus nombres y apellidos, amaneció de luto ese miércoles 14.
El octogenario vecino José Facundo Chiguay había muerto y ese día, después de almuerzo, tras rezarle los últimos rosarios y honrarlo con los rituales litúrgicos “que manda Dios” en la Iglesia de Puerto Chacabuco, centenares de familiares, amigos y conocidos se disponían a acompañar al difunto en un cortejo fúnebre que lo llevaría a Puerto Aysén, donde los chacabucanos, a falta de cementerio, suelen despedir a sus muertos.
La carroza fúnebre ingresó a Puerto Aysén a eso de las 17:00 horas, seguida de una treintena de autos, camionetas y buses dispuestos por la familia del difunto para transportar a los deudos. Todos ibanidentificados con una cinta negra. Esa era la señal para que los jefes de las barricadas en Aysén permitieran el desplazamiento del cortejo en una jornada que se anunciaba compleja. Entrar no fue un problema.
A esa misma hora los dirigentes del movimiento social Aysén Tu Problema es Mi Problema se encontraban a 59 kilómetros de allí, en la escuela Pedro Quintana Mancilla de Coyhaique, esperando al ministro de Energía Rodrigo Álvarez y a otras autoridades que nunca llegaron al encuentro.
Quienes sí cayeron por sorpresa a esa misma hora en los principales campamentos de Puerto Aysén fueron lasFuerzas Especiales de Carabineros, que se encontraron con un escenario inmejorable para actuar: los hombres se encontraban en su mayoría apoyando a la mesa negociadora que esperaba al ministro en Coyhaique y, en Puerto Aysé,n las mujeres y los niños estaban solos en los campamentos, preparando las comidas de la tarde.
Según el relato de vecinos y observadores de derechos humanos, lo que ocurrió allí fue brutal. Mujeres golpeadas; niños maltratados. Los vecinos de Aysén salieron en su defensa y comenzó una de las jornadas más violentas en lo que va de la crisis. La elección de esa jornada para aplicar la Ley se Seguridad del Estado no fue casual.
El funeral
La noticia de los disparos, de los gases lacrimógenos, de los guanacos lanzando agua, de las Fuerzas Especiales arrasando con todo y de los disturbios que convulsionaban el puente en la ruta 240, no tardó en llegar al cementerio de Puerto Aysén, donde eran despedidos los restos de José Facundo Chiguay.
La noticia de los disparos, de los gases lacrimógenos, de los guanacos lanzando agua, de las Fuerzas Especiales arrasando con todo y de los disturbios que convulsionaban el puente en la ruta 240, no tardó en llegar al cementerio de Puerto Aysén, donde eran despedidos los restos de José Facundo Chiguay.
Los deudos salieron apresuradamente del campo santo. Temían que a causa de los desórdenes no pudieran regresar a Puerto Chacabuco (hay que cruzar el disputado Puente Ibañez para llegar a la localidad), pese a las cintas negras que los identificaban. Entre ellos estaban Elisa Cuyul (43 años), dueña de casa y madre de cuatro hijos y Guillermina Cayún (49 años). Ambas integran la lista de los 22 acusados por la Ley de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Nadie sabe. Ella no se lo explican.
“El difunto era papá de mi compadre. Por eso los acompañé en el velorio, en la Iglesia de Chacabuco y después me fui al cementario de Puerto Aysén en uno de los buses que puso la familia. De ahí salí corriendo, porque ya había movimiento. Crucé el puente de vuelta a Chacabuco en la camioneta de una cuñada. Llevábamos niños y por suerte alcanzamos a cruzar. El viernes supe que estaba en la lista, y que también estaba mi marido (Ramón Navarro), que se quedó en Chacabuco cuidando a nuestros hijos de entre 5 y 18 años para que yo pudiera ir al funeral. También está mi cuñado Jorge Navarro. Se han ido en contra de las personas equivocadas”, dice Guillermina Cayún.
Pero esa tarde todo está revuelto. Como Guillermina y Elisa Cuyul, Clara Gallardo y Olaya Jaramillo estaban en el funeral y, aunque básicamente realizaron el mismo recorrido que las primeras, corrieron con mejor suerte porque no fueron identificadas como autoras de provocar desórdenes.
No están en la lista negra, pero como quedaron atrapadas en Puerto Aysén, tuvieron que abrirse paso entre las Fuerzas Especiales, los disparos, los guanacos y los gases, y finalmente esquivar la carretera. “Hablamos con elmayor Sergio Gálvez (mayor de Carabineros de Puerto Aysén) y fuimos testigos de que él dio la orden para que dejaran pasar a los deudos, pero las Fuerzas Especiales a esas alturas no hacían caso de nada“, dice Clara.
“Incluso la hija del difunto, Dorila Chiguay, se bajó de su vehículo para explicar la situación. Quedamos atrapadas entre los manifestantes que protestaban por la violencia en contra de las mujeres de los campamentos y las Fuerzas Especiales. Nos tuvimos que refugiar en una cuneta. Hubo gente que tuvo que dejar abandonados sus vehículos para continuar a pie el camino. Recién como a las 18:30 logramos salir“, añade Olaya.
Elisa Cuyún, Guillermina Cayul y los hermanos Jorge y Ramón Navarro forman parte de los 15 habitantes de Puerto Chacabuco que fueron incluidos en la lista negra en la que se basó el Ministerio del Interior para cursar la querella el viernes pasado.
En ese grupo de chacabucanos están también Juan Almonacid; Hugo Jaramillo Caro y su esposa Erika Hernández; Sandra Barría y su prima Elizabet Paillaleve, Juan Luis Atton (primo del subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton), Erico Gatica, Fernando Quintallana, David Barrientos, Lucía Pérez y Jorge Corvalán .
La mayoría se enteró de su condición dos días después, el viernes 16 en la tarde, cuando asistían en la Plaza de Armas de Puerto Aysén a un acto cultural de apoyo al movimiento social. “Habíamos ido a ver a la banda Los Vásquez, para despejarnos un poco después de tantos días malos, cuando una locutora de la radio Santa María comenzó a leer nuestros nombres. Era para no creer”, cuenta Guillermina Cayul.
Juan Almonacid Chiguay (32 años): Puertoaysenino, aunque ha vivido siempre en Puerto Chacabuco. Soltero sin hijos, trabaja esporádicamente en una empresa de servicios a la industria del salmón. Actualmente está cesante. No participa en política. Según su relato, estaba en su casa cuando supo que su madre, que había asistido al funeral de José Facundo Chiguay, no podía devolverse desde Puerto Aysén por los disturbios. El bus en el que viajaba su madre finalmente pudo continuar camino a Puerto Chacabuco y él decidió ir de todas maneras a Puerto Aysén, donde apoyó a las mujeres de los campamentos que a esa hora habían sido agredidas porlas Fuerzas Especiales de Carabineros. Volvió a su casa a las 2 de la madrugada.
Juan Luis Atton Valenzuela (57 años): Empresario de Puerto Chacabuco, casado, con dos hijos y un nieto. Sin filiación política, es primo del subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton Palma. El miércoles tuvo una jornada de trabajo normal. Estuvo un momento en la Iglesia y vio partir desde Puerto Chacabuco el cortejo fúnebre, pero se quedó atendiendo los quehaceres de su empresa de mantenimiento industrial. Se enteró de la acusación el sábado por la prensa e inmediatamente llamó a su primo para advertir le lasituación y contarle que es inocente. ¿Por qué figura en el listado? “Se dice que la Intendencia pidió los nombres de las personas más visibles de la localidad. Mala información del gobierno. No saben nada de lo que pasa aquí”, dice.
Jorge Navarro Arancibia (54 años): De Puerto Chacabuco, casado con 5 hijos, es transportista de carga pesada. Sin afiliación política, se quedó ese día en la localidad mientras su esposa asistía al funeral de José Facundo Chiguay. “Ni siquiera fui al campamento. Nunca iba. Siempre discutía con ellos porque me hacían difícil pasar con mi carga. Supe por radio y por los llamados que recibí de todo elpaís de mis amigos transportistas,que había sido acusado. Para no creer: acusado sin tener arte niparte”, afirma.
Guillermina Cayún Poblete (49 años): Puertoaysenina radicada hace 7 años en Puerto Chacabuco, madre de 7 hijos, no milita en partido político alguno. Trabaja ocasionalmente en los empleos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Asistió al funeral y logró regresar a Puerto Chacabuco antes de que se bloqueara la salida. Su pareja es Ramón Navarro.
Ramón Navarro Arancibia (48 años): De Puerto Chacabuco, sin afinidades políticas, se desempeña como operador de grúas portuarias en esa localidad. Ese día no le tocó trabajar porque las actividades estaban paralizadas. Se quedó cuidando a sus hijos de entre 5 y 18 años, mientras su mujer asistía al funeral. “No pude más de la risa cuando supe que yo, mi señora y mi hermano estábamos en la lista; pero ahora estoy preocupado, pienso que a lo mejor no vamos a conseguir más trabajo y nos van a señalar con el dedo”, explica.
Hugo Jaramillo Caro: Chaitenino, vive en Puerto Chacabuco desde 1987. Casado con tres hijos, sin militancia política es operador de grúas en la empresa Servisur, que se dedica a la reparación y confección de redes. Trabajó todo el día, haciendo horas extras para suplir los días no trabajados por las paralizaciones. Su horario consta en el libro de entrada y salida de la empresa: de 07:30 a 19:35 horas. Su esposa es Erika Hernández.
Erika Hernández Vásquez (36 años): Puertoaysenina, radicada en Puerto Chacabuco. Operaria ocasional de la empresa Aquinova, tiene tres hijos. No simpatiza con ningún partido político. Es diabética y el 14 de marzo amaneció decaída, razón por la cual no asistió al funeral. A las 18:30 horas salió de su casa en dirección al campamento de Chacabuco, donde estuvo conversando con el suboficial mayor de Carabineros Benito Peña, jefe del retén de esa localidad. “Él siempre iba a conversar con nosotros. Ahí siempre tomamos mate, escuchamos juntos las noticias sobre el movimiento. Cuando supe que estaba en la lista quedé plop, porque ni siquiera participo en la directiva del colegio de mis hijos”, afirma.
Sandra Barría Vargas (33 años): De Puerto Chacabuco, separada con un hijo de 15, es también trabajadora del PMU. No tiene afiliación política. Prima de Carola Paillaleve, pasadas las 16:00 fue al campamento y observó de lejos la conversación que sostuvieron sus compañeras con el carabinero Benito Peña. “Me enteré en el show de Los Vásquez. Estoy mal, no duermo. De qué me están hablando; está mi foto en todas partes. Vivo de allegada en la casa de mi hermana, tengo trabajo a veces sí y a veces no, y ahora esto. No entiendo qué pasó”, se lamenta.
Carola Paillaleve Álvarez (30 años): Casada con 5 hijos. Dueña de casa y presidenta del Club Deportivo de Damas de su localidad. No posee afiliación política. Esa tarde estaba en su casa y decidió ir al campamento, donde se sumó a la conversación con el carabinero Benito Peña, jefe de retén de la localidad.“Estábamos esperando que volviera la gente del funeral, preocupados por las noticias sobre la represión en Aysén”, recuerda.
Erico Gatica Zenteno (54): Puertoaysenino, residente en Puerto Chacabuco desde 1977. Soltero con dos hijos, se desempeña como obrero agrícola. No partcipa en política. La tarde del miércoles estuvo en un campo a la salida de Puerto Chacabuco, retirando a un animal para llevarlo al matadero de Puerto Aysén. La operación quedó registrada en la guía de despacho del matadero. En el camino, se encontró con el cortejo fúnebre. Estuvo de vuelta en su hogar a las 18:18 horas, según consta en su bitácora personal, donde tiene por costumbre registrar cada uno de sus movimientos.
Fernando Quintallana Vera (23 años). Nacido en Castro y radicado en Puerto Chacabuco. Soltero con un hijo, es operario ocasional de una empresa pesquera. No participa en partidos políticos ni organizaciones sociales. La tarde del miércoles la pasó en el campamento, donde participó de la conversación con el carabinero Benito Peña.
Lucía Pérez Venegas (40 años): Santiaguina radicada en Puerto Chacabuco. Separada, madre de 3 hijos de 3, 7 y 8 años, maneja un pequeño almacén- bazar (Carlita) y no participa en política. En la mañana del miércoles fue a Puerto Aysén a comprar algunas mercaderías para su negocio. Cuando regresó pasó por el campamento un momento para dejarles a sus compañeras algo de yerba mate y azúcar. “Quedé choqueada con la noticia. Con los trámites de la querella he tenido que cerrar mi negocio, a mi hijita de tres años encargada y a mis hijos de 7 y 8 años solos. Toda mi familia está en Santiago, mesiento muy sola. Estoy a punto de matarme”, confiesa.
Jorge Corvalán Clavero (49 años): Santiaguino, separado con 5 hijos, es pescador artesanal y armador de botes. Desde enero que no obtiene recursos. Su embarcación está en taller y no ha podido retirarla. Solía ser simpatizante de la Coalición por el Cambio, siendo apoderado de mesa en las últimas elecciones presidenciales. Pero durante estas semanas de protestas recibió en dos tiros siete perdigones en su cuerpo y ya no quiere nada con un gobierno al que califica de brutalmente represivo. “Con la derecha nunca más. Nos tratan peor que a los mapuches, han caído compañeros sangrando a mi lado. Los perdigones traspasan hasta tres prendas de ropa, hay gente que aún tiene balines en el cuerpo y que teme ir a un centro hospitalario”. La tarde del miércoles estaba acostado en su casa atento a las noticias en la radio, cuando se enteró de la represión en Puerto Aysén, hasta donde se dirigió pidiendo un aventón a un vehículo de la Cruz Roja.
David Barrientos Quiñones (22 años): Puertoaysenino, soltero sin hijos. Se dedica a realizar trabajos esporádicos como ayudantye de soldador. No simpatiza ni milita en partidos políticos. La tarde del miércoles 14 estuvo afuera del Cuerpode Bomberos de Puerto Chacabuco, frente a la iglesia, esperando la salida del cortejo fúnebre. Se quedó en la localidad para evitarse los disturbios que se anunciaban en Puerto Aysén y a las 18:00 se dirigió al campamento. Piensa que Carabineros de su localidad identificó a todos los chacabucanos de la lista.
Elisa Cuyul Llaiquel (43 años): De Puerto Chacabuco, dueña de casa, madre de cuatro hijos. Pertenece a la comunidad Cuyul Llaiquel de la etnia mapuche-huilliche. Asistió al funeral en Puerto Aysén y apenas pudo volvió a Puerto Chacabuco.
Ayer, en una audiencia realizada en el Tribunal de Puerto Aysén, el magistrado Juan Patricio Silvainformó que el Juzgado de Letras y Garantía se declaró incompetente en seis de las 22 querellas contra manifestantes de Aysén, que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
La razón para la inhabilitación respondió a que a estas seis personas se les requiere por motivos que no están dentro de la jurisdicción del Tribunal de Puerto Aysén. Fue una de las dos derrotas que tuvo el equipo jurídico del ministerio del Interior. La otra, fue una doble condena en costa, según la cual el mismo magistrado decidió que esa cartera deberá pagar los costos del proceso.
Ambas decisiones calmaron un poco los ánimos de los 22 acusados, quienes durante el fin de semana resolvieron un tema de vital importancia en los siguientes días: los abogados que asumirán sus defensas.
Fue un tema complejo de resolver. Pese a que desde el comienzo decenas de abogados se pudieron a disposición de los 22 hombres y mujeres acusados para defenderlos de la querella interpuesta por el Ministerio del Interior, finalmente sólo un puñado logró captar su confianza.
Los métodos utilizados por algunos defensores, en todo caso, no dejaron de llamar la atención. “Vimos maniobras en estos días, por parte del Defensor Público de Puerto Aysén, Fernando Acuña, para tratar de agarrar la mayor cantidad de defendidos. Y para algunos de nosotros la Defensoría Pública no ofrece el 100% de garantías de no ser permeable a las presiones políticas”, dice uno de los abogados que ha participado de cerca en el proceso.
“El año pasado tuvimos noticias de que sí reciben muchas presiones políticas y que ya entonces, a propósito de las detenciones por HidroAysén, les costaba mucho alegar ilegalidad, por las presiones políticas que recibían”, cuenta otro experto jurídico que ha participado en las reuniones de coordinación que hubo durante el fin de semana.
Los 22 acusados se reunieron por cerca de 5 horas con los abogados interesados en defenderlos el sábado pasado en la Cámara de Comercio de Puerto Aysén. Después de la intensa jornada, quedaron en reunirse nuevamente el lunes para repartir los casos lo más equitativamente posible, idealmente uno por abogado.
Sin embargo, Acuña, quien según las fuentes está compitiendo por convertirse en Defensor Regional, se reunió el domingo en la noche con los 15 acusados de Chacabuco y los convenció de que la mejor defensa se las proporcionaría la Defensoría.
Finalmente, el Defensor quedó con 16 representados, y los restantes se los repartieron los abogados Waldo Barraza, Lorenzo Avilés, Rodolfo Knopke y Marcelo Rodríguez, este último de la comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén.
Rodríguez accedió a relatar algunos de los detalles que marcaron la jornada de ayer en el Tribunal de Puerto Aysén. ”La abogada del Ministerio del Interior reconoció que había un error en la querella, lo que demuestra que esta cuestión se hizo a la rápida, de forma absolutamente desprolija, porqueno existe un detalle de qué es lo que se le imputa a cada uno de los acusados. Desde el comienzo el trámite no cumplió con los requisitos técnicos”, dice.
Sobre los siguientes pasos, el abogado cuenta que el objetivo es lograr un desagravio público de los acusados y llevar a cientos de personas para que declaren a favor de los requeridos. ”Lo que cabría después sería demandar civilmente al Estado por el daño a las personas condenadas públicamente por el ministro del interior, quien los acusó de violentistas sin conocer la historia de cada uno de ellos“, dice.
Según Rodríguez las penas que arriesgan los requeridos, de comprobarse los delitos, irían en el peor de los casos desde los 541 días a los 5 años. “Y si no hay antecedentes, tienen derecho a cumplir condena en libertad”, explica.
El abogado del Vicariato de Aysén adelanta que en los próximos días la Fiscalía del Ministerio Público iniciará una investigación para ver si tiene peso el proceso y evaluar si se sigue adelante con él.
Anoche, el vocero del movimiento Iván Fuentes fue claro en señalar que los dos puntos que pretenden conseguir en lo inmediato, para que fructifique el diálogo reiniciado ayer, son el retiro de las Fuerzas Especiales de Carabineros y el retiro de la querella por Ley de Seguridad del Estado.
“Por parte de los tribunales, esperamos que el Ministerio Público se dé cuenta de que se trata de una acusación al boleo, con objetivos únicamente políticos. El Ministerio Público es en teoría una institución profesionalizada, que se dedica a investigar delitos, no acusaciones políticas, por eso confiamos en que determine que este asunto carece de realidad y que no hay delito detrás de la conducta de las personas requeridas”, comenta Rodríguez.
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