3 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Los insólitos problemas de Roxana Miranda para inscribir su colectividad
El antecesor del Partido Igualdad iba a ser el partido “Pueblo en Lucha”. Su primer intento de inscripción no funcionó y recibió una serie de reparos del Servel. Así, basándose en la Ley de Partidos, se rechazó el nombre de la colectividad y su lema “Que el pueblo mande”.por BASTIÁN FERNÁNDEZ
La génesis de la candidatura presidencial de Roxana Miranda y del partido que la proclamó —Partido Igualdad (PI)—, se remonta al 2007. Ese año los representantes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha), junto Movimiento Pobladores Sin Techo (MPST) y otras organizaciones sociales realizaron su primer intento por inscribirse como partido.
Entonces eran el partido “Pueblo en Lucha” y su lema “Que el Pueblo Mande”. Al iniciar los trámites para legalizarse se toparon de bruces con la añeja Ley 18.6O3 de Partidos Políticos, aprobada en marzo de 1987 y que aún ostenta la firma de Augusto Pinochet.
El 2 de agosto del 2007 el Servicio Electoral (Servel) respondió formalmente al Partido Pueblo en Lucha, objetando una serie de puntos en su solicitud de legalizarse. En siete páginas, y basándose en la ley de partidos, el Servel realizaba más de 15 reparos a la inscripción de “Pueblo en Lucha”.
LOS REPAROS AL PARTIDO
Respecto del nombre del partido, el Servel afirmó que “Pueblo en Lucha, atendido a las acepciones de la palabra “lucha” que en su mayoría implican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y la paz social, vulneraría la prohibición establecida en el artículo 8 letra c) y d) en relación con el artículo 2º de la Ley 18.603”.
Sin embargo, el reparo que sorprendió entonces a Roxana Miranda e Iván Carrasco —actualmente secretario general del PI— fue otro. El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso.
El Servel rechazó el lema “Que el Pueblo Mande” en base al artículo 7, inciso segundo de la Constitución. Ahí se establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes”. Por ende, que el pueblo no manda y nadie puede atribuirse eso. “Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
“Nos contestaron que en Chile no manda el pueblo, sino que mandan las autoridades y lo declararon anticonstitucional”, cuenta Roxana Miranda.
Junto a lo anterior se hicieron una serie de reparos a la declaración de principios que había presentado el partido. Una de éstas era “modificar la redacción a fin de eliminar aquellas menciones que posean un carácter belicoso, conflictivo y/o intolerante, en especial aquellos que implican un llamado a la lucha”.
Según cuenta el actual secretario del Partido Igualdad, Iván Carrasco, “nosotros declaramos solidaridad con los pueblos latinoamericanos, pero nos rechazaron esto porque los partidos no pueden depender de ideas foráneas”. En el documento el Servel indicó que este punto “subordina el interés nacional al internacionalismo”.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, la legislación actual “generó estas restricciones, porque se da en el marco del proceso de la transición. Al igual que la Constitución, en la subsisten estas viejas lógicas autoritarias que respondían a partidos políticos en la década de los 70 y 80”.
En opinión del analista, la ley “se hizo a la rápida para poder conseguir que Pinochet diera una muestra de apertura política. Fue concebida de esa manera. Es una ley mínima, pero con apariencia de restablecimiento de la normalidad democrática”, señala Moreno.
LA MANO DE GUZMÁN
Este caso, en particular, refleja de forma indirecta cómo el pensamiento del fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, se plasmó de forma impecable en la Constitución de 1980, y en sus cuerpos legales.
El cientista político de la Universidad Diego Portales, Alfredo Joignant, actual miembro del Consejo del Servel, explica que las ideas de Jaime Guzmán están alejadas de la democracia. “En su pensamiento hay un enorme desprecio por la voluntad popular, ya que considera que el pueblo no es ilustrado y es principalmente emocional. Los partidos, precisamente porque encarnan, o buscan expresar la voluntad popular, se transforman en objeto de críticas y desprecio de Jaime Guzmán. Lo que redunda en que su pensamiento no es democrático”.
En su texto El sufragio universal y la nueva institucionalidad (1979), Guzmán se explaya sobre el concepto de soberanía, afirmando que no podía “reducirse al mero sufragio universal, porque la vida del pueblo se expresa en forma incomparablemente más rica, variada y orgánica. Reconocer estas múltiples expresiones permite actuar frente al tema del sufragio con toda la flexibilidad con que se determina el modo más conveniente de emplear un simple mecanismo, y no con la rigidez que impone algo supuestamente sagrado o inmutable”.
En la misma línea, Guzmán ya planteaba en 1978 que el pueblo no es la “simple suma de voluntades aisladas que pretendía la Revolución Francesa, sino que representa una articulación incomparablemente más rica y variada, expresada en una organicidad natural que manifiesta esa ordenación trascendental de los seres humanos entre sí para su complementación, llamada sociabilidad, y cuya expresión política superior se da en el Estado”.
Respecto de los partidos políticos, Guzmán habla de la “partidocracia que emana de la hipertrofia partidista” y que “llega a ser incluso una burla del sistema mismo de sufragio universal, al constreñir a los ciudadanos a escoger sólo entre las muy limitadas opciones o candidaturas que les ofrecen esos minúsculos grupos de las dirigencias partidarias”.
Ante esto proponía como meta “un favorecimiento de partidos menos rígidos en sus estructuras, menos ideologizados y más circunstanciales en el tiempo”.
Guzmán creía también que, los partidos políticos debían ser “conductos válidos” de la participación ciudadana, pero que en la Constitución debían existir normas que limitaran su acción sólo “al ámbito que les pertenece”; que se exigiera la publicidad de sus militantes y se prohíba el financiamiento extranjero.
Al fallido intento por inscribir el partido “Pueblo en Lucha” en el 2007, se sumaron otros en los siguientes años, los que tampoco prosperaron. Finalmente se inscribieron como el Partido Igualdad, obteniendo el reconocimiento legal en septiembre del 2011.
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