Terrorismo de Estado en Chile: Mercenarios con “impunidad de facto”

martes, 28 de agosto de 2012

Mercenarios con “impunidad de facto”

Eduardo Tamayo G.

Martes 13 de noviembre de 2007, por Revista Pueblos

Un informe de la ONU tipifica como mercenarias a la mayor parte de las actividades de corporaciones militares privadas que intervienen en Irak y en otros conflictos armados. Estas empresas, que están al servicio de Estados Unidos y de otros países, están en el ojo del huracán pues cometen asesinatos, torturas y otros abusos, gozando de total impunidad. El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de las Naciones Unidas señala que en los últimos 10 años ha “aumentado enormemente el número de empresas militares y de seguridad privadas relacionadas con las situaciones de conflicto en el Afganistán y el Iraq” y que la inmunidad que algunos Estados confieren a éstas “puede convertirse en una impunidad de facto, pues al parecer estos soldados privados solo tienen que rendir cuentas a la empresa para la que trabajan”.

Este párrafo hace parte del informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 24 de agosto por parte de este grupo de trabajo sobre mercenarios que está presidido por el español José Luis Gómez del Prado. El documento constituye un fuerte cuestionamiento al proyecto guerrerista de Estados Unidos que solo en Irak ha dejado ya más de 500. 000 víctimas desde que invadió este país en marzo de 2003 para apoderarse de sus riquezas petrolíferas.

En los últimos meses, el tema de los mercenarios ha vuelto a ocupar la atención mundial, pues pocos días después de que la ONU conociera el documento sobre los mercenarios, empleados de la empresa Blackwater USA, una de las 236 contratadas por Estados Unidos para la ocupación de Irak, mataron a 17 civiles iraquíes el pasado 16 de septiembre.

Luego de haber realizado visitas a Chile, Ecuador, Honduras, Perú y la isla de Fiji, en Oceanía, investigando las actividades de las denominadas compañías privadas militares (CPM), los expertos independientes que integran el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, concluyeron que “gran parte de estas manifestaciones constituyen nuevas modalidades de actividad relacionada con mercenarios”.

Guardias o mercenarios

El gobierno de George W. Bush rechazó el mencionado informe, negando que los miembros de las CPM fueran mercenarios. “Las acusaciones de que los guardias de seguridad contratados por Estados Unidos, sean de cualquier nacionalidad, son mercenarios es imprecisa y desvaloriza a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas cada día para proteger a la gente y las instalaciones. Los guardias de seguridad que laboran para los contratistas del gobierno de Estados Unidos en Irak y en otros lugares protegen áreas gubernamentales claramente definidas de Estados Unidos (…) y la naturaleza de su trabajo es claramente defensivo”, señala una declaración entregada en Ginebra por la Misión de este último país en la ONU [1].

Washington prefiere llamar “guardias de seguridad” a las personas que cumplen diversas tareas en sus bases, instalaciones militares, embajadas y protectorados diseminados alrededor del mundo como en los conflictos armados que ha desatado. Sin embargo, la definición y sobre todo las evidencias muestran que muchos de ellos, en realidad son mercenarios, si por tales entendemos a la “tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero” [2].

Los perfiles de muchos empleados de las empresas militares privadas indican que se trata de ex militares que han servido a dictaduras o gobiernos represivos o han participado en actividades contra- insurgentes, cometiendo numerosas violaciones a los derechos humanos. Veamos algunos ejemplos.

La empresa estadounidense Blackwater reclutó en el 2004 a 122 ex comandos chilenos de la época de Pinochet, con un extenso historial de violaciones a los derechos humanos, para custodiar los alrededores del aereopuerto de Bagdad. Desde ese año, tanto la Blackwater como la Triple Canopy, a través de subcontratistas como Red Táctica Consulting Group, han llevado a Irak a cerca de 1200 ex militares chilenos, según el senador Alejandro Navarro del Partido Socialista.

Luego de que el 31 de marzo de 2004 cuatro estadounidenses de Blackwater fueran linchados en Fallujah por una multitud, se conoció que éstos no eran “voluntarios” ni “empresarios civiles”, como informaron los medios, sino que se trataba de combatientes que cumplían las misiones más peligrosas de “infiltración en las filas del enemigo”. En represalia por este linchamiento, el ejército estadounidense prácticamente destruyó la ciudad, uno de los mayores bastiones de la resistencia iraquí, provocando cientos de muertos y heridos, y miles de desplazados. Familiares de los guardias muertos entablaron una demanda civil contra la contratista militar en tanto que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos señaló que Blackwater envió a los guardias a Fallujah sin estar preparados y sin la seguridad debida, acusando, además, a sus funcionarios de obstruir las investigaciones [3].

Los tristemente famosos kaibiles, ex militares guatemaltecos que formaban parte de los cuerpos de élite del ejército especializados en mutilar a sus víctimas con machetes durante la guerra civil que provocó más de 200.000 muertos, también prestan sus servicios a empresas militares en Irak. De acuerdo con un reportaje del diario Prensa Libre, se trata de “militares que cumplieron su servicio en las fuerzas armadas nacionales, donde recibieron adiestramiento, y luego quedaron desempleados (…) Los kaibiles son utilizados en tareas de alto riesgo, como resguardo de transportes y patrullajes nocturnos, al igual que miles de mercenarios contratados en todo el mundo, para disminuir el número de bajas del ejército de Estados Unidos”, señala un despacho de Prensa Latina (21-10-2007)

En Perú, la encargada del reclutamiento de los mercenarios se denomina Triple Canopy que ha instalado una sucursal en Lima bajo la dirección de los estadounidenses Jay Franklin Bryant, Armand Leon Gadoury y Herbert Terrence Williams, según un reporte de la agencia IPS. Esta y otras empresas no tienen problema alguno para reclutar a ex militares que han participado en actividades anti-subversivas dado los altos índices de desempleo y los bajos sueldos. El ofrecimiento de un salario mensual de 1000 dólares mensuales es el cebo que atrae a cientos de peruanos que conocen el riesgo de muerte que corren en Irak o Afganistán, países considerados como las más peligrosas del mundo Se calcula que desde 2005, han sido reclutados más de 1000 peruanos pero se desconoce el número de muertos o heridos. Generalmente, les dicen que cumplirán tareas de seguridad pero, la relatora del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, Amanda Benavides de Pérez, tras una visita realizada a este país en enero de este año, señaló que eran entrenados para disparar y a veces han usado sus armas.

Cabe indicar que en Irak, sin bien es importante el continente reclutado en América Latina, la mayoría de mercenarios son de estadounidenses, europeos, asiáticos y de otros continentes. Fuera de las fuerzas regulares de ocupación, más de 21.000 estadounidenses son empleados de las llamadas empresas de seguridad. Pero además, algunos miles de mercenarios sudafricanos que provienen “en su mayoría de los servicios de seguridad y unidades especiales del ejército del ex régimen del apartheid, como por ejemplo el Batallón 32, Vlakplaas y de la unidad de elite Koevoet, los cuales llevaban a cabo operaciones militares en contra de opositores al régimen de Namibia”, escribe Dario Azzellini [4].

Privatización de la guerra

La utilización de mercenarios se corresponde a la actual fase del capitalismo neoliberal, en la que las elites mundiales llevan la guerra a distintos puntos del planeta para ejercer su dominio geo estratégico. En los conflictos de la ex Yugoslavia, en Colombia, en Angola, Sierra Leona y en los últimos años en Afganistán e Irak, las potencias mundiales han empleado y emplean actores armados privados dentro de la llamada “guerra de baja intensidad”. Estados Unidos, luego de la derrota de Vietnam, elaboró esta doctrina que “prevé, en el marco de la conducción psicológica de la guerra, la formación de grupos paramilitares para la lucha contra insurgente” [5].

Según Gómez del Prado, “con la mundialización de la economía, el uso de la fuerza se ha convertido en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Se estima que el valor de esa industria ha pasado de 33 mil millones de dólares en 1990 a unos 100 mil millones en 2006, calculándose que alcanzará en 2010 más de 200 mil millones. Durante la primera guerra del Golfo, a principios de 1990, uno de cada 100 soldados era un empleado de una empresa privada de seguridad. Pocos años después, durante las guerras en ex Yugoslavia la proporción había pasado ya a uno de cada 50 y actualmente la proporción sería de uno de cada 10” [6].

Como en otras ramas de la economía mundial (comunicación, agricultura, petróleo, automóviles, etc.), las principales compañías privadas militares son transnacionales. Si bien tienen su sede en los países centrales, desarrollan sus actividades en diversas partes del mundo, y las ganancias, por supuesto, retornan a sus países de origen. Por ejemplo, la Dyncorp Internacional, que se ha desarrollado al amparo de los jugosos contratos con el gobierno de Estados Unidos, tiene su sede en Reston, estado de Virginia, pero está presente en 5500 lugares del mundo con sus 23.000 empleados. Los asalariados de Dyncorp Internacional se ubican en las zonas de mayor conflictividad del mundo como Colombia, Gaza, Irak, Afganistán. Anteriormente estuvieron en Vietnam, Bosnia y Kosovo. Las actividades que cumple son del más variado tipo, yendo desde reclutamiento y entrenamiento de la policía local (Irak), mantenimiento de las bases militares de Estados Unidos (caso de Manta, Ecuador), refuerzo de las “defensas” contra la migración en la frontera de Estados Unidos y México, hasta la participación en los programas de fumigaciones de las plantaciones de coca y amapola tanto en el interior de Colombia como en la frontera con Ecuador. Por este último caso, los campesinos ecuatorianos que viven cerca de la frontera con Colombia han demandado judicialmente a la Dyncorp por los daños provocados a su salud, a sus plantaciones y al medio ambiente.

Abusos

Las compañías militares privadas han sido acusadas de graves violaciones a los derechos humanos en los países donde operan. Desde que Estados Unidos y sus aliados invadieron en Irak para apoderarse del petróleo, sus mercenarios han estado involucrados en casos de torturas abusos y asesinatos de civiles.

La matanza de los 17 iraquíes por parte de los empleados de la Blackwater USA solo es una de la más recientemente conocida. Esta misma corporación, que se presenta como una empresa humanitaria y tiene su centro de entrenamiento en Carolina del Norte, ha sido acusada de haber asesinado a balazos, el año pasado, a la periodista del canal de televisión Al Atyaf, Suha Shakir, mientras esta conducía con dirección a su trabajo. Cinco días antes, tres guardias de seguridad iraquíes fueron asesinados en las oficinas de la cadena estatal irakí Media Netwok por francotiradores de Blackwater que les dispararon desde el otro lado de la calle. Según autoridades iraquíes, los guardias de esta empresa estarían involucrados en otros seis episodios que dejaron un saldo de al menos diez iraquíes muertos y quince heridos [7].

Empleados de las empresas CACI y Titán, ambas contratadas por el gobierno de Estados Unidos, han estado, directa o indirectamente, implicados en casos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib donde se utilizó perros, abusos sexuales forzados y otras vejaciones contra prisioneros iraquíes. Recientemente, en octubre pasado, dos mujeres iraquíes fueron presuntamente asesinadas por empleados de la empresa Unity Resources Gurpo, con sede Australia, quienes atacaron el vehículo en el que viajaban.

Ventajas e impunidad

La utilización de mercenarios en las guerras contemporáneas ofrece algunas ventajas a los Estados agresores. En primer lugar, las bajas en las filas mercenarias pasan inadvertidas, por lo tanto no provocan reacciones sociales o costos políticos incómodos. En el caso de Irak y Afganistán, por ejemplo, Estados Unidos solo suele registrar el número de bajas de sus soldados (que suman 3840 en Irak y 387 en Afganistán, más unos 577 suicidios de veteranos de guerra) [8], pero no el de los integrantes de las empresas militares privadas. En este manejo racista e interesado de las estadísticas, la potencia invasora tampoco contabiliza a las decenas de miles iraquíes muertos. ¡Como si solo la vida de sus soldados tuviera valor!

En segundo lugar, el país agresor no se responsabiliza por los actos de las empresas de seguridad contratadas y no tiene que responder ante tribunales de justicia nacionales o extranjeros. Simplemente basta con atribuir “los excesos” a estas empresas y punto. Sin embargo, hay que decir que Estados Unidos otorga a sus mercenarios no solo inmunidad diplomática sino impunidad. El Procónsul del gobierno de George W. Bush, Paul Bremer, impuso una ley en este sentido poco antes de irse de Irak en junio de 2004. Con los últimos acontecimientos, el gobierno de Irak anunció que levantaría la inmunidad para los empleados de las empresas militares privadas, pero eso no ha sido obstáculo para que los responsables de la muerte de los 17 iraquíes regresaran a Estados Unidos sin ser procesados.

Hay un vacío legal para estos actores armados privados pues sus actuaciones “no están dentro de la Convención de Ginebra, ya que aunque llevan armas, no son combatientes legales, no llevan uniformes oficiales, ni responden a una jerarquía”, señala la periodista española Ana Muñoz [9].

La contratación de mercenarios que fue utilizada durantes varios siglos por los Estados fue criminalizada a finales del siglo XX. En 1989 la ONU aprobó la “Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”, que, aunque tiene vacíos, es el único instrumento para “controlar la contratación de funciones que entrañan el uso de la violencia, funciones que durante siglos han sido monopolio de los Estados”. Treinta Estados Partes han ratificado esta convención y ocho más la han firmado pero no la han ratificado. Estados Unidos, por supuesto, no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, no está obligado a acatar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios. Nada raro, por lo demás, para una potencia que pisotea numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, no reconoce la Corte Penal Internacional y no acata numerosas resoluciones de la ONU.

Artículo reproducido con fecha del 13 de noviembre en la página de ALAI América Latina