Durante el inicio de una nueva semana de movilizaciones en la Región de Aysén se ha incrementado la tensión en la zona, esto luego de que se constatara el aumento de la dotación de carabineros, lo que ha endurecido los bloqueos de las rutas e iniciado un proceso de recolección de firmas para pedir la destitución de la intendenta Pilar Cuevas, a lo que se suma el inicio del trámite para la formalización de 22 personas por la ley de seguridad del estado.
Los vecinos organizados iniciaron un proceso de recolección de firmas para solicitar la renuncia de la Jefa Regional, lo que ha captado gran atención de los ciudadanos recabando cerca de 800 de ellas durante el primer día.
Además la situación de tensión se ha incrementado luego de que confirmaran el aumento en un 50% de la dotación de la policía uniformada, la que provendría de la escuela de Suboficiales, no formando parte de la rama de Fuerzas Especiales.
Ellos habrían llegado por vía aérea especialmente durante la noche, manteniéndose disponibles para entrar en acción, lo que se vería favorecido por el refuerzo de a lo menos 3 tanquetas dedicadas al transporte, que se encuentran apostadas en un recinto militar en la ruta que une Coyhaique con Puerto Aysén.
El Director General de Orden y Seguridad, Alfonso Muñoz, señaló que se han iniciado investigaciones respecto a denuncias de actuar abusivo de Carabineros, condenando acciones que se encontrarían distanciadas de lo normado por la institución.
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El Ministerio Público señaló que a partir de las primeras horas del lunes pudo tener acceso al recurso interpuesto por el Gobierno, haciendo uso de la ley de seguridad del Estado, tras lo que revisarán los antecedentes.
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Por su parte el Defensor Regional (s) Fernando Acuña Gutierrez señaló que solicitarán la incompetencia del tribunal para revisar a lo menos 4 formalizaciones, esto debido a que los hechos que se imputan a ellos habrían sido cometidos fuera de la jurisdicción de la corte.
Además señaló que los sometidos a investigación no habrían tenido comportamientos dentro de los márgenes de acción de la Ley de seguridad del Estado, en lo que se refiere a la alteración grave del orden público, por lo que debiera dejarse sin efecto.
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Finalmente el Defensor Nacional habría instruido la llegada de otro funcionario de su repartición, para colaborar con los locales durante este proceso.
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