Esta tarde la tercera sala de la Corte Suprema rechazó los siete recursos de protección presentados por distintas organizaciones sociales y ONG’s medioambientales que buscaban detener la construcción de Hidroaysén. De esta forma, el proyecto de mega centrales hisroeléctricas quedó con la pista despejada para iniciar su construcción.
El fallo fue anunciado hace unos momentos por el vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez Espoz, quien explicó que los magistrados no encontraron plausible los recursos de protección, esgrimiendo por 3 votos contra 2 que el proyecto hidroeléctrico no infringe garantías constitucionales.
“Distintos organismos presentaron recursos de protección que fueron rechazados por la Corte de Puerto Montt, fundado en que no hay perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales que se habían alegado y hoy día por resolución de hoy, la Corte Suprema también confirmó el rechazo”, dijo el vocero.
Además se deslegitimó que la Corema de Aysén, entidad que vota los proyectos sometidos al sistema de evaluación ambiental, haya actuado de forma arbitraria al respecto.
Los recursos alegaban distintas irregularidades como la modificación de informes de Conaf y otros servicios, los que fueron refutados por el tribunal. Por otra parte, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) defendió que la aprobación del proyecto HidroAysén se ajustó a la legislación vigente y descartó que los argumentos presentados por la empresa sean iguales a los usados por los servicios regionales para dar el vamos a la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Patagonia.
El proyecto comprende construir cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, de 2750 megawatts (MW) de potencia con una línea de transmisión de 2.300 kilómetros, la cual aún no es ingresada al SEA y que podría necesitar unas 5.750 torres de alta tensión de 70 metros de altura cada 400 metros.
Según los grupos ambientalistas las torres fragmentarían el paisaje de seis parques nacionales, 11 reservas, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas. Eso además de las torres, que comprenderían un ancho estimado de 100 metros para cada una, lo que implica deforestar 23.000 hectáreas, cuatro veces más que lo inundado por las represas.