//Foto Prensa OPAL.
Esta mañana, cuando fue a votar al Liceo Carvajal de Providencia, el ministro del Interior fue recibido por uno de los vocales de mesa que vestía una polera con la leyenda #NOALALEYHINZPETER. Su nombre es Nicolás Facuse, secretario ejecutivo de Asesoría Ciudadana -proyecto vinculado al centro de estudios Instituto Igualdad-, quienes han impulsado la campaña que estampó en su pecho Nicolás.
Acá los dejamos con la entrevista que realizamos a este egresado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, en donde profundiza en los argumentos contra la ley impulsada por Hinzpeter, que se encuentra en tramitación en el parlamento.
Ustedes han impulsado esta campaña y además han reunido firmas en su contra. ¿Cuál es el objetivo y cómo les ha ido?
La campaña tiene dos objetivos: Por un lado, informar sobre lo problemático que pudiera resultar la aprobación de un proyecto de este tipo, sobre todo desde la perspectiva de los Derechos Humanos y, por otro, establecer un espacio donde la gente pueda manifestar su rechazo a la misma. Hemos tenido una buena acogida desde los dirigentes sociales y políticos, varios de ellos se han sumado a la campaña y, en este momento, estamos superando las 6 mil firmas. Esperamos juntar más aún y luego las entregaremos a los parlamentarios en una fecha cercana a la votación en la sala.
En el proyecto se hace hincapié en el rol del Estado como garante del bien común y la paz social, cuando la derecha poco se acuerda de él a la hora de privatizar nuestros recursos naturales o hablar de educación, por ejemplo. ¿Qué lectura haces de ello?
Nicolás Facuse
Esta administración posee una estricta concepción de orden público al considerar, tal como lo señala el mensaje de la Ley Hinzpeter, que este es en términos materiales un estado opuesto al desorden y lo integran 3 elementos fundamentales: La tranquilidad, la moralidad y la salubridad pública. Esta idea de orden público tiene como consecuencia que cualquier tipo de manifestación se considere un desorden que atenta contra la “tranquilidad” y, por tanto, intentará limitarlas. En este sentido, existe un activo rol en materia de buscar una mal entendida seguridad pública, proactividad que, por supuesto, sería deseable para otro tipo de materias.
La Ley Hinzpeter establece responsabilidades penales para quienes “participen o hayan incitado (…) desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia”, y se menciona la paralización o interrupción de servicios como hospitales, la ocupación de establecimientos educacionales, la interrupción de calles, entre varios otros. ¿En qué se traduciría esto en la práctica y cuáles serían las consecuencias?
El mayor problema de la disposición propuesta es que las “tomas” o “cortes de rutas” son expresiones típicas y propias de una manifestación social. Mientras un poderoso puede comprarse un canal de televisión, pagar un inserto en diario o contratar a lobistas en el Congreso, los sectores más marginados de la sociedad, muchas veces, solo pueden expresar sus demandas, necesidades e inquietudes a través de la irrupción en los espacios públicos. Sobre las consecuencias, estas serían penas de cárcel de entre 61 días a 3 años; eso luego de las modificaciones al proyecto realizadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
“Esta ley criminaliza la protesta social”
El proyecto original facultaba a Carabineros y la PDI para solicitar la entrega “voluntaria” de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos sin orden previa del fiscal. Entiendo que ello se eliminó en la Comisión; era un abuso gravísimo…
Sí, claro, era uno de los puntos más complejos del proyecto originalmente presentado. Esto porque, además de ser claramente atentatorio a la libertad de expresión, resulta que las grabaciones o fotografías es uno de los principales mecanismos de prueba para la denuncia de abusos policiales. Cabe destacar que dicha norma fue retirada del proyecto no por la voluntad del gobierno, sino que por los incesantes reclamos realizados por las diferentes organizaciones que agrupan a los periodistas.
Foto Rens Veninga
Creo que este proyecto surgió de una administración que se vio sobrepasada por las masivas manifestaciones del año pasado y reaccionó de acuerdo a su histórica posición política en esta matera: Haciendo prevalecer el orden público y limitando las libertades civiles por sobre una adecuada comprensión de las problemáticas sociales. En este sentido y más allá de la intención que pueda o no haber tenido el ministro del Interior, en la práctica esta ley criminaliza la protesta social y establece penas privativas de libertad para actuaciones que son propias de una manifestación pública.
¿Crees que hay conocimiento suficiente en la ciudadanía sobre las consecuencias que traería la aprobación de esta ley?
Afortunadamente ha existido una gran difusión al proyecto y sus consecuencias, por parte de diversas organizaciones y dirigentes. Mucho más, incluso, que otras iniciativas legales que se encuentran en el Congreso y que también debieran ser de gran interés público. Esto ha tenido una consecuencia clara: El gobierno todavía no ha podido acelerar su votación en la Sala porque no tiene los votos para su aprobación. Es sumamente importante tener una ciudadanía activa y atenta, ya que es la mejor fiscalización de lo que pudiera ocurrir en el Congreso.
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