Una reveladora e inédita investigación de la más importante
operación terrorista de las dictaduras militares de los ’80.
Por John Dinges
Traducción: Francisca Skoknic
La Operación Cóndor fue un exitoso plan de asesinatos que ahora está volviendo, un cuarto de siglo después, para perseguir en la vejez a sus inventores. Los crímenes que se cometieron en Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos para capturar y eliminar a los enemigos de los dictadores militares del Cono Sur, se han transformado en catalizadores de los procesos judiciales que reflejan la arena tricontinental en que tuvo lugar la actividad del Cóndor.
La semana pasada en Chile, la evidencia de las operaciones de Cóndor fue la que estuvo en el centro de la decisión de la Corte de Apelaciones de revocar la inmunidad del general (r) Augusto Pinochet. La resolución reabrió la posibilidad de que Pinochet tenga que enfrentar un proceso por violaciones a los derechos humanos; pero lo más significativo es que pone a Chile en línea con los tribunales de al menos otros cuatro países que están desarrollando procesos en torno las actividades internacionales de la Operación Cóndor.
Cóndor era el “grandioso plan” de Pinochet -como fue descrito por uno de los oficiales de inteligencia invitados a unirse a él- para vencer al comunismo mundial. ¿Cómo llegó la más ambiciosa -algunos dirían las más exitosa- apuesta geopolítica del ex dictador a los implacables procesos que están copando su vejez?
Los rasgos generales de la Operación Cóndor se conocen desde hace años, pero sólo recientemente hay copiosa documentación nueva y entrevistas con participantes que me hacen posible llevar a cabo una investigación rigurosa de sus operaciones clandestinas. El resultado completo está en mi libro Los Años Cóndor. Algunas de las nuevas revelaciones relevantes para el proceso judicial son entregadas aquí.
En octubre de 1998, cuando el juez Baltasar Garzón pidió la extradición del general Pinochet desde Londres para enfrentar un juicio en España, eligió los crímenes del Cóndor para fundamentar la petición: la captura del líder del MIR, Edgardo Enríquez, en Argentina en abril de 1976 y su consecuente traslado secreto hacia Chile. A las pocas semanas, cortes de Roma y París abrieron investigaciones judiciales centradas en otros casos del Cóndor que involucraban la captura de uruguayos y chilenos en Argentina. A medida que en años recientes esos juicios avanzaron, un proceso Cóndor aun más elaborado fue iniciado en Argentina. El juez investigador Rodofo Canicoba eligió los casos de 72 víctimas -chilenos, argentinos, bolivianos, paraguayos y uruguayos- que fueron capturados por fuerzas de seguridad fuera de sus propios países.
Su proceso nombra como acusados a una larga lista de altas personalidades militares, incluyendo a Pinochet, al dictador argentino Jorge Rafael Videla, el paraguayo Alfredo Stroessner y el boliviano Hugo Banzer (estos dos últimos ya fallecidos). Las solicitudes de extradición para todos estos casos hacen que estos líderes y más de 200 otros oficiales militares nombrados como acusados o testigos materiales, sean incapaces de viajar fuera de sus países por temor a ser arrestados por Interpol. Otra ironía, ya que la Operación Cóndor fue explícitamente diseñada para imitar (con métodos ilegales) la cooperación internacional de las fuerzas policiales que caracteriza a Interpol.
Finalmente, el 2002 el juez Juan Guzmán inició su investigación “2182-98 Operación Cóndor”, que condujo al reciente desafuero de Pinochet. Ese caso también se centra en la captura y asesinato de Edgardo Enríquez y en una serie de detenciones de Cóndor en Argentina y Chile, quizá la operación más compleja y que llevó a la desaparición de 16 personas y la extorsión de otros por decenas de miles de dólares.
Una cosa es innegable sobre la Operación Cóndor: en términos de su objetivo declarado -eliminar a los enemigos del gobierno militar- fue un éxito. Entre las más famosas de sus operaciones estuvieron el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y el atentado al ex Vicepresidente Bernardo Leighton en Roma. Así, Cóndor, como una alianza formal de seis países, fue establecida en 1975 bajo la inspiración de Chile como un nuevo modelo organizacional para la persecución internacional de enemigos.
Menos conocidas son las exitosas operaciones de Cóndor contra la clandestina Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), encabezada por el jefe del MIR Edgardo Enríquez desde Argentina, y aquella contra la red financiera del Partido Comunista chileno. Estas dos operaciones, que están en el centro de la investigación del juez Guzmán, forman parte también de las investigaciones española, francesa y argentina.
Edgardo Enríquez, hermano del fundador del MIR, Miguel Enríquez, y su sucesor como cabeza del movimiento, había establecido secretamente su base de operaciones en Buenos Aires en mayo de 1975. El arresto en Paraguay, el mismo mes, del operador del MIR Jorge Fuentes y de un camarada argentino, fue el comienzo de la cooperación formal de las fuerzas de seguridad de Chile, Paraguay y Argentina. Los arrestos paraguayos entregaron información conducente a una serie de operaciones en Argentina, en las cuales los líderes más importantes del MIR fueron eliminados uno a uno, culminando con la captura de Enríquez en abril de 1976, cuando dejaba una casa de seguridad en Buenos Aires.
De acuerdo a mi investigación y a las evidencias en manos del juez Guzmán, la Operación Cóndor fue creciendo como alianza militar a partir de estos esfuerzos coordinados para derribar a los hombres operativos del MIR y sus aliados en otras organizaciones revolucionarias.
Cóndor fue formalmente establecido en un encuentro de oficiales de inteligencia en Santiago hacia fines de noviembre de 1975 y fue una creación de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y más tarde, de alguna manera, Brasil.
Uno de los oficiales militares interrogados por el juez Guzmán reconoció, en una declaración obtenida por el autor, que entregó las invitaciones personalmente a los jefes en todos estos países y sugirió —en una evidencia revelada aquí por primera vez- que el general Pinochet podría haber tenido un rol directo en la reunión de Cóndor. El oficial, coronel de Aviación Mario Jahn Barrera, entonces director de operaciones internacionales de la DINA, dijo haber asistido a la sesión inaugural del encuentro de cinco días. “Es posible que (la reunión de inteligencia) haya sido presidida por el general Pinochet o por alguno de los miembros de la Junta, dada la importancia que se quería otorgar a esta conferencia”, dijo en su declaración al juez Guzmán.
La detención de Enríquez era el golpe final para el ya tambaleante MIR y la alianza de la JCR. Fue seguido por otros importantes golpes de Cóndor a los enemigos de los gobiernos militares. En los meses de mayo a octubre de 1976 las coordinadas operaciones de seguridad se intensificaron, y se expandieron para incluir oficiales uruguayos y bolivianos. Los “éxitos” son impresionantes. La lista de líderes internacionales capturados y asesinados incluye al segundo de Enríquez en el mando, Patricio Biedma; dos jóvenes oficiales de seguridad de la embajada cubana en Argentina; el ex Presidente de Bolivia, general Juan José Torres; el máximo líder del ERP Mario Roberto Santucho; y un alto líder de los Tupamaros uruguayos, William Whitelaw. Todos estaban vinculados directa o indirectamente con la Junta de Coordinación Revolucionaria.
LA JCR había establecido sus bases en Argentina poco tiempo después del Golpe en Chile en septiembre de 1973. Bien financiada con millones de dólares provenientes de secuestros en Argentina, tenía fábricas de armamento y redes de militantes en preparación para una planeada ofensiva multinacional contra las dictaduras. Acorralada en 1976, la JCR dejó de operar en Argentina y no volvió a ser una amenaza para los gobiernos militares.
Los prisioneros de la JCR -bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos y cubanos- fueron recluidos en un edificio conocido como Automotores Orletti, que antes sirvió como taller mecánico, en el barrio Floresta de Buenos Aires. Orletti era un centro de detención secreta destinado a las actividades de Cóndor. Ahí los prisioneros internacionales eran torturados e interrogados por oficiales de sus propios países. Después eran llevados en camiones y ejecutados. Algunos de los cuerpos (incluyendo los de los dos cubanos) fueron encontrados en el puerto en tambores parcialmente llenados con cemento. Docenas de uruguayos de otro grupo revolucionario, Partido Para la Victoria, fueron interrogados en Orletti.
Las operaciones de Cóndor definieron como blancos a enemigos políticos no violentos, a los que persiguieron tan intensamente como a los militantes de la JCR y otros revolucionarios. En el mismo período, una operación conjunta argentino-uruguaya secuestró a dos prominentes líderes políticos uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y abandonaron bajo un puente sus cuerpos acribillados dentro de un auto. Y en Washington, un grupo anticastrista de terroristas cubanos, encabezados por el oficial chileno de la DINA Michael Townley, puso una bomba en el auto del ex canciller chileno Orlando Letelier, asesinándolo en la principal avenida de la capital estadounidense.
En noviembre de 1976, un comando operativo de 15 chilenos, argentinos y uruguayos fue enviado a Europa a otra compleja misión de Cóndor: matar al líder de de la JCR René “Gato” Valenzuela en París. De acuerdo a documentos de la CIA obtenidos por el autor, la misión también tenía como objetivo el asesinato del famoso líder terrorista Carlos, “el Chacal” (Ilich Ramírez Sánchez), blanco de Cóndor desde que su nombre fue descubierto en una libreta de direcciones de un militante de la JCR, en mayo de 1975.
La operación europea fue descubierta por la CIA y el servicio de inteligencia francés y la filtración arruinó la misión. La inteligencia francesa confrontó a los servicios secretos chileno, uruguayo y argentino envueltos en la operación, diciéndoles que sabía acerca del plan, lo que implicó la cancelación de la misión, de acuerdo con documentos estadounidenses desclasificados.
Esa fue otra trágica ironía: la CIA descubrió a Cóndor y sus planes de asesinar a los líderes opositores más de dos meses antes del asesinato de Letelier, pero falló en enviar un mensaje de alerta. El asesinato de Letelier en Washington, que según han probado tanto las cortes de Estados Unidos como la chilena fue ejecutada por la DINA, es el único caso de un acto terrorista cometido dentro de Estados Unidos por un gobierno aliado, Chile, en ese tiempo uno de sus amigos más cercanos en América Latina.
Otra operación menos famosa investigada en el proceso que lleva el juez Guzmán es quizás la misión más elaborada y compleja de todas las de Cóndor, involucrando el acorralamiento y desaparición de 16 personas en dos países, la extorsión y confiscación de decenas de miles de dólares, y un elaborado esquema de encubrimiento. Un comunista chileno con pasaporte suizo, Alexei Jaccard Siegler, transportaba un maletín con dinero en efectivo desde Europa para entregar a sus contactos del partido en Santiago. Aterrizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977 y fue capturado en la calle al día siguiente. Los agentes argentinos inmediatamente rodearon a 12 comunistas argentinos y otros dos chilenos ligados a Jaccard. En ese tiempo ni el Partido Comunista chileno ni el argentino estaban siguiendo una estrategia de resistencia armada contra los gobiernos de sus países.
En Santiago, agentes de la DINA secuestraron a dos operadores del Partido Comunista de quienes se sospechaba serían los receptores del dinero que llevaba Jaccard. Pocos días después, otros dos chilenos, el acaudalado operador de cambio Jacobo Stulman y su esposa Matilde, fueron dejados en custodia apenas llegaron desde Santiago al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Los siete chilenos y nueve argentinos están en las listas de desaparecidos.
El gobierno suizo y organizaciones judías estadounidenses hicieron agresivos esfuerzos por investigar las desapariciones. Para cubrir sus huellas, los agentes de inteligencia falsificaron la partida de Jaccard y los Stulman desde Argentina, usando falsos registros de hotel y documentos de inmigración. Los documentos falsos mostraban a Jaccard viajando a Chile pocos días después de su arresto, y luego partiendo de Santiago a Uruguay. También pretendían mostrar al matrimonio Stulman llegando a Montevideo. En un vano esfuerzo por rescatar a la pareja, su familia pagó decenas de miles de dólares en rescate a personas desconocidas.
En este caso, nuevamente hay una ironía. Los familiares de los Stulman pagaron al actual abogado de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, para viajar a Argentina y averiguar qué había pasado con la pareja. Rodríguez, entonces como hoy, tiene un asombroso acceso a los círculos íntimos de los dictadores en ambos países. En Santiago, se reunió con el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA. Recibió información sobre los Stulman de parte del Primer Cuerpo del Ejército, la unidad que controlaba la capital argentina, cuyo Batallón de Inteligencia 601 era la contraparte operacional de Chile en la Operación Cóndor.
Luego se reunió con Enrique Arancibia Clavel, a quien identifico en Los Años Cóndor como el agente de inteligencia más clandestino de la DINA en Buenos Aires, y el vínculo de la DINA con su contraparte, el Batallón 601. En un notable reporte de Arancibia a sus superiores en la DINA, fechado el 17 de julio de 1977, Arancibia escribe: “Con fecha 8/7/77 se contactó conmigo Ambrosio Rodríquez, quien me planteó que su permanencia en Buenos Aires peligraba debido a que estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judío Stulman. Aparentemente Rodríguez tomó contacto con altos jefes del Ejército argentino en el área Seguridad, los que le indicaron en forma indirecta que este matrimonio “ya no existía”… El informe oficial de 1er Cuerpo del Ejército argentino es que fueron entregados (los Stulman) a funcionarios DINA”.
Luego se reunió con Enrique Arancibia Clavel, a quien identifico en Los Años Cóndor como el agente de inteligencia más clandestino de la DINA en Buenos Aires, y el vínculo de la DINA con su contraparte, el Batallón 601. En un notable reporte de Arancibia a sus superiores en la DINA, fechado el 17 de julio de 1977, Arancibia escribe: “Con fecha 8/7/77 se contactó conmigo Ambrosio Rodríquez, quien me planteó que su permanencia en Buenos Aires peligraba debido a que estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judío Stulman. Aparentemente Rodríguez tomó contacto con altos jefes del Ejército argentino en el área Seguridad, los que le indicaron en forma indirecta que este matrimonio “ya no existía”… El informe oficial de 1er Cuerpo del Ejército argentino es que fueron entregados (los Stulman) a funcionarios DINA”.
A pesar de que Rodríguez fue extremadamente bien pagado por la familia, el destino de los Stulman y su dinero nunca se supo. Rodríguez está en posición de ser un testigo material, con un potencial testimonio clave sobre el secuestro de los Stulman, y al mismo tiempo como abogado defensor del inculpado en el caso, Pinochet. De acuerdo a las fuentes, no ha cooperado en la investigación del juez Guzmán.
Este ejemplo de una operación exitosa de Cóndor contra la red financiera que sostenía al PC en Chile demuestra en detalle las gruesas evidencias dejadas por las actividades internacionales de Cóndor. La abundante evidencia es una de las razones para que las investigaciones de Cóndor hayan sido tan importantes en los esfuerzos -a nivel internacional y nacional- para llevar a los dictadores hasta la justicia.
La evidencia para este caso -y para muchas otras operaciones de Cóndor-, está disponible en documentos descubiertos o desclasificados en Estados Unidos, Paraguay, Argentina y otros países. Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, los oficiales de Pinochet fueron extraordinariamente meticulosos en destruir indiscriminadamente documentos en Chile (sólo unos pocos documentos que mencionaban a Cóndor sobrevivieron a la limpieza en el Ministerio de Relaciones Exteriores). Pero en los países aliados la historia fue otra.
Docenas de documentos que describían las características de Cóndor y de télex que probaban la coordinación internacional para destruir a sus enemigos fueron encontrados en Paraguay y guardados en el llamado “Archivo del Terror” bajo el auspicio de la Corte Suprema. Los militares argentinos depuraron la mayoría de los archivos operacionales que podrían haber probado su responsabilidad en crímenes masivos, pero fueron descuidados en la limpieza de lo que aludía a Chile. Una corte argentina guarda varios miles de páginas de comunicaciones secretas entre el hombre de Cóndor en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, y sus jefes de la DINA en Santiago.
Esos documentos (descubiertos en la Corte Federal Argentina por Mónica González) entregan un mapa de ruta del desarrollo de Cóndor en muchas de sus operaciones más importantes, especialmente cuando se examinan junto a otras fuentes.
Cóndor también atrajo la atención especial de la CIA y el FBI. Sus informes, ahora desclasificados, quedaron a salvo de los esfuerzos de Pinochet y sus aliados de esconder la evidencia de sus operaciones internacionales. El conjunto de las evidencias de Cóndor es monumental e innegable.
La evidencia de la participación directa de Pinochet es también sólida en el caso de Cóndor. Primero, el establecimiento una alianza militar internacional involucrando a seis países de América Latina sólo pudo permitirse con la aprobación explícita del jefe de Estado, Pinochet. Operaciones de más bajo nivel pueden quizás explicarse como “abusos aislados” o, como dice Pinochet en su entrevista a un canal de televisión de Miami, porque “en la lucha política hay gente que no se controla”. Pero no una alianza internacional aprobada en una reunión de alto nivel en Santiago, financiada por Chile y -de acuerdo con el coronel Jahn- quizás con la presencia personal de Pinochet.
Hay otra evidencia descubierta en mi investigación que apunta al involucramiento de Pinochet en la creación de Cóndor. De acuerdo con un documento fechado el 15 de septiembre de 1975, que llegó hasta las manos del dirigente chileno Hugo Miranda en 1977, Contreras supuestamente informó a Pinochet de sus planes de expandir la DINA en operaciones internacionales y pidió fondos: US$ 600.000, una suma enorme en ese tiempo. A pesar de que la autenticidad y origen de ese documento nunca ha sido confirmada, recibí un reporte de una fuerte confidencial describiendo una reunión en la misma época en el Diego Portales que corrobora la solicitud de fondos y la participación de Pinochet: de acuerdo a esta fuente, que estuvo presente, el coronel Mario Jahn se reunió con Pinochet para conseguir fondos para la “internacionalización” de la DINA.
Jahn era el hombre que Contreras puso a cargo del proyecto, según la fuente: “Era el hombre de Contreras para la internacionalización. Tuvo una reunión (con Pinochet) en uno de los comedores presidenciales. Y le dijo: ‘este es el momento de moverse, de avanzar y llevar la lucha a nivel mundial’. Pidió dinero. Dijo que los americanos estaban ayudando a través de Brasil”.
fue corresponsal en Chile en los años 70. Junto a Saul Landau escribió Asesinato en Washington, sobre el atentado a Orlando Letelier. El material de investigación para este artículo es en su gran mayoría parte de su libro Los años Cóndor: Cómo Pinochet y sus aliados llevaron el terrorismo a tres continentes (The New Press 2004), que será publicado en español en diciembre por Ediciones B.
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