Por Teresa Frías K.
Desde hace un tiempo organismos de derechos humanos han venido dilusidando esta tesis, la que comenzó con denucnian contra el ministro Rodrigo Hinzpeter, quien tiene paralizadas las querellas por las víctimas de la dictadura y además ha despedido a abogados del programa.
Sin lugar a dudas uno de los nuevos "talón de Aquiles" del gobierno de Sebastián Piñera están siendo los derechos humanos. Situación que se ha complicado desde el posible cierre del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, tal como lo han señalado varios miembros.
A ello se suma un nuevo episodio, el que involucra directamente al Presidente Sebastián Piñera. Esto tras la carta, en respuesta al homenaje del ex brigadier Miguel Krassnoff al que fue invitado, en la que entregaba sus "felicitaciones" y les deseaba "éxito".
Hechos como esto, han despertado la duda y molestia de miembros de agrupaciones de derechos humanos, quienes ven con malos ojos todas estas señales, asegurando que "con esto se comprueba que al gobierno no le importan los derechos humanos".
Ante ello, la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García manifestó la certeza de que durante la actual administración sigue latente en Chile el riesgo de que queden impunes quienes cometieron "terrorismo de Estado" y atropellos a los derechos humanos durante el régimen militar.
La dirigente de la agrupación dijo a Cambio21 que "nos vamos con la sensación que una vez más esta es una lucha cuesta arriba, porque cuando vuelve la derecha al poder, uno teme que se instale el indulto, la práctica de las violaciones a los derechos humanos, que se disfrace la impunidad".
Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries consideró "grave" la citación, la cual "merece nuestra condena porque se trata además de un homenaje para lo cual el alcalde de Providencia dice haber prestado su nombre".
"El como funcionario público no puede prestar ese nombre porque como tal hace parte de un estado que justamente lo que ha hecho durante estos 20 años es reconocer las graves violaciones que se cometieron durante la dictadura y condenar, y en este caso, a uno de los agentes del Estado que cometió secuestro con resultado de muerte, tortura"., advirtió Fries.
No quieren derechos humanos
Por su parte Javiera Aguirre, ex abogada del Programa de Derechos Humanos y quien fuera despedida a pesar de estar con posnatal, en conversación con este portal indicó que "definitivamente no quieren Derechos Humanos".
Agregó que "dentro del programa siempre se sintió un ambiente no grato desde que llegó el gobierno de Sebastián Piñera. "De hecho cuando todavía estaba trabajando, tres compañeros debieron renunciar porque existía un ambiente hostil y no era agradable trabajar así".
"Yo creo sinceramente que estas gestiones se están dando porque en el gobierno no le han tomado el peso a lo que es esto y están haciendo todo lo posible para que se acabe", subrayó la abogada Aguirre. "Aquí existe un asunto de hostilidad que está impidiendo el objetivo del programa. Eso es lo que sucede en el fondo", afirmó.
Por su parte el abogado Cristián Cruz, quien encabezó la investigación por la muerte del cantautor Víctor Jara, y quien tambi´ñen fuera despedido, indicó que esta es una medida que se toma a partir del trabajo realizado. "No hay un cambio de criterio, sino la consecuencia del trabajo en el caso de Víctor Jara y otros, como la investigación por los cinco desaparecidos en 1987 o la cúpula del Partido Socialista", indicó.
Agregó que "este trabajo permanente en los años anteriores no hubo ningún inconveniente y ahora asumida la nueva administración en este Programa la abogada que tramita las causas por la desaparición de la cúpula del PS son sacados del Programa".
En esa línea indicó que "es por eso que contradigo a las personas cuando dicen que quieren acabar con el programa, porque sin duda es así. Aunque cada quien sacará sus conclusiones, que me parecen evidentes".
Para el abogado, que también encabezó las indagaciones por el caso del ex ministro del gobierno de Allende, José Tohá, la realidad es que "lo más grave es que no existen reemplazantes cuando se despiden a los abogados, por ende hay un vacío en el Programa donde los casos quedan sin abogado que los resuelva y ese es el problema. Con esto los que están pagando son las victimas no nosotros".
Finalmente dijo que "el nuevo gobierno viene con otra postura acerca de los casos de violación a los derechos humanos en dictadura".
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111117/pags/20111117173811.html
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