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miércoles, 18 de enero de 2012

Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte


ArchivosChile es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) y del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
De los 1.682 fallecidos que llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y fines de diciembre de 1973, 890 fueron personas muertas a consecuencia del golpe militar. Los reportajes y documentos inéditos que publica ArchivosChile dibujan, desde dentro de las instituciones del Estado, el funcionamiento de las burocracias gubernamentales encargadas de hacer la limpieza después del trabajo sucio de las fuerzas militares y policiales. Con distintos grados de connivencia y negligencia, estas instituciones sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones. Las fiscalías militares se encargaron de ignorar y encubrir legalmente los crímenes. La investigación sobre la base de estos registros permitió concluir, entre otras cosas, que hubo 150 personas muertas por herida de bala que podrían haber sido víctimas de la represión política.
Por Pascale Bonnefoy y John Dinges
David Burnett/Contact Press Images
Sepulturas de ejecutados de septiembre de 1973. Fotografía de David Burnett/Contact Press Images
La maquinaria para ejecutar y desaparecer personas se puso en marcha inmediatamente, y los primeros cuerpos de personas acribilladas llegaron a la morgue de Santiago en la noche (20 horas) del 11 de septiembre. Con la intervención militar en todos los servicios del Estado se alteraron los procedimientos normales en las instituciones que, en tiempos normales, estaban a cargo de la investigación de las muertes violentas, empezando con el Servicio Médico Legal (SML) y la morgue de Santiago. En las semanas siguientes, cuando murió el mayor número de personas debido a la represión politica, se constituyó un verdadero circuito burocrático de la muerte entre cuatro instituciones: el SML, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Cementerio General de Santiago y las fiscalías militares, que con distintos grados de connivencia y negligencia sirvieron para tergiversar y ocultar la realidad sobre las masivas ejecuciones políticas.
El caos de esas primeras semanas podría explicar sólo una parte de los errores y omisiones que se cometieron; el caos sirvió más bien al propósito de las nuevas autoridades. Aunque los juzgados de crimen quedaron intactos, fueron desplazados a partir del primer día para investigar estas muertes. Las muertes por herida de bala y con indicios de haber sido causadas por fuerzas militares o policiales quedaron bajo la jurisdicción de fiscalías militares. Con esto se implementó un sistema de hecho que sirvió no para hacer justicia, sino para ignorar legalmente y encubrir los crímenes.
La investigación de más de un año de ArchivosChile se basa en documentación  obtenida a través de la Ley de Transparencia del SML y del Registro Civil y la revisión de los archivos del Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General. Esta documentación permite seguir los pasos día a día del tratamiento de todas las víctimas cuyos cuerpos llegaron a la morgue de Santiago entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. La investigación se complementó con decenas de entrevistas a personas que trabajaron en las instituciones y conocieron directamente las secuelas del nuevo sistema impuesto.
Fallecidos ingresados a la morgue, 1973
Total ingresosCasos de derechos humanos*Promedio ingresos por día
1 enero – 11 septiembre241809.6
1 – 31 agosto29909.6
1-10 septiembre920**9.2
11-30 septiembre58843829.4
1-31 octubre58936419.0
 9/11-10/31117780223.0
1-30 noviembre237427.9
1-31 diciembre268468.6
Total 9/11-12/311682890
*ArchivosChile incluye en esta categoría los casos calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos por las tres comisiones que se han creado para esos efectos desde 1990, más otros casos “potenciales” (150) en que se puede determinar con una alta probabilidad de que se trataría de ejecutados políticos debido a las circunstancias de sus muertes
**La Corporaciónde Reparación y Reconciliación calificó erróneamente a un fallecido que llegó a la morgue antes del 11 de septiembre de 1973. Ver reportaje “El extraño caso de los dos Luis Curivil”.
Fuente: Servicio Médico Legal, registros obtenidos a través de la Ley de Transparencia, Libro Transfer.
ArchivosChile pone ahora a disposición del público, a través de www.archivoschile.org, todos los documentos originales y las bases de datos que no sólo revelan como operaron los distintos organismos, sino también permiten examinar los datos de cada caso y analizarlos desde un punto de vista global o individual. Los datos forman la base de un mapa interactivo que presenta en forma dinámica el avance día a día de la avalancha de ejecutados cuyos cuerpos fueron recogidos de las calles, ríos y otros lugares de la ciudad, y entregados a la morgue. Vea el mapa interactivo
El Servicio Médico Legal, por resolución del Consejo para la Transparenciaa favor de ArchivosChile, entregó en forma de base de datos Excel los registros de fallecidos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973en Santiago y otras 14 ciudades del país. También permitió a ArchivosChile fotografiar las 69 páginas del libro de ingreso de fallecidos, conocido en el servicio como el “Libro Transfer”, donde los funcionarios anotaron los detalles de la trayectoria de cada fallecido en la morgue, desde su llegada hasta su entrega para la sepultación. El Servicio Médico Legal entregó otros detalles esenciales para entender el trabajo de la institución en ese periodo tan controversial: basándose en los informes de autopsia de cada fallecido, los funcionarios del SML complementaron la base de datos con la causa de muerte y la descripción de la lesión mortal de cada caso.
Estos datos, como se verá en los reportajes, permiten reconstruir por primera vez y con nuevos detalles la sistemática actuación de militares y policías en las ejecuciones masivas, junto con su interacción con las instituciones que fueron legalmente constituidas en tiempos normales para la investigación de muertes violentas.
A partir del 11 de septiembre se creó un escenario dantesco en la morgue de Santiago. Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar con un número varias veces mayor. Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: Cadáveres al amanecer
Los medicos legistas encargados de practicar las autopsis para determinar si las muertes habían sido ocasionadas por la acción de terceros—es decir, si se trataba de un homicidio—hicieron un trabajo técnicamente correcto, pero en la mayoría de los casos evitaron pronunciarse sobre la evidente naturaleza homicida de las muertes por herida de bala cuando se trataba de casos relacionados con la represión militar. Lea: Dentro del Instituto Médico Legal: “Autopsias sucintas”
La investigación sobre la base de estos registros permite concluir con un alto grado de certeza que hubo 150 personas ingresadas a la morgue, quienes, por las circunstancias de sus muertes, podrían corresponder a víctimas de violaciones a los derechos humanos que no han sido calificadas como tales por las comisiones oficiales. Lea:Ejecutados políticos: ¿150 nuevos casos?
Por otra parte, la investigación obtuvo gran parte de las fichas dactiloscópicas del Servicio de Registro Civil e Identificación tomadas a las víctimas en la morgue y sus oficios al SML confirmando sus identidades. Esta documentación reveló inconsistencias en las fechas de ingreso a la morgue, las fechas de muerte, sus causas y el destino final de los cuerpos. También confirma serios errores respecto de la identificación de ejecutados políticos, por lo que algunos de ellos quedaron sin identificar, y otros no figuraron nunca en el libro de ingreso del Instituto Médico Legal de Santiago. Lea: Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre
Los datos obtenidos del SML y el Registro Civil, como parte de la investigación de ArchivosChile, abren la posibilidad de seguir nuevas pistas en algunos casos de personas desaparecidas en este periodo, permitiendo cruzar la nueva información con los datos sobre detenidos-desaparecidos disponibles en los informes oficiales.
También se pudo revisar –pero no copiar o reproducir– la escasa documentación archivada en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, que asumió desde los primeros momentos la jurisdicción de la casi totalidad de muertes por herida de bala—785 de los 890 casos confirmados y potenciales de derechos humanos. Los expedientes mismos de los casos han sido quemados, asegura el Ejército, pero los libros que registraron los estados de causa revelan que nunca se abrió ninguna investigación respecto de los centenares de muertos a bala remitidos por fiscalías militares, como correspondía según las leyes y reglamentos mantenidos en vigencia por el régimen militar. Lea: El agujero negro de las fiscalías militares
ArchivosChile publicará próximamente un reportaje sobre casos en quela Segunda FiscalíaMilitar sometía a Consejos de Guerra a personas ya ejecutadas.
ArchivosChile también revisó la documentación de la época en el Cementerio General, donde fueron trasladadas desde la morgue centenares de víctimas baleadas. Estos registros muestran el ingreso de sólo una fracción de ellas, y en muchos casos, en fechas diferentes a las señaladas en los libros del SML. Muchas víctimas enviadas al Patio 29 o al crematorio del Cementerio General como NN, sin que sus familias lo supieran, ya habían sido identificadas por el Registro Civil. También se detectaron errores en las descripciones del lugar y la fecha de entierro, incluyendo víctimas “incineradas como indigentes”, lo que en algunos casos resultó ser falso.
ArchivosChile publicará reportajes sobre la salida de la morgue y el Cementerio General en las próximas semanas.
Los registros del SML que ahora se ponen a disposición del público dan cuenta del ingreso de fallecidos a la morgue; la fecha, lugar y causa de muerte: los nombres de los médicos que practicaron las autopsias; el tribunal o fiscalía que remitió el cuerpo; la fecha en que fue retirado el cuerpo y quién lo hizo, y su destino final. Estan presentados en el sitio ArchivosChile.org en formato Excel con amplia facilidad para hacer búsquedas y análisis.  También se podrá revisar en imágenes en formato jpg el “El Libro Transfer del Instituto Médico Legal”, que es la fuente original de gran parte de esta información.
Estos datos nuevos han sido cruzados con información del Informe Rettig, actualizado con las víctimas reconocidas en su más reciente versión de agosto de 2011, y se complementa con antecedentes respecto de las identificaciones confirmadas del Patio 29 del Cementerio General y otros lugares de hallazgo de cadáveres; la situación judicial de cada caso; la fecha en que el Servicio de Registro Civil confirmó la identidad de los fallecidos, y los nombres de los ejecutados confirmados sin entrega de cuerpo, entre otros datos.
El mapa interactivoutilizando ambas fuentes de datos, muestra la ubicación geográfica de los muertos a lo largo de los primeros meses de dictadura militar. A  través de él se puede conocer el detalle de cada víctima, con la descripción del caso en el Informe Rettig. Este mapa distingue entre los casos Rettig y los 150 casos que, por investigación de ArchivosChile, corresponden a potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos debido a las circunstancias reveladas en los registros (muertos por herida de bala y jurisdicción de las fiscalías militares, entre otros factores), pero que no han sido reconocidos oficialmente como tales.
Se han excluido del mapa aquellos casos que, por las circunstancias informadas en los registros de la morgue, corresponden a muertes naturales, accidentes o crímenes sin vinculación política. Sin embargo, todos estos casos están incluidos en la base de datos en formato Excel.
Adicionalmente, publicamos series representativas de la documentación obtenida a través dela Leyde Transparencia o entregada voluntariamente desde las siguientes instituciones:
  • Servicio Médico Legal
  • Servicio de Registro Civil e Identificación
  • Ministerio de Justicia, Archivo Nacional dela Administracióndel Estado
  • Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
  • Fundación Archivo dela Vicaríadela Solidaridad
ArchivosChile no fue autorizado para copiar o reproducir de otra manera la documentación disponible en el Segundo Juzgado Militar y el Cementerio General; sólo se permitió su revisión in situ.
Las entrevistas efectuadas por los investigadores de ArchivosChile abarcan a los actores de la época, incluyendo a funcionarios de la morgue, del Registro Civil, del Cementerio General y dela Segunda FiscalíaMilitar, además de familiares de las víctimas, abogados y especialistas en derechos humanos. Se revisó también la prensa nacional y extranjera de la época.
Los reportajes a continuación narran cómo operó el circuito burocrático de la muerte al interior de estas instituciones. Otros tres artículos se centran en casos específicos: la errónea calificación de una persona fallecida antes del golpe (El extraño caso de los dos Luis Curivil), las inconsistencias en la información disponible en la morgue sobre las muertes de Littré Quiroga y Víctor Jara, y el uso del Puente Bulnes en el Río Mapocho como uno de los paredones preferidos por militares y Carabineros, donde medio centenar de personas fueron fusiladas durante las primeras semanas de dictadura militar. Estos dos últimos serán publicados próximamente.

Equipo de ArchivosChile que participó en el Proyecto Autopsias:

Director y Editor: John Dinges
Coordinadora e Investigadora Principal: Pascale Bonnefoy
Editor de Datos y desarrollo del sitio web y mapa interactivo: Gabriel Mérida
Asistente Investigador: Roberto Manríquez
Asistentes en procesamiento de bases de datos: Cecilia Vargas y Daniela Lagos
Obtención de bases de datos del SML: María José Vilches
Revisión de prensa 1973: Marcelo Casals
Fotografías: A&D Fotografia (Carmen Duque y Jaime Alaluf), Marcelo Montecino y David Burnett
Asesoría legal: Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Concepto original de Proyecto Autopsias: Jorge Escalante
Directora ICEI: María Olivia Mönckeberg
Agradecimientos:
Especial reconocimiento se debe a Miguel González Lemus y Pablo Ruiz Tagle, profesores dela Facultadde Derecho dela Universidadde Chile, quienes apoyaron el proyecto con indispensables trabajos jurídicos, incluyendo la redacción del reclamo ante el Consejo parala Transparenciaque resolvió que el Servicio Médico Legal debía entregar los datos solicitados en su totalidad.
Agradecemos la colaboración de las autoridades y funcionarios del Servicio Médico Legal para la realización de esta investigación.
Consejo Asesor de ArchivosChile:
María Olivia Mönckeberg, Directora del Instituto dela Comunicacióne Imagen dela Universidadde Chile, ICEI.
Peter Kornbluh, Nacional Security Archive, Washington, D.C.
Moisés Sanchez, Director Ejecutivo de Fundación ProAcceso
Ximena Poó, Directora dela Escuelade Periodismo dela Universidadde Chile, ICEI.
Faride Zerán, Profesora del ICEI.
Gustavo González, Profesor del ICEI.
Claudia Lagos, Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI.
Financiamiento:
CIINFO contó con fondos dela Fundación Ford,la Open SocietyFoundation,  y el Institute of International  Education para el trabajo de ArchivosChile.
Columbia University Global Center for Latin America, Santiago, apoyó el trabajo de investigación en la fase final y auspició la presentación de los resultados de la investigación en el Museo dela Memoria y de los Derechos Humanos, el 11 de enero.

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