La justicia chilena es ciega... y racista

Los juicios de Temuco Por: Ernesto Carmona* (16/02/2004) El Estado prepara un gran juicio en Temuco contra 18 dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco, la organización mapuche más beligerante en la zona que el gobierno denomina oficialmente 'Novena Región de la Araucanía', reconocimiento implícito al territorio indígena. La 'formalización' de la causa está prevista para el 10 de marzo, bajo la nueva modalidad de juicios orales impuesta por una reciente Reforma del Código de Procedimiento Penal. La Reforma comenzó a aplicarse hace dos años, precisamente en el territorio mapuche, con halagüeños resultados para sus precursores. Dos lonkos, o jefes mapuche, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norín Catrimán, fueron condenados a 5 años de prisión en diciembre, después que la Corte Suprema anulara el primer juicio oral, es decir, fueron sometidos a dos juicios, una aberración jurídica para los tratados internacionales ratificados por Chile. En Concepción está en prisión el werkén Víctor Ancalaf Llaupe, acusado de 'asociación ilícita terrorista' en su lucha contra la empresa española Endesa que atropelló los derechos humanos indígenas al construir una represa hidroeléctrica en el alto Bío Bío, con la ayuda de los gobiernos de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos. El juez Diego Simpertigue lo condenó a 10 años. Ni los niños se escapan Un informe de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos (Comapu), adscrita a la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco Malleco (Cam) indica que en abril de 2003 ya había 105 indígenas procesados bajo el nuevo sistema, 68 varones, 11 mujeres y 6 menores. Desde 1999, cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños pasaron por las cárceles chilenas acusados de usurpación de tierras, sabotajes a transnacionales y, en el último año, de 'asociación ilícita' en organizaciones 'terroristas'. Según el Kolectivo Lientur, de 'contrainformación mapuche', más de 400 ciudadanos mapuche están procesados hoy por la justicia, en su mayoría campesinos que luchan por recuperar territorios usurpados en el pasado por el Ejército y ahora en poder de grandes corporaciones forestales y energéticas, locales y transnacionales. En enero había tres presos en Concepción, los werkenes (voceros o líderes políticos) Víctor Ancalaf Llaupe, José Huenchunao Mariñan y Héctor Llaitul Carillanca; uno en la cárcel de Lebu, el mapuche Juan Carlos Arriagada Fren; nueve en la cárcel de Angol, Juan Antonio Colihuinca Ancaluán, Luis Amable Catrimil Huenupe, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles; dos en la cárcel de Traiguén, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin Catrimán; y uno en la cárcel de Temuco, Mireya Figueroa Araneda. Otro centenar de mapuches condenados en los últimos tres años sufre penas no-carcelarias, en tanto numerosos militantes del movimiento mapuche se hallan prófugos de la justicia, por temor a la arbitrariedad de los jueces y de altas autoridades políticas del gobierno obsesionadas con la represión judicial como única 'solución final' a un conflicto de profundas raíces históricas, culturales y políticas, ligado a la esencia de la 'chilenidad' enseñada en los manuales escolares y exhibida al turismo. Segunda Guerra de la Araucanía Las reivindicaciones indígenas constituyen una demanda política y social, a la que el gobierno resolvió darle una respuesta judicial, simplemente por incapacidad de instrumentar otra política. Mucha gente ignora que la principal herramienta del Estado para combatir al movimiento indígena activo desde hace 13 años es la Ley Antiterrorista N° 18.314, establecida en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet cuando el 'poder legislativo' lo ejercía un solo individuo, el almirante José Toribio Merino Castro, fallecido. El nuevo código de procedimiento penal aportó la 'asociación ilícita' figura que, al combinarse con la vieja norma dictatorial de 1984, engendró como en un cóctel el nuevo delito de 'asociación ilícita terrorista', aplicada hasta hoy exclusivamente al pueblo mapuche. El nuevo estatuto 'legaliza' una suerte de 'estado de sitio permanente' en el territorio indígena, donde Carabineros y guardias privados de las compañías forestales actúan como fuerzas de ocupación en un país donde no existe respeto alguno por los derechos humanos de los ciudadanos indígenas. El Estado, además, está muy lejos de reconocer e incorporar los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas al ordenamiento jurídico constitucional, como reclaman Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. La 'Segunda Guerra de la Araucanía' está dándose en la judicatura, de una manera vergonzosa para un país civilizado y democrático, al amparo de una supuesta lucha contra el 'terrorismo' y según recetas aplicadas en otras latitudes. El comando supremo de esta guerra impulsada desde la Reforma Procesal Penal se llama Ministerio Público, cuyo jefe nacional es el abogado Guillermo Piedrabuena, con la Fiscal Regional Smirna Vidal Moraga a cargo del teatro de operaciones de la Araucanía, secundada por un estado mayor de unos 38 fiscales locales y adjuntos, en su gran mayoría jóvenes servidores públicos ansiosos de escalar por sus méritos. Apartheid judicial Pareciera que la Reforma fue concebida justamente para 'detener a los mapuche' poniendo como caballo de Troya al Poder Judicial. 'Hasta antes de la aplicación de la Reforma no existía en la región una política criminal explícita, es decir, una persecución directa desde el Estado hacia el movimiento mapuche', analizó en la revista mapuche Azkintuwe el abogado Rodrigo Lillo, académico de la Universidad Católica de Temuco y fundador de la Corporación Nor Alinea. Antes de la Reforma, los jueces sancionaban los delitos comunes de orden público de acuerdo a sus atribuciones, sin que muchas veces llegaran formalmente a los tribunales porque muchos se solucionaban en el camino. Todo eso ha cambiado. 'Hoy, el Ministerio Público tiene la facultad de decidir qué casos perseguir hasta el final, a que casos van a dirigir sus mayores esfuerzos y eso se nota claramente en la zona sur, donde el conflicto mapuche es su principal preocupación', dijo Lillo. 'Esto se ve en la etapa de formalización (de los juicios), que es donde el fiscal le comunica a una persona que la van a investigar por un delito determinado'. 'En general, la tendencia de los fiscales en el conflicto mapuche ha sido formalizar por delitos desproporcionados, exagerados, que no corresponden muchas veces a la conducta que se realizó, y a iniciar, además, investigaciones por varios delitos a la vez; esto les permite obtener la prisión preventiva y, por otra parte, satisfacer ciertas exigencias de algunos sectores de la sociedad', sentenció Lillo, aludiendo a los dueños de las tierras reclamadas, principalmente Anacleto Angelini Fabbri y Eliodoro Matte Larraín, los hombres más ricos del país junto a Andrónico Luksic Abaroa, quien mantiene sus negocios minero-financieros alejados del sur. A juicio del académico, durante el primer año de la Reforma, las sentencias correspondieron a delitos de baja categoría en el Código Penal, daños, usurpación, desórdenes, con penalidades también bajas. 'Pero en el último año vemos que tanto fiscales como jueces comparten las mismas tesis exageradas de las conductas 'terroristas', lo que ha traído graves consecuencias; para los mapuche imputados ha significado una vulneración de las garantías del debido proceso y, para el movimiento en su conjunto, una estigmatización del discurso mapuche como 'subversivo' y 'peligroso' ante el resto de la sociedad'. La propaganda del Ministerio Público asegura que la Reforma consagra, en teoría, nuevos derechos, hasta favorables para el violador de la ley dicen algunos, como es la presunción de inocencia hasta demostrarse lo contrario. Pero nada de eso es válido para los mapuches, aunque pudiera serlo para el resto de los mortales, los 'chilenos blancos'. Tema de la próxima nota: la metodología del Ministerio Público no tiene nada que envidiarle a los Juicios de Stalin, del Moscú de los años 30, sólo que en la Araucanía los acusados no 'confiesan sus crímenes'. Recortes de prensa y testigos sin rostro, apropiadamente sobornados como los de Fujimori, son piezas clave en las acusaciones. * Ernesto Carmona es periodista chileno. _______________ redaccion@argenpress.info info@argenpress.info COPYRIGHT ARGENPRESS.INFO © 2004webmaster@argenpress.info  http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/ppm/dd-hh/juicio-01.htm