Los servicios secretos militares de Chile: el rostro criminal oculto

“Dejad, pues, los que entráis aquí, toda esperanza” 
Inscripción en la puerta del infierno, según Dante Alighieri en ‘La Divina Comedia’. 

Ningún análisis sobre el actual sistema de inteligencia nacional chileno, podrá tener una adecuada perspectiva, sin rememorar los extremos criminales poco conocidos y que se siguen revelando, de sus inmediatos antecesores: los perversos servicios secretos del régimen pinochetista (1973-1990); el cual en 1974, creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que luego de múltiples denuncias adjudicándole diversos crímenes -dentro y fuera de Chile-, fue reemplazada por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) entre 1977 y 1990. La DINA y la CNI, fueron responsabilizadas, tanto por el informe de la chilena “Comisión Rettig” en 1991, como mediante 1.500 documentos desclasificados por EE.UU., y a través de juicios diversos vigentes hasta la fecha: de haber servido como base principal articuladora de la ‘Operación Cóndor’ (1976-1983), donde se perpetró espionaje, represión política y violación de los DD.HH., a la par, con miles de desapariciones y asesinatos, en sociedad con los servicios secretos de Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, de la época. 

Los servicios secretos tras la ‘delgada línea blanca’ 

Traficantes internacionales de drogas; la mafia italiana; contrabandistas de armas y drogas sirios; ex agentes de inteligencia militar argentina y uruguaya; criminales de guerra croatas; ex espías ingleses; terroristas italianos; ex nazis, narcos colombianos y peruanos; es decir, toda clase de sórdidos tipos afines a los ‘negocios’ criminales, fueron cómplices de los aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y su círculo más directo. Lo más probable, es que bajo la premisa: ‘los fines justifican los medios’, los dividendos de la cocaína, sirvieron para financiar muchas tenebrosas operaciones de los servicios secretos militares de Pinochet y para enriquecer a sus jefes. 

El diario chileno La Nación, reveló en mayo de 2006, varios de estos sucesos, asegurando por ejemplo, que el 22 de junio de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un pasaporte a nombre de ‘Trinidad Moreno’. Su contacto en Chile era un funcionario del consulado chileno en Los Ángeles (California), Federico Humberto Silva Pizarro, con quien estableció relaciones comerciales y de amistad. Ambos arribaron a Chile en el mismo vuelo, y el tal ‘Moreno’, no era otro, que un ex sargento de la Infantería de Marina de Estados Unidos: el ciudadano greco-colombiano-americano-chileno, Frankel Iván Baramdyka Rodríguez, conocido narcotraficante estadounidense radicado en Los Ángeles, que escapaba de la justicia de Estados Unidos, y que el 10 de julio del mismo año, ingresó a la sociedad ‘Redes del Pacífico’, dedicada a la explotación y comercialización de pescado fresco chileno en Estados Unidos 

En 1993, Baramdyka fue extraditado a Estados Unidos, luego de cumplir una condena de cinco años por giro doloso de cheques. Pero antes que el FBI se lo llevara, dejó su historia grabada en video, donde reconoció sus vínculos con Patricio Madariaga Gutiérrez, el Cónsul de Chile en Los Ángeles, y encargado de cuidar los asuntos de Augusto Pinochet Hiriart (hijo del General Augusto Pinochet), cuando éste fue asignado a esa legación a comienzo de los años 80. Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984, varias mafias colombianas fabricantes de cocaína, compraban éter y acetona producidos en el ‘Complejo Químico Industrial del Ejército Chileno’ en Talagante. Dicha planta fue transferida en 1979 desde el Instituto Bacteriológico de Chile (actual Instituto de Salud Pública de Chile). En 1987, el Mayor del Ejército Chileno (ECH), Gerardo Huber Olivares, ex oficial de la DINA que fue asesinado a inicios de 1992, tras ser involucrado en un contrabando de armas a Croacia, fue el último a cargo de dicha planta. 

Pero eso no es todo: en el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos, tramitado por el juez Alejandro Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo Químico de Talagante, reconocen que la DEA de EE.UU. les advirtió en varias oportunidades que no existía documentación (en regla) sobre la producción de éter y acetona en esa planta, productos químicos esenciales para la fabricación de cocaína. Incluso uno de los oficiales del ECH, declaró ante la Policía de Investigaciones de Chile, que en una oportunidad, un sujeto de nacionalidad peruana, le compró miles de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un maletín, luego de firmar un contrato que se haría efectivo horas después. Al día siguiente, el peruano fue detenido en el aeropuerto, acusado de tener lazos con el cartel de Cali, por el ‘Departamento Drogas OS-7’, de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, de la Policía de Carabineros de Chile. 

Baramdyka relata igualmente, que a pocas semanas de su llegada a Chile, un oficial del ECH llegó a su oficina de la calle Huelén # 102. Le traía un mensaje: el Teniente Coronel ECH Álvaro Corbalán Castilla, ex Jefe Operativo de la CNI, deseaba ‘conversar’ con él. Se reunieron en el restaurante santiaguino, ‘Rodizio’ en la Avenida Apoquindo # 6480. Corbalán le pidió su asesoría para encontrar comprador de 75 kilos de cocaína que su organización tenía en las Bahamas. En diciembre de 1985, los mismos oficiales del ECH le presentaron en el restaurante ‘Oliver’ de Santiago, a un personaje clave en la organización: Edgardo Bathich Villarroel, de origen sirio y muy popular en el jet-set local de los ’80, poseía el único Rolls Royce de la ciudad, tenía casas en el Sur de Chile, propiedades lujosas en balnearios de moda y en centros invernales de esquí, donde ostentaba su colección de automóviles, lanchas y vehículos deportivos. 

Usualmente, Bathich viajaba en helicópteros de su propiedad, y ser invitado a sus fiestas, junto a estrellas de televisión y reinas de belleza, llegó a considerarse un verdadero privilegio. Bathich representó en Chile los intereses de Monzer Al-Kassar, un notorio y temido traficante de drogas y de armas sirio radicado en España, que compraba grandes extensiones de tierras en las cercanías de Mendoza (Argentina), y quien más tarde, obtuvo ciudadanía argentina gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos Menem. En 1985, el negocio de Bathich era la importación desde Europa, de motores diesel usados. Sus estrechos contactos con la familia Pinochet llegaban al punto, que Marco Antonio Pinochet Hiriart (otro hijo del General Pinochet), representante en Chile de las lanchas ‘Chaparral’, vendía sus productos a través de la empresa de Bathich, ubicada en la entonces, Avenida Circunvalación Américo Vespucio # 1313, de Santiago. 

En el restaurante ‘Oliver’, Baramdyka escuchó de Bathich algo asombroso: “Me dijo que él podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con el General Pinochet y con los Servicios de Seguridad. Me contó que movía cantidades importantes de cocaína, la ingresaba a Chile, en los motores usados que traía por tierra desde Brasil para su empresa ‘Bathich Motoren Ltda’. También usaba helicópteros y camiones que traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un problema; Álvaro Corbalán de la CNI, se preocupaba de la seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína dentro de Chile. Era en el exterior, donde sus operaciones presentaban dificultades. Me dice que tiene buenos contactos en Cancún-México, y en las Islas Vírgenes. También un sistema de correo con las azafatas y pilotos de LAN Chile, para ingresar cocaína a Miami. Pero ahora, están empeñados en transportes masivos. Me pide que lo ayude a ampliar sus contactos en Colombia. Ellos trabajan casi exclusivamente con Fabio Ochoa (entonces, capo colombiano del cartel de Medellín), y con sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez.”, contó el ex marine. 

En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al extranjero por cuenta de la organización. El procedimiento fue siempre el mismo: vehículo militar hasta la frontera argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y traslado a otro país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos con pertrechos militares chilenos, en algunos aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos lugares se descargaban alijos de cocaína que venían desde Chile escondidos entre el material militar. Baramdyka aseguró haber conocido el contrabando de doce toneladas de cocaína, desde Chile hacia EE.UU. y Europa, entre 1986 y 1987. En Santiago fundó la empresa ‘Seafood Pacific Processing’. 

En torno al tema, el 27 de julio de 2006, el periodista chileno Rodrigo de Castro, autor del libro sobre Chile y el narcotráfico: ‘La Delgada Línea Blanca’, explicó a El Nuevo Herald de Miami, lo siguiente: “Quienes han investigado esta cara criminal oculta de la dictadura, saben por qué Manuel Contreras (ex jefe de la DINA) no entrega información dura, capaz de constituir pruebas concretas en contra -en este caso- de Augusto Pinochet. No lo hace, porque acabaría incriminándose a sí mismo”. En cualquier caso, la historia reciente viene mostrado que los militares chilenos, no han podido cerrar las puertas del pasado, y su involucramiento con el tráfico ilegal de drogas, podría ser una vertiente que destape una ‘Caja de Pandora’, llena de nuevos crímenes. 

El origen de la corrupta fortuna de Pinochet 

El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil chileno denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de estos documentos habían sido incautados el 18 de mayo de 1990 en la ciudad de Roma (Italia), al chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich Villarroel. De éstos pasaportes, al menos cuatro fueron extendidos con identidades adulteradas al General Augusto Pinochet y sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el ‘Banco Riggs’ (vendido luego al grupo financiero PNC Financial Services), y estableciera sociedades en paraísos fiscales. 

Es necesario explicar, que a pesar de las indagaciones judiciales en Chile y EE.UU. iniciadas el 2004, cuando un Subcomité Permanente de Investigadores del Senado estadounidense, descubriera que Pinochet tenía millonarias cuentas en el ‘Banco Riggs’ de EE.UU.; aún es desconocido el total de la fortuna del ex jefe del régimen militar chileno. Se estima, que su dinero sobrepasa los 33 millones de dólares, y hasta hace poco, los indicios razonables apuntaban a que el origen era la venta de armas a Croacia (1991) o a Ecuador (1995), también comisiones por la compra de armamento. Pero ahora, el tráfico de drogas constituye otra sólida pista, para explicar la fortuna de quien lideró el Ejército chileno, entre 1973 y 1998: ¡25 años continuos! 

Volviendo al relato: en 1990, el Presidente Patricio Aylwin -recién instalado en La Moneda- designó como jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, al General (r) Horacio Toro. A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información perturbadora: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Gálvez, se había instalado en Chile. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa ‘Focus Chile Motores’, la única, cuya sede contaba con helipuerto autorizado por la ‘Dirección de Aeronáutica Civil’. 

Estableciendo una relación lógica: si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba conectado con Marco Antonio Pinochet Hiriart; la inteligencia militar chilena tendría también allí su ‘puño de acero’. Pero además, la firma de Bathich y el colombiano, eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez. Las sospechas de la Policía de Investigaciones chilena se redoblaron en 1992, cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto español de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que iban a viajar hacia Viena en un Lear-Jet privado, matrícula OE-GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia, a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros ‘Achille Lauro’. 

Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en terrorismo internacional. Tiempo después, luego que los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada ‘mafia siria’, mantuvo estrechos lazos con la Cosa Nostra siciliana y con carteles colombianos. 

El 7 de diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió. El Servicio de Impuestos Internos chileno, ingresó a las oficinas de ‘Focus Chile Motores’ y un grupo de inspectores selló todos los muebles que contenían documentación. Al día siguiente, descubrieron que los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables desaparecieron. En uno de los patios humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigada de Narcóticos y Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, municiones y una pistola ametralladora Uzi con mira infrarroja. El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió de Chile rumbo a Argentina para después instalarse en el ‘Palacio Mifadil’ que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos días más tarde, Jesús Ochoa Gálvez, su socio colombiano del cartel de Medellín, escapó impunemente con toda su familia. Acto seguido, este proceso terminó con multas y penas menores de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los 90, pasó unos meses en prisión y salió en libertad bajo fianza. 

Los militares chilenos y el espeluznante ‘Proyecto Andrea’ 

Augusto Pinochet, mientras tanto, padecía la transición democrática. Sus relaciones con el gobierno de Patricio Aylwin fueron muy conflictivas. Sobre todo, luego que se iniciara en 1990 la ofensiva judicial contra los militares de la dictadura pinochetista. El análisis de la inteligencia militar chilena no daba lugar a dudas: ‘se desataría una tormenta contra militares del ex régimen pinochetista’. El ex dictador Pinochet, entonces actuó rápido: Creó el Departamento Cuarto, un grupo de abogados, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), para defender a militares que volvieron a desfilar, pero esta vez, por los tribunales de justicia. 

Ciertamente, había uniformados con procesos judiciales muy complejos e indefendibles. Este era el caso del ex agente de la CNI, Capitán ECH Luis Arturo Sanhueza Ros, culpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en setiembre de 1989. Fue entonces, cuando Pinochet dio la orden al jefe de la DINE, General ECH Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange. Pero el contexto se agravó para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema de Chile nombró al juez Adolfo Bañados, para llevar el proceso por el homicidio –perpetrado en Washington en 1976– del ex canciller del presidente Allende, Orlando Letelier. 

Por aquellas fechas, el juez Bañados, había citado al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar chilena se encendieron de inmediato. La situación de Berríos era bastante complicada y podía comprometer a muchos militares chilenos, ya que además, conocía detalles del ‘Proyecto Andrea’: la producción de gas sarín y de toxina botulínica, entre otras, como armas químicas y biológicas para asesinar a los opositores del régimen militar, y como arma de destrucción masiva (ADM), si una potencial guerra externa con Perú y/o Argentina, se volvía adversa para Chile. El último ‘encargado’ del ‘Proyecto Andrea’, fue el entonces Mayor ECH, Gerardo Huber Olivares. 

El ‘Proyecto Andrea’, está referido más al detalle, en el expediente judicial denominado “Calle Conferencia” a cargo del juez chileno Víctor Montiglio Rezzio, y cobró fuerza el año 2007 en Santiago, al surgir nuevas pruebas sobre el uso del gas sarín (y quizá toxina botulínica), por parte de la DINA y la CNI, que manejaban sus laboratorios y ‘Casas seguras’ de este letal ‘Proyecto’, en el centro mismo de la capital chilena: Comuna Las Condes; Comuna La Reina y en la calle Vía Naranja de la Comuna Lo Curro. Inclusive, en enero de 2007, la presidenta Michelle Bachelet, se solidarizó con la familia Frei y pidió establecer la verdad sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ex presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva en 1981; sobre la cual, su hijo el también ex mandatario y actual candidato presidencial, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tiene “la convicción moral de que atentaron contra su vida”, agentes del gobierno de Pinochet, mediante alguna sustancia química o biológica. 

¿Peruanos asesinados con gas sarín por la DINA? 

Pero el horror del gas sarín, también habría alcanzado a compatriotas peruanos: la agencia France-Presse (AFP), informó el 19 de junio de 2007, que la DINA, había usado con peruanos el mortal gas sarín, según una investigación del juez del caso “Calle Conferencia”, donde se ha revelado que tras ser detenidos en un operativo callejero, dos peruanos (cuyas identidades se desconocen, así como el destino final de sus restos), fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ en 1976, para probar el letal agente químico. Y aunque el informe de la ‘Comisión Rettig’, sólo registra una persona del Perú como víctima de la dictadura pinochetista: el cantante Percy Arana, acribillado en 1984, en la avenida Santa Rosa a la salida de un local nocturno. El supuesto crimen de peruanos con gas sarín, fue confesado al juez Montiglio Rezzio, según aseveró el diario electrónico ‘El Mostrador.cl’, el 18 de junio de 2007. En este medio se describió, que los ex agentes de la DINA, no han revelado la identidad de las víctimas. Unos dicen que eran inmigrantes ilegales peruanos detenidos por provocar caos en la vía pública, mientras, otro de los ex agentes, identificado como Eduardo Alejandro Oyarce, expresó que tuvo la oportunidad de conversar con uno de los peruanos y que éste le dijo que se llamaba Juan Pablo y era chofer del Embajador peruano en Chile, en aquella época, Juan Carlos Mariátegui, hoy fallecido. 

En parte de la espeluznante versión de los ex agentes de la DINA, al juez Montaglio, se narraría: “…saca de un bolso un tubo spray, acercándose lentamente. Espera que estas personas inhalen para aplicarles un toque del tubo. El primer afectado por el gas cayó de forma instantánea y a los pocos segundos dejó de moverse. Consecutivamente le aplica este mismo mecanismo a la segunda persona detenida, a la cual le produce el mismo efecto”. Adicionalmente, los agentes coinciden en que los peruanos estuvieron detenidos en el cuartel ‘Simón Bolívar’, uno de los principales centros de tortura de la DINA, a cargo de la ‘Brigada Lautaro’, que comandaba, el luego Coronel ECH, Germán Barriga Muñoz, quien acorde con los sucesos macabros relacionados a la inteligencia militar chilena, se suicidó el 17 de enero de 2005, arrojándose desde el piso 18 del edificio ubicado en Pío XI, # 505, a pocos metros de la Escuela Militar en Santiago. 

El juez Montiglio del caso “Calle Conferencia”, derivó las declaraciones sobre el asesinato de los peruanos, a su colega Alejandro Madrid, quien investiga la muerte del químico Eugenio Berríos y el uso del gas sarín, contra el ex presidente Eduardo Frei y el diplomático español, Carmelo Soria, entre otros. Y precisamente, fue el magistrado Madrid, quien por primera vez, el 23 de julio de 2007, en el proceso judicial, dio por acreditado que la DINA utilizó el gas sarín para eliminar personas, al aseverar que el ex agente de ese organismo, Cabo ECH Manuel Leyton Robles, fue muerto por sus propios colegas de la DINA, en marzo de 1977, utilizando “el denominado gas sarín”. Por este caso, el juez Madrid decretó el arresto de 13 ex agentes DINA: cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén, Lautaro y Águila. 

El secreto que buscaron ocultar con la muerte de Berríos 

Pero el químico Eugenio Berríos -seudónimo ‘Hermes’ o ‘Conde’- guardaba otros secretos: sus nexos con el narcotráfico, chilenos prestamistas y militares. Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con este químico, militares y Carabineros, son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque, Provincia de Cordillera, en la Región Metropolitana de Santiago, contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Cornejo Hualpa, entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que Pinochet viajara a Uruguay en febrero de 1993. “A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa. 

Berríos fue sustraído de Chile por la DINE, en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Y luego de ser asesinado, su cuerpo recién apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo. Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez, se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena. En buena cuenta, a Berríos lo mataron porque sabía demasiado: habría estado implicado en el caso Letelier, producido la mítica cocaína negra (se dice que mezcló cocaína con sulfato ferroso y otras sales minerales para quitarle el olor y hacer más fácil su contrabando), o bien encontró un nuevo método para refinarla con alta pureza; todo ello, además de estar implicado en la elaboración del gas sarín, y por si fuera poco, hoy se investiga su participación en la muerte del ex presidente Frei Montalva. 

¿Militares chilenos en las grandes ligas del narcotráfico y contrabando de armas? 

A principios de los años 90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada Martínez traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota del diario chileno ‘La Nacion’, el 7 de mayo de 2006: el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para trasladar desde Europa hacia Chile, los narco-dólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra siciliana, liderada entonces por Bernardo Provenzano. El primer contacto de Zuluaga era un Coronel de la inteligencia militar chilena; el segundo, un conocido industrial también chileno. En 1998, Losada acabó detenido en la ‘Operación Océano’. Años antes también cayó Zuluaga. La ‘Operación Océano’, es hasta ahora, la más grande en la historia de la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos en Chile, dirigida por la DEA. 

Traían la cocaína desde Mendoza (Argentina) para procesarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a EE.UU. en 360 botellas de vino de la ‘Viña Manquehue’. Y justamente, en Caleta Abarca vivía un peruano experto en ‘licuar’ la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, un ex agente de la inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001, por el OS-7 de Carabineros, por estar implicado en un laboratorio de este tipo. 

En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El responsable se llamaba Gerardo Huber Olivares, Coronel ECH y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del ECH. ¿Recuerdan? El entonces Mayor ECH, Gerardo Huber Olivares, fue jefe de Berríos, durante los años del ‘Proyecto Andrea’ y último ‘encargado’ de dicho proyecto, en la Planta de Químicos del Ejército en Talagante. La operación, sin embargo, había comenzado en abril de 1991, con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos desempeñaban diferentes roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de inteligencia militar de Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile. 

Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa Oriental, la Justicia chilena nombró juez del caso, a Hernán Correa de la Cerda. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al General ECH Florencio Tejos, entonces Jefe de Material de Guerra del ECH. Ese sólo hecho puso en alerta a la inteligencia militar, y Huber fue apartado con una licencia médica ‘por estrés’. Se refugió en el Cajón del Maipo, paradisíaca reserva verde a 35 minutos de Santiago, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes, quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando del ECH de la época. Ese mismo día, desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero de 1992, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile, sospechando su trágico final. 

Una pesquisa en el año 2000, del periodista Juan Gasparini, del diario Clarín de Buenos Aires, señala que Edgardo Bathich Villarroel (vinculado a Marco Antonio Pinochet Hiriart) se habría asociado con Carlos Cardoen, un fabricante de armas chileno que en diciembre de 1991, apareció también envuelto en este escándalo internacional cuando se descubrió en Budapest el cargamento de 11 toneladas de armas y municiones chilenas que estaban destinadas a Croacia en plena guerra de los Balcanes. “Gracias al apoyo del ECH, Cardoen fabricaba armas para las FF.AA. de Chile y bombas de aviación para Saddam Hussein, en guerra con Irán. Cerrando el círculo, Cardoen estaba estrechamente “relacionado con Augusto Pinochet- hijo y con el esfuerzo de la dictadura chilena por levantar una industria nacional de armas”, indicó el Clarín. 

Los ‘fantasmas del pasado’ siguen vigentes en el presente 

Con el transcurrir de los años, las valientes revelaciones de periodistas de investigación, jueces y policías antinarcóticos, están permitiendo que varias evidencias y sucesos aparentemente inconexos, se vayan uniendo. Paulatinamente, la espantosa verdad se abre paso ante el mundo, sobre los nexos entre la inteligencia y militares de Chile, con el crimen organizado, mafias internacionales del narcotráfico y contrabando de armas; además de las ya conocidas violaciones sistemáticas de los DD.HH. Sin embargo, a quienes piensen que ésta es una historia del pasado, los tendré que alertar: hechos verificables y puntuales, muestran los vínculos de integrantes -al más alto nivel- de la actual inteligencia militar chilena, con acciones de su pasado más oscuro y criminal: El General de División ECH, Ricardo Ortega Prado, quien se desempeñó desde ¡el año 2003 hasta octubre de 2008! como jefe de la DINE, teniendo 15 años en tareas de inteligencia militar, era quinto en antigüedad del escalón de mando en la línea de sucesión para la Comandancia General del Ejército, y sólo fue reemplazado en octubre de 2008, en la DINE, por el General de División ECH, Andrés Avendaño Rojas. 

Tras laborar con ahínco desde su oficina de la DINE, en el séptimo piso del edificio en Paseo Bulnes de Santiago de Chile, donde se opera día y noche con iluminación artificial y persianas permanentemente cerradas, junto a un vidrio doble, con minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas, para obstruir cualquier equipo de interceptación auditiva; Ortega Prado, pasó al retiro a fines del año pasado, incluso después de haberse desempeñado el 2000, como Agregado Militar en la Embajada de Chile en Lima. Pero ahora, afrontará juicios por violación de los DD.HH. y otros delitos durante el gobierno de Pinochet; donde éste reciente ex jefe de la DINE, aparece vinculado ¡Oh casualidad! A los procesos por el asesinato en 1992, del ex agente de la DINE e integrante de la Dirección de Logística del ECH, Coronel Gerardo Huber, quien decidió colaborar con la justicia chilena, en la investigación sobre el tráfico de armas a Croacia y además fue el último ‘coordinador’ del ‘Proyecto Andrea’, de armas químicas y biológicas en la DINA. Finalmente, el ex jefe DINE, Ricardo Ortega, está presuntamente implicado en el asesinato y desaparición en el mar, durante 1987, de cinco cuadros del grupo subversivo, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 


http://www.avizora.com/atajo/colaboradores/textos_jorge_serrano_torres/0012_servicios_secretos_militares_chilenos.htm