La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Valech (y llamada por lo mismo «Comisión Valech») fue un organismo chileno creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Formalidades

Por decreto 1.040, de 26 de septiembre de 2003, el Presidente Ricardo Lagos dispuso la creación de esta Comisión, que tendría la calidad de órgano asesor del Presidente de la República. El objeto era evidentemente suplir las carencias de la Comisión Rettig, que sólo pudo pronunciarse sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado durante Gobierno Militar. Las torturas y prisiones no habían sido contempladas con anterioridad. Mediante este acto, Lagos reivindicaba la dignidad de estas otras víctimas de la dictadura.

Miembros de la comisión

Fueron miembros de la Comisión:

• Sergio Valech, su Presidente (obispo católico, ex Vicario de la Vicaría de la Solidaridad);
• María Sepúlveda Edwards, su Vicepresidenta Ejecutiva (asistente social, ex funcionaria de la Vicaría de la Solidaridad);
• Miguel Amunátegui (abogado);
• Luciano Fouillioux (abogado);
• José Antonio Gómez Urrutia (abogado, ex ministro de justicia);
• Elizabeth Lira Kornfeld (psicóloga);
• Lucas Sierra Iribarren (abogado);
• Álvaro Varela Walker (abogado, ex funcionario del Comite Pro Paz).

Obra de la Comisión

Más de un año después de su creación, el Presidente Lagos dio a conocer al país el informe elaborado por la Comisión el 28 de noviembre de 2004, en un sentido discurso, profundamente afectado por los horrores de que el informe da cuenta. El informe fue elaborado en base al testimonio de más de 35 mil chilenos detenidos y sometidos a apremios ilegítimos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La nómina de víctimas establecida por la Comisión ha servido de base a los beneficios (pensiones de reparaciones, entre otros) dispuestos por la Ley Nº 19.992, de 24 de diciembre de 2004 y hasta el 11 de marzo de 2010 se encontraba publicada en el informe impreso y en internet [1]. El gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, eliminó dicho informe del sitio oficial del Ministerio del Interior , provocando el reclamo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos [2]. Producto de este reclamo, el informe fue repuesto en línea por el gobierno una semana después ([3]). Los testimonios completos de las víctimas contenidas en el informe serán desclasificados después de 50 años de su publicación.