Vicente Clement fue ejecutado el 16 de septiembre de 1973 y su cuerpo abandonado en el Zanjón de la Aguada. Su carnet fue testigo de una de las balas que le atravesó. (Fuente: Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.)
Cuando se levantó el toque de queda y los funcionarios del Registro Civil pudieron regresar a sus labores el 14 de septiembre, un oficial de Ejército los reunió a todos en una sala del viejo edificio del Gabinete de Identificación, que en esa época quedaba en calle Amunátegui con General Mackenna. El oficial les explicó que había un solo colega en la morgue, y necesitaba refuerzos.
“Pidió voluntarios, pero en realidad designó a dedo a los más jóvenes,” relata Héctor Herrera, entonces funcionario del Registro Civil de 23 años. “Inmediatamente nos llevaron en camioneta a la morgue. Ahí nos dieron instrucciones en los pasillos. En una oficina me encontré con uno de los jefes del Servicio, Eladio Jaña. El dirigía las tareas de los funcionarios del Registro Civil en la morgue.”
Así, Herrera formó parte de un grupo de unos ocho a 10 funcionarios del Registro Civil enviado por las nuevas autoridades militares para apoyar al Instituto Médico Legal (IML) en las tareas de identificación hasta al menos fines de septiembre de 1973.[1]
El día que llegaron, ingresaron 43 cuerpos a la morgue de Santiago; todos salvo cinco habían muerto por herida de bala, según los registros del SML. Ya habían recibido unos 100 muertos en esos primeros cuatro días de dictadura militar, en circunstancias en que el promedio diario de ingresos de fallecidos antes del golpe no superaba los 10. Los cadáveres ya se apilaban en los pasillos y salas de la morgue.
La suboficina Independencia del Registro Civil ubicada a la entrada del portón sur de la morgue en la Avenida La Paz no daba abasto. No había suficiente personal para tomarle las muestras dactilares a los cadáveres que iban llegando, y que debían enviarse al servicio para confirmar sus identidades.
ArchivosChile obtuvo a través de la Ley de Transparencia alrededor de 280 de las fichas dactiloscópicas originales tomadas a los fallecidos en la morgue entre septiembre y noviembre de 1973 y que el Servicio de Registro Civil aún conserva, así como los oficios del Registro Civil al IML confirmando sus identidades. Estas fichas reflejan fielmente la brutalidad de la represión: dedos sin epidermis debido a su estado de descomposición o al tiempo que habían permanecido en las aguas de ríos y canales; manos quemadas; destrozadas; anquilosadas; sin dedos o manos, y hasta “amputada por bala”. Muchos venían con los puños apretados, por lo que era difícil –y a veces imposible– abrirles las manos, recuerda Herrera.
Ficha dactiloscópica de un NN en la morgue con sólo cinco de las 10 huellas. La ficha indica "amputación a bala". Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
El cruce de la información en estas fichas y oficios con los registros del SML revelan, además, serios errores en la identificación de cuerpos, identidades cruzadas que no corresponden con los nombres registrados en la morgue, y el caso de 13 detenidos-desaparecidos que pasaron por la morgue y fueron identificados por el Registro Civil, pero cuyo rastro, no obstante, también se perdió.
De las aproximadamente 280 fichas obtenidas por ArchivosChile, sólo unas 70 venían con huellas, algunas de ellas “inclasificables”, y las restantes estaban sin huellas. En muchos casos esto se debió a la imposibilidad de tomarlas. En algunas fichas se consignaba que se trataba de menores de edad, por lo que el Registro Civil no tenía sus antecedentes y huellas en archivo con las que comparar.
Muchas de las tarjetas que venían sin huellas tenían la anotación: “Tomada por el Gabinete”. Estas eran las muestras tomadas por los funcionarios del Registro Civil enviados a la morgue, pero no se explica porqué muchas de esas fichas aparecen sin huellas.
Todas las fichas dactiloscópicas eran enviadas a la Subsección Fallecidos-Morgue del Registro Civil, ya sea con la muestra completa de las 10 huellas dactilares, con sólo algunas, o con ninguna. En algunos casos, se les tomaron las huellas pero la calidad de la muestra era tan pobre, que eran inclasificables, imposibles de comparar con los registros de huellas en el Gabinete de Identificación.
Ficha dactiloscópica de un fallecido en la morgue. Las muestras fueron tomadas por funcionarios del Registro Civil en el SML, pero la ficha aparece sin huellas. Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
Las muestras dactilares se tomaron por duplicado. Una copia se quedaba en el IML y formaba parte de la carpeta de protocolo de autopsia, mientras que la otra iba a Registro Civil. Según Herrera, cada tarde Eladio Jaña, Jefe del Gabinete Central, reunía las docenas de fichas con las muestras dactilares que sus funcionarios tomaban a los muertos, y esa misma tarde o a la mañana siguiente eran enviadas a la Subsección Fallecidos-Morgue del Gabinete de Identificación. Ahí se cotejaban las muestras con los registros de huellas que el servicio tenía de la población inscrita.
En el libro de registro de ingreso de las muestras a la Subsección Fallecidos-Morgue quedaba anotada la fecha de ingreso, el número de protocolo asignado en el IML al fallecido, y el nombre con que venía cada tarjeta de huellas, si es que contaba con alguna identificación que había que confirmar.
Mientras, la Junta Militar había designado como Director General interino del Servicio de Registro Civil a Desiderio Herrera González, quien pidió reiteradamente el “relevo” del jefe del Gabinete Central, Eladio Jaña, a cargo de las operaciones de los funcionarios de su servicio en la morgue. “Considero al Sr. Eladio Jaña con limitaciones determinantes para desempeñarse en ese cargo, cuya importancia en este momento se hace más ostensible,” señaló el nuevo director en un oficio dirigido a la Subsecretaria de Justicia en diciembre de 1973.
La identificación
El procedimiento para confirmar la identidad tenía dos etapas, que en tiempos normales resultaba relativamente sencillo. Si la ficha de la morgue venía con una identidad que había que confirmar, se iba al fichero índice que contenía las tarjetas de personas inscritas en el Registro Civil, ordenado alfabéticamente por sus nombres y que incluían los datos personales y huellas digitales. Confirmar la identidad de ese fallecido demoraba sólo minutos.
Sin embargo, si la ficha de la morgue sólo venía con huellas dactilares y sin nombre, se consultaba el fichero dactilar, que estaba ordenado por sexo y numéricamente sobre la base de la “clave chilena de 14 valores” – las características de la huella. Los peritos debían asignar un valor numérico a cada una de las huellas de la ficha y con esa clasificación se comparaba con el fichero dactilar hasta encontrar la combinación exacta de esas claves. Si no se encontraba ninguna ficha con esos valores, se subdividía la clasificación, lo cual arrojaba otra clave numérica que también se podía buscar en el fichero.
Todo dependía de cómo llegaban las muestras, de la experticia del perito para clasificarlas correctamente, del tipo de clasificación –si era una clasificación muy común podía demorar más, ya que había que revisar más fichas–, y de la necesidad de subdividir la clasificación, lo que era más complejo. Excepcionalmente, podía suceder que estuvieran mal archivadas algunas tarjetas en los ficheros del Registro Civil.
Confirmación de identidades
Los oficios del Registro Civil al SML obtenidos por ArchivosChile muestran que entre el 11 de septiembre y el 30 de noviembre de 1973, el Registro Civil confirmó la identidad de unas 500 personas, y la imposibilidad de hacerlo en casi 80 casos, debido a la mala calidad o la ausencia de muestras dactilares.[2] Estos oficios no se referían sólo a fallecidos en la morgue de Santiago, sino que también incluía casos en provincia, cuando las morgues locales solicitaban a la Oficina Central del Registro Civil confirmar una identidad.
Según se desprende de los archivos de la época, el Registro Civil informó periódicamente al SML sobre las identidades, aunque con atraso. Los oficios eran firmados por Irma Palma Parada, Jefa del Subdepartamento de Dactiloscopía del Registro Civil.
Oficio del Registro Civil al Servicio Médico Legal informando de la identidad de algunos fallecidos. Se omitió el número de protocolo de Pedro Garcés Portigliati, por lo que nunca se pudo asociar su identidad a un cuerpo en la morgue. A causa de este error burocrático, Garcés permaneció desaparecido hasta el 11 de enero de 2012, cuando el SML confirmó su identidad entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General. Fuente: Servicio de Registro Civil e Identificación.
No obstante, en muchos casos, esta confirmación de identidad llegaba de vuelta cuando el fallecido ya había sido retirado de la morgue, ya sea por familiares o por el propio Servicio, sin que las familias se enteraran.
El Servicio de Registro Civil estaba sobrepasado y atrasado en las tareas de clasificación de huellas. En un oficio enviado al Subsecretario de Justicia, Max Silva del Campo a comienzos de diciembre de 1973, el Director, Desiderio Herrera, informaba que “el Subdepartamento Dactiloscopía se encuentra con un atraso superior a 35.000 tarjetas para clasificar, investigar y archivar […] El trabajo se va acumulando cada vez más, ya que no se alcanza a clasificar todo lo que se recibe diariamente de todo el país […] El Sr. Subsecretario sabe que estamos en presencia de una demanda anormal de servicios.”
Según el Director, el Servicio tenía sólo 42 funcionarios para esas tareas, cuando las circunstancias exigían contar con 100.
Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
En parte debido a esa sobredemanda, la documentación existente de la época revela que se cometieron graves errores y negligencias en la identificación de algunas personas; se confundieron los números de protocolo, se olvidaba anotarlos y algunos fallecidos fueron identificados erróneamente.
En la morgue fue registrado el ingreso de 32 detenidos-desaparecidos consignados en el Informe Rettig. De ellos, 13 fueron identificados por el Registro Civil en la época,[3] y se ofició al Servicio Médico Legal, informando de esas identidades. Esto indica que 13 detenidos-desaparecidos efectivamente pasaron por la morgue de Santiago, fueron identificados a través de sus huellas dactilares por el Registro Civil, pero no obstante terminaron desapareciendo desde la morgue.
Una de esas personas, asignada el número de protocolo 3275 y que correspondía a un NN acribillado y hallado en el Zanjón de la Aguada, fue identificada erróneamente como Juan Lorca Polanco. Durante una revisión de las fichas de NN realizada en 1991, se comprobó que las muestras dactilares tomadas al cuerpo con el protocolo 3275 en realidad correspondía a Luis Núñez Álvarez, conductor del Ministerio de Obras Públicas muerto el 12 de octubre de 1973.[4] El cuerpo de Luis Núñez Álvarez fue exhumado del Patio 29 y su identidad confirmada más recientemente por el SML.
Salvo que sus familias hayan llegado a tiempo a reconocer y retirar los cuerpos de sus seres queridos, el Registro Civil contribuyó a la confusión e incertidumbre respecto de la verdadera identidad con la que salían los cuerpos de la morgue. Fue el caso del cuerpo asignado el protocolo 2990 en el IML. El Registro Civil informó en distintas ocasiones que se trataba de José Santos Ramírez Ramírez (quien aparece en el registro de la morgue con el protocolo 2991) y también como Jorge Reinaldo Torres Aránguiz.
Después, el Registro Civil identificó a Ramírez con el protocolo 2698, que correspondía a José Orostica Guajardo, muerto en un accidente de tránsito. José Ramírez es ahora un detenido-desaparecido. Nunca se logró aclarar a qué cuerpo (registrado por número de protocolo) correspondía su identidad.
Los 13 casos de detenidos-desaparecidos cuyos cuerpos efectivamente estaban en la morgue porque sus huellas fueron tomadas ahí y enviadas al Registro Civil, que a su vez los identificó, fueron enviados directamente al Cementerio General por el mismo SML.
No se pudieron establecer las fechas exactas en que los oficios del Registro Civil informando de las identidades llegaban físicamente al SML (sólo se tiene la fecha en que se redactaron), pero el registro de la morgue muestra que los 13 fueron trasladados al cementerio en dias posteriores a los indicados en esos oficios, aunque también se han descubierto muchos errores en las fechas de salida de la morgue. En el caso de José Ramírez Ramírez, su cuerpo salió rumbo al cementerio el mismo día en que el Registro Civil emitía su oficio. En otros dos casos -William Ramírez Barría y Jorge Orrego González- el SML no anotó cuando salieron.
Cuatro de los 13 detenidos-desaparecidos terminaron supuestamente incinerados en el crematorio, según los registros de la morgue. Dos de ellos habían sido identificados por el Registro Civil: José Pavez Espinoza y Nelson Muñoz Torres. Los otros dos salieron como NN y sus identidades fueron confirmadas en 1991: Enrique Toledo Garay y Eduardo Casanova Pino.
Sin embargo, estos datos no son fiables: dos de las personas supuestamente incineradas –según datos del SML– habían sido, en realidad, enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. En años recientes, el Servicio Médico Legal confirmó las identidades de Nelson Muñoz y Eduardo Casanova como dos de los restos exhumados del Patio 29.
Detenidos-desaparecidos
El miembro del GAP Pedro Garcés Portigliati ingresó a la morgue en septiembre de 1973 pero se perdió su rastro debido a un error burocrático en la identificación de su cuerpo. Fotografía: www.memoriaviva.com
Hubo otras situaciones graves: las fichas dactiloscópicas incluyen muestras tomadas a cinco personas que hoy permanecen como detenidos-desaparecidas y que nunca fueron anotadas en el libro de ingreso de fallecidos de la morgue. Es decir, sus cuerpos llegaron a la morgue, se les tomaron las muestras dactilares, y el Registro Civil confirmó sus identidades, pero no figuraron como ingresados a la morgue. Si algún familiar acudió al lugar a buscarlos, nunca pudieron encontrar sus nombres en ninguna lista.
Ellos eran Luis Jiménez Cortes, Iván Miranda Sepúlveda, Segundo Gárate Torres, Ignacio Santander Albornoz y Pedro Garcés Portigliati.
En el caso de Garcés Portigliati, miembro del Dispositivo de Seguridad del Presidente Salvador Allende (conocido como GAP), la muestra de sus huellas tomada en la morgue fue enviada al Registro Civil, que confirmó su identidad el 24 de septiembre. Sin embargo, el funcionario que llenó la ficha no anotó el número de protocolo asignado a ese cuerpo. Por lo tanto, la identidad de Garcés, confirmada por el Registro Civil, nunca se pudo asociar a un cuerpo. Es posible que Garcés haya correspondido al protocolo 2720, que figura como un NN ejecutado en el Puente Bulnes el 20 de septiembre junto a parte de grupo del GAP con el que fue arrestado Garcés el día del golpe. El 11 de enero de 2012, el SML confirmó la identidad de Garcés entre los restos exhumados del Patio 29 del Cementerio General.
En el caso de los otros cuatro, sus huellas fueron tomadas en la morgue y enviadas al Registro Civil. Este prontamente ofició al SML sobre la identidad de Jiménez y Miranda el 16 de septiembre y de Gárate al día siguiente. Sin embargo, nunca se registró el ingreso de sus cuerpos a la morgue, por lo que oficialmente, no estaban ahí. Los tres permanecen desaparecidos.
El Registro Civil confirmó la identidad de Ignacio Santander indicando que correspondía al cuerpo que llevaba el protocolo 3130. Sin embargo, el SML no tomó nota de ellos y dejó el protocolo 3130 como NN.
En el caso de Luis Jiménez, el Registro Civil informó su identidad al IML sobre la base de las “fichas tomadas a personas desconocidas en ese Instituto el día 15 de septiembre,” el mismo día de su desaparición. Sin embargo, al informar de este y otros nueve casos ese día, la Subsección Fallecidos-Morgue no incluyó el número de protocolo asociado al cuerpo en la morgue, sino sólo un número de ficha en Registro Civil. Por lo tanto, nunca se pudo asociar la identidad de Luis Jiménez con ninguno de los cadáveres NN que yacían en la morgue.
Aprovechando este error burocrático, en 1975, el Embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sergio Diez, contestó las acusaciones sobre desaparecidos en Chile en un informe que presentó ante la Asamblea General de la ONU afirmando que Luis Jiménez Cortés, así como otras 152 personas, no estaban desaparecidas porque “no tienen existencia legal en el Gabinete de Identificación de Santiago”.
El obrero ferroviario Roberto Ávila Márquez quedó como NN en la morgue a pesar de que su ficha dactiloscópica enviada al Registro Civil indica su nombre. Fotografía: www.memoriaviva.com
También figuran como NN los cuerpos correspondientes a los protocolos 3351 y 3681, aunque en las fichas dactiloscópicas enviadas al Registro Civil para su identificación aparecen anotados los nombres: el 3351 correspondería al ejecutado políticoRoberto Avila Márquez, y el 3681 a Carlos Gaete Espinoza, cuyo nombre no aparece en la lista de ingresados a la morgue ni en el Informe Rettig.[5] No obstante, dado su causa de muerte (herida a bala) y el hecho de que su cuerpo fue remitido por una fiscalía militar, Gaete es una potencial víctima de violaciones a los derechos humanos.
“Sin epidermis”
Hubo aún otras situaciones inexplicables. Por ejemplo, la ficha dactiloscópica del protocolo 3631 fue enviada al Registro Civil sin huellas, señalando que los dedos estaban “sin epidermis” y de que se trataba de un menor de edad. En el libro del SML, sin embargo, el mismo número de protocolo fue asignado a Jeremías Jara Valenzuela, de 21 años.
Por otro lado, el Registro Civil confirmó la identidad de José Morales Álvarez asociado al protocolo 3129, pero la ficha dactiloscópica correspondiente a ese protocolo tiene la siguiente anotación: “Sin impresiones. Putrefacto. Feto”.
También hubo una docena de casos en que el Registro Civil informó de la identidad de fallecidos pero asociados a un número de protocolo distinto al asignado a ese cuerpo en la morgue, o con un nombre que resultó ser incorrecto. El sacerdote Juan Alsina, ejecutado en el Puente Bulnes el 19 de septiembre, fue identificado por el Registro Civil, de acuerdo al análisis de sus huellas dactilares, como “David Trigo”.[6]
En otro ejemplo, se confundieron los números de protocolo e identidad de dos personas en un espacio de dos días. El Registro Civil informó que la persona asignada el número de protocolo 3469 en la morgue era José Méndez Fernández, pero ese número de protocolo figura en el libro de ingreso del IML como Luis Fuentes Soriano. Soriano, en tanto, aparece con el número de protocolo 3469, pero el Registro Civil lo identificó con el número de protocolo 3464. Según los registros de la morgue, ambos cuerpos fueron retirados del IML por parientes, a pesar de la evidente confusión en torno a sus identidades correctas.
Alberto Soto Valdés, 20 años, fue identificado por el Registro Civil pero con el número de protocolo equivocado. Fotografía: www.memoriaviva.com
También sucedió con Alberto Soto Valdés y Carlos Ibarra Echeverría. El Registro Civil informó de sus identidades con los números de protocolos cambiados: identificó a Soto con el protocolo 3204, que correspondía a Ibarra, y viceversa. El cuerpo de Ibarra, sin embargo, fue reconocido por familiares, según los no siempre precisos registros de la morgue.
Huellas completas, pero NN
Hubo otra situación cuestionable en el proceso de identificación: de las fichas dactiloscópicas obtenidas por ArchivosChile, hay 14 que corresponden a NN (12 hombres, 2 mujeres) que contienen sus huellas completas y evidentemente en buenas condiciones. Con esa calidad de la muestra, las huellas podrían haber sido clasificadas y las identidades confirmadas; sin embargo, nunca lo fueron, y esas personas se mantuvieron como NN.
Extrañamente, una de las tarjetas que correspondía a un NN femenino tiene anotado: “Informado por teléfono, 3 enero 1974”. Sin embargo, en los registros del SML, continúa como NN.
Según el SML, los 14 fueron trasladados directamente desde el IML al Cementerio General y enterrados como NN, o tal vez incinerados.[7]
Re-identificación
Fue gracias a un detenido-desaparecido que casi 20 años más tarde pudieron recuperar su identidad 46 personas que habían quedado como NN en la morgue entre 1973 y 1984.
En septiembre de 1990, la familia del ex jefe del GAP, Domingo Blanco Tarré, presentó una querella criminal por su desaparición ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. En la búsqueda de antecedentes sobre su paradero, la abogada Pamela Pereira solicitó que se requiriera al SML todos los protocolos de autopsias de los NN de la época que pudieran corresponder a Blanco Tarré. Tras eso, la jueza a cargo de la investigación, Dobra Lusic, ordenó al Servicio de Registro Civil cotejar todas las fichas dactiloscópicas de fallecidos NN tomadas en la morgue entre el 19 de septiembre de 1973 hasta la fecha de entonces, con sus propios registros.
Como resultado, el Registro Civil pudo identificar a 22 personas muertas entre septiembre y diciembre 1973 y que habían quedado como NN en la época.[8] Los restos de siete de ellos fueron identificados positivamente por el SML en años más recientes entre los restos de desaparecidos y ejecutados del Patio 29 del Cementerio General.[9] Sólo uno de los 22 no era un ejecutado político.[10]
http://archivoschile.org/2012/01/registro-civil/
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