Pese a que el ministro Laurence Golborne había manifestado su intención de lidiar en la entrampada crisis que se vive en Aysén, el Comité Político de ministros, con los representantes de los partidos de la Alianza, RN y UDI, en La Moneda, descartó de plano enviar a alguna autoridad, en este caso al titular de Obras Públicas, quien goza de amplia popularidad y se proyecta como potencial presidenciable.
Fue a la salida de esta reunión que el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, expresó categórico un “no” rotundo, al argumentar que se analizó a fondo la situación que se produce en la Patagonia, y se decidió dar un férreo espaldarazo al Gobierno y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, contra quien pesa la amenaza desde la oposición de ser acusado constitucionalmente.
El diputado Alberto Cardemil puntualizó que está descartado el envío del ministro Golborne. “No. Como resultado de este comité político se decidió: respaldo al Gobierno, al ministro del Interior. Se están escuchando amenazadas de acusación constitucional. No vemos que eso tenga ninguna viabilidad, por supuesto que vamos a respaldar al ministro (Hinzpeter). La causal de acusación constitucional es jurídica, es cuando los ministros violan las leyes, vulneran las leyes, o dejan las leyes sin ejecución y éste no es el caso”, enfatizó el parlamentario.
Luego Cardemil también blindó la decisión de invocar la Ley de Seguridad del Estado, porque se está haciendo “como corresponde”, y precisó que ahora la situación está en manos de la justicia y también de la dirigencia del movimiento social, porque “están hechas las propuestas y ahora corresponde que den el paso los que están haciendo las demandas”.
Luego fue el portavoz de palacio, ministro Andrés Chadwick, quien fue claro en descartar el envío de cualquier autoridad a la zona, mientras no estén garantizadas las condiciones que exige La Moneda para un diálogo.
“Lo que hemos esperado siempre, que el orden público sea garantizado y debidamente respetado, no en términos de asambleas, no en términos de gente en las calles, no en términos de presión”, puntualizó resaltando que el Ejecutivo no aceptará presiones de ningún tipo.
Al insistírsele al ministro Chadwick si se enviará al titular de Obras Públicas, Laurence Golborne, la respuesta negativa fue clara y categórica, al advertir que ello lo determinará el Gobierno.
“No está previsto por el momento que viaje ningún ministro, mientras no tengamos la certeza que están dadas las condiciones, para efecto de desarrollar un diálogo que realmente pueda llegar a resultados. No es que se trate del ministro Golborne o el ministro cualquiera. No está previsto por ahora y cuando estén las condiciones pueden viajar distintas autoridades, pero eso lo decide el Gobierno, cuando vea que estén claras las condiciones para avanzar”, enfatizó tajante, tras desestimar nuevas acciones contra los manifestantes a nivel judicial, pese al bloqueo que existe, de a lo menos cuatro caminos.
Reanudación del diálogo
Por otro lado, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó que el Ejecutivo implementará las medidas propuestas a los dirigentes del Movimiento Social de Aysén y que cuando se den las condiciones de orden público y seguridad, no habrá inconveniente para que viajen a la zona autoridades para reanudar el diálogo.
“El Gobierno va a implementar a la brevedad posible las distintas medidas y planteamientos que nosotros llevábamos a Aysén para efecto de que el impedimento del diálogo no sea obstáculo a que la gente de Aysén pueda recibir ya y lo más pronto posible todos los beneficios que hemos contemplado”, explicó Chadwick.
El titular de la Segegob agregó que “si existen condiciones de orden público y de diálogo que puedan ser eficaces obviamente que el Gobierno está dispuesto a ello y cuando ello se dé, sin duda alguna que no habrá ningún inconveniente que puedan ir a Aysén distintos tipos de autoridades para poder avanzar”.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado indicó que “el Gobierno va a seguir protegiendo y resguardando el orden público para efectos ahora que sean los tribunales de justicia los que evalúen las responsabilidades que puedan existir respecto a las alteraciones del orden público”.
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