Martes 20 de marzo 2012 14:26 hrs.
Narayan Vila
Voceros del movimiento estudiantil, junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se refirieron al proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, que calificaron como una herramienta que viola las garantías constitucionales, al igual que la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se desarrolló el foro donde diversos actores sociales analizaron la denominada Ley Hinzpeter.
En el conversatorio estuvieron presentes el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, José Soto; el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach, Camilo Ballesteros; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; y la abogada Julia Urqueja.
La jurista sostuvo que este proyecto busca criminalizar la protesta social y así “inhibir la participación en la protesta social, porque lo que desde el punto de vista jurídico se denomina desorden público ya no solamente es una actividad legítima dentro de un marco democrático, sino que pasa a constituir un delito. Por tanto, la persona que participa en ello, sufre el aumento de su penalidad y la posibilidad de quedar encarcelado. Por esa vía se inhibe que la gente pueda participar de las actividades sociales de protesta”.
El proyecto agrava las penas de los delitos relacionados con desórdenes y el uso de capuchas y da la facultad a las policías de solicitar a los medios de comunicación imágenes o videos para su uso como pruebas, sin la necesidad de recurrir a un tribunal.
Además, se penalizan las tomas de colegios o instituciones públicas, lo que para José Soto, es la prueba de que el Gobierno no lee correctamente la demanda estudiantil: “Por parte del Gobierno, se está asociando la movilización social con un acto delictual. El Gobierno demuestra una falta de gobierno, precisamente, de administración, para enfrentar la situación social que está viviendo el país. Prefiere responder ante aquello criminalizando y poniendo en cuestionamiento cualquier forma de movilización. Una visión como esa no es sana para una democracia y precisamente tiene que ver con que no hay un buen análisis acerca de qué sucedió el año pasado y qué está sucediendo en este”, dijo.
Lorena Pizarro fue más allá y señaló que “la situación que hoy sucede en Aysén con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, a mi juicio, en un país verdaderamente democrático, es un estado de excepción. Lo que está haciendo el Gobierno de Chile es aplicar una norma en contra de la población, de los ciudadanos que habitan este territorio, para perseguirlos y es una manera de exterminar. Por lo tanto, estamos viviendo terrorismo de Estado”.
Todos los dirigentes presentes, juntos con llamar a los parlamentarios a no aprobar este proyecto de ley, emplazaron al Gobierno a poner más atención en solucionar las demandas sociales en lugar de legislar para reprimir.
http://radio.uchile.cl/noticias/144715/
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