La modificación de la actual Ley de Pesca ha visto de jornadas maratónicas en el Congreso Nacional y múltiples discusiones para aclarar el nuevo panorama pesquero a nivel a país.
La denominada "Ley Longueira" reviste complejidades propias que se suman a la diversidad de actores involucrados y a las características del recurso natural en juego.
Este martes 27 de noviembre se reactiva el debate legislativo y en 24Horas.cl les presentamos los puntos más importantes en discusión.
Existe un acuerdo en dar prioridad al establecimiento de la conservación, la ciencia y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos en el proyecto. Así como también en mejorar la regulación de la pesca artesanal en escala mayor.
Pero existen problemas en determinar las zonas de pesca, las licitaciones de cuotas de captura, las licencias transables, los derechos históricos y las divisiones de los sectores.
- En las zonas de pesca, los pescadores artesanales buscan ampliar su zona en 5 millas y eliminar la pesca de arrastre y de cerco. Existe un conflicto con los barcos industriales en el proyecto, ya que comparten zonas con los artesanales y eso es lo que no quieren estos últimos. Buscan que se les de prioridad a las pequeñas embarcaciones.
- Uno de los puntos críticos radica en las licencias transables de pesca. El proyecto original establecía que eran transables, divisibles e indefinidas. Tras una serie de discusiones, se acordó un plazo para ellas de 20 años con posibilidad de renovación pero luego hubo disparidad de posturas que plantearon un plazo menor a 20 años y que las licencias no fueran renovables. Además se pidió un aumento en las condiciones de renovación para hacerlas más estrictas.
- En cuanto a las licitaciones de cuotas de pesca de captura, se propone la realización de ellas a todo evento – algo que el proyecto original había eliminado – por hasta un 15% de la cuota industrial independiente de los niveles de recuperación y sustentabilidad.
- Respecto a la división del sector, los pescadores artesanales solicitan que no sea parcelado por el tamaño de las embarcaciones. Esto porque el proyecto indica que al ser lanchones de más de 12 metros, tengan que pagar patente, usen un posicionador satelital y que sean auditores externos los que entreguen dicha certificación.
Ahí existe un conflicto por la variedad de embarcaciones que existen y el riesgo en el traspaso de cargas en zonas marítimas indeterminadas. En la práctica, el control satelital se hace muy difícil de aplicar y el riesgo de "perder" lo recolectado para no ser sancionado se incrementa. Además, se alega que en las licitaciones de cuotas de captura no podrán competir con las pesquerías, ya que el que pague más tendrá las cuotas dejando fuera al resto limitando la competencia.
- Los derechos históricos de los actuales operadores pesqueros es uno de los puntos en debate. Algunos actores hablan del peligro de perder o debilitar la posición jurídica de la industria pesquera nacional. Se hace una distinción en el proyecto con el sector artesanal, donde se les reconocen las licencias indefinidas y heredables por ser un sector que extrae el 60% de los recursos de la pesca.
La propuesta del Gobierno es licitar según el Rendimiento Máximo Sostenible de la pesquería, algo que ha causado ruido en la industria, ya que -según ellos- coarta el potencial de los derechos que actualmente tienen.
La situación se hace aún más complicada si se analiza la composición de las zonas y las demandas por cada región. Al ser zonas distintas y con un recurso natural que se mueve, determinar límites estrictos es una tarea casi imposible.
Con el tiempo en contra –31 de diciembre- los parlamentarios deberán decidir y llegar a acuerdos, ya que en caso de no prosperar, deja abierta la temida "carrera olímpica" en ausencia de la actual legislación.
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