María Sucarrat y Daniel Enzetti Los informes que Tiempo Argentino muestra en forma exclusiva en esta entrega especial se componen de legajos personales, comunicados internos militares y policiales, órdenes de acción, cuadernillos secuestrados a sectores de la militancia, y memorandos que detallan cada uno de los pasos dados aquí por los que resistían el asalto contra Salvador Allende.
Pero sobre todo, se destacan nóminas de ciudadanos chilenos que a partir de mediados de septiembre de 1973 solicitaron protección al Ministerio de Relaciones y Culto con sede en Buenos Aires, y los cientos de partidarios de la Unidad Popular que a horas del golpe intentaron refugiarse en la Embajada argentina de Santiago. Muchos de ellos nunca más fueron vistos con vida.
La documentación había sido elaborada en ese momento por el Servicio de Informaciones Policiales de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), después convertido en Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Y acaba de catalogarse para su difusión pública por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que la presentará el próximo viernes en un acto en la Facultad de Humanidades de La Plata. "Elemento de ideología comunista".
El principal trabajo de Inteligencia rescatado lleva el número de expediente 1165, y se titula "Policía de la Provincia de Buenos Aires. Organizaciones, Integrantes Chilenos". Reseña pedidos de informes del SIPBA a sus delegaciones bonaerenses, y los posteriores envíos de esas delegaciones a la oficina central en La Plata. Paso previo a lo que después significarían los operativos de persecución y secuestro de militantes, trabajadores, estudiantes y referentes políticos chilenos y argentinos.
En uno de los requerimientos, el oficial Ramón Landajo, secretario de Informaciones y Personal del Servicio, pide datos a la policía platense: "Se tiene conocimiento que con motivo del reciente golpe militar en Chile, se ha producido un considerable incremento de asilados de ese país en la Argentina, concordante con ello han aparecido en nuestro país organizaciones de integrantes chilenos que se movilizan y actúan con el apoyo de grupos subversivos locales." Menciona al Frente Patriótico de Resistencia Chilena encabezado por dirigentes del Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU), y los partidos Comunista y Socialista chilenos, que "pretenden integrar un Frente Amplio de Operaciones".
Y desasna a la delegación, dando un panorama general que sirva para afinar la búsqueda de "subversivos" en La Plata. Landajo explica el trabajo de la "Resistencia Revolucionaria Chilena, integrada por miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), MAPU, VOP y PS", que "contaría con el apoyo del ERP 22 de agosto, que le ofrecería asesoramiento técnico y explosivos".
Grupos que "estarían en directo contacto con los llamados Comité Latinoamericano de Solidaridad… sito en la calle Esmeralda Nro. 582 4to. Piso C", y "Comité de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos Latinoamericanos, ubicado en Thames 2472, también de Capital Federal".
El oficial ordena especialmente seguir de cerca a la Coordinadora de Movimientos de Ayuda a Chile (COMACHI), la que "estaría presidida por el Dr. Oscar Alende". Se piden informes a oficinas policiales bonaerenses de San Martín, Lanús, Chascomús y San Nicolás, entre otras ciudades. Los partes, firmados por los entonces comisario Osvaldo de Baldrich (jefe de la región Tigre) y subcomisario Oscar Gonnet, ordenan remitir en forma urgente "contactos de elementos extranjeros con organizaciones extremistas de Argentina".
El comisario Osmar Perrela, de Mar del Plata, es uno de los que mejor hace los deberes. El 19 de noviembre de 1973 envía al SIPBA un informe detallado que marca algunos blancos para secuestrar o asesinar.
Describe una conferencia de prensa realizada el 20 de octubre en la Facultad de Ingeniería local, donde "se fijaron los lineamientos para efectivizar la ayuda al pueblo chileno a través del COMACHI". Y explica que una semana después, en el Colegio de Abogados, se dictó una conferencia "a cargo del profesor Mario Toher, catedrático, que hasta el derrocamiento y muerte de Allende se desempeñó como profesor en la Universidad de Concepción (Chile).
Habló sobre la situación política actual en Chile y al día siguiente hizo lo propio en la sede de la Asociación Obrera Minera Argentina, situada en la localidad de Batán, partido de Gral. Pueyrredón." Perrela sigue: el 18 del mismo mes, en el Sindicato de Luz y Fuerza, "se realizó un asado contribución y acto popular que reunió a unas 600 personas", donde hablaron "el Dr. Armando Fertita, presidente de la filial local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; señora Pilar B. de Castelli, por la Unión Mujeres Argentinas (UMA) y el señor Rector (sic) Polino (NdR: posiblemente se trate de un error de tipeo, y en lugar de una 'r' corresponda una 'h'), representante de la Comisión Central del COMACHI y ex concejal socialista en la Capital Federal". Sostiene que "los oradores en su alocución, rindieron homenaje a los 'patriotas chilenos caídos en la lucha contra el fascismo del Gral. Pinochet y a los millares de torturados chilenos, asesinados y fusilados, los que ensamblan dos figuras americanas cumbres, cuales son el Che Guevara y el Dr. Salvador Allende, los que llevarán a los pueblos a la victoria'".
Pero más allá de la acción política, al comisario le interesa la plata: "Esta reunión finalizó a las 18:00, desconociéndose hasta el momento el monto de lo recaudado para ayudar a los chilenos." Los sabuesos marplatenses no sólo cuentan lo que pasó, sino que además, adelantan lo que vendría: "COMACHI realizará el próximo 15 de diciembre un funeral cívico para los tres argentinos fusilados en Chile (Teodoro Gonova, Miguel A. Lacorta y N. Bugallo)".
Y mandan una radiografía de algunos activistas. Fertita: "Argentino, clase 1900, casado, abogado, L.E. 1.274.668… presidente de la filial local de la LADH… Actuó en 1966 en la Comisión Auspiciadora adherente al Congreso Latinoamericano por la Autodeterminación de los Pueblos, en solidaridad con Cuba y Santo Domingo… Elemento de ideología comunista". Pilar Castelli: "No registra antecedente en esta Delegación y a la brevedad se informarán sus datos de identidad…".
Elías Caro: "Chileno, clase 1928, residente en el país desde 1948, yesero… El 25-4-56 fue detenido cuando efectuaba inscripciones murales y pegaba afiches del Partido Comunista… Integraba el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS)…
El 26 de enero de 1969, en un procedimiento realizado por la Policía Federal en la calle Champagnat 1865 de Mar del Plata, durante una reunión comunista, fue detenido conjuntamente con otros elementos de esa ideología." "Infiltrado personal de esta Delegación…" Otro de los informes descubiertos corresponde a la policía de San Martín. Sostiene que "en la calle Matheu Nº 943 existe una entidad denominada "Centro Cultural Manuel Rodríguez de chilenos residentes", cuyo presidente actual es el señor Ulises Friz, que infiltrado personal de esta Delegación con las pertinentes coberturas y mantenidas charlas con miembros de la nombrada Organización se sabe que los días jueves a las 19.00 horas se realizan reuniones con delegados de la 'Liga por los derechos del hombre (sic)'".
A las que "concurre la conocida dirigente del PRT, Nora Sciapone, y asimismo es probable que concurran elementos del ARP que estarían conectados con la dirigente antes nombrada". El memorando, firmado por Ernesto Verdún, jefe de la delegación, explica que varios de los militantes que se mueven en la ciudad "concurren y se reúnen los días martes a la noche en el Sindicato de Músicos de la Capital Federal, siendo integrantes de esas reuniones dirigentes estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras y del 'Frente Patriótico de Resistencia Chilena'", que "en forma clandestina son solventados por la 'Liga de Resistencia Chilena' en lo que respecta a víveres, descanso, morada, etc.". Y finaliza: "Se deja constancia al señor Jefe que las presentes averiguaciones fueron practicadas a un nivel de absoluta reserva y cobertura, por lo que no fue dable abundar en mayores y más profundos detalles".
Carlos Stella, inspector de la delegación San Justo del SIPBA, envía su trabajo el 14 de noviembre de 1973: "La Coordinadora de Movimientos de Ayuda a Chile, COMACHI, está presidida por el Dr. Oscar Allende (sic), e integrada asimismo por los legisladores Héctor Sandler, Amaya, y Solari Irigoyen, entre otros". Otro parte, correspondiente al trabajo que realizaban en La Plata los grupos de solidaridad a exiliados trasandinos, reproduce en detalle lo hablado durante esos plenarios. "Hicieron además consideraciones sobre la situación de Chile –redactan los efectivos bonaerenses–, estimando que los fusilamientos y demás acciones represivas son muestra de que la Junta Militar no se siente segura y que el pueblo chileno, recompuesto y reorganizado, emprenderá una ofensiva que hará revertir el proceso".
Y agrega: "Finalmente señalaron que la campaña de difusión que desarrollan esas entidades, tiene como finalidad de que la población viendo como obra la dictadura militar en Chile y conociendo todos los hechos, se encuentra esclarecida con respecto a quienes son los enemigos del pueblo y cuales son sus métodos, para que así se aleje la posibilidad de que esa circunstancia se repita en Argentina, en cuanto el Gobierno del Pueblo tome medidas de reivindicación y liberación (sic)". Insumos para las fichas personaleS.
El trabajo de espionaje, infiltración, averiguación de antecedentes políticos y cruzamiento de datos con otras dependencias policiales del país fue posibilitando que el SIPBA armara el primer gran archivo de sectores y cuadros "marxistas" de la Argentina, a partir de la influencia de Isabel Martínez y José López Rega durante el tercer peronismo, y sobre todo después de la muerte de Juan Perón el 1 de julio de 1974. Convertido en la DIPPBA después del golpe de Estado de 1976, el Servicio empezó a combinar en sus planteles represivos policías bonaerenses en actividad con efectivos exonerados por mal desempeño y maniobras de corrupción.
Asesorados por la derecha del movimiento y expresiones ultramontanas de diferentes sectores sociales, que después recalarían en fuerzas de choque como las Tres A o la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Así se explica que inmediatamente al asalto de gobierno ocurrido en Santiago, y la muerte de Allende, el Servicio haya puesto énfasis en los delegados estudiantiles que se plegaron a la resistencia, y en aquellas acciones de repudio que en la Argentina contaban con la colaboración de la universidad.
Una de esas acciones fue el Acto de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos Latinoamericanos organizado por sectores de Quilmes, a fines de 1973. En un informe enviado al Servicio por el entonces comisario Delfor Gallo, de la delegación Lanús, el espía desmenuza la actividad reproduciendo lo dicho por los oradores. Arranca con el docente Ricardo Bonaglia: "Se refirió al proceso de 'Liberación' del continente americano, que comenzó con la Revolución cubana, que sacudió violentamente el yugo de la dominación imperialista yanqui, tras los postulados democráticos de 'Fidel Castro' y 'Ernesto Che Guevara'".
Sigue con el abogado y también docente Alejandro Tello, quien "se refirió a que el Pueblo Argentino debe reclamar de sus gobernantes que exijan de la dictadura militar chilena el libre traslado de los exilados a nuestra Tierra, que se encuentran refugiados en nuestra representación diplomática en aquél país". Y describe conceptos del diputado Sandler, que "finalizó sus palabras con un vibrante llamado al socialismo nacional y a la liberación". El original mecanografiado finaliza: "La concurrencia siguió con interés la palabra de los oradores y aplaudió sostenidamente a los oradores, en clima de total cordialidad." el cuadernillo "movimiento por la liberación" Como parte del material exhibido por la CPM, se conoce por primera vez desde su secuestro un cuadernillo mecanografiado por el Movimiento por la Liberación, que participó en varias de las actividades de solidaridad hacia el pueblo chileno inmediatamente después al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Algunos párrafos del documento: "Frente a las poderosas acometidas de los pueblos en la lucha por lograr su Liberación Nacional, la Democracia popular y el Socialismo, ante la toma de conciencia de miles de millones de oprimidos y las sucesivas derrotas que esos pueblos infligen al imperialismo, los imperialistas, encabezados por EE UU, se ven obligados a recurrir a una nueva forma de colonialismo encubierto y disfrazado: el neocolonialismo."
"Su propósito es dividir y ocultar las luchas que llevan a cabo las naciones y pueblos oprimidos contra su enemigo común, el imperialismo yanqui. En este marco, se trata de que el genocidio cometido contra el pueblo vietnamita quede aislado y sin aparente relación con las tremendas masacres cometidas contra los pueblos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina." El texto denuncia a "Pinochet y su camarilla fascista en Chile", y elabora un informe de la realidad argentina de entonces: "El índice de mortalidad infantil alcanzado en 1970 fue del 63,10 por mil, es decir que de cada mil niños que nacen, más de 63 están condenados a muerte."
"La desocupación que crea mano de obra barata para los monopolios supera el millón y medio de obreros, empleados y campesinos." "La crisis de la vivienda propia ha creado el hacinamiento en villas, pensiones y hoteles." Y "el 50 por ciento de los niños argentinos en edad escolar no alcanzan a completar el ciclo de educación primaria”. También describe la distribución del mercado en pocas manos norteamericanas, y explica que la mayoría de los argentinos, a pesar de no tener conocimientos en economía, "sabe que la presencia del imperialismo yanqui es una realidad cotidiana…
Al despertarse por la mañana se encuentra bajo sábanas Grafa-Bunge y Born (de la United Merchants de Nueva York) sobre su nuca… en unos minutos se lavará los dientes con Kolynos (del consorcio American Home Products)… se peinará con fijador Palmolive (subsidiaria de The Gillette Company)… el desayuno lo hace con Nescafé (del monopolio suizo-yanki Nestlé, subsidiario de la Banca Morgan) y con leche La Martona (del grupo Ledesma ligado a la banca Rockefeller) …
El azúcar puede provenir del ingenio La Esperanza (del grupo yanqui Deltec)… en caso de emplear un edulcorante artificial, usará Bucaryl (de la subsidiaria de Abbot Laboratorios)… Servirá el desayuno sobre una mesa cubierta con un laminado plástico (fabricado por el consorcio yanqui Witcel Bond), lo acompañará con galletitas Criollitas (del grupo inglés Bagley) y margarina untable o manteca (de Molinos Río de la Plata, propiedad de Bunge y Born)…
Al encender la hornalla de la cocina, estará usando gas de garrafa ESSO, se vestirá con una camisa de Acrosel (elaborada por el monopolio Sudantex) y con pantalón Farwest." Y finaliza: "Ya fuera de su casa, cuando tome el tren, viajará en un vagón hecho por General Motors, o tomará un colectivo Berdford."
Los archivos que hoy hablan
11.09.2013
Salvador Allende y la vía chilena al socialismo
Pequeña síntesis del material recopilado e interpretado por la Comisión Provincial por la Memoria, en referencia al golpe militar registrado en Chile y su vinculación con la Argentina.
En los legajos del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se encuentran muchas menciones indirectas a la experiencia de la Unidad Popular en Chile entre 1970 y 1973.
En la presente Colección incluimos dos documentos que consideramos muy significativos por las dimensiones que abordan. Uno de los legajos incluye recortes de la prensa gráfica argentina realizados por la DIPPBA sobre el triunfo de la Unidad Popular, el atentado que derivó en la muerte del jefe del Ejército René Schneider y los acuerdos en el Congreso con la Democracia Cristiana, que permitieron finalmente asumir la presidencia a Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970 (Referencia Nº 13.698. "Sucesos de Chile". Tomo 3 bis). El otro legajo (Referencia Nº 15.876 "Situación política de la República de Chile") es un análisis de la situación social y política de Chile en octubre de 1972, durante el gran paro patronal producido contra el gobierno de Allende.
Informes de diferentes fuentes y teletipos enviados a todos los servicios de inteligencia por la SIDE, razón por la que aquí se conserva una copia.
PERSECUCIÓN Y ASILO TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE. Mesa Ds, varios. Legajo N°1171. "Nómina de asilados en Embajada Argentina en Chile y nómina de personas que han solicitado salvoconducto al MMRREE y Culto.” En este legajo fue incorporado un Parte de Informaciones elaborado tras una reunión realizada por un Grupo de Tareas del I Cuerpo el 20 de Noviembre de 1973 sobre las personas que se hallaban asiladas en la Embajada Argentina en Santiago de Chile al 7 de noviembre de 1973 y, también, el análisis de los antecedentes de dos grupos de personas que solicitaron conjuntamente sus salvoconductos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para poder salir del país rumbo a la Argentina.
Estas investigaciones corresponden a sólo un pequeño fragmento del total de los asilados, pero el documento vale como muestra de las investigaciones realizadas sobre ciudadanos argentinos, chilenos y de todo el mundo que se encontraban en Santiago de Chile al momento del golpe de Estado. Muchos de ellos asilados, a su vez, tras huir de sus países de origen (como Bolivia, Brasil, Uruguay), que ya se encontraban bajo el yugo de dictaduras cívico-militares. Referencia Nº 16.603. Son Partes de Informaciones firmados por el Jefe de Seguridad Federal, Coronel (RE) Rubén Gregorio Berazay, y distribuidos a trece servicios de inteligencia de Argentina durante el mes de diciembre de 1973, con las nóminas, fotografías y antecedentes de las personas arribadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973.
La totalidad de las personas registradas en esta serie de legajos habían recurrido a la Embajada Argentina en Santiago de Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre y habían ingresado a nuestro país tras conseguir sus salvoconductos. Las fojas con las fotografías y los antecedentes personales (razones por las que se encontraba en Chile, fecha de ingreso a nuestro país, lugar donde fijó residencia; así como dos apartados donde se analizan antecedentes penales e ideológicos) fueron reorganizadas a partir de diciembre de 1974 por la DIPPBA (entonces SIPBA) y conformaron con ellos diferentes tomos del legajo de Referencia Nº 16.998.
En esos tomos continúan las investigaciones de inteligencia sobre ellos. Sobre toda la información del Archivo rige la Ley Nacional 25.326 de Habeas Data, que implica la protección de la intimidad de las personas allí mencionadas, por lo tanto hemos decidido no incorporar los mencionados tomos dentro de la colección. Referencia Nº 16.998 "COMACHI. Adherentes y residentes chilenos. Sept 1973". Seguimiento a las actividades de las diferentes filiales de los Comités de Ayuda a Chile en toda la provincia de Buenos Aires y otros agrupamientos de solidaridad, así como relevamientos de antecedentes de muchos de sus adherentes.
Cuenta con documentación desde el momento del golpe del 11 de septiembre de 1973 y de su primer aniversario, que incluye folletos, volantes, transcripciones de discursos, nómina de participantes, e informes de distintos organismos de inteligencia (SIDE, SIN, etcétera), que da cuenta del funcionamiento de la Comunidad Informativa. También se reúnen allí antecedentes de aquellos que ingresan al país como asilados, fotografías y prontuarios que elabora Seguridad Federal. Referencia Nº 13.698. "Sucesos de Chile".
Los tomos seleccionados de este legajo constan fundamentalmente de recortes de notas periodísticas publicadas desde el año 1970 hasta el año 1975, hemos excluido los materiales previos y posteriores referidos a conflictos limítrofes entre Argentina y Chile que dan origen al conjunto de legajos. Tomo 5. Antecedentes de personas que llegaron de Chile solicitando asilo. Mesa Ds, Varios, Legajo N 3827.
Que refiere a la toma de rehenes en Acnur durante el año 1975.
este viernes a las 18:30
Los documentos que hoy adelanta Tiempo Argentino serán presentados por la Comisión Provincial por la Memoria el próximo viernes a las 18:30 hs. en el aula E2 de la Facultad de Humanidades de La Plata, ubicada en Calle 48 entre 6 y 7, de esa ciudad. Los originales conforman la entrega 17 de la colección del Centro de Documentación que administra la Comisión, titulada "El golpe de Estado en Chile y su impacto en la región". En la jornada también se llevará a cabo la charla "A 40 años del golpe en Chile, los desafíos de las democracias en América Latina", coordinada por la CPM y la Maestría de Historia y Memoria de la Facultad. Participarán del panel Patricia Funes, doctora en historia y miembro del Consejo Asesor de la CPM; Ana Barletta, directora de la Maestría en Historia y Memoria; y Marta Cisterna, coordinadora de la Comisión de Observadores de DD HH de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, de Santiago de Chile (teleconferencia). Sandra Raggio será la moderadora.
Me gustan los estudiantes
11.09.2013
Las acciones de la Bonaerense apuntaron al trabajo militante de la juventud
Varios documentos sostienen las investigaciones policiales a militantes y estudiantes. Algunos de ellos:
Asunto: Actividad estudiantil.
Síntesis: En inmediaciones del Comedor Universitario, hoy al mediodía, un joven que por medio de un brazalete identificábase como perteneciente a la Juventud Peronista, utilizando un megáfono invitaba a los estudiantes de todas las tendencias a concentrarse a las 19.00 de la fecha…
Asimismo, para invitar a dicho acto, FULP y FUA refrendaron panfletos con la misma finalidad, señalando en los mismos su adhesión al pueblo chileno… En inmediaciones a la Facultad de Ciencias Médicas, firmados por el Centro de Estudiantes de Chile-La Plata, se invitaba a diversos actos… (17 de septiembre de 1973).
Asunto: Manifestación estudiantil en la zona céntrica. Ampliando información relacionada con la manifestación estudiantil, la misma se detuvo al pie del monumento erigido en la Plaza Italia, una vez allí realizaron un minuto de silencio a los caídos en los sucesos de Chile…
A continuación usaron de la palabra tres oradores no identificados, quienes se refirieron a los sucesos que culminaron con el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende. (14 de septiembre de 1973). las
JUVENTUDES POLÍTICAS ALUDEN A LOS GRAVES HECHOS DE CHILE. Una declaración de enérgico repudio "al bárbaro golpe de las fuerzas armadas chilenas, orquestado –dice– por el imperialismo yanqui y la oligarquía cipaya" ha emitido la Coordinadora de Juventudes Políticas de Pergamino… Luego de afirmar que este hecho sume al pueblo chileno en una dictadura reaccionaria, expresa que ello forma parte "de la estrategia orquestada por el imperialismo yanqui en toda la América Latina. (Sin fecha identificada).
ACTIVIDAD ESTUDIANTIL, LA PLATA. "En la fecha y siendo aproximadamente las 11.30 hs., un grupo de alrededor de 300 estudiantes, pertenecientes a establecimientos secundarios de esta ciudad, se congregaron… con la finalidad de manifestar a viva voz su repudio "por los hechos ocurridos en la República de Chile. Luego de proferir palabras hostiles hacia los militares que intervinieron en el alzamiento del vecino país, los estudiantes entonaron estribillos tales como: "Nixon, yanki gorilón, el pueblo te saluda, la p... que te parió". (12 de septiembre de 1973).
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
Guayacán, donde ejecutaron a niños
En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra
  El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
"¿Qué saben ustedes...?" La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".
Balas militares
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.
Lapostol, Moren y Cheyre El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".
Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"
(*) Nota de "Las historias que podemos contar": Recuérdese que el Pincetti nombrado, era un empleado civil de la DINA y el CNI con conocimientos de hipnosis y parapsicología, cuyos alias eran "el Pincetti" y "profesor destino" porque conducía un espacio radial de horóscopos antes del golpe; y cumple hoy prisión por su involucramiento en el asesinato del carpintero Juan Alegría, crimen encargado por su jefe Álvaro Corbalán Castilla -preso también a cadena perpetua-, para encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. El profesor destino intentó hipnotizar al carpintero Alegría para que éste escribiera una nota autoinculpándose por el asesinato de este dirigente; por lo tanto, es posible que estuviera intentado conseguir que los padres de los niños se autoinculparan por el asesinato de sus propios hijos. |
NELSON CAUCOTO, ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTUVO EN LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
“Hay que esclarecer todos los crímenes”Por Christian Palma
Caucoto señala que la única posibilidad de una “verdadera reconciliación” en Chile es a partir de que la Justicia avance en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Desde Santiago
“Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.”
Nelson Caucoto es el actual jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. En plena dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad (organismo de la Iglesia Católica, creado por el papa Pablo VI para ayudar a las víctimas del régimen militar) y luego en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Además presentó más de 300 querellas en contra de Augusto Pinochet y es uno de los principales litigantes en causas de DD.HH. Con más de 30 años de experiencia, ha llevado adelante casos emblemáticas como Víctor Jara, Degollados, Operación Albania, Paine y Lonquén, entre otros, lo que le valió, en 2007, el Premio de Derechos Humanos. El 11 de septiembre de 1973, este destacado abogado cursaba el último año de Derecho en la combativa Universidad de Concepción y, como a casi todos los de su generación, la fatídica fecha le cambió la vida para siempre.
–¿Cómo llega a convertirse en abogado de DD.HH. y qué casos lo conmovieron más?
–El golpe militar me hizo cambiar las prioridades, y me nació la necesidad de poner mi profesión al servicio de la gente que estaba sufriendo y siendo perseguida. Apuré el tranco, hice mi memoria para licenciarme y me fui a Santiago. Me presenté en enero de 1976 a una entrevista con Fabiola Letelier en la recién creada Vicaría de la Solidaridad, y me quedé en ese organismo hasta que terminó, en diciembre de 1992. No podría decir que un caso me conmovió más que otro, ya que todos tienen componentes brutales en común de muertes, torturas, vejaciones y desapariciones. El dolor en los familiares es tan grande... eso, en parte, es lo que me ha mantenido hasta estos días trabajando en las causas, buscando verdad y justicia.
–¿Qué le parece el caso del ex general Juan Emilio Cheyre y los nuevos episodios de violaciones a los DD.HH. que siguen saliendo a la luz?
–Tengo opiniones divididas. Comenzando por valorar su tarea como comandante en jefe, que permitió un reconocimiento histórico de los crímenes cometidos por esa fuerza, señalando que una cifra cercana a las 200 víctimas fueron ultimadas y lanzadas al mar por los militares, para luego dar un paso también inédito en cuanto a suscribir un compromiso de no vincularse nunca más con un golpe de Estado. Eso, creo, constituye un legado que hay que tener presente, pues no recuerdo una situación de esos alcances en los militares de este continente. Todo ello lo hizo en el marco de una ofensiva inmensa en su contra de los militares en retiro, y de una silenciosa oposición interna de los militares activos. No fue fácil hacerlo, qué duda cabe. Ahora, ese gran aporte de Cheyre se ha visto ensombrecido a la luz de lo acontecido en el caso Lejdermann (ver edición del 28/08/2013 de Página/12), por la precariedad e insuficiencia de sus respuestas en el caso concreto. No parece aceptable que haya sostenido que nunca leyó el Informe Rettig (sobre violación a los DD.HH.), que es un instrumento de carácter estatal y oficial del gobierno de Chile, y que por tanto nunca se interesó por conocer mayormente el devenir del caso.
–¿Qué falta en Chile para que exista una verdadera reconciliación? Al parecer, los odios y diferencias siguen pasando de generación en generación...
–Es verdad que no hay una completa reconciliación entre los chilenos; sin embargo, hay aspectos que anuncian luces esperanzadoras. Hemos avanzando en reconocer que los crímenes existieron. Se ha reconocido que las violaciones de derechos humanos en la dictadura dejaron una inmensa secuela de sufrimientos y dolores, con chilenos torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Otra señal la otorga el avance de la Justicia, respecto de la cual ya no existen los reparos de hace algunos años, y existe consenso de que los tribunales deben seguir cumpliendo su tarea de investigar los crímenes cometidos. Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento total de los crímenes cometidos por la dictadura.
–¿Cómo se viene este nuevo 11 de septiembre, teniendo en cuenta el escenario de los 40 años del golpe y que a Piñera, los otros 11/9, le han tocado más bien tranquilos?
–Los 40 años del golpe militar han tenido y van teniendo características distintas a los anteriores decenios. No creo que alguien haya imaginado alguna vez que cuatro décadas más tarde el recuerdo del golpe estuviera tan intensamente presente en la sociedad chilena como lo está hoy. Los medios de comunicación han cumplido un enorme papel en estas efervescencias. Los reportajes en diarios, revistas, radios y las imágenes de la TV dan cuenta de un reencuentro liberador con la verdad de lo ocurrido en la dictadura. Se han mostrado imágenes jamás vistas por los chilenos. Hoy proliferan los seminarios, encuentros y debates en las universidades y organizaciones sociales. Todo ello le hace bien a Chile. Ello ha traído aparejada una variada manifestación de perdones o reconocimientos que nunca antes se habían hecho. Las palabras del presidente Piñera y del senador Carlos Larraín (del derechista partido RN) son valorables en ese sentido. Hoy pareciera que todos abrazan la causa de los derechos humanos.
–¿Qué tan lejos estamos de la Justicia tan necesaria para cerrar heridas? ¿Hay avances en la materia?
–El avance de la Justicia ha sido significativo y hay que valorarlo. Hoy existen aproximadamente 800 procesamientos dictados contra los violadores de derechos humanos en los últimos 13 años, cuestión nunca vista en los 27 años anteriores. Existen alrededor de 250 agentes condenados por violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, en Chile existen 1400 juicios por derechos humanos. En el país, la Judicatura ha tenido un giro de 180 grados. En tres años se ha avanzado más que en los 27 años anteriores. La Justicia ha ido haciendo su trabajo y hay que instar para que no exista víctima que no haya tenido la posibilidad de una investigación judicial seria, imparcial y efectiva. Nuestra crítica fundada y responsable a esa actividad judicial radica en la escasa cuantía de las penas a los criminales, lo que nos parece inadecuado por la gravedad de los crímenes y la necesaria prevención general y especial que conlleva como fines la pena. Hay que impedir a toda costa que en el futuro estos crímenes se repitan, y para ello hay que intimidar a los delincuentes con penas racionales, justas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.
–¿Queda mucho aún por conocer? ¿Saldrán a la luz más casos de violaciones a los DD.HH.?
–Gran parte de la historia de Chile en dictadura está en los expedientes judiciales con los que se han ido esclareciendo los crímenes. Esos expedientes dan cuenta de la política de exterminio que se practicó. Y en ese exterminio se utilizaron todos los métodos imaginables e inimaginables. Se fusiló, se quemó, se explosionó, se degolló, se mató gente en la tortura, en falsos enfrentamientos, se inocularon sustancias tóxicas, químicas, bacteriológicas y se usó el gas sarín. Todos los días se están dictando nuevos procesamientos, nuevas condenas. Cada juicio es más verdad construida. Lo más significativo es que nadie se opone o se cruza como en el pasado reciente a esa actividad judicial.
–¿Qué le parece que la Corte Suprema reconozca omisión y responsabilidad en graves acciones durante la dictadura de Pinochet?
–Uno de los aspectos centrales en la actividad judicial en derechos humanos es el comportamiento de los tribunales. Los del tiempo de la dictadura fueron obsecuentes y funcionales a los designios de la tiranía, brindándole una amplia y total impunidad. Sin embargo, hoy ese poder judicial es distinto y ha ido fijando las bases de una futura convivencia nacional con una nueva perspectiva histórica. Así, nuestra Judicatura, desde no hace más de diez años a la fecha, ha incorporado plenamente el Derecho internacional de los derechos humanos, y ese instrumental jurídico obligatorio para el Estado de Chile ha permitido que judicialmente se declare la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ese es un legado para las futuras generaciones y una clara advertencia para las eventuales dictaduras del futuro, por cuanto sus crímenes serán perseguidos donde sea o cuando sea que se hayan cometido. Los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema han sido iluminadores en ese sentido y tienen una dimensión histórica que es bueno resaltar. Que la Corte Suprema en pleno, el viernes pasado, haya reconocido las omisiones y la grave desprotección en que se dejó a los ciudadanos me parece una buena determinación, y viene a sumarse a este nuevo clima que inauguran los 40 años. Quizá lo que más destacaría en esa declaración es aquella parte en que el máximo tribunal insta a todos los jueces del país a persistir en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Ese es el camino.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Nelson Caucoto es el actual jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. En plena dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad (organismo de la Iglesia Católica, creado por el papa Pablo VI para ayudar a las víctimas del régimen militar) y luego en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Además presentó más de 300 querellas en contra de Augusto Pinochet y es uno de los principales litigantes en causas de DD.HH. Con más de 30 años de experiencia, ha llevado adelante casos emblemáticas como Víctor Jara, Degollados, Operación Albania, Paine y Lonquén, entre otros, lo que le valió, en 2007, el Premio de Derechos Humanos. El 11 de septiembre de 1973, este destacado abogado cursaba el último año de Derecho en la combativa Universidad de Concepción y, como a casi todos los de su generación, la fatídica fecha le cambió la vida para siempre.
–¿Cómo llega a convertirse en abogado de DD.HH. y qué casos lo conmovieron más?
–El golpe militar me hizo cambiar las prioridades, y me nació la necesidad de poner mi profesión al servicio de la gente que estaba sufriendo y siendo perseguida. Apuré el tranco, hice mi memoria para licenciarme y me fui a Santiago. Me presenté en enero de 1976 a una entrevista con Fabiola Letelier en la recién creada Vicaría de la Solidaridad, y me quedé en ese organismo hasta que terminó, en diciembre de 1992. No podría decir que un caso me conmovió más que otro, ya que todos tienen componentes brutales en común de muertes, torturas, vejaciones y desapariciones. El dolor en los familiares es tan grande... eso, en parte, es lo que me ha mantenido hasta estos días trabajando en las causas, buscando verdad y justicia.
–¿Qué le parece el caso del ex general Juan Emilio Cheyre y los nuevos episodios de violaciones a los DD.HH. que siguen saliendo a la luz?
–Tengo opiniones divididas. Comenzando por valorar su tarea como comandante en jefe, que permitió un reconocimiento histórico de los crímenes cometidos por esa fuerza, señalando que una cifra cercana a las 200 víctimas fueron ultimadas y lanzadas al mar por los militares, para luego dar un paso también inédito en cuanto a suscribir un compromiso de no vincularse nunca más con un golpe de Estado. Eso, creo, constituye un legado que hay que tener presente, pues no recuerdo una situación de esos alcances en los militares de este continente. Todo ello lo hizo en el marco de una ofensiva inmensa en su contra de los militares en retiro, y de una silenciosa oposición interna de los militares activos. No fue fácil hacerlo, qué duda cabe. Ahora, ese gran aporte de Cheyre se ha visto ensombrecido a la luz de lo acontecido en el caso Lejdermann (ver edición del 28/08/2013 de Página/12), por la precariedad e insuficiencia de sus respuestas en el caso concreto. No parece aceptable que haya sostenido que nunca leyó el Informe Rettig (sobre violación a los DD.HH.), que es un instrumento de carácter estatal y oficial del gobierno de Chile, y que por tanto nunca se interesó por conocer mayormente el devenir del caso.
–¿Qué falta en Chile para que exista una verdadera reconciliación? Al parecer, los odios y diferencias siguen pasando de generación en generación...
–Es verdad que no hay una completa reconciliación entre los chilenos; sin embargo, hay aspectos que anuncian luces esperanzadoras. Hemos avanzando en reconocer que los crímenes existieron. Se ha reconocido que las violaciones de derechos humanos en la dictadura dejaron una inmensa secuela de sufrimientos y dolores, con chilenos torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Otra señal la otorga el avance de la Justicia, respecto de la cual ya no existen los reparos de hace algunos años, y existe consenso de que los tribunales deben seguir cumpliendo su tarea de investigar los crímenes cometidos. Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento total de los crímenes cometidos por la dictadura.
–¿Cómo se viene este nuevo 11 de septiembre, teniendo en cuenta el escenario de los 40 años del golpe y que a Piñera, los otros 11/9, le han tocado más bien tranquilos?
–Los 40 años del golpe militar han tenido y van teniendo características distintas a los anteriores decenios. No creo que alguien haya imaginado alguna vez que cuatro décadas más tarde el recuerdo del golpe estuviera tan intensamente presente en la sociedad chilena como lo está hoy. Los medios de comunicación han cumplido un enorme papel en estas efervescencias. Los reportajes en diarios, revistas, radios y las imágenes de la TV dan cuenta de un reencuentro liberador con la verdad de lo ocurrido en la dictadura. Se han mostrado imágenes jamás vistas por los chilenos. Hoy proliferan los seminarios, encuentros y debates en las universidades y organizaciones sociales. Todo ello le hace bien a Chile. Ello ha traído aparejada una variada manifestación de perdones o reconocimientos que nunca antes se habían hecho. Las palabras del presidente Piñera y del senador Carlos Larraín (del derechista partido RN) son valorables en ese sentido. Hoy pareciera que todos abrazan la causa de los derechos humanos.
–¿Qué tan lejos estamos de la Justicia tan necesaria para cerrar heridas? ¿Hay avances en la materia?
–El avance de la Justicia ha sido significativo y hay que valorarlo. Hoy existen aproximadamente 800 procesamientos dictados contra los violadores de derechos humanos en los últimos 13 años, cuestión nunca vista en los 27 años anteriores. Existen alrededor de 250 agentes condenados por violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, en Chile existen 1400 juicios por derechos humanos. En el país, la Judicatura ha tenido un giro de 180 grados. En tres años se ha avanzado más que en los 27 años anteriores. La Justicia ha ido haciendo su trabajo y hay que instar para que no exista víctima que no haya tenido la posibilidad de una investigación judicial seria, imparcial y efectiva. Nuestra crítica fundada y responsable a esa actividad judicial radica en la escasa cuantía de las penas a los criminales, lo que nos parece inadecuado por la gravedad de los crímenes y la necesaria prevención general y especial que conlleva como fines la pena. Hay que impedir a toda costa que en el futuro estos crímenes se repitan, y para ello hay que intimidar a los delincuentes con penas racionales, justas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.
–¿Queda mucho aún por conocer? ¿Saldrán a la luz más casos de violaciones a los DD.HH.?
–Gran parte de la historia de Chile en dictadura está en los expedientes judiciales con los que se han ido esclareciendo los crímenes. Esos expedientes dan cuenta de la política de exterminio que se practicó. Y en ese exterminio se utilizaron todos los métodos imaginables e inimaginables. Se fusiló, se quemó, se explosionó, se degolló, se mató gente en la tortura, en falsos enfrentamientos, se inocularon sustancias tóxicas, químicas, bacteriológicas y se usó el gas sarín. Todos los días se están dictando nuevos procesamientos, nuevas condenas. Cada juicio es más verdad construida. Lo más significativo es que nadie se opone o se cruza como en el pasado reciente a esa actividad judicial.
–¿Qué le parece que la Corte Suprema reconozca omisión y responsabilidad en graves acciones durante la dictadura de Pinochet?
–Uno de los aspectos centrales en la actividad judicial en derechos humanos es el comportamiento de los tribunales. Los del tiempo de la dictadura fueron obsecuentes y funcionales a los designios de la tiranía, brindándole una amplia y total impunidad. Sin embargo, hoy ese poder judicial es distinto y ha ido fijando las bases de una futura convivencia nacional con una nueva perspectiva histórica. Así, nuestra Judicatura, desde no hace más de diez años a la fecha, ha incorporado plenamente el Derecho internacional de los derechos humanos, y ese instrumental jurídico obligatorio para el Estado de Chile ha permitido que judicialmente se declare la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ese es un legado para las futuras generaciones y una clara advertencia para las eventuales dictaduras del futuro, por cuanto sus crímenes serán perseguidos donde sea o cuando sea que se hayan cometido. Los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema han sido iluminadores en ese sentido y tienen una dimensión histórica que es bueno resaltar. Que la Corte Suprema en pleno, el viernes pasado, haya reconocido las omisiones y la grave desprotección en que se dejó a los ciudadanos me parece una buena determinación, y viene a sumarse a este nuevo clima que inauguran los 40 años. Quizá lo que más destacaría en esa declaración es aquella parte en que el máximo tribunal insta a todos los jueces del país a persistir en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Ese es el camino.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2013/09/chile-los-documentos-de-la-policia.html
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