1983 - 1989 La época de las protestas nacionales

Durante este período, especialmente entre 1983 y 1985, la represión se dirigía fundamentalmente a los organizadores y participantes de las protestas masivas.

Las violaciones a los derechos humanos consistían principalmente de abusos de poder por parte de los agentes del estado durante las protestas, detenciones masivas, acoso y tortura. La práctica de las desapariciones forzosas volvió pero sólo en casos aislados y como responsabilidad de la CNI. El uso de una violencia brutal en contra de individuos seleccionados fue también una característica importante de este período.

El resurgimiento gradual del movimiento sindical y de los partidos políticos a comienzos de los años ochenta, las campañas realizadas por las agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y el creciente descontento por la situación económica, lleva a la oposición a actuar de una forma más y más desafiante frente al régimen, marcando así una verdadera época de protestas sociales. Por primera vez en diez años, el clima de miedo era quebrantado. La victimización selectiva y la crueldad fueron utilizadas para inculcar el terror con el fin de desintegrar el creciente movimiento de protestas.


El Estado de Sitio.

Como reacción a las protestas nacionales, el gobierno militar declaró una vez más el estado de sitio en noviembre de 1984, el cual se extendió hasta junio de 1985. El estado de sitio, que impuso toque de queda a las diez de la noche, se tradujo en un aumento del número de detenciones arbitrarias, allanamientos en poblaciones, abusos y muertes. Según la Vicaría de la Solidaridad el 39% de las muertes ocurridas en este período sucedieron bajo el estado de sitio. Abusos de poder, como en el impresionante caso de la patrulla militar que roció parafina sobre Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas y procedió a quemarlos vivos, representan alrededor de la mitad de las muertes de 1986.

Ese mismo año, cuando las demostraciones y protestas crecieron en forma considerable, más de 35,000 violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas.

El 28 de Marzo de 1985, durante el estado de sitio, la policía secuestró y degolló a los profesionales y miembros del Partido Comunista, Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quien también trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad.

El toque de queda fue usado también para llevar a cabo otras violaciones a los derechos humanos, como en el caso de los cuatro opositores izquierdistas asesinados el 9 de septiembre de 1986, en venganza por las muertes de los escoltas asesinados durante un ataque a la comitiva de Pinochet. Esta vez se trataba de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit, y José Carrasco.


Amenazas de muerte y tortura

La intimidación mediante amenazas de muerte, una práctica ya recurrente a lo largo del régimen militar, se hizo aún más habitual entre 1987 y 1988. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, informó de 1,088 amenazas en 1987, el doble del número comparado con el año anterior.

Los autores de las amenazas frecuentemente eran grupos paramilitares o escuadrones, al parecer ligados a la CNI. Tal vez el más activo era la Acción Chilena Anti-Comunista (AChA), responsable de amenazas telefónicas y por correo contra el dirigente sindical Manuel Bustos y el Cardenal Raúl Silva Henríquez. Por lo general, estas amenazas eran dirigidas a trabajadores y activistas de derechos humanos, dirigentes comunitarios, miembros del clero, periodistas, actores, abogados y personeros del mundo político.

Con respecto a la continuada práctica de tortura, se puede decir que como concesión ante los constantes reclamos por tortura, en junio de 1986 una nueva ley dictamina que los agente la CNI deben entregar a sus detenidos a Carabineros. Sin embargo, Americas Watch fue uno de los varias organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales que evaluaban el proceso chileno, que establecen que a pesar de que la CNI dejó de torturar en sus propios recintos, continuó haciéndolo en recintos policiales.