1.Un juez bajo perfil
Cuando a comienzos de 1998 la Corte de Apelaciones nombró a Juan Guzmán Tapia para investigar la primera querella contra Augusto Pinochet -que había presentado en enero Gladys Marín- el comentario que el juez recibió de parte de varios ministros del pleno fue “qué cacho”.
En ese tiempo, en la Corte eran escasos los ministros de los que se conocía su postura anti régimen militar: Carlos Cerda, Alejandro Solís, Milton Juica, Jorge Dahm, Hugo Dolmestch, Sergio Muñoz y Haroldo Brito, entre otros pocos. Y al nuevo juez, del que muy pocos sabían algo -se le ligaba incluso a la derecha- este proceso le llegó por azar.
En 1998, Guzmán poco tenía que ver con el hombre en el que se convirtió después del juicio: era de bajo perfil, silencioso y no tenía ninguna experiencia en la investigación de los crímenes que la dictadura militar había cometido en contra de sus opositores.
Incluso, uno de sus cercanos de la época hasta le aconsejó que se retirara del caso, pues de juzgar a Pinochet “podrías traicionar a tu clase social”. Él era hijo de un diplomático y poeta –Juan Guzmán Cruchaga– y, como la mayoría de sus colegas, llegó a la Corte nombrado por Pinochet. Es más, junto a sus padres y su esposa -la francesa Inés Wattine- tomó champaña el 11 de septiembre de 1973 para celebrar el Golpe de Estado y la feroz arremetida de la Junta Militar. Pero se arrepintió cuando se enteró de la muerte de Allende.
Con el tiempo y mientras armaba sus expedientes, Guzmán comenzó a conocer en profundidad los crímenes y se impactó. Su cambio total surgió cuando empezó a interrogar a los familiares de las víctimas, sobre todo los de la Caravana de la Muerte, el juicio en el que se concentró al comienzo y el primero en el que pidió el desafuero de Pinochet, apenas regresó de su detención en Londres en marzo de 2000. Allí conoció historias sobrecogedoras: asesinatos, entierros ilegales, torturas, desapariciones y hasta sacadas de ojos de los prisioneros con corvos de los militares. Era el tiempo en que él recorría Chile buscando osamentas y enterándose de los crímenes y Gustavo Collao, coronel (R) y ex secretario privado de Pinochet, egresaba de derecho y asumía la causa del general con cero experiencia en los tribunales.
Fue exactamente el 3 de marzo, apenas Pinochet pisó suelo chileno y se paró de su silla de ruedas haciendo señas con su bastón en el aeropuerto, que el escrito pidiendo su desafuero se presentó en la Corte. Los abogados Carmen Hertz, Hugo Gutiérrez y Eduardo Contreras, entre otros, lo tenían listo. A esas alturas, Guzmán no tenía otro camino que dar luz verde a la petición de los querellantes y echarle para adelante: si no era juzgado en España, tendría que ser enjuiciado en Chile. Y a él le tocó la tarea.
2. No somos nada 
Para cuando se vio el primer desafuero en la Corte de Apelaciones en abril de 2000, Pinochet ya había ampliado su equipo jurídico: tenía como abogado principal al RN Ricardo Rivadeneira junto a los poderosos Miguel Schweitzer, Hernán Felipe Errázuriz, Gustavo Collao, José María Eyzaguirre y, por supuesto, el ex Patria y Libertad Pablo Rodríguez Grez, el único que finalmente terminó pegado al general (R). Sin embargo, Rodríguez no pudo ir a su primer desafuero: la noche anterior el furioso perro de uno de sus colegas de la defensa lo correteó y terminó botándolo al suelo.
Ese desafuero, además, en la Corte de Apelaciones generó un chiste interno que hasta hoy recuerdan sus jueces. Los ministros, famosos durante años por el secretismo e hijos de la antigua justicia, planearon insólitamente permitir a los canales de televisión transmitir en directo los alegatos del caso Caravana de la Muerte y hasta dejar que en el hall central del Palacio de los Tribunales se pusieran pantallas gigantes para que todos pudieran ver qué pasaba en los alegatos. Pero la Suprema se los prohibió y sólo pudieron entrar, y por sorteo, dos periodistas. Los demás tuvieron que escuchar por ínfimos parlantes.
Por eso, tras el balde de agua fría de sus superiores, los jueces se miraban entre ellos y comentaban “no somos nada”. La talla todavía es recurrente cada vez que hay un “supremazo”. Y le agregaron otra: “vivimos en la casa de la suegra”.
Finalmente, Pinochet fue desaforado en junio por la Corte de Apelaciones, luego que los mismos jueces que querían trasmitir los alegatos decidieran una tarde reunirse para callado a votar. Pero dejaron pistas suficientes como para que los periodistas –y era obvio- se dieran cuenta: estaban todos sus autos en el estacionamiento -la mayoría se va muy temprano de Palacio- y pusieron a gendarmes cuidando su sala de reuniones. A los minutos el resultado de su fallo era filtrado: el general (R) había sido desaforado. Los 13 votos contra 9 se supieron poco después.
El 8 de agosto la derrota final de Pinochet fue en la Corte Suprema, el tribunal que, en definitiva, sorprendió con la votación: 14-6. Y en el fallo, los supremos hasta se dieron un gustito y en el último párrafo al general (R) le sacaron en cara su libro “Política, Politiquería y Demagogia”, escrito en 1983, en el que explaya su tesis respecto a que “quien no sepa obedecer tampoco sirve”. Esa frase cayó como anillo al dedo para contrarrestar su defensa, ya que Sergio Arellano Stark era su oficial delegado cuando comandó la Caravana de la Muerte en septiembre y octubre de 1973.
Sólo después de ese fallo comenzó verdaderamente el juicio no sólo para Pinochet, sino también para las centenas de ex militares y ex Dina que empezaron a ser procesados luego que la Suprema marcara la pauta para los casos de detenidos desaparecidos y lanzara la tesis que permitió la apertura de causas: que los procesos de detenidos desaparecidos serán tipificados como secuestro calificado hasta que aparezcan los cuerpos. Es decir, el fin de la amnistía, lo mismo que en su tiempo Pablo Longueira llamó “la chacota”.
Para 1998, los militares procesados por violaciones a los derechos humanos eran apenas 33 y hoy bordean los 500.
3. La rebelión de Guzmán
A Juan Guzmán, el caso Pinochet le cambió la vida. No sólo comenzó a tener odiosas disputas con Pablo Rodríguez, sino también con la Corte Suprema, que aunque le había dado cuerda para seguir el juicio contra Pinochet, también le cortaba las alas cada tanto en tanto: no lo dejaba interrogar al general (R) sino hasta hacerle exámenes médicos –como lo pedía la defensa- y le reprochaba, a través de sanciones, que hablara con periodistas.
Una de las más llamativas peleas con la Suprema fue cuando Guzmán decidió saltarse la seguidilla de escritos y resoluciones que iban y venían de corte en corte para suspender cualquier diligencia respecto a Pinochet y fijó el interrogatorio para octubre de 2000, anunciando la fecha a la prensa y bien sonriente. A las horas, la Suprema lo castigó y el juez alegó que lo trataban “como a un niño”.
Pero el caos total Guzmán lo generó el viernes 1 de diciembre de 2000, cuando lanzó el primer procesamiento a Pinochet, aburrido de esperar de que sus superiores le dieran “el vamos” para el interrogatorio: se acogían decenas de peticiones de Pablo Rodríguez –algunas hasta fueron presentadas de noche, para ganar tiempo- pidiendo exámenes médicos a fin de evitar que declarara. Incluso, el mismo juez les aceptó algunas, suspendiendo sus diligencias a horas de materializarlas.
Ese viernes, pasadas las 14 horas y cuando el Palacio de los Tribunales estaba prácticamente vacío –de jueces, periodistas y hasta abogados- se filtró la noticia: Guzmán había procesado a Pinochet por los crímenes de la Caravana, sin esperar ni exámenes médicos ni interrogatorio. Hasta los supremos se habían ido a sus casas después de su pleno habitual del último día de la semana y se “desayunaron” por la tele con el notición.
Tan callado tomó su decisión que, incluso, varios abogados querellantes, entre ellos los del Consejo de Defensa de Estado -que andaban en su paseo de fin de año- llegaron en jeans, chalas y zapatillas a notificarse de una resolución histórica: Pinochet sí había sido juzgado, contra todo pronóstico y presiones. Pablo Rodríguez, por esa época el enemigo número 1 del juez y viceversa- prácticamente se enteró por la radio, algo que a medida que fue transcurriendo el proceso era habitual: tanto el abogado como el ministro se pillaban la cola con escritos presentados a última hora y resueltos de igual forma.
El procesamiento de Guzmán cayó pésimo en la Suprema, pues el juez, a esas alturas, se había desmarcado completamente de sus superiores. Y así fue como le anularon la resolución y lo obligaron a hacer exámenes médicos y luego un interrogatorio a Pinochet.
Tuvo que pasar más de un año –y decenas de peleas con Rodríguez, que acusaba a Guzmán de animadversión y de hospitalizaciones varias del imputado- para que lograra finalmente hacer exámenes físicos y neurológicos a Pinochet (la defensa logró que no fueran siquiátricos por miedo a que lo tildaran de loco demente) para interrogarlo en su casa y preguntarle por qué no entregó los cuerpos de los ejecutados a las familias. Pinochet, entonces, contestó a medias, pero dijo algo clarito: “soy inocente”. La cuña perfecta para que saliera en la prensa, aunque casi no salió: un imprevisto de última hora demoró el trámite, luego que la impresora del magistrado fallara. Pero se arregló.
Finalmente, recién el 29 de enero de 2001, Pinochet fue procesado y dejado preso en su casa –por pirmera vez- como autor de los crímenes de la Caravana de la Muerte. Una situación que duró sólo ese año: a los dos meses, la Corte de Apelaciones le bajó los cargos a encubridor y poco después, la Suprema lo sobreseyó por demencia.
De ahí en adelante, Guzmán declaraba públicamente estar arrepentido de haber apoyado el Golpe Militar y hasta anunció su plan: que apenas cumpliera los 65 años se iría del Poder Judicial. Y lo hizo, pero un año después: quería procesar por segunda vez a Augusto Pinochet. Además se fue denunciando todas las presiones que hubo -sobre todo del gobierno- para lograr una salida para el general y alegando en contra de la Corte Suprema, ya que consideraba aún demasiado cercana a la dictadura.
Pero cuatro años después, la pesadilla judicial para Pinochet regresó, pese a que su sobresemiento había calmado sus aguas: ya no era uno sino varios los jueces los que lo volvieron a desaforar y procesar una y otra vez por crímenes de la dictadura y por sus millonarias cuentas bancarias en Chile y el mundo. Todas causas que sólo serán sobreseídas por su muerte: ya nadie acogía la vieja tesis de la enfermedad que Pablo Rodríguez repitió entre el 2000 y 2006.
El último procesamiento que Pinochet tuvo en vida fue apenas 16 días antes de su muerte y 24 horas antes de cumplir 91 años. Fue justamente por el caso de los primeros muertos de su régimen: la Caravana de la Muerte. Con esos crímenes debutó su dictadura y con esos también su juicio en Chile.