Según el último estudio de confianza en las instituciones, realizado por el vespertino oficialista, La Segunda, Carabineros es uno de los organismos estatales que más bajaron, en menos de un año. La gente ya no confía en la institución fundada por el General Carlos Ibañez del Campo. Como todo fenómeno de percepción pública, esta se puede explicar por múltiples motivos. Uno de ellos son los innumerables escándalos en los que han estado involucrados miembros de su alto mando.
Por este motivo hemos realizado un catastro de las personas que están a cargo de la institución, emblemáticos generales, rostros comprometidos en graves casos de corrupción, crímenes, violaciones de derechos civiles, faltas a la probidad y corrupción. Carabineros es una entidad querida por la gente. Con innumerables héroes anónimos, que todos los días trabajan para tener un país más seguro, está comandada, sin embargo, por un grupo de generales que “criados” durante los gobiernos de la Concertación, han aprovechado su poder para hacer y deshacer. Aquí les presentamos la lista de esta tropa de élite.
General Director Gustavo González Jure: Durante su gestión como director de personal se generaron problemas de bajas ilegales de personal, jubilaciones abultadas de funcionarios y falsos mártires. Además, está acusado de haber asesinado, el 30 de agosto del año 1988, al niño de 14 años, Sergio Albornoz Matus, quién salió a comprar cigarrillos. El menor, fue ejecutado por la espalda por carabineros encapuchados, que lo liquidaron sin piedad, mientras sus amigos ya habían corrido. El niño quedó solo en una esquina siendo asesinado a mansalva. El disparó entró por la nuca, provocándole la muerte inmediata. El tiro, según testigos presenciales, le destrozó las cuerdas vocales y le reventó el corazón. El entonces capitán González, con la ayuda de su padre, el general apodado Huaso González, le pidieron al subteniente Miguel Ángel Ortiz, actual teniente coronel que se inculpara por el crimen. Al supuesto responsable la justicia militar le dio un castigo irrisorio de 541 días de pena remitida.
Director Nacional de Inteligencia Bruno Villalobos: Involucrado en los montajes del caso bombas, pakistaní y en la falsa imputación, al militante comunista Manuel Olate, de participar en las FARC. Este general es acusado como el principal responsable de las escuchas telefónicas ilegales, ordenadas por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, contra parlamentarios, embajadores, dirigentes sindicales y abogados de derechos humanos. Presionó al presidente de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda. Por este hecho, numerosos parlamentarios pidieron su renuncia. Frente a esto el gobierno guardó un cómplice silencio.
General Inspector de Carabineros don Aquiles Blu Rodríguez: Acusado de participar en el encubrimiento, pérdida, y robo de sustancias ilícitas en la zona norte del país. Durante una operativo en el desierto se encontraron 20 kilos de clorhidrato de cocaína que desaparecieron del cuartel policial. La droga iba a ser usada para “cargar” a narcos, pero fue “extraviada”, desconociéndose hasta ahora su paradero.
General Rodolfo Pacheco – Jefe Zona Valparaíso:Según fuentes reservadas de Carabineros, este general sería el protector de dos casas de prostitución ubicadas en Ñuñoa, Seminario 775 y 777, manteniendo hace años el control de ambos lugares. Además, aparece como responsable en numerosas denuncias por violencias innecesarias en contra de estudiantes, detenciones ilegales, vejaciones y torturas en contra de dirigentes universitarios.
Coronel Fernández encargado de Fuerzas Especiales: Más conocido como el “carnicero” o caza periodistas, Fernández se caracteriza por comandar la brutal represión contra estudiantes y manifestantes. Sus procedimientos, como los del ex coronel, Castro Tiska, han sido denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos se verifican, detenciones ilegales de manifestantes mapuche, vejámenes a menores, uso excesivo de la fuerza policial, utilización de medios de comunicación oficialistas para realizar montajes con falsos encapuchados e infiltración de las marchas con agentes de la Dipolcar. Además, el coronel ha dirigido operativos que han culminado con la detención de los periodistas, Luis Narváez de Chilevisión, Patricio Mery de Panoramas News, Esteban Sánchez de radio ADN, sin considerar a los gráficos y reporteros, de prensa y agencias nacionales e internacionales.Cuenta, además, con la cordial cooperación de Tapia Huenchullán.
ASOCIACIÓN ILÍCITA TERRORISTA EN CARABINEROS
La confianza institucional ha tenido en su historia reciente hitos que han resentido su misión constitucional. Como ejemplo de lo anterior, está el degollamiento de los profesionales Nattino, Parada y Guerrero, por parte de agentes de la DICOMCAR - antecedente de la DIPOLCAR , en marzo de 1985.
El ministro Milton Juica, en uno de los considerandos del fallo condenatorio señaló,el 31 de marzo de 1994:
“Los antecedentes de juicio que se han resumido anteriormente, han servido asimismo para tipificar el delito de asociación ilítica terrorista, toda vez que para la consumación de los ilícitos ya descritos, se ha determinado la existencia de un grupo de personas, que dependiendo de un organismo policial, se excedieron de sus funciones legales, procediendo bajo el subterfugio de actividades de inteligencia a privar de libertad a distintas personas de una ideología política determinada, mantenerlos en cautiverio, interrogarlas con apremios ilegítimos, acerca de sus actividades políticas en lugares que no eran públicos de detención, mataron a tres de ellas, de una manera que causó conmoción pública y luego para eliminar las evidencias que los hechos punibles, destruyeron por medio de explosivos un vehículo que pertenecía a una de las víctimas y destruyeron también el inmueble donde fueron llevadas las personas secuestradas.”
En tal investigación , el ministro investigador, imputó al General Director, Rodolfo Stange como encubridor.
Para algunos, la DIPOLCAR, seguiría los pasos de su antecesora , como una nueva asociación ilicita a partir de la revelación de los casos de espionaje sistemático efectuado a funcionarios de Carabineros, como el cabo Mauricio Parra y el suboficial Esteban Infante Alcaíno, quienes denunciaron, a la Cámara de Diputados, las escuchas telefónicas en contra de políticos , embajadores, dirigentes sociales y abogados.
Debemos recordar otro episodio. El asesinato de Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, en la localidad de Los Queñes, en octubre de 1988, en que los cuerpos mostraron evidentes signos de torturas. En este suceso, la DIPOLCAR tuvo protagonismo a través del teniente de Carabineros, Manuel Eduardo Espinoza Castro, asesor del ex Fiscal Regional Alejandro Peña, y que actualmente se desempeña como jefe de apoyo criminalístico de la Fiscalía Regional Sur.
No es menor el crimen del taxista Raúl Palma Salgado, el 12 de enero de 1998, a manos de la SIP- de Vitacura , al mando del coronel Juan Ortega y del mayor Andrusco Aspé . El Servicio Médico Legal, en el informe de autopsia de la víctima, expuso: “El cuerpo presentaba diversos desgarros internos y quebraduras múltiples, que sólo son explicables por golpiza y apremios físicos producidos previamente a su paro cardio- respiratorio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.