EL GRAN ROBO DE LA HERENCIA NACIONAL
 PINOCHET, el mayor ladrón de la historia de Chile. Bajo su protección, la derecha saqueó el patrimonio nacional y se enriquecieron civiles y militares, que hoy están detrás de la UDI y de Renovación Nacional.MARCO EXPLICATIVO DE ESTA OPERACION |
Marx, como recuerda el profesor Joseph A. Schumpeter en su obra Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, “rechaza desdeñosamente la fábula infantil (Kinderfibel) de origen burgués que ve en la superior inteligencia, en el espíritu de trabajo y en el ahorro la causa de que algunos individuos, tanto en el pasado como en el presente, se hayan destacado de los demás llegando a convertirse en capitalistas”. Agrega el gran economista Schumpeter: “La actitud burlona cumplió, sin embargo, su función y contribuyó a abrir el camino a la teoría alternativa de Marx sobre la acumulación primitiva… La fuerza, el robo, la subyugación de las masas que posibilita su expoliación y los resultados del pillaje que, a su vez, facilitan la subyugación: todo esto es, por supuesto, cierto y se acomoda además admirablemente a las ideas habituales entre los intelectuales de todo tipo, más aún en nuestro tiempo que en el del propio Marx”.(1)
Actualmente, yo diría que esta concepción la acoge sólo parte de los intelectuales en Chile, porque los llamados socialistas (del Partido Socialista) han renunciado al marxismo. Pero Recabarren, el gran líder obrero, sostuvo en El Socialismo, un trabajo de difusión teórica de comienzos del siglo XX, la tesis marxista. En efecto, para explicar históricamente la transformación social, recurrió como ejemplo a los cambios sucedidos en el mundo moderno, a partir de la Revolución Francesa, a través de la cual la burguesía abolió el derecho “divino” de los reyes y expropió la propiedad feudal para imponer la propiedad individual. Confirma este fundamento de las revoluciones, señalando que en América la propiedad burguesa se constituyó por medio de la violencia y el despojo, por la conquista de los pueblos aborígenes. La Colonia se formó por los “repartimientos y encomiendas” tanto de las tierras como de los pobladores originarios y, después de la independencia de España, los criollos expropiaron a los peninsulares o realistas.
Este preámbulo es el marco explicativo del robo de la más grande herencia nacional realizado durante la dictadura de la derecha, encabezada por Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
LA CAPITALIZACION PUBLICA
El Estado empresario asumió en Chile, en una primera etapa a partir del Frente Popular, funciones en la gestión directa de la economía y en la redistribución del ingreso, a fin de suplir y estabilizar la situación del empleo y del crecimiento económico en general, sin olvidar por cierto que él favorecía también a las empresas privadas. Antes de 1970, esta dinámica se insertaba en el marco de modelos de desarrollo en que se cuestionaba o el comportamiento estancado de las inversiones o la penetración de capitales extranjeros. Bajo el gobierno de Allende se desarrolló una segunda etapa, donde la implantación de programas de socialización de la economía determinó una extensión cuantitativa y cualitativa de esta participación del Estado, conformando un área de propiedad social con empresas de todos los sectores (primario, secundario y terciario). Esta era la herencia nacional, conformada por la capitalización pública, producto de la acción política de la Izquierda y el sacrificio de los trabajadores.
La dictadura formuló a su vez un modelo de desarrollo orientado, entre otros objetivos, a privatizar dichas empresas y desmantelar el Estado empresario. Este proceso se realizó bajo la exclusiva decisión de los grupos financieros más poderosos, que controlaban la gestión del gobierno, sin plantearse una consulta popular para resolver un problema de tanta importancia social como es la transferencia de la capitalización pública de más de medio siglo, a manos privadas. Sin fijar tampoco un marco regulatorio adecuado, ni menos un valor justo y real, lo que dio lugar después a negocios escandalosos. Este despojo nacional se decidió y ejecutó en la cúspide de la dictadura. La mención de este proceso no significa desconocer el papel del Estado en la reproducción del conjunto de la burguesía, sino que se propone destacar cómo la utilización de este instrumento alienta la concentración y centralización capitalistas, fracturando su unidad política e imprimiendo un nuevo carácter al papel del Estado en la organización capitalista de la producción.
El Estado empresario asumió en Chile, en una primera etapa a partir del Frente Popular, funciones en la gestión directa de la economía y en la redistribución del ingreso, a fin de suplir y estabilizar la situación del empleo y del crecimiento económico en general, sin olvidar por cierto que él favorecía también a las empresas privadas. Antes de 1970, esta dinámica se insertaba en el marco de modelos de desarrollo en que se cuestionaba o el comportamiento estancado de las inversiones o la penetración de capitales extranjeros. Bajo el gobierno de Allende se desarrolló una segunda etapa, donde la implantación de programas de socialización de la economía determinó una extensión cuantitativa y cualitativa de esta participación del Estado, conformando un área de propiedad social con empresas de todos los sectores (primario, secundario y terciario). Esta era la herencia nacional, conformada por la capitalización pública, producto de la acción política de la Izquierda y el sacrificio de los trabajadores.
La dictadura formuló a su vez un modelo de desarrollo orientado, entre otros objetivos, a privatizar dichas empresas y desmantelar el Estado empresario. Este proceso se realizó bajo la exclusiva decisión de los grupos financieros más poderosos, que controlaban la gestión del gobierno, sin plantearse una consulta popular para resolver un problema de tanta importancia social como es la transferencia de la capitalización pública de más de medio siglo, a manos privadas. Sin fijar tampoco un marco regulatorio adecuado, ni menos un valor justo y real, lo que dio lugar después a negocios escandalosos. Este despojo nacional se decidió y ejecutó en la cúspide de la dictadura. La mención de este proceso no significa desconocer el papel del Estado en la reproducción del conjunto de la burguesía, sino que se propone destacar cómo la utilización de este instrumento alienta la concentración y centralización capitalistas, fracturando su unidad política e imprimiendo un nuevo carácter al papel del Estado en la organización capitalista de la producción.
EL BOTIN DE GUERRA
La privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas:
La primera (1973-75) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional.
Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción se vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.
La Empresa Nacional de Minería empleó procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotación directa.
La Compañía de Aceros del Pacífico vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento.
La Corporación de la Reforma Agraria (Cora)) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades.
Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de la economía derivó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libros, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor.
La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.(2)
La privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas:
La primera (1973-75) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional.
Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción se vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.
La Empresa Nacional de Minería empleó procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotación directa.
La Compañía de Aceros del Pacífico vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento.
La Corporación de la Reforma Agraria (Cora)) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades.
Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de la economía derivó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libros, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor.
La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.(2)
NUEVAS ENAJENACIONES
La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la Corfo vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles.
Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.(3)
La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación total, en medio de la bancarrota de algunos de los más voraces grupos económicos, que más habían aprovechado el remate o liquidación de este pequeño país.
La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala Gustavo Marín, durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, Rolf Lüders, como biministro de Hacienda y Economía -y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”- la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso:
a) combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociación, administración de bancos y empresas; b) nueva privatización y transnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.
La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la Corfo vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles.
Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.(3)
La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación total, en medio de la bancarrota de algunos de los más voraces grupos económicos, que más habían aprovechado el remate o liquidación de este pequeño país.
La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala Gustavo Marín, durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, Rolf Lüders, como biministro de Hacienda y Economía -y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”- la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso:
a) combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociación, administración de bancos y empresas; b) nueva privatización y transnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.
LAS PRESAS MAYORES
La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del botín de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon diversos mecanismos:
1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones:
a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU) y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociación, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etc.
b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group.
c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, diseminándose su propiedad.
2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro.
3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”, con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas “privatizables” a mediados de 1985, expresaba:
a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización;
b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor);
c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.
La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del botín de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon diversos mecanismos:
1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones:
a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU) y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociación, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etc.
b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group.
c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, diseminándose su propiedad.
2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro.
3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”, con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas “privatizables” a mediados de 1985, expresaba:
a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización;
b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor);
c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.
EL SAQUEO DEFINITIVO
María Olivia Monckeberg investigó un grupo de las últimas empresas privatizadas y tuvo el valor de desenmascarar esta operación en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ella expresa: “El último gabinete de Pinochet que asumió a fines de octubre de ese histórico año 1988, después del triunfo del ‘No’ en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista. Junto a Hernán Büchi, como jefe del equipo económico, a Sergio Melnick en Odeplan y a Juan Antonio Guzmán en Educación, se sumaron otros hombres de la alianza Chicago-militares como Carlos Cáceres en Interior, Pablo Barahona en Economía y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la ‘obra del régimen’. Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo”.(4)
Este último gabinete del “padrino” completó el programa de privatizaciones iniciado en la década anterior, aunque no alcanzó a extenderlo a otras presas mayores, como Codelco, Empresa Nacional de Petróleo, Banco del Estado y TVN. Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante “sociedades de papel” como Pampa Calichera, en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir la oposición de los sindicatos, se les vendió a los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de acciones, operación calificada de “capitalismo popular”. Extraña paradoja: las empresas públicas las compraron, por lo general, los mismos vendedores.
La Cap fue fundada por Corfo en la década de los cuarenta. Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto en la formulación del proyecto como en el financiamiento, se le concedió mayoría al sector privado (53% contra 47%). Pero en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él, a través de Corfo. En el proceso de privatización se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986, por un valor de venta de 40 millones de dólares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de esa enorme proporción al Estado. Estudios posteriores, entre otros del Programa de Economía del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de Cap favoreció a grupos de ejecutivos que usaron información privilegiada y se privatizaron a sí mismos con la empresa. El caso más destacado en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi. La privatización se completó en 1987.(5)
La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la Corfo y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorporó al área social y en la dictadura de Pinochet pasó a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí una audacia increíble. El proceso fue similar al de Cap. El suegro lo nombró presidente en 1980, después de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos públicos, desempeñándose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou formó “sociedades de papel” como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de Soquimich hasta 1988, año en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A.
Como en el caso de Cap, la Contraloría emitió un informe sobre la enajenación de aquella empresa química y minera, en el que establece las pérdidas de Corfo, la que “obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes al 29%, 53% y 59% de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente”. Este despojo del patrimonio público fue espectacular. Así lo sostiene María Olivia Monckeberg: “La Contraloría agregó que Corfo vendió en los años 1983 a 1988 el total de su inversión en esta empresa (123.490.000 acciones) en un monto de 119.982.594 dólares”. Y señaló que “de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2,5 períodos aproximadamente ese valor”. El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de 76,4% apoderándose además de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.
María Olivia Monckeberg investigó un grupo de las últimas empresas privatizadas y tuvo el valor de desenmascarar esta operación en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ella expresa: “El último gabinete de Pinochet que asumió a fines de octubre de ese histórico año 1988, después del triunfo del ‘No’ en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista. Junto a Hernán Büchi, como jefe del equipo económico, a Sergio Melnick en Odeplan y a Juan Antonio Guzmán en Educación, se sumaron otros hombres de la alianza Chicago-militares como Carlos Cáceres en Interior, Pablo Barahona en Economía y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la ‘obra del régimen’. Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo”.(4)
Este último gabinete del “padrino” completó el programa de privatizaciones iniciado en la década anterior, aunque no alcanzó a extenderlo a otras presas mayores, como Codelco, Empresa Nacional de Petróleo, Banco del Estado y TVN. Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante “sociedades de papel” como Pampa Calichera, en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir la oposición de los sindicatos, se les vendió a los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de acciones, operación calificada de “capitalismo popular”. Extraña paradoja: las empresas públicas las compraron, por lo general, los mismos vendedores.
La Cap fue fundada por Corfo en la década de los cuarenta. Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto en la formulación del proyecto como en el financiamiento, se le concedió mayoría al sector privado (53% contra 47%). Pero en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él, a través de Corfo. En el proceso de privatización se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986, por un valor de venta de 40 millones de dólares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de esa enorme proporción al Estado. Estudios posteriores, entre otros del Programa de Economía del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de Cap favoreció a grupos de ejecutivos que usaron información privilegiada y se privatizaron a sí mismos con la empresa. El caso más destacado en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi. La privatización se completó en 1987.(5)
La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la Corfo y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorporó al área social y en la dictadura de Pinochet pasó a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí una audacia increíble. El proceso fue similar al de Cap. El suegro lo nombró presidente en 1980, después de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos públicos, desempeñándose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou formó “sociedades de papel” como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de Soquimich hasta 1988, año en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A.
Como en el caso de Cap, la Contraloría emitió un informe sobre la enajenación de aquella empresa química y minera, en el que establece las pérdidas de Corfo, la que “obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes al 29%, 53% y 59% de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente”. Este despojo del patrimonio público fue espectacular. Así lo sostiene María Olivia Monckeberg: “La Contraloría agregó que Corfo vendió en los años 1983 a 1988 el total de su inversión en esta empresa (123.490.000 acciones) en un monto de 119.982.594 dólares”. Y señaló que “de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2,5 períodos aproximadamente ese valor”. El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de 76,4% apoderándose además de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.
SUMA Y SIGUE
La Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo en 1952, con plantas en Los Angeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chillán, Rapaco y Curicó. la privatización adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitación pública, a un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acordó vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía poseía la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: “De acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contraloría General de la República, las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 dólares, lo que significó pérdidas netas que alcanzaron a un monto de 47.628.514 dólares”. La misma autora agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones, es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio implícito en favor de quienes se quedaron con la empresa.(6)
La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la Corfo en 1943, para impulsar la producción de energía, tan necesaria para el desarrollo del país. Esta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año siguiente comenzó el saqueo. “Al momento de su privatización, Endesa controlaba el 60% de la generación eléctrica del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroeléctrico. Su privatización implicó, además, el traspaso a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían a la empresa estatal”. ¿Cuánto significó este robo? “Un informe de la Contraloría General de la República, que se conoció en 1991, señaló que la privatización de la más importante empresa eléctrica del país le habría significado al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas”.(7) Pero otro estudio ha representado que esta operación significó un subsidio implícito de 44.089.544 en pesos del año 2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).
La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tenía como función distribuir y comercializar la energía eléctrica en la Región Metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (después denominada Enersis), Chilectra Generación o Chilgener (hoy Gener) y Chilectra Quinta Región o Chilquinta, para ser privatizadas después de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de “inversiones”: Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de los socios, con plenos poderes de administración. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse. Este fue el “Plan Chispazos”. Si irregulares habían sido las anteriores privatizaciones, ésta batió todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los fundadores de las Chispitas más las acciones de los trabajadores, obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto de diez veces la garantía y compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa. Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada por la Corfo en los comienzos de la década de los sesenta. Como las eléctricas ya mencionadas, Entel era considerada como una empresa estratégica que debía ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determinó que se había concedido un subsidio inmenso para los “compradores”. Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través de Famae. El resto pasó a manos del Grupo Telefónica España y otros privatizadores chilenos que después vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León.
La Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo en 1952, con plantas en Los Angeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chillán, Rapaco y Curicó. la privatización adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitación pública, a un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acordó vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía poseía la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: “De acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contraloría General de la República, las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 dólares, lo que significó pérdidas netas que alcanzaron a un monto de 47.628.514 dólares”. La misma autora agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones, es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio implícito en favor de quienes se quedaron con la empresa.(6)
La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la Corfo en 1943, para impulsar la producción de energía, tan necesaria para el desarrollo del país. Esta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año siguiente comenzó el saqueo. “Al momento de su privatización, Endesa controlaba el 60% de la generación eléctrica del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroeléctrico. Su privatización implicó, además, el traspaso a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían a la empresa estatal”. ¿Cuánto significó este robo? “Un informe de la Contraloría General de la República, que se conoció en 1991, señaló que la privatización de la más importante empresa eléctrica del país le habría significado al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas”.(7) Pero otro estudio ha representado que esta operación significó un subsidio implícito de 44.089.544 en pesos del año 2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).
La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tenía como función distribuir y comercializar la energía eléctrica en la Región Metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (después denominada Enersis), Chilectra Generación o Chilgener (hoy Gener) y Chilectra Quinta Región o Chilquinta, para ser privatizadas después de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de “inversiones”: Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de los socios, con plenos poderes de administración. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse. Este fue el “Plan Chispazos”. Si irregulares habían sido las anteriores privatizaciones, ésta batió todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los fundadores de las Chispitas más las acciones de los trabajadores, obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto de diez veces la garantía y compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa. Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada por la Corfo en los comienzos de la década de los sesenta. Como las eléctricas ya mencionadas, Entel era considerada como una empresa estratégica que debía ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determinó que se había concedido un subsidio inmenso para los “compradores”. Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través de Famae. El resto pasó a manos del Grupo Telefónica España y otros privatizadores chilenos que después vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León.
ENRIQUECIMIENTOS INEXPLICABLES
En todas estas privatizaciones, como lo prueba María Olivia Monckeberg, se enriquecieron conjuntamente con el “gran dictador” los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares, y los “compradores”. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios a través de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñera, Miguel Angel Poduje, Sergio Melnick, Máximo Silva Bafaluy, Alvaro Donoso, Luis Larraín y otros. No menciono a los generales que se quedaron en los directorio de las empresas privatizadas.
Entre los que aprovecharon la “piñata” no puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio Ponce Lerou, el yernísimo del dictador seguramente casado bajo el régimen de sociedad conyugal, Alvaro Saieh, José Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto Délano, el inefable Alvaro Bardón y otros. Para penetrar en esa “corte de los milagros” hay que leer el libro citado.
Estos privatizadores convirtieron además en negocios rentables los servicios de utilidad pública como la electricidad, el gas, el agua potable, los teléfonos, los bancos y financieras que se han multiplicado y fusionado, que logrando grandes utilidades alimentan la ilusión de la inmensa mayoría de la población que compra toda clase de productos superfluos y de fantasía, perdidos posteriormente en embargos y remates. Es la vida al “fiado”, con deudas que nunca se terminan de pagar y llenan las páginas de Dicom. No sólo eso. Los nuevos “inversionistas” controlan también la educación con la proliferación de las escuelas de enseñanza básica y media subvencionadas. Fundaron una cincuentena de universidades y centenares de centros e institutos superiores, que se compran y se venden en el mercado financiero.
Igual cosa sucede con la salud, con la multiplicación y concentración de las Isapres, seguros médicos, clínicas y hospitales, laboratorios, farmacias y cementerios, es decir, controlan a los chilenos desde que nacen hasta que mueren. Lo peor de todo, suprimieron la previsión social financiada con aportes de los empleadores y los trabajadores, para establecer el ahorro obligatorio de estos últimos, liberando a los patrones o empresarios de aportes al fondo de jubilación, pero monopolizando la administración de estos fondos en sus manos, a través de las AFP. Los ahorrantes pueden perder con las inversiones de sus fondos, pero las AFP, en cuanto instituciones privadas, siempre ganan, tanto en la colocación de sus acciones que sus administradores eligen libremente, como en las comisiones que cobran.
Estos nuevos dueños de Chile obtienen ingresos siderales, que rompen todas las tablas para contar y medir la distribución del ingreso. No habría que agruparlos en el 10% más rico, sino quizás en el 1% (o menos) y se tendría un ingreso asimilable a los jeques petroleros de Arabia, tanto por participación en las utilidades de sus empresas como por las dietas, indemnizaciones y otras regalías que perciben en los directorios en que participan, tanto ellos como sus familiares, mientras a sus trabajadores les pagan salarios mensuales equivalentes al valor de los puros que fuman gratuitamente en las sesiones de directorio. Este “éxito” económico no es sólo el producto del conocimiento y el talento, que no se podría negar, sino que influye decisivamente a lo menos en su origen, el “valor agregado” del golpe militar y la dictadura.
En realidad, ninguno de los hombres decisivos en las privatizaciones, de los ejecutivos y “consultores”, tenía una fortuna significativa, comenzando por Pinochet, Ponce Lerou, Büchi, Cáceres, Saieh, Piñera y otros cabecillas del saqueo al Estado, pero ahora son multimillonarios. Alguna vez se dijo que el camino más corto para hacerse rico era la lotería, pero ahora resultó que, durante la dictadura, fue la privatización de las empresas públicas, la mayoría de las cuales se han transnacionalizado posteriormente. Los privatizadores han vendido todo o parte de su botín a los inversores extranjeros. El caso más escandaloso es el de Yuraszeck que vendió a Endesa España en 500 millones de dólares las “Chispitas” y ahora ha invertido en otras empresas.
En todas estas privatizaciones, como lo prueba María Olivia Monckeberg, se enriquecieron conjuntamente con el “gran dictador” los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares, y los “compradores”. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios a través de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñera, Miguel Angel Poduje, Sergio Melnick, Máximo Silva Bafaluy, Alvaro Donoso, Luis Larraín y otros. No menciono a los generales que se quedaron en los directorio de las empresas privatizadas.
Entre los que aprovecharon la “piñata” no puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio Ponce Lerou, el yernísimo del dictador seguramente casado bajo el régimen de sociedad conyugal, Alvaro Saieh, José Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto Délano, el inefable Alvaro Bardón y otros. Para penetrar en esa “corte de los milagros” hay que leer el libro citado.
Estos privatizadores convirtieron además en negocios rentables los servicios de utilidad pública como la electricidad, el gas, el agua potable, los teléfonos, los bancos y financieras que se han multiplicado y fusionado, que logrando grandes utilidades alimentan la ilusión de la inmensa mayoría de la población que compra toda clase de productos superfluos y de fantasía, perdidos posteriormente en embargos y remates. Es la vida al “fiado”, con deudas que nunca se terminan de pagar y llenan las páginas de Dicom. No sólo eso. Los nuevos “inversionistas” controlan también la educación con la proliferación de las escuelas de enseñanza básica y media subvencionadas. Fundaron una cincuentena de universidades y centenares de centros e institutos superiores, que se compran y se venden en el mercado financiero.
Igual cosa sucede con la salud, con la multiplicación y concentración de las Isapres, seguros médicos, clínicas y hospitales, laboratorios, farmacias y cementerios, es decir, controlan a los chilenos desde que nacen hasta que mueren. Lo peor de todo, suprimieron la previsión social financiada con aportes de los empleadores y los trabajadores, para establecer el ahorro obligatorio de estos últimos, liberando a los patrones o empresarios de aportes al fondo de jubilación, pero monopolizando la administración de estos fondos en sus manos, a través de las AFP. Los ahorrantes pueden perder con las inversiones de sus fondos, pero las AFP, en cuanto instituciones privadas, siempre ganan, tanto en la colocación de sus acciones que sus administradores eligen libremente, como en las comisiones que cobran.
Estos nuevos dueños de Chile obtienen ingresos siderales, que rompen todas las tablas para contar y medir la distribución del ingreso. No habría que agruparlos en el 10% más rico, sino quizás en el 1% (o menos) y se tendría un ingreso asimilable a los jeques petroleros de Arabia, tanto por participación en las utilidades de sus empresas como por las dietas, indemnizaciones y otras regalías que perciben en los directorios en que participan, tanto ellos como sus familiares, mientras a sus trabajadores les pagan salarios mensuales equivalentes al valor de los puros que fuman gratuitamente en las sesiones de directorio. Este “éxito” económico no es sólo el producto del conocimiento y el talento, que no se podría negar, sino que influye decisivamente a lo menos en su origen, el “valor agregado” del golpe militar y la dictadura.
En realidad, ninguno de los hombres decisivos en las privatizaciones, de los ejecutivos y “consultores”, tenía una fortuna significativa, comenzando por Pinochet, Ponce Lerou, Büchi, Cáceres, Saieh, Piñera y otros cabecillas del saqueo al Estado, pero ahora son multimillonarios. Alguna vez se dijo que el camino más corto para hacerse rico era la lotería, pero ahora resultó que, durante la dictadura, fue la privatización de las empresas públicas, la mayoría de las cuales se han transnacionalizado posteriormente. Los privatizadores han vendido todo o parte de su botín a los inversores extranjeros. El caso más escandaloso es el de Yuraszeck que vendió a Endesa España en 500 millones de dólares las “Chispitas” y ahora ha invertido en otras empresas.
¿DONDE ESTA LA PLATA?
Entre las múltiples irregularidades en estos negocios, cabe mencionar la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a los directores de Enersis, Carlos Cáceres, Sergio Gutiérrez, Felipe Montt, Leonidas Vial, Rodrigo Errázuriz y Pedro Smith, por haber incumplido un requerimiento del organismo respecto a que el directorio de esa empresa se debía pronunciar sobre la esencialidad de las cláusulas de la alianza estratégica suscrita con Endesa España. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación que presentaron los condenados, ratificando las resoluciones de los tribunales y organismos de las instancias anteriores. La sentencia de la Corte Suprema no está relacionada con la legalidad o ilegalidad de la negociación que realizó José Yuraszeck con Endesa España. Esta materia se está discutiendo en otros procesos. Tampoco se refiere a otras multas aplicadas por la mencionada Superintendencia a ex ejecutivos de Enersis por conflictos de intereses, las que suman 50 millones de dólares.(8)
Aparte de los enriquecimientos inexplicables de los hombres de la dictadura, tampoco se sabe en qué se invirtieron los recursos obtenidos de la enajenación de las empresas y servicios públicos, aparte del gasto corriente del Estado, si se tiene en cuenta el enorme endeudamiento público en que se incurrió durante los 16 años de gobierno dictatorial. En efecto, al término de la dictadura la deuda externa pública era de 9.600 millones de dólares. ¿Cuánto percibió la dictadura por las privatizaciones? Este es un balance que tampoco se conoce, pero sí se sabe que se disminuyeron los impuestos a las grandes empresas, a tal punto que en los 10 últimos años se han recuperado por ley más de diez mil millones de dólares anuales, sin que hasta ahora se haya corregido la disminución de los impuestos a las grandes herencias. De esta corrupción es de la que hay que hablar.
¡Piense en grande!
No se distraiga con los pequeños roedores de las “coimas”, sino que concentre su atención en los grandes dinosaurios de la derecha, que se tragaron la riqueza de todos los chilenos. Fue la “grande de la derecha”. Con Lavín esperan la privatización de Codelco, Enap, BancoEstado, Televisión Nacional y otras presas menores, si Lagos no se las entrega antes
Entre las múltiples irregularidades en estos negocios, cabe mencionar la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a los directores de Enersis, Carlos Cáceres, Sergio Gutiérrez, Felipe Montt, Leonidas Vial, Rodrigo Errázuriz y Pedro Smith, por haber incumplido un requerimiento del organismo respecto a que el directorio de esa empresa se debía pronunciar sobre la esencialidad de las cláusulas de la alianza estratégica suscrita con Endesa España. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación que presentaron los condenados, ratificando las resoluciones de los tribunales y organismos de las instancias anteriores. La sentencia de la Corte Suprema no está relacionada con la legalidad o ilegalidad de la negociación que realizó José Yuraszeck con Endesa España. Esta materia se está discutiendo en otros procesos. Tampoco se refiere a otras multas aplicadas por la mencionada Superintendencia a ex ejecutivos de Enersis por conflictos de intereses, las que suman 50 millones de dólares.(8)
Aparte de los enriquecimientos inexplicables de los hombres de la dictadura, tampoco se sabe en qué se invirtieron los recursos obtenidos de la enajenación de las empresas y servicios públicos, aparte del gasto corriente del Estado, si se tiene en cuenta el enorme endeudamiento público en que se incurrió durante los 16 años de gobierno dictatorial. En efecto, al término de la dictadura la deuda externa pública era de 9.600 millones de dólares. ¿Cuánto percibió la dictadura por las privatizaciones? Este es un balance que tampoco se conoce, pero sí se sabe que se disminuyeron los impuestos a las grandes empresas, a tal punto que en los 10 últimos años se han recuperado por ley más de diez mil millones de dólares anuales, sin que hasta ahora se haya corregido la disminución de los impuestos a las grandes herencias. De esta corrupción es de la que hay que hablar.
¡Piense en grande!
No se distraiga con los pequeños roedores de las “coimas”, sino que concentre su atención en los grandes dinosaurios de la derecha, que se tragaron la riqueza de todos los chilenos. Fue la “grande de la derecha”. Con Lavín esperan la privatización de Codelco, Enap, BancoEstado, Televisión Nacional y otras presas menores, si Lagos no se las entrega antes
BELARMINO ELGUETA BECKER (*)
NOTAS
1. Joseph A. Schumpeter, Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, Alianza Editorial, S.A., Madrid, quinta edición, 1983, págs. 38 y 39.
2. Thomas Dragger, El desmantelamiento del pool de empresas estatales y la concentración económica en Chile, mimeo, México, 1978.
3. Gustavo Marín, Trayectoria de las privatizaciones en Chile durante el régimen dictatorial (1973-1989).
4. María Olivia Monckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, Ediciones B. Chile, S.A., Santiago, 2001.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
7. Ibídem.
8. Diario El Mercurio, Santiago, 13 de julio de 2001.
(*) El autor fue dirigente nacional del Partido Socialista de Chile durante treinta años y diputado en el período 1953-57. Estudió derecho en la Universidad de Chile y ejerció la docencia e investigación en la enseñanza superior de México. Autor de varios libros y de numerosos artículos publicados en Chile y en el extranjero. Padre de Martín Elgueta Pinto, estudiante universitario y militante del MIR, detenido desaparecido desde el 17 de julio de 1974.
1. Joseph A. Schumpeter, Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, Alianza Editorial, S.A., Madrid, quinta edición, 1983, págs. 38 y 39.
2. Thomas Dragger, El desmantelamiento del pool de empresas estatales y la concentración económica en Chile, mimeo, México, 1978.
3. Gustavo Marín, Trayectoria de las privatizaciones en Chile durante el régimen dictatorial (1973-1989).
4. María Olivia Monckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, Ediciones B. Chile, S.A., Santiago, 2001.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
7. Ibídem.
8. Diario El Mercurio, Santiago, 13 de julio de 2001.
(*) El autor fue dirigente nacional del Partido Socialista de Chile durante treinta años y diputado en el período 1953-57. Estudió derecho en la Universidad de Chile y ejerció la docencia e investigación en la enseñanza superior de México. Autor de varios libros y de numerosos artículos publicados en Chile y en el extranjero. Padre de Martín Elgueta Pinto, estudiante universitario y militante del MIR, detenido desaparecido desde el 17 de julio de 1974.
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