Domingo 9 de noviembre de 2008
La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.
Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.
El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.
¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".
El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.
Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.
LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.
Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.
Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".
Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.
Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.
Sui Generis
En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.
Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.
"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.
El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.
En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.
Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".
En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.
Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.
Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).
Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.
A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).
A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.
El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.
La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.
Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.
Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.
Tarjetas
Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.
En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.
Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.
En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.
De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.
De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.
Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.
Nombres Clasificados
Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.
De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.
Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".
Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.
Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.
Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.
Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.
Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.
Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.
Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.
La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.
Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera. //LND
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081108/pags/20081108210751.html
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