Milton Juica y el activismo judicial: “Eso es un eslogan para afectar la independencia del Poder Judicial”

2 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Ministro de la Suprema responde a críticas de libro de Libertad y Desarrollo

La crítica no es nueva, es más, es una de las razones de fondo de la tensión que bajo la administración de Sebastián Piñera ha existido en mayor o menor grado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La diferencia es que ahora está plasmada en el último libro de Libertad y Desarrollo (LYD) —centro de pensamiento vinculado a altos personeros de la dictadura militar, como Hernán Büchi y Carlos Cáceres— “Activismo Judicial en Chile: ¿Hacia el gobierno de los jueces?”, donde se establece que algunos magistrados dictan sus fallos basados en argumentos que van allá de lo meramente jurídico. Algo que el ministro y ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, desmiente tajantemente: “No veo ningún juez que se suba a una tribuna política, que asuma una posición ideológica-política ni tampoco uno que declare en su sentencia, una posición política respecto de un tema judicial”.

El tema del activismo no es un críptico debate académico ni judicial, sino que atraviesa soterradamente lo que han sido las relaciones de este gobierno con los tribunales, donde las críticas públicas desde el Presidente Piñera para abajo han marcado estos años. Basta recordar las opiniones negativas que esgrimía el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, contra el actuar de los jueces, que llevó a una categórica y pública respuesta del pleno de la Corte Suprema, hace casi un año exacto, reclamando por el intento político de interferir en la independencia de los tribunales.

El ministro Juica tiene una respuesta, aunque considera que todo el cuestionamiento tiene su razón de ser en intentos evidentes por querer influir en la independencia de los Tribunales de Justicia: “El Poder Judicial no se deja amedrentar por el otro activismo, el contrario, el que quiere imponer su voluntad a los jueces y eso, ni ahora ni nunca, va a ocurrir”, sentenció.”

Es en ese contexto, que casos judiciales emblemáticos han sido puestos como ejemplo del supuesto activismo judicial: el estrepitoso fracaso del ‘caso Bombas’ el 2012, el caso de Luciano Pitronello, fallos en materia medio ambiental y sentencias favorables a los consumidores. El libro de LyD recoge gran parte de esta lista para sustentar su advertencia, que consistiría en un intento de los magistrados por reemplazar las reglas jurídicas cuando se estiman injustas, sumado a una tendencia a judicializar controversias en diferentes áreas, unido al hecho que los jueces estén abandonando la idea de sujeción a la ley con que trabajaban antes y que ahora los tribunales deben lidiar con actores organizados, como activistas, grupos de interés y medios de comunicación con líneas editoriales definidas.

La respuesta desde tribunales no se hizo esperar. Para cada uno de estos puntos, el ministro Juica tiene una respuesta, aunque considera que todo el cuestionamiento tiene su razón de ser en intentos evidentes por querer influir en la independencia de los Tribunales de Justicia: “El Poder Judicial no se deja amedrentar por el otro activismo, el contrario, el que quiere imponer su voluntad a los jueces y eso, ni ahora ni nunca, va a ocurrir”, sentenció.

Explicó que las reformas a la Constitución de 1980 han generado condiciones para que “existan acciones que puedan impugnar actividades de la administración del Estado y eso no lo establecieron los tribunales, sino que fue a través de los órganos legislativos en un sistema de modernización, en que cuando existe la afectación de una garantía, de un derecho, de un bien de alguien, puede ser discutido ante el derecho que tiene toda persona de ir a un tribunal de justicia”.

Es más, Juica precisa que lo que sucede actualmente, que no se puede desconocer “y no porque los jueces lo hayan querido, es que tenemos una sociedad muy interesada en que las políticas públicas sean transparentes y convenidas con la sociedad civil”.

El libro —de los abogados José Francisco García coordinador de Políticas Públicas de LyD y Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la UDD— plantea que en materia de energía y medio ambiente la nueva jurisprudencia ambiental, especialmente tras el fallo que paralizó la central Termoeléctrica Castilla, se generó una alta incertidumbre regulatoria, lo que impacta en el desarrollo de proyectos para satisfacer la demanda energética del país. En este punto, se recalca que la jurisprudencia del Poder Judicial en materia ambiental sufrió un cambio significativo —en esta línea— a partir del 2009.

Este activismo, según el libro, alcanza también el ámbito de la salud, lo que se demuestra en cifras. Se precisa que en el año 2007 los recursos de protección contra las alzas de los planes de Isapres llegaban a 737, al año siguiente aumentaron a 5 mil 193, mientras que el 2010 fueron 7 mil 368 y el 2012 se dispararon a 43 mil 407. García y Verdugo precisan que lo grave de este tipo de activismo no es el diagnóstico sobre el sistema de salud, sino el hecho de que los jueces perciban que ellos están en condiciones técnicas de realizar dicho diagnóstico con precisión y que estimen que ello otorga un fundamento jurídico suficiente para resolver casos concretos.

Se considera que el “activismo judicial” refleja un desconocimiento en la asignación de roles de los jueces dentro del sistema político y, por lo mismo, se advierte que puede tener impacto en la separación de poderes, en la capacidad de las autoridades electas para llevar adelante sus programas, la legitimidad democrática de las decisiones y el carácter técnico de medidas adoptadas mediante procedimientos complejos. Lisa y llanamente se plantea que los jueces carecen de la legitimidad democrática y las competencias técnicas para tomar decisiones de política pública, porque su rol es controlar su legalidad, no diseñarlas o evaluar sus méritos.

Para García y Verdugo, el activismo judicial tiene su origen intelectual en los 60’s, en un grupo de académicos que formaron a un grueso de los actuales jueces en ejercicio y que postulaban —según afirman— que el derecho no podía ser una traba a la transformación social, por lo que había que buscar los resquicios que lo permitieran, siendo heredero directo de la filosofía de los resquicios legales utilizada durante del gobierno de la UP. En esa línea, advierten de la tentación de “algunos jueces de utilizar las sentencias como vehículo de reforma social” creyendo que con ello avanzan “en ciertas ideas sobre lo que estiman es lo justo”.

Sin embargo, en opinión de Juica, toda la argumentación que se ha puesto sobre la mesa para justificar la existencia de dicho activismo “son sólo eslóganes que no reflejan la realidad práctica de los conflictos que se resuelven en los tribunales de justicia (…) es un eslogan, como tantos para, de alguna manera, afectar la independencia del poder judicial, como por ejemplo el eslogan de la puerta giratoria”.

El ministro considera una “contradicción” las críticas en materia medioambiental cuando “precisamente lo que se judicializó fue la política ambiental. No solamente se hizo, sino que se crearon Tribunales Ambientales y ¿para qué se crean?, ¿para controlar a la gente? No, sino para controlar al Estado en sus políticas ambientales. Entonces parece un contrasentido hablar de activismo judicial”.

Tajante, Juica añade que es a los tribunales a los que se les pone en la situación de resolver un conflicto y es dentro de su competencia, que lo hacen. El punto es que “por mucha deferencia que tenga el Poder Judicial con los otros poderes del Estado, pero no puede ir más allá de tener que aceptar como bueno lo que se resuelva a nivel político y administrativo, en la medida que esa actividad puede ser impugnada por las partes afectadas a través de recursos y acciones”.

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