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martes, 28 de agosto de 2012

Ratifican condena por envío de chilenos a Irak

José Miguel Pizarro deberá cumplir una pena de 61 días de presidio remitido y cancelar una multa de $7.530.400 por haber infringido la ley de vigilantes privados, que prohíbe la contratación y ofrecimiento de este tipo de servicios.


En un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió confirmar la condena impuesta al ex oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) y empresario José Miguel Pizarro Ovalle por el reclutamiento y envío de chilenos a Irak, quienes debían cumplir labores de vigilancia en ese país.

El dueño de la empresa Blackwater -encargada de la selección y de preparar a los mercenarios- recibió una pena de 61 días de presidio remitido y una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es $7.530.400.
Además de la inhabilitación perpetua para realizar cualquier función que esté especificada en la ley de vigilantes privados.
Así lo establecieron los ministros Jorge Dahm, Juan Eduardo Fuentes y el abogado integrante Nelson Pozo tras considerar que con su negocio, Pizarro Ovalle infringió disposiciones del DL 3.607 que regula esta materia.
Los magistrados precisaron, en su fallo, que la norma prohíbe la contratación de ex miembros de las FFAA o de guardias de seguridad para realizar labores de vigilancia privada.
Por exigirlo el interés nacional, prohíbese a toda persona natural o jurídica proporcionar u ofrecer, bajo cualquier forma o denominación, vigilantes privados. Esta prohibición se extiende a las convenciones destinadas a proporcionar personal para cumplir labores de vigilantes privados, reseña el inciso 2º del artículo 5 bis de la normativa.
La defensa del sentenciado alegó que la sede de la empresa Blackwater se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que allá se contrataría a las personas seleccionadas en Chile por lo que dentro del territorio nacional sólo se había realizado un casting.
No obstante, los jueces estimaron que si bien es cierto que no se ha demostrado que en Chile se los hubiera contratado, lo cierto es que era para que viajaran a Estados Unidos y de allí a Irak para desempeñarse como tales (vigilantes privados), consigna el dictamen.
La investigación en contra del empresario fue dirigida por el 17 Juzgado del Crimen de la capital que lo condenó en 2006 luego que la Dirección General de Movilización Nacional denunciara los hechos.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081211/pags/20081211001413.html



http://rie.cl/lanacioncl/?a=120546

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