Sala de autopsias del Instituto Médico Legal. Fotografía: Marcelo Montecino.
Mientras la Primera Fiscalía Militar ordenaba a dos de los principales médicos legistas de la morgue de Santiago practicar la noche del golpe militar una autopsia fuera del recinto al cadáver del Presidente Salvador Allende, la burocracia militar comenzaba a instalarse dentro del Servicio Médico Legal (SML).
El Dr. Alfredo Vargas Baeza llevaba casi 20 años como director del SML, pero no se encontraba en Chile el 11 de septiembre. Gozaba de un feriado legal desde el 23 de junio y debía haber regresado el 3 de septiembre. Sin embargo, por razones de fuerza mayor no explicitadas en la documentación de la época, no pudo retornar, y aún se encontraba en Europa.
Durante su ausencia, estaba siendo subrogado por el Dr. Augusto Torrico Rojas, un psiquiatra boliviano de ideas de izquierda que, evidentemente, no era del gusto de la nueva autoridad militar. En un decreto del 10 de octubre, la Junta Militar informó que de manera retroactiva, a partir del 25 de septiembre, asumía como director subrogante del SML el Dr. Óscar Novoa Allende, “hasta nueva decisión de la Junta de Gobierno.”
Sin embargo, el Dr. Novoa, médico de la planta civil del Hospital Militar y del Departamento Clínico del SML, se había instalado en la oficina del Director aún antes de su designación. Asumió el cargo de facto a partir del mismo 11 de septiembre, dejando al Dr. Torrico en su puesto original como jefe del Departamento de Psiquiatría, afirmó a ArchivosChile el ex asesor legal del SML, Gilberto Rudolph.
Para sorpresa de muchos de los funcionarios, el que apareció tras el golpe militar en uniforme de campaña dando órdenes al interior de la morgue era el Dr. Sergio Larraín Eyzaguirre, un mayor de Sanidad del Ejército que llevaba más de 20 años trabajando en el SML.
Larraín fue designado delegado de la Junta Militar ante el SML, pero el cargo le duró poco. Según un ex funcionario del Servicio, a Larraín los médicos no lo tomaban en serio. Se mantuvo como delegado de la Junta hasta que el 12 de octubre el Subsecretario de Justicia, Max Silva del Canto, le comunicó el término de su cargo, por haber ya “normalizado el servicio”.
Un ex conductor de la morgue entrevistado por ArchivosChile recuerda que al día siguiente o subsiguiente del golpe, un oficial de Ejército reunió a todos los funcionarios en el auditorio. “Nos dijo clarito: ‘¡Cualquier chuchasumadre que sea sorprendido dando información a periodistas, familiares o amigos sobre lo que está pasando va a ser fusilado en el acto!’,” relató.
Antes de devolver la dirección del SML al Dr. Vargas a fines de septiembre, el Dr. Novoa dejó instalado en la morgue a su gran amigo, el coronel auditor en retiro del Ejército, Mario Parker Arenas. Novoa regresó a sus labores anteriores en el área de Ginecología.
Parker fue nombrado a través de un decreto retroactivo del 20 de noviembre de 1973 “abogado coordinador ad honorem” del Servicio Médico Legal ante la Junta de Gobierno. Permanecía solo un par de horas al día en la morgue, recuerda Rudolph.
Cuando el Dr. Vargas regresó al SML a fines de septiembre, el ambiente era tenso. Militares llevaban semanas circulando por los pasillos de la morgue, e incluso seguían a los funcionarios hasta sus casilleros para controlar lo que hacían. Carabineros se apostaban en las afueras.
Primaba el silencio. Como en todos los servicios y organismos del Estado, ya no se sabía quién podría ser un delator. Los funcionarios dormían poco, lloraban y pasaron hambre. Estaban exhaustos, al igual que los médicos que, a partir del 11 de septiembre, no tuvieron pausa en la realización de autopsias de cuerpos que no cesaban de llegar.
Las autopsias
Entrada del Instituto Médico Legal, la morgue en Santiago. (A&D Fotografía).
La cantidad de cadáveres en la morgue, las condiciones en que se encontraban, los recursos y el personal disponibles, el riesgo de infecciones y el caos general provocado por la avalancha de muertos que llegó a la morgue de la capital dificultó practicar autopsias completas a cada uno.
“No se hacían las autopsias que hubiésemos querido realizar, con toda la técnica necesaria,” dijo el Dr. José Luis Vásquez, médico legista que aún trabaja en el SML. “Las primeras dos o tres autopsias que hicimos intentamos hacerlas lo más completo posible, pero después nos dimos cuenta de que era humanamente imposible. Nos limitábamos a hacer una autopsia sucinta, encuadrándonos sólo en las lesiones que existían relacionadas con la causa de muerte. La mayoría, evidentemente, eran lesiones causadas por proyectiles balísticos.”
En la época, el servicio contaba con unos seis médicos legistas. Era claramente insuficiente. El SML debió recurrir a otros médicos clínicos de la misma morgue para colaborar en las autopsias, incluyendo al hijo del director, Dr. Alfredo Vargas Kother.
Era imposible, por el número de cadáveres apilados en la morgue, seguir las pautas habituales para una autopsia completa en cada caso, como se sugiere en el Reglamento del SML vigente en la época. Tampoco se cumplió la norma reglamentaria de que todos los cadáveres que ingresaran al IML fueran fotografiados y que esas fotos quedaran archivadas para la eventual consulta de los tribunales. Según el Dr. Vásquez, no había ni fotógrafo ni cámaras.
De todos modos, aseguró, se les practicó autopsia a todos los fallecidos, sin excepción, aunque el grado de profundidad varió considerablemente (ver selección de informes de autopsia).
Extracto del informe de autopsia Carlos Guzmán Altamirano, muerto en la vía pública el 17 de septiembre de 1973. El informe consigna al menos 10 heridas de bala en el cuerpo. Fuente: Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
El asesor jurídico, Gilberto Rudolph, las llamó “autopsias económicas”. “Significaba que si por el examen externo del cadáver se podía deducir la causa de muerte, el examen se detenía en el reconocimiento externo, porque no había suficiente personal ni médicos especializados para cubrir toda la demanda de autopsias. Eran casi todos muertos por bala, así que no había que mirar mucho,” afirmó.
En esas primeras semanas, el Dr. Vásquez recuerda haber trabajado jornadas de hasta 12 horas diarias. Entre el día del golpe militar y el 30 de noviembre –periodo en que se registró el mayor número de ingreso de fallecidos– el Dr. Vásquez efectuó un total de 292 autopsias. Similar ritmo de trabajo tuvieron los tanatólogos Carlos Marambio Allende (263) y el boliviano Humberto Rhea Clavijo (242).
El Dr. Vargas y su hijo realizaron un total de 209 autopsias,[1] mientras que el Dr. Exequiel Jiménez se encargó de 179, el Dr. Tomás Tobar de 96, y el medico boliviano Dr. Rolando Costa Arduz[2], de 88. Otros médicos – incluso de otras especialidades– intervenían ocasionalmente en la sala de autopsias.
Autopsias técnicamente correctas
Aunque las autopsias se limitaron a examinar sólo el área de las heridas mortales –y no incluyeron otros tipos de análisis–, los informes de todos modos precisaron correctamente la causa de muerte. Sin embargo, a pesar de la evidente acción de terceros en esas muertes, a menudo causadas por múltiples heridas de bala, pocos informes de autopsia indicaron si se trataba de un homicidio, como estaban obligados por ley.[3]
El homicidio se consigna como causa de muerte en sólo 118 de los 891 informes de autopsia practicadas a víctimas confirmadas o potenciales de violaciones a los derechos humanos. De esos 118 informes 83 fue firmado por un solo médico, el Dr. Carlos Marambio. El Dr. Rhea lo indicó en 17 de sus informes y el Dr. Vásquez en sólo cinco.
Según declaró el Dr. Rhea a propósito de la investigación judicial sobre la muerte de un grupo de pobladores de Puente Alto en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973, “entre los días 11 y 15 de septiembre efectuaba por lo menos entre doce a quince autopsias diarias. Incluso llegaron facultativos desde Carabineros y Fuerzas Armadas para colaborar en las labores pues había cadáveres incluso en los pasillos.” Por esa razón, declaró, “los informes de autopsias de esas fechas se hicieron de manera somera; es decir sin un examen detallado de los cuerpos.”[4]
Para el Dr. Rhea, como para los otros dos médicos bolivianos que trabajaban en el IML, la situación fue seguramente insoportable. Rhea había sido colaborador de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia y médico tratante del guerrillero argentino. Residía en Chile como exiliado político desde 1967, año en que comenzó a trabajar en el Instituto Médico Legal, debido a la escasez de médicos legistas en Chile.
Era tal el volumen de cuerpos, que el IML pidió la colaboración de los hospitales públicos para que enviaran auxiliares. También, recuerda el Dr. Vásquez, se intentó incorporar a personal administrativo en la sala de autopsias para tomar apuntes dictados por los médicos durante la autopsia para agilizar el proceso, pero eso duró muy poco.
“Naturalmente, a los cinco o diez minutos estaban todos en el suelo. No tenían la costumbre de ver cuerpos o fluidos. Nunca habían ingresado a una sala de autopsias. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros. Todo era manuscrito por los médicos que realizábamos las autopsias, y eso hizo el proceso más lento,” dijo.
De acuerdo a los registros del SML, las autopsias se hacían por lo general un par de días después de llegado el cuerpo. Sin embargo, hubo casos en que se realizaron una o dos semanas después. En cinco casos registrados en el libro de ingreso de fallecidos a la morgue de Santiago (Libro Transfer), la autopsia se realizó en otro lugar, como un hospital. En esas circunstancias, igual se anotaron sus nombres como fallecidos ingresados a la morgue, con sus respectivos números de protocolo, con una notoria excepción: la autopsia del Presidente Salvador Allende Gossens nunca quedó anotada en ningún libro, a pesar de haber sido realizada por dos médicos legistas del SML.
La noche del 11 de septiembre, el cuerpo de Allende yacía en el pabellón de cirugía del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar a la espera de la llegada de los doctores Vásquez y Tobar y el auxiliar especializado Mario Cornejo. Por orden de la Primera Fiscalía Militar, ellos fueron llevados esa noche al hospital castrense, y a las 20 horas iniciaron la autopsia al fallecido presidente. La autopsia [5] se prolongó hasta la media noche, y fue caratulada con el número de protocolo 2449/73.
El cuerpo del Presidente Allende no pasó por la morgue y hasta el día de hoy, Allende no figura en el libro de ingreso de fallecidos del Servicio Médico Legal.
En la morgue, otro cuerpo era asignado el mismo número de protocolo, el 2449: Onofre Castro Hernández, quien murió el 12 de septiembre debido a una enfermedad, y cuyo cuerpo fue no obstante remitido a la morgue por la Segunda Fiscalía Militar.
Reconocimiento de seres queridos
Finalizado el proceso de autopsia, los cadáveres eran bajados a la Sala de Exposición anexa al frigorífico, donde normalmente se exhibían los cuerpos de personas desconocidas para el reconocimiento de sus familiares. Había unas 90 cámaras frigoríficos, y según el Dr. Vásquez, no todas funcionaban. En cada una se colocaban varios cuerpos. “En esas condiciones, era imposible que esas cámaras cumplieran su función,” dijo.
Pasillo interior de la morgue de Santiago. (A&D Fotografía)
Los cuerpos eran dejados desnudos en el suelo y, en lo posible, con su ropa a los pies, a la espera de que algún familiar los encontrara, los identificara o los reclamara. Eran cientos de cadáveres que se amontonaban en el piso. Otros quedaban en los frigoríficos. Por días o semanas.
En muchos casos, nadie los reclamó porque sus familiares aún no se enteraban de su muerte, a pesar de que sus identidades ya estaban confirmadas por el Servicio de Registro Civil a través de las huellas dactilares tomadas a los cadáveres. A menudo esta confirmación de identidad llegaba de vuelta al SML cuando el fallecido ya había sido sacado de la morgue por el propio servicio, sin el conocimiento de las familias. Y más significativo aún: la documentación de la época revela que en algunos casos, se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas, en algunos casos al ser confundidos los números de protocolo. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
Más allá de la intencionalidad o no de ocultar los crímenes, para María Luisa Sepúlveda, ex Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Valech,[6] uno de los principales problemas fue que “no había una cadena de custodia rigurosa” en la morgue.
“El problema mayor estaba en la custodia de la ropa y en la identificación de las huellas. No siempre hubo prolijidad. Salían en la noche a buscar cuerpos, pero era difícil establecer después que el cuerpo uno era el que encontraron en la carretera San Martín y el cuerpo dos era el que estaba en Maipú, por ejemplo. No había seguridad de que hayan coincidido bien los datos,” afirmó a Archivos Chile.
Afuera, los funcionarios del IML colgaron listas con los nombres de los fallecidos identificados. A pesar de que muchos habían llegado a la morgue con alguna documentación y sus identidades fueron confirmadas por el Registro Civil –aunque no siempre acertadamente–, eran listas escuálidas, “un número ridículo en comparación con la cantidad de cadáveres adentro,” recordó Héctor Herrera, uno de los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue a tomar muestras dactiloscópicas a los cadáveres.
Proporcionalmente, eran pocos los familiares que acudían a la morgue en los primeros días, dijo la secretaria del Dr. Vargas, Adelina Gaete, quien debió atender a algunos familiares en ese periodo. “Afuera del IML no llegó casi nadie al comienzo. Días después comenzaron a venir familiares. Nosotros revisamos los protocolos de autopsia para ver si alguien podría calzar con la descripción de la persona que buscaban,” dijo.
Las familias vivían otro ángulo de la tragedia: mientras sus seres queridos yacían en el suelo esperando su turno de autopsia, ellos recorrían hospitales, centros de detención, oficinas gubernamentales, organismos internacionales, fiscalías militares, comisarías y regimientos en su búsqueda.
Las fichas de la Vicaría de la Solidaridad sobre detenidos-desaparecidos en los primeros meses de dictadura militar son testimonio del largo peregrinaje y las interminables puertas que golpearon padres, hermanos y cónyuges de personas que habían sido arrestadas y cuyo paradero aún se desconocía. La morgue siempre fue el último lugar, el más resistido.
Además, había temor. “Afuera siempre había organismos de seguridad y a veces detenían a los familiares. Había familiares que no se atrevían a ir por miedo a quedar detenidos en la misma puerta del servicio. Había muchos civiles infiltrados que los detectaban en la entrada,” dijo Sergio Cornejo, quien de adolescente acompañaba a su padre a su trabajo en la morgue.
No obstante, muchos familiares acudieron al recinto en Avenida La Paz en busca de sus seres queridos. Los auxiliares — y en algunos casos, militares o policías — debían acompañarlos a la Sala de Exposición. “Los auxiliares se sentían bien afectados también por la situación, y tomaron cuidado de no llevar a los familiares donde estaban los cuerpos tirados en los pasillos,” agregó Gaete.
Algunos no los encontraron, a pesar de que estaban ahí en calidad de NN. En otros casos, sus nombres nunca fueron anotados en el libro de ingreso de la morgue, por lo que su presencia ahí les era negada. (Ver artículo: Registro Civil Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre).
- Luis Miguel Rodríguez Arancibia, 20 años, fue ejecutado en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Su hermano lo encontró en la morgue.(Fotografía: www.memoriaviva.com)
Ismael Rodríguez encontró a su hermano Luis, fusilado en el Puente Bulnes el 14 de octubre junto a un grupo de pobladores de Puente Alto, en un ataúd abierto con su cuerpo destrozado. Lo había estado buscando durante una semana, desde que Carabineros lo detuvo con un grupo de amigos,[7] y su familia aún no sabía nada de él.
Luis Verdejo, padre de uno de los amigos arrestados con el hermano de Rodríguez, se enteró de que su hijo se encontraba en la morgue. Le avisó a Ismael Rodríguez y éste partió al IML con otros familiares.
“Fue impactante cuando entré. Había cientos de cuerpos en el suelo, en el pasillo, todos desnudos. Un señor de delantal blanco y botas negras los manguereaba con agua fría, supongo que para preservar los cuerpos. Algunos tenían la cicatriz de la autopsia. Había niños, mujeres, ancianos, de todo. Vi un cadáver con el puño en alto; estaba tieso. Nunca le pudieron bajar el brazo,” dijo Ismael Rodríguez a ArchivosChile.
En las cámaras frigoríficas, encontraron a Verdejo y a Leonidas Isabel Díaz, una niña de 14 años que estaba embarazada y que había sido arrestada con ellos.
“Abrí un frigorífico y vi a Verdejo, con la cara y el pecho hecha tira por las balas. Abrí otro y vi a la muchacha. Su cuerpo estaba cortado y su bebé de seis meses de gestación estaba al lado, todavía atado al cordón umbilical. El bebé no tenía balas. El vientre de la muchacha estaba destrozado por las balas, pero no le pasó nada al bebé,” relató Rodríguez. Luego encontró a otros dos amigos que habían sido detenidos con su hermano: Jaime Bastías y Luis Toro.[8]
Leonidas Isabel Díaz fue ejecutada en el Puente Bulnes el 14 de octubre de 1973. Tenía 14 años y seis meses de embarazo. (Fotografía: www.memoriaviva.com)
Rodríguez se acercó a cuatro ataúdes sin tapa marcados “NN”, apilados desordenadamente uno encima de otro.
“Pude ver a mi hermano, desnudo, en el cajón más abajo,” relató Rodríguez. “No me convencía, no podía creer que estaba ahí. Entonces lo tomé por debajo del cuerpo para tratar de sacarlo del cajón. Tenía un tremendo hoyo en la espalda. Al parecer aún le quedaba aire en las cuerdas vocales, porque cuando lo tomé, soltó un suspiro,” recuerda Rodríguez.
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Lea también:
- Introducción
- Vea el mapa interactivo
- Dentro del Instituto Médico Legal (I): Cadáveres al amanecer
- Dentro del Instituto Médico Legal (II): “Autopsias sucintas”
- Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
- El agujero negro de las fiscalías militares
- Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
- El extraño caso de los dos Luis Curivil
- Base de datos: Cuerpos ingresados al Servicio Médico Legal, 1973
- El Libro Transfer del Instituto Médico Legal
[1] No se ha podido determinar el número exacto de autopsias realizadas por cada uno porque los registros del Instituto Médico Legal los anotan como Alfredo Vargas, Alfredo Vargas K. y Alfredo Vargas B.
[2] El Dr. Rolando Costa Arduz, boliviano, era médico legista interino. Ingresó a trabajar al IML en abril de 1973 y hasta octubre de ese año, según registros del SML.
[3] El artículo 126 del Código de Procedimiento Penal vigente en 1973 establecía que los médicos debían expresar en sus informes si la muerte era el resultado de la acción de terceros.
[4] La declaración del Dr. Rhea está incluida en una resolución dictada por el juez Mario Carroza el 23 de marzo de 2010 respecto de un grupo de fusilados de Puente Alto. El fallo fue publicado en La Nación en abril de 2010. http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100408/asocfile/20100408155853/puente_alto_2.pdf
[5] El informe de autopsia de Salvador Allende fue publicado por primera vez por Mónica González en su libro “La Conjura”, Ediciones B, 2000. En entrevista con ArchivosChile, el Dr. Vásquez declinó referirse a la autopsia de Allende y a otros casos que están siendo investigados en tribunales.
[6] La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, calificó a nuevas victimas en 2011.
[7] Junto a Luis Rodríguez fueron fusiladas las siguientes personas: Domingo Morales Díaz, Jaime Bastías Martínez, Luis Suazo Suazo, Luis Toro Veloso, Alfredo Moreno Mena, Luis Verdejo Contreras, David Gayoso González y Leonidas Isabel Díaz Díaz. Extrañamente, en los registros del SML, Bastías, Suazo, Verdejo, Moreno y Ganoso, más un NN, fueron anotados como muertos en Cerrillos. Los demás aparecen como muertos en el Puente Bulnes.
http://archivoschile.org/2012/01/dentro-del-instituto-medico-legal-segunda-parte/
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