Juan Emilio Chayre Espinosa

 

Violaciones a los derechos humanos en Chile
La responsabilidad de Cheyre, nuevo Comandante en Jefe del Ejército

El Siglo - Julio Oliva García - 17 de marzo del 2002 

El general Juan Emilio Cheyre es el nuevo Comandante en Jefe del Ejército. Su período de extiende hasta el 2006. Se menciona a Cheyre como un representante de la "doctrina Izurieta" y la "modernización institucional". El gobierno habla de una "normalización institucional" de las relaciones entre el Ejército y la sociedad, iniciada desde la comandancia en jefe de Ricardo Izurieta. Sin embargo, existen denuncias -aún no aclaradas-, sobre la participación de Cheyre en graves violaciones a los derechos humanos. Tema que lo acompañará, quiérase o no.
Uno de los "plus" de Cheyre es su "actitud frente al desacato judicial de Pinochet" en el Caso Caravana. Ricardo Izurieta y Cheyre -su hombre de confianza-, se entrevistaron con Pinochet en enero de 2001. En su parcela de Los Boldos, Bucalemu, el ex dictador habría recibido la notificación de que "debía someterse a lo que resolvieran los tribunales, a riesgo de perder el respaldo del Ejército". Por lo menos, esa es la versión de la mayoría de la prensa. Pinochet se negaba a realizarse los exámenes médicos, pues sabía que no sería declarado loco, a pocos días del Informe de la Mesa de Diálogo. No es descabellado pensar que en esa reunión entre Pinochet, Izurieta y Cheyre se le garantizó al "benemérito" que su caso se resolvería por esa vía.
La única salida para Pinochet era ser declarado "loco o demente".
Quizá esa reunión sirvió para que Pinochet dejara atrás sentimentalismos y adoptara una postura pragmática. Finalmente, luego de los exámenes y las oscuras maniobras del gobierno, la justicia y algunos peritos, Pinochet fue "sobreseído".
El curriculum profesional de Cheyre no deja de sorprender. Sin embargo, hay puntos oscuros.
Cheyre está casado con María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen. Forestier ejerció como comandante de la VI División del Ejército en 1973. Era responsable del campo de prisioneros de Pisagua, de triste recuerdo, y además jefe de zona en Estado de Sitio e Intendente de la provincia de Tarapacá. Está acusado de violaciones a los DD.HH. Se le indica como responsable de fusilamientos y desapariciones, además de otros actos represivos en la I Región. Está procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; además, es "socio" de Manuel Contreras Sepúlveda -el ex director de la DINA- en una empresa de seguridad.
No es menos cierto que Cheyre tiene una importante trayectoria profesional y académica.
Ingresó a la Escuela Militar en 1963 y, entre 1977 y 1979, fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como oficial del Estado Mayor. Fue, además, profesor de la Academia de Guerra en Historia Militar y Táctica y Operaciones. Posee, también, un magíster de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Exteriores, y un doctorado en la Universidad Complutense de España. Se le menciona como un "intelectual" en el Ejército, y tiene méritos: domina el ingles y francés, y es experto en esgrima, natación, esquí y paracaidismo militar.
En 1981, Cheyre fue enviado a Sudáfrica a proseguir estudios. Sudáfrica vivía el apartheid y la brutal represión a la población negra. Las relaciones con Chile eran óptimas y la nación africana facilitaba a oficiales chilenos y agentes de servicios represivos, preparación y cobertura para actividades secretas. No pocos agentes de la DINA y CNI se "especializaron" allá.
Fue designado por Pinochet, en 1987, Intendente de Atacama. También estuvo al mando de unidades militares como los regimientos de Rancagua y Copiapó. Además, de director de la Academia de Guerra y comandante del Comando de Institutos Militares.
En la década de los 90, Cheyre fue agregado militar en España y en diciembre de 2000 pasó al Estado Mayor. Como delegado de Ricardo Izurieta, permaneció en Londres durante el juicio a Pinochet, asumiendo "el control de permanente monitoreo de la salud de Pinochet", señala La Nación.
Diplomacia "secreta"
Ricardo Lagos, un día después de recibir de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, llamó al ministro de Defensa, Mario Fernández, ordenándole resolver con estricto apego a la nómina los ascensos a generales y los llamados a retiro. Fue una señal de respaldo de Lagos al "desempeño" de Izurieta. Antes de 24 horas, el Presidente le pidió a Fernández que lo citara junto a Juan Emilio Cheyre.
Para el gobierno, es el general "más capacitado", que destaca por su "formación intelectual" y "carácter estrictamente profesional". Se le nombra como uno de los precursores de las "modernizaciones en salud y educación" de la institución. Lagos hacía un gesto de "gratitud". Sus palabras lo testimonian. "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le deben al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia", señaló apenas se conoció la noticia. La designación era un secreto a voces.
Juan Emilio Cheyre cobró notoriedad cuando "cumplió junto a otros altos oficiales una misión de primerísima importancia ordenada por el propio Pinochet. En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar", señala Punto Final en su última edición (Nº515). El 30 de mayo de 1996, se efectuó la reunión en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, en España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Augusto Pinochet y oficiales de ejército. Todos participaban del seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset: "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile".
El embajador Alvaro Briones (PS) y el propio Cheyre, en ese momento agregado militar en Madrid, fueron los anfitriones. En la reunión se selló "el destino de Cheyre" y, quizá, también el de Lagos.
El entonces ministro de Obras Públicas, conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona.
Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía: Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los "políticos socialistas". Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías.
Cambio de ilusión
Para la Concertación, la llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del Ejército se produjo "sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está garantizada la vigencia del proceso de profesionalización". La oposición coincide.
El Presidente Lagos señaló que con su designación "se asegura la continuidad en las tareas profesionales que son indispensables para el fortalecimiento de la institución y, por ende, del país".
Cheyre concluirá su período el 2006 cuando ya se haya elegido un nuevo Presidente de la República. Entre sus tareas "institucionales" estará defender la autonomización de las FF.AA.
respecto del poder político, la doctrina de Seguridad Nacional, la Constitución pinochetista que los define como "garantes de la institucionalidad", además de los proyectos de modernización que están en marcha. No se deben olvidar el Consejo de Seguridad Nacional, los presupuestos garantizados con que cuentan y los recursos de la Ley del Cobre o "su equivalente". Un aspecto central será la aun vigente "inamovilidad de los comandantes en jefe" y el proceso de ascensos de los altos oficiales.
La profesionalización del Ejército costará al país más de 300 millones de dólares.
Los "gestos" en el caso Prats serán difíciles. La segunda antigüedad en la institución, ocupando la jefatura del Estado Mayor, será el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del agente DINA Enrique Arancibia Clavel, condenado a prisión perpetua en Argentina por el asesinato del ex Comandante en Jefe Carlos Prats. Arancibia Clavel, hasta ahora era jefe del DINE.
El gobierno destaca que este es el primer cambio de mando del Ejército realizado "en base a la Constitución y sus períodos reglamentarios". Ya nadie recuerda que vivimos bajo una "normalidad de facto", con una Constitución impuesta, a sangre y fuego, por una dictadura. Eso no está en la agenda de Juan Emilio Cheyre, pues tampoco lo está en la de los políticos de gobierno.
La "normalización" del Ejército en la "sociedad democrática" no es tal, pues en nuestro país no hay "normalización" ni "sociedad democrática".
"Gestos"
En una solemne ceremonia en la Escuela Militar, el general Ricardo Izurieta entregó el mando. Se despidió diciendo que "una nación aprende de sus experiencias pero no contribuye a su bienestar y cohesión cuando traspasamos de generación en generación los conflictos y las diferencias. (...) En ese sentido pienso que el esfuerzo que hemos emprendido y la actitud del Ejército sólo podrán ser dimensionadas en la perspectiva del tiempo. (...) Sinceramente espero que la voluntad de avanzar en el reencuentro nacional se imponga por sobre todas las diferencias que separaron a los chilenos en el pasado". Agregó, sin más, que "para el Ejército es imperativo, y también creo que para todo el país, dar vuelta las páginas de los eventos del pasado que aún nos dividen".
La ceremonia estuvo presidida por el Presidente Ricardo Lagos. Entre los invitados estaban -por primera vez-, los hijos de los ex comandantes de la institución Carlos Prats y René Schneider, lo que fue entendido como un "gesto" democrático. Otro "gesto" fue que el ex Comandante en Jefe, benemérito, del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, se excusó de asistir. Se pudo ver a sus hijos Lucía y Marco Antonio Pinochet Hiriart.
Hijo de la dictadura
Cheyre se relacionó estrechamente con el equipo político de la dictadura. En 1988, Pinochet lo nombró Intendente en la III Región, antes del plebiscito. Un cargo importante para asegurar la continuidad de la dictadura. En esa época, Cheyre diría: "El triunfo del SI debiera ser una constante en todos los sectores. (...) Una victoria del NO es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Hoy, el nuevo Comandante en Jefe aparece como signo de "continuidad" y como oficial "comprometido con la democracia". Pero Cheyre, y otros, son oficiales formados en el pinochetismo. Para los militares, la democracia debe ser vigilada.
Pesan sobre él graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, no aclaradas. La abogada Pamela Pereira (PS) señala como "prueba de blancura" de Cheyre que cuando fue cuestionado por su participación en el caso Caravana de la Muerte en La Serena, se presentó "voluntariamente ante el juez Guzmán". No es el único caso en el que se lo involucra. Se ha mencionado su actuación en actos represivos y la participación en tareas de exhumación de víctimas, en 1978, cuando el Ejército y la CNI coordinaron la remoción de restos, pues lo ocurrido en Lonquén no "podía repetirse".
La doble desaparición de restos de ejecutados, como está acreditada en Chihuío, ocurrió a lo largo y ancho del país. Y se menciona a Cheyre como uno de los que "coordinó" estas operaciones, en conjunto con el subdirector de la CNI, Fernando Arancibia Reyes, hermano del ex almirante y actual senador UDI, Jorge Arancibia.
En 1985, Cheyre se negó a entregarle a un juez la lista de oficiales asignados a la CNI. El juez investigaba el asesinato de Paulina Aguirre Tobar (MIR). Siendo Intendente de la III Región, en 1988, se lo menciona como encubridor de torturas. También está citado como "inculpado", en la muerte de dos menores en 1973, en Coquimbo, que investiga el juez Guzmán.
"Cheyre remató prisioneros"
El ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpa a Cheyre. Rodríguez señala una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena.
En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras sólo realizó la "Caravana" por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería.
La Caravana de la Muerte o del "buen humor", como fue conocida en el Ejército, se paseó por Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.
Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que "ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (...) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes". Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva:
"(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (...) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió".
Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar "el tiro de gracia", entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.
Muertes y torturas
Rodríguez -que, a fines de los '80, fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán-, también entrega datos sobre el asesinato de José Rodríguez Torres y su hijo, José Rodríguez Acosta, ejecutados el 1 y 8 de noviembre de 1973, respectivamente, en el mismo regimiento.
José Rodríguez Acosta fue detenido el 30 de octubre de 1973 por personal de la sección de Inteligencia del regimiento, a cargo del entonces capitán Fernando Polanco Gallardo, el sargento Silva y el cabo 1º Fernández. También participaba allí Osvaldo Pincetti Gac, el doctor "Tormento".
"Pincetti fue el encargado de hipnotizar a José Rodríguez hijo. Este joven fue interrogado y ejecutado en el regimiento Arica -señala Rodríguez-, y se dio como explicación que en un traslado interno dentro de la unidad intentó fugarse, ante lo cual se le dio muerte en su huida, al tratar de recapturarle, hecho que no fue así por cuanto todos los traslados de las personas detenidas que me tocó presenciar o custodiar como oficial de guardia de la época lo hacían con la vista vendada y manos atadas. (...) Por haber trabajado como secretario de fiscalía, me cercioré que (el joven ejecutado) no tuvo un proceso ajustado a derecho".
José Rodríguez Acosta, su padre, fue al regimiento para saber el paradero de su hijo. Quedó detenido y fue ejecutado al día siguiente.
También entrega detalles del asesinato de Bernardo Lejderman Konoyoica (argentino) y María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana): "Un informante llegó hasta la unidad de Inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país". El matrimonio se encontraba en la ciudad de Vicuña.
Fueron ejecutados por oficiales del regimiento Arica, al mando del capitán Polanco: "Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado", declara el ex oficial. "Estos hechos deben haber estado en conocimiento del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, ya que todos los movimientos de esta unidad y órdenes a cumplir eran privativos de él".
El ayudante del comandante Lapostol era el teniente Juan Emilio Cheyre, hoy flamante comandante en Jefe del Ejército.
Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del regimiento Arica, de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.
El año pasado señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.
Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento Arica.
Niños ejecutados en Coquimbo El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.
Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
"Qué saben ustedes"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo- jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos militares, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas". El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 Arica, de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda sin resultados, regresaron a sus casas.
Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en "caso de moverse o alarma".
Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad.
Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrio cambió radicalmente.
La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".
Balas militares
Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.
Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los menores, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector- encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Se encontraban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocado allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez.
En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que práctico la autopsia.
Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usa sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala causa de muerte indeterminada", agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento Arica.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños.
Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando las búsquedas de las policías y los vecinos terminaron. "Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de inculpado. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe.
Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.
Arnaldo Pérez Guerra



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La misión era matar "Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de Carabineros Manuel Cazanga Pereira. (...) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y el mayor Marcelo Moren Brito. Moren era todavía el segundo comandante del Regimiento Arica, pero estaba en servicio...".
Página 122.
"El general Sergio Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (...) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, teniente Jaime Ojeda Torrent, subteniente Hernán Valdebenito Bugman, subteniente Mario Larenas Carmona, subteniente Guillermo Raby Arancibia, subteniente Julio Lafourcade Jiménez, mayor en retiro de apellido Délano, y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci...".
Páginas 126-127.
"Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la Central Unica de Trabajadores y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela, acusado de guardar material explosivo en su casa de Vicuña. El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arraigada, el mayor Tomás Manríquez, el capitán Mario Vargas Maguiles, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla...".
Página 133.
"A su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros 'por fusilamiento'. Cuando ya se acababa la luz del día de aquel martes 16 de octubre de 1973, un camión militar y un piquete de soldados al mando del capitán Vargas entró al cementerio para cumplir las órdenes impartidas por el comandante Lapostol. Luego de ser identificados por un oficial civil e inscritos en el registro del cementerio, los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios.
Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal...".
Página 138.
"Sí, yo presencié los fusilamientos, pero no participé en ellos. Nosotros no interveníamos directamente en los fusilamientos, sólo los presenciábamos. (...) Tengo que expresar que en todas las ciudades que fueron visitadas por la comisión (la Caravana de la Muerte, NDR), las ejecuciones fueron realizadas por el personal de las respectivas unidades, y no por los integrantes de la comitiva del general Arellano. (...) Los integrantes de la comisión no participábamos en los fusilamientos. Eramos como ministros de fe...".
(Declaración ante el juez Juan Guzmán del coronel (r) Marcelo Moren Brito).
Página 143.
"Con las primeras luces del lunes 9 de noviembre de 1998, parte de lo pedido por los organismos de Derechos Humanos y los familiares, comenzaba a hacerse realidad. En el patio Nº4 del cementerio municipal de La Serena, el equipo de la Unidad de Identificación de Santiago del Servicio Médico Legal, comenzaba las excavaciones para intentar exhumar los quince cuerpos que se buscaban. El trabajo fue duro y lento. En los primeros metros extrajeron una gran cantidad de huesos de fetos, desechos de material quirúrgico como pinzas, bolsas de suero y agujas desechables, y 12 cuerpos que no correspondían a las características de los que se buscaban.
Llegado a la profundidad de unos seis metros, el día 11 de noviembre apareció el primero de ellos. En tres capas y en total desorden fueron apareciendo los otros catorce. (...) El lentísimo trabajo recién concluyó el sábado 14 de noviembre y los esqueletos fueron llevados al Instituto Médico Legal de La Serena. (...) Allí estaban las pruebas imborrables. Trece de los quince prisioneros habían sido violenta y reiteradamente golpeados con objetos contundentes antes de morir, lo que les produjo fracturas y lesiones en muchas de sus costillas y pelvis. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado por los golpes. Diez de ellos tenían uno o más impactos de bala en el cráneo además del tórax. El resto presentaba los balazos en el tórax y otros huesos...".
Página 149.
Párrafos del libro "La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano", del periodista Jorge Escalante Hidalgo. Publicado por Editorial LOM, en agosto de 2000.
Walter Araya, torturado en Copiapó en 1988:
"Cheyre nos negó ante el Obispo Ariztía"
El profesor Walter Araya camina de manera extraña, "como pato" dice él, producto de las torturas que le afectaron el oído medio y, obviamente, el sentido del equilibrio. También luce una precoz calvicie, que comenzó a hacerse pronunciada desde octubre de 1988, tras ser sometido a fuertes descargas de electricidad y otros apremios ilegítimos en el cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en la calle Atacama de Copiapó.
Araya fue secuestrado por efectivos de la CNI el viernes 7 de octubre, desde su casa, luego de que otros militantes de las Juventudes Comunistas, del MIR y socialistas comenzaran a ser raptados el día 4. Entre los detenidos figuran también Rafael Vega Zambra, Cristóbal Carrasco, Jimmy Farías Díaz, Jorge López, Víctor Serrano Seguel, Orlando Sarría Pino, Héctor García Véliz, Gabriel García Aguirre y Ernesto Guzmán Morales, quienes permanecieron en calidad de desaparecidos hasta su definitivo paso a la Fiscalía Militar bajo los cargos de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Control de Armas y Explosivos y la Ley sobre Conductas Terroristas, según relatan medios de comunicación de la fecha.
El entonces Jefe de Plaza e Intendente de la III Región, teniente coronel Juan Emilio Cheyre, señaló por esos días que los detenidos "estaban premunidos con elementos explosivos, cadenas, miguelitos y gran cantidad de material subversivo, dirigido a alterar el orden y la tranquilidad en el desarrollo del plebiscito, que obedece a una planificación destinada a producir un levantamiento poblacional". Lo cierto es que la máxima autoridad política de la región debió reconocer la detención de los jóvenes tras múltiples gestiones de los familiares y del propio Obispo de la ciudad, Fernando Ariztía, quien se entrevistó con Cheyre mientras los militantes de izquierda permanecían secuestrados al interior del cuartel de Investigaciones, pero sólo recibió negativas ante su consulta sobre la posible detención. Cheyre dictaría una orden de aprehensión sólo días después de que los jóvenes estaban siendo torturados, encubriendo el accionar de la CNI que no podía estar actuando sin que él lo supiera, más aun en aquel momento en que asumía todas las responsabilidades de la zona por encontrarse el país en período electoral.
"Algunas personas detenidas estos últimos días han sufrido apremios ilegítimos, producidos por la aplicación sistemática de electricidad en diversas partes del organismo", se lee en una declaración pública del Obispado local, agregando entre otras cosas que "han sido torturados en el recinto de Investigaciones de Copiapó. Nos duele mucho tener que denunciar la realización de estas lamentables acciones que creíamos alejadas para siempre de los procedimientos empleados en el país.
No nos pronunciamos sobre la inocencia o culpabilidad que una persona pueda tener, pues esto corresponde a los Tribunales de Justicia, pero sí nos corresponde -es misión irrenunciable- hacer tomar conciencia de la dignidad de toda persona humana". Todos los detenidos fueron posteriormente dejados en libertad por falta de méritos, presentando una querella por apremios ilegítimos con el patrocinio del abogado DC Erick Villegas.
"Cheyre es un fascista"
Walter Araya ya conocía a Juan Emilio Cheyre. Formando parte de un grupo de dirigentes de la Universidad de Atacama, se entrevistó con él tras las protestas lideradas por los estudiantes durante la visita de Pinochet a la ciudad en abril de 1988. De ese hecho recuerda con claridad la actitud del militar: "el tipo se echó para atrás, con los pies arriba del escritorio de la Intendencia, para conversar con nosotros como dirigentes estudiantiles, demostrando todo su desprecio hacia las personas y las instituciones. Su prepotencia nos dejó muy en claro su conformación fascista. Es un verdadero fascista.
Después, el 11 de septiembre, hicimos una marcha como homenaje a los asesinados por la Caravana de la Muerte en Copiapó, la que fue reprimida con ferocidad por orden del mismo Intendente. Y finalmente, un día antes del plebiscito, comenzaron los secuestros. El 4 cae el primero, que fue fuertemente torturado, y luego comienzan a ser detenidos todos los integrantes del Comité Regional y Local de las Juventudes Comunistas. A mi casa llegan a buscarme el viernes 7, por la noche, irrumpiendo personal de Investigaciones y la CNI en evidente estado de ebriedad, cuando me encontraba con otros dos compañeros y mi compañera.
En el asalto se robaron, entre otras cosas, un Winchester de 1870 inutilizado y un rifle a postones, que presentaron como supuestas pruebas del armamento encontrado, pero que nunca más aparecieron luego de que nos dejaron en libertad. Yo estuve todo el fin de semana sufriendo aplicación de corriente y golpes, de hecho desde esos días se me comenzó a caer el pelo producto de la alteración nerviosa y todo, porque también me hicieron un simulacro de fusilamiento, por ejemplo. De todo lo que me recuerdo, siempre nos torturaron al interior del cuartel de Investigaciones, pero a mi familia le negaron permanentemente la detención. De hecho, hay una conversación del Obispo Ariztía con Cheyre sobre nuestro paradero, quedando él de investigar y señalando que no estábamos detenidos. Esto es ya cuando la mayoría llevaba casi cinco días secuestrado.
Por suerte, los vecinos se dieron cuenta de que había efectivos de Investigaciones y así se lo contaron a mi familia, que es bien conocida en el sector. Reconocieron los vehículos y a algunos "tiras", así que la presión frente al hecho aumentó hasta que tuvieron que reconocer que estábamos allí detenidos, lo que debe haber ocurrido el martes o miércoles siguientes. Después estuve doce días en la cárcel".
-¿Cuál era la condición en que los mantuvieron en el cuartel? "Justamente, no estoy tan seguro del día en que nos sacaron de la incomunicación para llevarnos a la Fiscalía Militar, porque nos mantuvieron vendados y trataban de hacernos perder la noción del tiempo. Yo calculaba los días y las noches por los cambios de temperatura.
Mientras nos mantenían a todos juntos en el suelo de una pieza grande, vendados y amarrados, de repente nos pegaban el grito para sacarnos al interrogatorio.
En una de esas ocasiones me golpearon tan fuerte que me dejaron inconsciente, eso fue mientras estaba el Fiscal Militar (Miguel Troncoso N. de la R.) y tenía un actuario que escribía lo que yo iba diciendo. Allí aproveché de decir que nos estaban torturando, pero el Fiscal no dejó que eso constara en el documento y rápidamente me bajaron al subterráneo para sacarme cresta y media, hasta que quedé inconsciente. Varias veces en realidad me noquearon.
Una de las veces en que me aplicaban el teléfono (fuertes golpes con las palmas abiertas sobre los oídos. N. de la R.), se me cayó la venda y miré a los ojos a uno de los tipos. Para él fue como que hubiese visto al diablo, quedó helado, a pesar de que yo estaba amarrado parecía que lo apuntaba con arma. Luego lo reconocí en los careos en tribunales. Los "tiras" que nos daban comida y se mantenían de guardia aprovechaban toda ocasión para sacarse el bulto. A veces nos decían "los que están interrogándolos son de la CNI, nosotros estamos aquí sólo para cuidarlos". Cuando salimos hacia la cárcel, algunos nos deseaban que nos fuera bien y hasta trataban de darnos la mano como despedida. Uno de esos ahora es subprefecto en Copiapó". -¿Tuvieron atención médica esos días? "Sí. Nos revisaba un doctor de la CNI para saber hasta dónde podían seguir con las torturas. También recuerdo que nos vio el médico del Ejército Amudio Chong, que dijo que no presentábamos lesiones. Sólo cuando pasamos a la cárcel, el doctor de Gendarmería constató las heridas y su informe sirvió de base a la querella por apremios ilegítimos. En la Corte de Apelaciones estaba ese informe diciendo que nosotros presentábamos lesiones, hematomas, infecciones y quemaduras. Luego esto fue corroborado por médicos de la Cruz Roja Internacional. Finalmente, fuimos dejados en libertad por falta de méritos".
 

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30 de Abril  2002 El Mostrador

Cheyre: 'Si soy requerido, tengo que colaborar con la justicia'

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo hoy en Coihayque estar dispuesto a presentarse a los tribunales en caso de ser citado por violaciones a los derechos humanos.

“Como todo ciudadano chileno tengo, si soy requerido, que colaborar con la justicia” dijo Cheyre en una visita de inspección a la Séptima División del Ejército en la Undécima Región.

Las afirmaciones del alto mando del Ejército tienen lugar cuando ha saltado a la palestra el caso de dos niños supuestamente ejecutados en 1973, por una patrulla militar del Regimiento Arica, de cuyo comandante era ayudante el entonces teniente Cheyre.

Jim Christie Bossy, de ocho años y Rodrigo Javier Palma Moraga, de siete, fueron asesinados el 24 de diciembre de 1973 mientras jugaban en las proximidades de un gasoducto que era custodiado por una patrulla del regimiento "Arica", cerca del domicilio de ambos, en el sector de "La Herradura", de Coquimbo

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Primera Linea Lunes 6 de Mayo 2002
Bachelet reitera respaldo a Cheyre por caso de menores ejecutadosLa ministra de Defensa Michelle Bachelet reiteró hoy el respaldo de la cartera al comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, ante la eventualidad de que sea citado a declarar por el caso de los dos menores ejecutados en Coquimbo en diciembre de 1973.
Asimismo, la secretaria de Estado valoró la determinación del jefe militar de comparecer ante la justicia si es requerido.
"Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, y no voy a hacer más comentarios, es que nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército", dijo la ministra.
Cheyre es requerido por familiares de los menores -Jimmy Bossy y Rodrigo Palma-, quienes fueron asesinados cuando jugaban en las proximidades del Regimiento "Arica" de Coquimbo.
En la época del crimen, el actual jefe castrense era ayudante del entonces comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Cheyre declaró la semana pasada que estaba dispuesto a colaborar con la justicia en este caso "como todo chileno", y el juez Juan Guzmán, tras supervisar la exhumación de los restos de una de las víctimas, hace dos días, no ha descartado pedir su testimonio.
Bachelet se refirió al tema luego de participar en un seminario que sirvió como marco para inaugurar el mes del Mar en Iquique. En la oportunidad, además, destacó los avances de la Armada para la renovación de su flota, tras la postergación del Plan Tridente.
En este sentido, el comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, dijo que la institución ha establecido contactos con Inglaterra, España, Italia y Holanda, con el objetivo de incorporar dos buques usados, ya que se tiene previsto dar de baja el mismo número de naves el 2005
 

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Martes 2 de Julio  2002 PrimeraLinea

Exclusivo: Testimonio judicial del general Cheyre ante el ministro Guzmán

En un antecedente inédito en la historia judicial, por primera vez un comandante en jefe en servicio activo fue consultado por un juez sobre su eventual participación en violaciones a los derechos humanos. En una declaración de dos páginas, Cheyre aseguró que no supo nada sobre el crimen de dos menores en Coquimbo y que estaba en otra ciudad durante los hechos

Cuando el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo que "como todo ciudadano chileno tengo que colaborar con la justicia", no hablaba en vano. Al ser requerido por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, el jefe castrense contestó por oficio -de dos páginas- sobre su permanencia en La Serena el 24 de diciembre de 1973, cuando fueron asesinados dos menores por los miembros de una patrulla militar.
El proceso que tramita el magistrado busca desentrañar las causas y responsabilidades de la muerte de los niños de ocho y siete años, Jim Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, cuyos restos fueron exhumados hace tres meses para realizar los últimos peritajes tanatológicos.
Bajo la tesis que una patrulla militar del regimiento Arica había participado en esta acción, el juez Guzmán solicitó a Cheyre que respondiera un cuestionario en que las consultas apuntan a su permanencia en la zona del crimen, sus eventuales contactos con la patrulla militar y su relación con el jefe del regimiento, coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego.
En el documento judicial al que tuvo acceso Primera Línea, el general Cheyre afirma que el día del macabro crimen no se encontraba en La Serena, sino que había viajado a Iquique. Además, relata que nada supo sobre la existencia de una denominada "patrulla militar" y tampoco ahonda sobre el paso -días antes- de la fatídica Caravana de la Muerte que lideraba el general (r) Sergio Arellano Stark.
En este último proceso, el nombre de Cheyre salió a colación tras el cuestionado testimonio del coronel (r) Pedro Rodríguez, quien en el cuaderno secreto del caso aseguró que el alto uniformado estaba abajo el mando de Lapostol cuando pasó la comitiva de Arellano. Afirma que Lapostol ordenó a oficiales bajo su mando que "remataran" a las víctimas que había fusilado la comitiva proveniente de Santiago. Con ello vinculó directamente a Lapostol y, de paso, puso en jaque la figura del comandante en jefe.
Pero Cheyre nada dice de ello en su testimonio. De hecho, en el escrito sólo aclara que si bien era ayudante de Ariosto Lapostol, nada supo del ataque a los menores y de otros ilícitos que se cometieron en la zona norte del país.
Su negativa a los hechos es coincidente con la investigación que en círculos políticos se ha realizado desde el momento en que el nombre de Cheyre comenzó a sonar fuerte para suceder al general Ricardo Izurieta, y que hablaban que el oficial estaba "limpio" de cualquier actuación en violaciones a los derechos humanos.
A fin de comprobar la veracidad del testimonio de Cheyre y avanzar en la investigación, los abogados querellantes solicitaron al juez Guzmán que requiera al Ejército la nómina de todos los oficiales que estuvieron en la época en La Serena o que deambularon por la zona por medio de comisiones de servicio.
Aunque la petición ya fue acogida y la solicitud del documento ya fue despachada por Guzmán rumbo a la institución castrense, lo cierto es que aunque han transcurrido dos meses todavía no hay respuesta.
Pese al retraso, los querellantes confirmaron que no insistirán en la demanda, al menos por el momento, pues la postergación todavía se encuentra dentro de un margen "razonable".

Al mismo tiempo, se aguarda que el Servicio Médico Legal envíe la autopsia definitiva a los cuerpos de los menores. Tras su asesinato en 1973, sus restos sólo fueron hallados en 1978, cuando fueron exhumados y vueltos a enterrar, sin que se verificaran las causas de la muerte. Sólo este año, y con motivo de una querella interpuesta por la familia de las víctimas, el ministro Guzmán ordenó la exhumación de las osamentas para indagar cualquier evidencia que aporte información sobre las muertes y entregar definitivamente una autopsia completa.
Independientemente de esta diligencia en marcha, el magistrado también conoció el testimonio del coronel (r) Lapostol. Mucho más conciso que la declaración de Cheyre, el oficial en retiro fue consultado sobre los turnos en el regimiento Arica, la formación de esta brigada militar y la muerte de los menores. En cada una de las respuestas, el oficial aseguró que desconocía todos los antecedentes, y nada dijo sobre la presencia de Cheyre el día del crimen o meses antes del suceso.
La versión de los querellantes Los antecedentes recogidos por los querellantes señalan que los menores fueron ultimados a disparos por una patrulla militar que custodiaba unos gaseodutos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios del Servicio Impuestos Internos. Los oficiales -según la misma versión- tras dar muerte a los menores ocultaron sus cuerpos, los que sólo fueron hallados en 1978 cerca de sus domicilios a pocos metros de profundidad.
Justo en esta fecha el mundo de derechos humanos se conmovía ante el hallazgo de Los Hornos de Lonquén y se iniciaba el segundo crimen de los servicios de inteligencia, la remoción de cuerpos que eran luego dinamitados o bien lanzados al mar para hacerlos desaparecer para siempre.
Tras el hallazgo, los familiares recibieron en agosto de 1978 los dos féretros cerrados, a los cuales se adjuntaban dos certificados de fallecimiento que señalaban que "las causas de muerte eran indeterminadas". Sin embargo, según la versión de los querellantes, los cuerpos fueron revisados por un médico del SML local, quien aseguró a sus padres que la causa de muerte de ambos niños era una herida de bala de grueso calibre en la cabeza.
Pasaron muchos años hasta que el proceso saltara a la palestra, a raíz de testimonios que recordaban que el general Cheyre estaba bajo el mando del coronel Lapostol, uno de los principales inculpados en la causa, mientras su nombre sonaba fuerte para suceder a Ricardo Izurieta en la comandancia en jefe del Ejército.
El general Juan Emilio Cheyre ingresó a la Escuela Militar en 1963. Entre 1977 y 1979 fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como Oficial del Estado Mayor. Fue profesor de la Academia de Guerra en ramos como Historia Militar y Táctica y Operaciones.
Junto a él, los querellantes pidieron que se cite declarar también a los miembros de la sección de inteligencia Carlos Verdugo Gómez y Osvaldo Pinchetti, conocido como el "doctor tormento". Este último está condenado a diez años de cárcel por su participación en el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conexo al crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.
El nombre de Pinchetti sale a colación porque en esos años debutaba como hipnotizador de la Sección de Inteligencia del Regimiento Arica.
Aunque el crimen se produjo dentro del período de amnistía, debido a que las víctimas son menores, no se puede aplicar esta ley, lo que obliga a los titulares a investigar. El caso de los menores no se encuentra registrado en el Informe de la Comisión Rettig, porque los padres de los pequeños no realizaron la denuncia por desconocimiento

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17 de Diciembre 2004 El Mercurio

Cheyre aparece mencionado en lista elaborada por la Codepu

La Corporación de Defensa y Protección de los Derechos del Pueblo dio a conocer una lista de personas que participaron en violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno militar en la que se menciona al actual Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.

El documento recoge testimonios de personas que habrían sido víctimas de torturas y prisión política durante el período y que fueron omitidos por el informe Valech.

La lista del Codepu no tiene el rigor que se aplicó en el informe de Prisión y Tortura Política y sólo es un compendio de nombres entregados por personas que fueron testigos o protagonistas de los hechos.

La presidenta del organismo, Paz Rojas, asegura que hay testimonios en los que se señala que el general Cheyre habría participado en violaciones a los derechos humanos.

"Hay gente que fue torturada en el Regimiento Arica de La Serena que nombra entre sus torturadores al general Cheyre", señaló la dirigenta.

"Aquí esta el nombre de él...si se quiere querellar bienvenida sea", agregó.

Aún así, al ser consultada si Cheyre participó activamente o sólo fue un testigo de las vejaciones, Rojas dijo que a juicio de su organización "son torturadores quienes pasan la corriente y quienes miran como se hace".

Los testimonios que vinculan a Cheyre con casos de torturas provienen del pre informe de diciembre de 2002 elaborado por el mismo organismo y en el que Óscar Varas asegura haber sido torturado por el actual Comandante en Jefe del Ejército.

Otro mencionado en este documento es el alcalde de Providencia Raúl Labbé quien de acuerdo a lo que se señala en la lista habría sido testigo de torturas en Tejas Verdes pero no habría participado en ellas.

El informe también incluye el listado de 791 ciudadanos extranjeros de 39 países que habrían sido torturados durante el gobierno de Pinochet y que no fueron incluidos en el informe Valech.El Gobierno criticó la forma en que el Codepu recopiló testimonios de personas que aseguran que el comandante en jefe del Ejército participó de vejámenes en un regimiento de La Serena.

En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, le quitó cualquier validez al informe de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que involucra al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre con torturas.

Al respecto, el ministro Vidal indicó que no está en el ánimo del Ejecutivo amparar la impunidad, pero criticó el método con que se recogen los testimonios, a través de un organismo no oficial.

Por ello, restó valor a las acusaciones contra el jefe militar: "En Chile, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano más modesto tienen los mismos derechos y deberes. Y en materia de derechos nadie puede ser acusado sin prueba ante los Tribunales de Justicia".

"Y el único que declara en Chile si se es inocente o culpable de cualquier tipo de delitos es el tribunal, el juez", recalcó.

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_c/cheyre_juan_emilio.htm