Es buena la idea del Ejecutivo de invitar a Santiago a los dirigentes representativos del movimiento social de Aysén. Ello significa un cambio de actitud. Porque la estrategia de aplicar la mano dura para apaciguar el conflicto hasta hoy sólo había agudizado el reclamo austral. El Gobierno, después de la experiencia de Magallanes, tuvo la posibilidad de dar una lección contra el hipercentralismo y proponer medidas modernas, que simultáneamente apoyen a la gente de las regiones, incrementen la autonomía y cesen con el paternalismo en el trato a los habitantes de los extremos del país. Pero optó por otro camino.
Se puede argumentar que estas reivindicaciones son antiguas y que probablemente la contundencia del reclamo responda a la acumulación de años de espera. Nadie puede negar que esto es también parte de la verdad. Pero aquello no justifica la decisión del Gobierno de aplicar tanta fuerza contra la movilización ciudadana de la Undécima Región .
Y si lo que se quería era enviar una señal a la sociedad chilena respecto de lo que ocurre cuando se actúa fuera de márgenes permitidos, habría que explicar primero por qué las demandas regionales no son atendidas. Y habría que acreditar también, con antecedentes en la mano, desde cuándo es que el prolongado alegato regional es obra de activistas opositores y de personas que pretenden imponer (en Aysén) una agenda violenta. Si no, el recurso de la acción policial excesiva, que en la lógica del Gobierno pretende ser ejemplar, se transforma en un simple sustituto de la razón.
En una región de poca tradición política, de baja población, nadie imagina un plan subversivo detrás de la decisión de tantos ciudadanos, personas independientes y militantes de todo el arco político, quienes han asumido las banderas locales y las han defendido enérgicamente ante la falta de respuesta de un centralismo displicente.
Asoma la tesis de que lo de Aysén es el precedente de lo que será la conducta oficial respecto de otros alegatos sectoriales y a otras demandas regionales. Se sostiene además que de esta manera el Gobierno retoma el principio de autoridad, de cara a acrecentar su adhesión en las, a estas alturas, malditas encuestas. La meta, según los analistas del sector, es recuperar el apoyo del 40% de votación de la derecha. La apuesta es reanimar el voto duro en un año electoral y en un periodo cuando el Gobierno dobla la esquina y comienza a gobernar contra el reloj.
Sin embargo, el precio de cumplir esta meta, a costa de la gente de Aysén, puede ser infinito.
¿Qué pasa si la estrategia seguida por el Gobierno no resulta? Y no sólo porque el plan policial fracasa y no aplaca la molestia de los vecinos de la Patagonia, sino porque enciende aún más los ánimos y extiende el conflicto en el tiempo y en todo el país. ¿Y qué pasa si la represión reiterada termina en una tragedia?
La apuesta razonable del Ejecutivo debería ser otra: apostar al diálogo y la política, que impiden la polarización y reducen el espacio de la violencia.
Todas las demandas deben discutirse en su mérito y los actos violentos, rechazarse. Pero el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado contra personas modestas tiene en Chile una larga y oscura tradición. Los argumentos legalistas que han justificado estos actos luego ceden paso a una lista de descargos. Pero, para el registro histórico, es la autoridad la que asume la responsabilidad de estas tragedias. Y se generan esos traumas que a la sociedad chilena finalmente le cuesta tanto reparar. Por eso es mejor actuar ahora y reiterar el camino del diálogo. Aunque duela.
Aún es tiempo de evitar daños mayores.
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/03/22/aysen-el-peligroso-abuso-de-la.asp
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