30 de septiembre de 2013 - 09:03
Con el traslado de una serie de ex militares al penal de Punta Peuco, hemos sido testigos de una serie de intentos por relativizar los crímenes cometidos por ellos, para así argumentar sobre la ilegitimidad de la medida. Un repaso por los comentarios en las redes sociales da cuenta de esta situación, pero también se observa en las declaraciones de representantes de la Alianza. Estos últimos, reconocidos como “pro vida”, no dudan en hablar de una tergiversación de la historia, de referirse en términos compasivos a personas condenadas por graves delitos, de hablar sobre lo inoportuno de la medida, y quizás del mas criticable de todos sus argumentos: el empate moral.
Uno puede comprender que existan argumentos que justifiquen el Golpe de Estado (aunque no compartirlos), pero me es muy complicado entender que se coloque en una misma balanza, la vida de civiles, detenidos ilegalmente, sometidos a procesos espurios, torturados y arrojados en lugares inhóspitos, con lo que pudo (elemento siempre sujeto a debate) haber sido un gobierno incompetente como el de Allende. Supongamos que fuese un mal gobierno, ¿eso legítima o relativiza lo que la Dictadura hizo después? Según la Alianza si, y tanto es así, que se han escandalizado cuando el Presidente ordenó cerrar el penal Cordillera. Pero esto es un profundo error.
En primer lugar, ninguna persona privada de libertad, tiene un derecho adquirido a permanecer en una cárcel, estas no son como el hogar de un ciudadano libre, son centros destinados a alejar de la sociedad a personas que han transgredido el pacto social que funda una comunidad. De ahí que si su traslado se decide, mostrarse en contra, solo revela que no existe un real convencimiento de la gravedad de los hechos que llevaron a estos sujetos a estar ahí.
En segundo lugar, han llegado a hablar que estas medidas profundizan la división entre los chilenos. Lo que este sector no comprende, quizás por tozudez, aunque mucho me temo que por un sincero espíritu de impunidad, es que mientras no se separen del lastre que para ellos mismos ha llegado a convertirse la dictadura, la “reconciliación” no será posible. Las personas que defienden, no son delincuentes comunes, estamos hablando de sujetos que formaron parte de una estructura destinada a la persecución y exterminio de ciudadanos (cuyas doctrinas podrán o no gustarnos), amparados por el poder del Estado. Así, la Alianza revela quizás una de sus más evidentes contradicciones: se hacen llamar “pro vida”, pero ante los máximos agentes que se la negaron a miles de chilenos, parecen tambalear y mostrarse dubitativos, incluso comprensivos. Una mujer que aborta sin embargo no se merece esta misma comprensión, sino la aplicación de todo el rigor de la ley. ¿Por qué este trato diferenciado?.
En tercer lugar, la propia Alianza ha enarbolado como doctrina de campaña, la lucha contra la delincuencia. Pues bien, henos aquí ante verdaderos delincuentes, ¿por qué en vez de escandalizarse, no apoyan de forma sincera los procesos que pretenden esclarecer la verdad? ¿por qué no ser consecuentes con su doctrina “pro vida” y estar del lado de las víctimas? ¿acaso un feto vale más para ellos que familias marcadas para siempre por la pérdida de maridos, hermanos o hijos?
Lo que nos revela esto es bastante triste. Es la idea que es posible exculpar a los condenados por delitos contra los derechos humanos, por un supuesto bien mayor, esto es, haber impedido lo que llaman “la conversión de Chile en una segunda Cuba”. Pero la lógica de este argumento curiosamente atraviesa tanto a las dictaduras de izquierda como de derecha, es como si la doctrina política a la que adherimos, nos facultase para colocar en un estado de excepción a los ciudadanos, y elegir a cuál de ellos dejar con vida y a cual exterminar. Desde luego, la doctrina contraria siempre estará equivocada y las muertes que causen serán por tanto ilegitimas, pero las que yo comparto, las que sí están en posesión de la verdad, legitimarán todo daño. Pero las personas o partidos que razonen bajo esta lógica, no estarán realmente comprometidos con la democracia y sus valores. Quizás adhieran a ella como bien instrumental, pero esta simpatía siempre será circunstancial.
Es por ello que los sucesos recientes esclarecen que al defender a criminales que tuvieron el poder total de vida o muerte sobre otros chilenos y al relativizar sus ilícitos, solo reiteramos la dinámica característica del poder dictatorial, es decir su desprecio por la vida, y lo más preocupante, en plena democracia y con total naturalidad.
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