No se trata sólo del pasado, de su rol en los consejos de guerra o durante la dictadura. El nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, asume en momentos en que el máximo tribunal debe dar pruebas concretas y actualizadas de su compromiso con el respeto de los Derechos Humanos en la sociedad chilena.
La criminalización de comunidades mapuches, la justicia militar, la política carcelaria y la seguridad pública, y la libertad de expresión, son hoy algunas de las materias en las que el tribunal que presidirá puede ser clave para resolver casos y conflictos, que de lo contrario se transformarán en nuevos juicios internacionales contra el Estado.
Desde que se anunció su elección la tarde del lunes, no han parado de lloverle críticas provenientes del mundo de las organizaciones históricas de los derechos humanos. Así lo hicieron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, juristas, y algunos políticos ligados a la izquierda, quienes rechazaron su designación.
Se ha dicho reiteradamente que el ministro Ballesteros es partidario de aplicar la prescripción en casos de violaciones a los Derechos Humanos del pasado, cuando no la amnistía. Este punto es clave, porque desde 2006 se encuentra pendiente la ejecución del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid versus Chile, que obligó al Estado a "anular los efectos jurídicos de la ley de amnistía".
El fallo implica a los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque es necesario modificar leyes y se requiere para ello de la iniciativa presidencial, así como de la voluntad política de las cámaras, pero también compromete a la Corte Suprema en su totalidad, la cual puede desde ya rechazar que se sigan aplicando las leyes de impunidad.
Más allá de su larga trayectoria, al ministro Ballesteros todavía le queda bastante por hacer en materia de Derechos Humanos, y por lo cual -junto a su pasado- será permanentemente evaluado.
Política Penal y deudas
Una de las principales modificaciones que ha vivido la justicia en la última década es la Reforma Procesal Penal, la cual cambió sustancialmente el modo de hacer justicia y se acercó a estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales y de acceso a la justicia.
Sin embargo, subsisten importantes deudas, tales como la supresión definitiva de la Justicia Militar, la cual ya fue duramente cuestionada en otro juicio que en 2005 perdió Chile, y que también se encuentra pendiente su plena ejecución.
Su antecesor, Milton Juica, se ha mostrado en reiteradas oportunidades contrario a la existencia de la Justicia Militar, la cual sigue procesando a uniformados en casos que involucran a civiles, como en el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, cuyo autor es un carabinero y recibió por parte del tribunal castrense una pena bajísima, la cual -pese a todo- fue finalmente ratificada por la Corte Suprema.
Juica también señaló en otras ocasiones, la necesidad de completar la reforma procesal, redactando nuevos códigos penales y civiles que sustituyan la actual legislación que data del siglo XIX.
En el caso de la aplicación de la ley antiterrorista, Chile aún no ha sido condenado por el sistema interamericano de Derechos Humanos, pero ya hay en curso varios casos que pueden prontamente terminar en una nueva condena.
La seguridad pública
Por último, Ballesteros parece ser un alivio para el Gobierno en su alta desaprobación ciudadana del manejo de la seguridad pública, que ha llevado al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, a ponerse a la ofensiva primero contra los jueces, y ahora contra el fiscal nacional Sabas-Chahuán.
En medio del populismo penal por el cual aboga el oficialismo, Ballesteros debe hacerse cargo de llevar el sistema de garantías penales hacia el interior de las cárceles, como ya se está haciendo de manera experimental gracias a la Defensoría Pública, y continuar con la política de fiscalización de la situación humanitaria de los recintos, los cuales han sido denunciados por su sobrepoblación y por las escasas oportunidades de rehabilitación que ofrecen a las personas privadas de libertad.
Ballesteros deberá lidiar en el presente, al igual que en su pasado, con la tentación de omitir al Poder Judicial en el involucramiento de los temas en los que está en juego el Estado de derecho.
http://www.radiotierra.cl/node/3900
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