15 de Enero 2008 El Mostrador
Interrogan a general activo del Ejército por desaparecidos de Paine
En calidad de inculpado compareció ante el ministro en visita Héctor Solís el responsable de la II División, Guillermo Castro Muñoz. Juez también entrevistó a ex jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones Investigaciones Rafael Castillo.
El ministro en visita Héctor Solís, que sustancia la investigación por los desaparecidos de Paine en octubre de 1973, interrogó este lunes en calidad de inculpado al jefe de la II División del Ejército, el general Guillermo Castro Muñoz.
La diligencia se realizó en el edificio de las Fuerzas Armadas luego de una petición que hiciera en tal sentido la abogada querellante Pamela Pereira, cuyo padre, Andrés Pereira Salsberg, se cuenta entre las víctimas.
Hasta ahora, según fuentes ligadas a la investigación, las pruebas no son determinantes, pero el magistrado prefirió requerir el testimonio del militar activo para tener cumplido un requisito básico ante un eventual sometimiento a proceso.
Castro estuvo destinado a la Escuela de Infantería en 1973, por lo que los querellantes sospechan que pudo haber tenido participación en los hechos investigados.
Solís, quien recientemente procesó a seis civiles y un militar retirado, tomó declaración al ex jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones Rafael Castillo, otrora encargado de la indagatoria.
16 de Enero 2008 El Mostrador
Bachelet visó ascenso de general interrogado por desaparecidos de Paine
En octubre de 2003, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recibió la propuesta del alto mando del Ejército que incluía el ascenso del coronel Guillermo Castro Muñoz a general de brigada; el mismo oficial que el martes declaró en calidad de inculpado ante el ministro Héctor Solís, que sustancia la investigación por los desaparecidos de Paine.
En esa oportunidad, Bachelet no tuvo inconvenientes en aprobar su inclusión en la nómina, ni tampoco el ex Presidente Ricardo Lagos. Claramente ninguno de los dos conocía esta información. Tampoco su pasado.
Y a fines del año pasado, en la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército, se determinó ascender a Castro Muñoz a general de división.
La propuesta fue aprobada por el ministro de Defensa, José Goñi, y respaldada por la actual la Presidenta de la República.
De esta forma, la diligencia que realizó el ministro Solís este lunes en el edificio de las Fuerzas Armadas, vuelve a poner en cuestión la forma en que se aprueban los ascensos de los efectivos que se encontraban al momento del golpe militar en alguna destinación que los vinculó a casos de violaciones de derechos humanos.
Hasta ahora, según fuentes ligadas a la investigación, las pruebas no son determinantes, pero el magistrado prefirió requerir el testimonio del militar activo para tener cumplido un requisito básico ante un eventual sometimiento a proceso.
Al respecto, la política del Ejército es que mientras no haya ningún miembro de sus filas como condenado, puede continuar en la institución, porque prima la presunción de inocencia.
In situ
Durante su carrera de oficial, Castro ha ocupado los cargos de director de la misma repartición, agregado militar en Argentina, director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y jefe de personal del Ejército.
Sin duda una trayectoria brillante, por lo que es defendido en las esferas castrenses, donde se asegura que no está involucrado en los hechos por los que es investigado.
Controvertidos ascensos
Al momento de determinar los ascensos de los oficiales, en el Ejército se indicó que se realiza una cuidadosa revisión de la hoja de vida de los oficiales, especialmente respecto de aquellos que pasarán a formar parte del Cuerpo de Generales.
"Se analiza toda la carrera militar", dijo una fuente de la institución castrense a El Mostrador.cl, quien agregó que también se ve el tema de derechos humanos. "Incluso a veces se incorporan esos antecedentes al Ministerio de Defensa".
Luego de ello se pasa la lista con los posibles ascensos a la cartera, donde también se evalúan los antecedentes de cada oficial, aunque fuentes cercanas a Defensa puntualizan que “no hay un mecanismo de inteligencia”.
Se explicó que generalmente a quienes ascienden a general son conocidos por las autoridades de Gobierno por las distintas labores que han realizado como coronel, pero donde se pone más cuidado es cuando se elabora la quina para elegir al comandante en jefe.
Este, sin embargo, no es el único caso en que los ascensos de oficiales aprobados por los gobiernos de la Concertación han sido objetados.
El más recordado es el de 1997, cuando el entonces presidente Eduardo Frei vetó el ascenso a general del brigadier Jaime Lepe, ex escolta de Pinochet y ex secretario general del Ejército, sospechoso de estar vinculado a la muerte del diplomático español Carmelo Soria.
También durante la época de Frei está el episodio de la Mesa de Diálogo, cuando aceptó que el general Patricio Ríos, como comandante en jefe de la FACH, designara al entonces general Patricio Campos como enlace de la instancia. Este último, casado con Viviana Ugarte, una ex integrante del Comando Conjunto, ocultó información sobre detenidos desaparecidos.
El otro caso fue el segundo hombre de la FACH Hernán Gabrielli, denunciado en 2001 por los ex prisioneros políticos Héctor Vera, Juan Ruz y Carlos Bau, quienes lo acusaron de haber golpeado brutalmente al dirigente de Inacesa Eugenio Ruiz-Tagle, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte.
Además, se encuentra el del coronel Pedro Pablo Bustos, quien se desempeñó como agregado militar en Naciones Unidas y cuando en 2003 estaba por ascender a general, El Mostrador.cl publicó que perteneció a la disuelta CNI. Si bien el Ejército aclaró que se desempeñó en 1982 en “funciones no operativas”, se optó por no promover su ascenso.
Otros que posiblemente no podrán ascender son los coroneles Mortimer Jofré y Jua MacLean, procesados en la investigación por las millonarias cuentas de Pinochet en el caso Riggs, junto a otros colaboradores de ex dictador.
16 de Enero 2008 La Nacion
Juez indaga al general Castro en caso Paine
El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, indaga antecedentes respecto de la probable participación en los crímenes de Paine del juez militar de Santiago y comandante de la II División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana, general Guillermo Castro Muñoz.
El general Castro fue interrogado el lunes en dependencias del Ejército por el magistrado a solicitud del abogado Luciano Fouillioux, que representa legalmente en esta causa a la también abogada Pamela Pereira.
El padre de la profesional figura entre los 29 campesinos y pequeños industriales asesinados entre los primeros días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y el 16 de octubre de ese año. El juez militar fue interrogado en calidad de "inculpado" como lo solicitó el abogado Fouillioux.
Según fuentes vinculadas a la investigación, existirían dos militares que habrían nombrado al general Castro integrando el grupo de oficiales y suboficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo que habrían participado en estos hechos. En aquel tiempo el general tenía el grado de subteniente o teniente.
Ayer también prestó declaración por cuatro horas ante el juez Solís, aunque en calidad de testigo, el ahora prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones Rafael Castillo. Este fue además fue careado con el coronel (R) Andrés Magaña Bau, uno de los procesados como autor de estos delitos de lesa humanidad.
El juez necesitaba que Castillo ratificara judicialmente parte de las investigaciones que esa policía realizó, en las cuales afloraron indicios de una supuesta participación del actual general Castro en estos sucesos. Hasta ahora el juez Solís continúa reuniendo antecedentes para resolver la situación judicial del general.
El abogado Fouillioux pedirá en los próximos días al juez Solís el procesamiento del juez militar de Santiago.
Fuentes de la investigación manifestaron que, hasta ahora, las evidencias sobre una responsabilidad penal del general Castro en esta causa "no son lo suficientemente concluyentes".
El pasado 4 de enero el juez Solís procesó a otras siete personas por estos ilícitos.
Procesados
Los seis civiles declarados reos que participaron en estos crímenes, todos agricultores y empresarios del transporte de la zona, son: Juan Francisco Luzoro, Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela, Juan Quintanilla Jerez, y los hermanos Mario Emilio y Ricardo Jorge Tagle Román. También fue encartado el suboficial (R) de Ejército José Vásquez Silva.
Hasta la fecha, con Magaña son ocho los procesados por estos delitos.
24 de Enero 2008 La Nacion
Cuatro generales activos entre buscados en proceso por víctimas de Paine
Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División. En agosto de 1973 fueron 36 los subtenientes que egresaron de la Escuela Militar destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Cuatro son los generales en servicio activo que figuran entre la lista de los 36 subtenientes que en agosto de 1973 egresaron de la Escuela Militar y fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecen quienes en 1973 asesinaron a los campesinos de Paine. Tres de ellos fueron recientemente ascendidos de general de Brigada a general de División.
Se trata del general de División Guillermo Castro Muñoz, comandante de la II División del Ejército de la Región Metropolitana, quien ya fue interrogado por el juez Héctor Solís en la búsqueda de los otros dos subtenientes que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña, en la masacre de 22 campesinos en Paine.
También está el general de División Cristián Le Dantec Gallardo, actual director de Finanzas del Ejército. El otro general de División es Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.
El cuarto es el general de Brigada Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, actual comandante de la División Escuelas del Ejército. Aldunate fue mencionado por un ex agente como integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, mientras era el segundo comandante de la fuerzas de Naciones Unidas en Haití.
El ministro del proceso Paine, Héctor Solís, indaga para conocer la identidad de los otros dos subtenientes que acompañaron a Magaña.
Hasta ahora esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973 en Paine.
Coincidentemente con la aparición de la información de prensa del interrogatorio del general Castro, el Ejército sacó hace unos días de su página electrónica institucional la lista con el alto mando.
Las fotos de los cuatro generales que se publican en este artículo aparecen en la revista de la Escuela Militar "Cien Aguilas" del año 1973.
2 de Frebrero 2011
La Nacion
Gobierno respalda a general Castro en medio de fuertes cuestionamientos por su pasado CNI
La Nacion
Gobierno respalda a general Castro en medio de fuertes cuestionamientos por su pasado CNI
En el Ejecutivo se señaló que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los tres ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter.
A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar.
Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008.
Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército.
En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución.
“Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. “La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno”, agregó.
Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
“La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno”, explicó Hinzpeter.
Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
“La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (...) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad”, explicó.
En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales).
Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército.
“Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores”, sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que “sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército”.
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que “ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público”.
2 de Frebrero 2011
La Nación
Polémica por general Castro marca regreso de Piñera de sus vacaciones
Antes de ingresar a una reunión con el ministro de Defensa Andrés Allamand, el gobernante respondió preguntas por el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, quien admitió en una declaración judicial que fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Piñera enfatizó que para la actual administración el “compromiso con los DDHH es total e inquebrantable”, precisando que “ninguna persona que tenga responsabilidad en violaciones a Derechos Humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o nuestro gobierno”.
Y como Castro Muñoz no ha sido procesado en causas de represión, para el gobierno no hay problema en que sea el número dos del Ejército, tal como precisó el ministro Allamand. De acuerdo al secretario de Estado, el sólo hecho de haber pertenecido a un organismo represor como la DINA o la CNI no inhabilita a las personas para seguir haciendo carrera en el Ejército o incluso en el aparato fiscal.
Allamand remarcó que se aplicará el mismo criterio que se siguió durante los "gobiernos de la Concertación", aludiendo al historial de ascensos del hoy cuestionado general, quien de comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle), pasó a agregado militar en Argentina (con Ricardo Lagos) y luego ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
De este modo, el Ejecutivo refuerza la tesis de que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, según dijo este martes el ministro Rodrigo Hinzpeter.
A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar.
Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008.
Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército.
En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución.
“Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. “La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno”, agregó.
Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
“La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno”, explicó Hinzpeter.
Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
“La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (...) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad”, explicó.
En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales).
Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército.
“Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores”, sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que “sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército”.
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que “ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público”.
2 de Frebrero 2011
La Nación
Polémica por general Castro marca regreso de Piñera de sus vacaciones
Antes de ingresar a una reunión con el ministro de Defensa Andrés Allamand, el gobernante respondió preguntas por el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, quien admitió en una declaración judicial que fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Piñera enfatizó que para la actual administración el “compromiso con los DDHH es total e inquebrantable”, precisando que “ninguna persona que tenga responsabilidad en violaciones a Derechos Humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o nuestro gobierno”.
Y como Castro Muñoz no ha sido procesado en causas de represión, para el gobierno no hay problema en que sea el número dos del Ejército, tal como precisó el ministro Allamand. De acuerdo al secretario de Estado, el sólo hecho de haber pertenecido a un organismo represor como la DINA o la CNI no inhabilita a las personas para seguir haciendo carrera en el Ejército o incluso en el aparato fiscal.
Allamand remarcó que se aplicará el mismo criterio que se siguió durante los "gobiernos de la Concertación", aludiendo al historial de ascensos del hoy cuestionado general, quien de comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle), pasó a agregado militar en Argentina (con Ricardo Lagos) y luego ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
De este modo, el Ejecutivo refuerza la tesis de que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. “Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones”, según dijo este martes el ministro Rodrigo Hinzpeter.
2 de Febrero 2011
La Nacion
Juez del caso Paine: “No hay antecedentes que involucren al general Castro”
El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso de la matanza de 22 campesinos de Paine ocurrida en octubre de 1973 durante la dictadura militar, confirmó que el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, no está involucrado, por ahora, en el hecho.
Así los sostuvo, después que se filtró la declaración judicial realizada por el general en 2003 donde reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
“Describió su trayectoria profesional y dentro de ella menciona haber trabajado en la CNI. Acorde con esos antecedentes entregados por él y por los que disponía el tribunal, quedó en libertad”, declaró el juez.
Solís agregó que “efectivamente en contra de él no existen, por ahora, antecedentes que permitan imputarlo”.
El ministro en visita explicó que “hay algunos soldados que mencionan que en los los hechos, a parte del teniente Andrés Magaña (procesado en el caso) habrían participado 1 ó 2 oficiales, pero al serles exhibida la fotografía de todos los oficiales de la época ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz”.
http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_c/castro_munoz_guillermo.htm
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