La importancia de llamarse Edwards

Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas absolvió al dueño de “El Mercurio”

AGUSTIN Edwards: le extendieron certificado de buena conducta.

Sorprende, una vez más, la distancia que hay en Chile entre los dichos y los hechos. Mucho se habla de justicia, pero poco -y deficientemente- se la practica. Se dice “no a la impunidad”, pero a la hora de las decisiones, el peso de los poderes fácticos se impone por sobre las convicciones. Eso permite, entre muchas otras cosas, que Augusto Pinochet viva cómoda y tranquilamente la última etapa de su vida, convencido que hizo un bien a Chile y que de nada tiene que arrepentirse.

Lo mismo corre para otros poderosos intocables, libres incluso de sanciones éticas. Es el caso de Agustín Edwards Eastman, periodista y dueño de la cadena de diarios de la empresa El Mercurio, heredero de uno de los grupos económicos más antiguos de Chile y presidente de la Fundación Paz Ciudadana -junto a otros ilustres cargos-, quien resultó ser inobjetable para las instancias del Colegio de Periodistas encargadas de velar por la ética de sus miembros en el desempeño de sus funciones profesionales. Así lo establece el fallo emitido el pasado 3 de diciembre por el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas al rechazar la petición formulada por el director de Punto Final, Manuel Cabieses, para que se abriera un sumario al magnate de la prensa “a fin de determinar su responsabilidad en el golpe de Estado de 1973 y, por tanto, en las violaciones de los derechos humanos que durante 17 años se produjeron en Chile”. Los cargos, fundamentalmente, son las gestiones realizadas por Agustín Edwards ante la Casa Blanca, desde septiembre de 1970, pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos para impedir que el presidente electo, Salvador Allende, asumiera el cargo y luego, ya en el poder, para derrocarlo del gobierno constitucional. Como parte activa de esta conspiración, El Mercurio recibió más de un millón y medio de dólares de la CIA. Estas evidencias, como consignó Cabieses en su demanda, están descritas en documentos públicos como el Informe Church, del Senado de Estados Unidos, las memorias del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, documentos desclasificados de la CIA, testimonios de ex altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon y en diversos trabajos de investigación periodística.

Con estos antecedentes, Manuel Cabieses dirigió su solicitud de sumario el 9 de enero de 2001 a quien presidía en ese momento el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Renato Leyton, pidiendo la aplicación de la máxima sanción a Agustín Edwards, es decir, la expulsión de la orden, por grave violación del Código de Etica, especialmente de los artículos 1º, 5º y 28º. En estos se señala el deber de los periodistas de estar al servicio de la verdad, de los principios democráticos y los derechos humanos; que el derecho a informar se debe ejercer de acuerdo con las normas éticas y no puede ser usado en detrimento de la comunidad o de las personas, y que son faltas a la ética profesional -entre otras- participar en violaciones a los derechos humanos, la censura, el soborno, el cohecho y la extorsión.

Casi tres años después, tras un lento procedimiento y una apelación de última instancia, se confirmó el rechazo a la petición. Junto a otras consideraciones, el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas estimó que no procedía juzgar el comportamiento de Agustín Edwards de acuerdo con el actual Código de Etica, aprobado en 1999, sino con la Carta de Etica vigente en aquella época. Y argumentó que los antecedentes disponibles “no nos permiten concluir con plena convicción que se hayan cometido las infracciones a dicha Carta, tal como lo señala la denuncia”.

Curiosamente, al presentarse la denuncia el año 2001 uno de los fundamentos que utilizó el primer fiscal del caso para recomendar la apertura de una investigación sumaria es que los artículos 1, 2, 4, 7 y 8 de la Carta de Etica Periodística -vigente en la época de los hechos denunciados- “habrían sido transgredidos por el Sr. Agustín Edwards E., sea directamente o en su calidad de responsable de la publicación de los diarios de la cadena El Mercurio

PROCESO KAFKIANO

Cuando se presentó la denuncia, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas designó al consejero Juan Domingo Silva para que estableciera si correspondía iniciar un sumario contra Edwards. El 21 de abril del 2001, Silva recomendó hacerlo y constituir una comisión ad hoc para revisar el comportamiento y responsabilidad de los periodistas y los medios en los acontecimientos anteriores y posteriores al golpe de Estado. Pero nada de eso se hizo. Más de un año después, el 30 de septiembre de 2002, el Tribunal de Etica y Disciplina de la Región Metropolitana -presidido entonces por la periodista Cecilia Alzamora- decidió unánimamente declararse incompetente. ¿Razones? La inexistencia en Chile de documentación y evidencias o testimonios que respaldaran la acusación, “ni personas u organismos dispuestos a entregarlas”. El tribunal argumentó también que no estaba en condiciones de iniciar una investigación propia sobre hechos ocurridos hace 30 años y que sólo contaba “con los antecedentes de unos archivos de un organismo de inteligencia de un país extranjero, lo que estimamos insuficiente”.

En su calidad de denunciante, Manuel Cabieses recurrió el 2 de octubre del mismo año al Tribunal Nacional de Etica para solicitarle que ordenara al Tribunal Metropolitano abrir el sumario, pues existían antecedentes suficientes. A la misma conclusión llegó ese tribunal el 30 de octubre. Por lo tanto, instruyó al Tribunal Metropolitano de Etica para que diera curso al proceso, considerando además que las faltas por infracción a los derechos humanos no prescriben.

Sin embargo, en los ocho meses siguientes hubo renuncias y nuevas incorporaciones de miembros al Tribunal Metropolitano de Etica, lo que se tradujo en cero avance en el proceso. Sólo se reinició el 1 de julio de 2003, entonces presidido por Oriana Zorrilla e integrado por Margarita Pastene, Víctor Abudaye, Alfredo Taborga y Humberto Zumarán. El 8 de julio de 2002 este tribunal resolvió por unanimidad rechazar la denuncia, pues su función “es resolver conflictos derivados del ejercicio profesional en el campo ético-periodístico” y “las opciones ideológicas y políticas del propietario de un medio de comunicación para oponerse o defender un régimen político, bajo cualquier circunstancia, entran en el campo de la libertad de conciencia, que un tribunal ético no puede juzgar”.

El 16 de julio, Manuel Cabieses apeló al Tribunal Nacional señalando que la argumentación anterior era “vergonzante” y que su acusación se dirigía contra “el periodista Agustín Edwards, director de El Mercurio, inscrito con el Nº 88 en el Registro Nacional de la orden” y no contra el empresario. Y agregó que no eran materia de sumario sus opciones ideológicas, sino sus “actos que han violado el espíritu y la letra del Código de Etica del Colegio de Periodistas”.

“PERSECUCION POLÍTICA”

Así, el proceso quedó en manos del Tribunal Nacional de Etica, integrado por Lidia Baltra Montaner (presidenta), Felidor Contreras Muñoz (secretario general), Jorge Donoso Pacheco, Guillermo Hormazábal Salgado (ambos, ex presidentes del Colegio de Periodistas) y Guillermo Sandoval Vásquez. Posteriormente, Lidia Baltra se inhabilitó para participar en este proceso argumentando, como razón principal, el hecho de aparecer públicamente integrando el Grupo de Amigos de Punto Final.

El periodista Felidor Contreras, designado fiscal instructor del caso, propuso al Tribunal Nacional acoger la apelación, dejando sin efecto el fallo de primera instancia. Destacó en su informe que “la calidad de periodista se adquiere por el título universitario o por imperio de la ley y desde ese momento forma parte indisoluble, indivisible e inseparable del ser de esa persona... Ningún periodista puede decir que se quitó esa calidad, que el terno de periodista lo dejó en el hotel o en el automóvil antes de ingresar a la Casa Blanca a conversar con Nixon”. Además de proponer la expulsión de Edwards por apoyar e impulsar la campaña de terror contra el gobierno constitucional de Allende, hizo notar que el Tribunal Metropolitano no dio a conocer al director de El Mercurio la denuncia en su contra, sólo le comunicó el fallo de primera instancia que la rechazó.

Cumplida esa diligencia por el fiscal, se citó a Agustín Edwards a tres reuniones, pero no apareció y tampoco envió un abogado en su representación. En cambio, mandó dos cartas. En la primera dice que la acusación, “cuyo contenido injusto y erróneo me ha afectado dolorosamente”... “no tiene relación alguna con el ejercicio de la profesión, en virtud de la cual participo desde hace más de 45 años en el Colegio de la orden”. Añade que “por eso, hacerme cargo de la acusación constituiría un precedente para estimular la politización de nuestra organización gremial”.

En su segunda carta al tribunal reacciona ante el informe del fiscal señalando que confirma sus aprensiones “en cuanto a que esta acusación, así como los antecedentes en que ella se funda, tiene una inspiración estrictamente política”. Argumenta que “mi profundo compromiso con la libertad de expresión e información” le ha hecho optar por no rectificar las publicaciones biográficas o memorias de quienes, según dice, le han atribuido un papel decisivo en hechos ocurridos hace 30 años. Expresa, además, su confianza en que las autoridades del Colegio de Periodistas “no se prestarán para validar estas acciones de persecución política”.

Obviamente, el director de El Mercurio no consignó a propósito de su “compromiso con la libertad de expresión” -y tampoco el tribunal, a pesar que fue agregado a los antecedentes por el denunciante- el reclamo que presentó al Colegio el periodista de TVN Santiago Pavlovic, en diciembre del 2000. Pavlovic denunció que El Mercurio nunca publicó una carta suya en respuesta a falsas imputaciones publicadas en el cuerpo Reportajes sobre un programa de Informe Especial, donde se informó de los dineros entregados por la CIA al diario de Edwards. “Uno de los elementos más injuriosos de la crónica -acusó Pavlovic- fue plantear que el programa sería parte de una campaña de la ultraizquierda”.

Volviendo al caso actual, el fallo del Tribunal Nacional de Etica y Disciplina de la orden resolvió rechazar la apelación de Manuel Cabieses con los votos de Guillermo Hormazábal, Guillermo Sandoval y Jorge Donoso. Hubo un voto fundamentado en contra, de Felidor Contreras. En la resolución de mayoría se declara plena coincidencia con el fallo de primera instancia, añadiendo que de las pruebas presentadas “no se puede concluir que la conversación del colega Agustín Edwards con el presidente norteamericano Richard Nixon haya sido la causa eficiente para que éste ordenara la intervención de la CIA en nuestro país”. También estima que el objetivo de esa gestión “no puede interpretarse inequívocamente como el llamado a un golpe de Estado”. Y “mucho menos se puede atribuir a esa gestión, único hecho citado como fuente de esa responsabilidad, el atropello masivo a los derechos humanos que existió en nuestro país durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, cuando sus responsables han sido condenados o están sometidos a proceso por los tribunales de nuestro país”. No hay ninguna alusión al dinero de la CIA que recibió El Mercurio.

En su voto de minoría, Felidor Contreras reiteró su postura de expulsar del Colegio de Periodistas a Agustín Edwards por violar el artículo 1° de la Carta de Etica y los artículos 1°, 5° y 28 del actual Código de Etica. En definitiva, “el hombre duraderamente más influyente de Chile”, como llama a Edwards el escritor Armando Uribe, sigue impune, libre de polvo y paja

PATRICIA BRAVO

¿Quién recibió los billetes de la CIA?

De modo que somos abierta minoría: obtuvimos sólo uno de cinco votos.

Y los cuatro colegas -que de una u otra manera apoyaron a Edwards- nos proponen un ejercicio de disociación que linda con la esquizofrenia.

Tenemos que separar con bisturí al Edwards-periodista del Edwards-propietario de El Mercurio, al Edwards-empresario y al Edwards-político. ¡Qué raro ejercicio para cumplir con la gimnasia de lo “políticamente correcto”!

Todos sabemos quién entró al despacho oval de la Casa Blanca el 15 de septiembre de 1970: fue el propietario de la cadena El Mercurio. Y todos sabemos la tragedia que se desencadenó a partir de esa reunión con el presidente Richard Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Una tragedia que tuvo como primera víctima al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en octubre de 1970.

Todos sabemos -porque consta en documentos oficiales- de las jugosas partidas en dólares que recibió El Mercurio para prestarse al complot.

Los billetes-coima son aquí un agravante.

¿Quién los recibió? ¿El empresario, el político, el periodista, el dueño del imperio periodístico?

Sólo el empresario-político, nos dice el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, por lo que no está sujeto a la Carta de Etica.

No queda más camino que ampararnos en palabras pronunciadas el 11 de septiembre de 1973: “Tengo fe en Chile y su destino, superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse”

PATRICIA VERDUGO