Fue
una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de
Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos
estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo
San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los
policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que
también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el
agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus
familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se
mantuvo hasta agosto del año pasado.
“Como era arena
no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5
de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A
algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de
pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien
cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova,
porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le
dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él
con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos
estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden,
procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al
teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por
la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos,
los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al
foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma
arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la
Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había
traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los
que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio
la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.
El
cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero
que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la
madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que
durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de
Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en
un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos
clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San
Juan.
La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en
1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra
los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la
Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo
entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la
Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento
de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por
los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí.
Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la
versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que
les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
(CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una
“patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la
pista.
Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los
cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel.
Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera,
cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un
agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros
mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza
Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.
Sin
saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había
ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus
familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de
1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la
Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue
sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el
sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.
27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el
Programa de Continuación Ley 19.123,
del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de
Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los
antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó
sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados
y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se
reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.
CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la
confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011
ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a
surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores
que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de
septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la
ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para
su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC
de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge
Alessandri y cuyo
principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.
El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en
noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el
teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto:
“Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.
15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO
El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a
la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era
lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada
anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y
grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían
ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían
programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó
la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.
-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a
usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado,
cuando lo vio llegar.
Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba
en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además,
si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había
llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que
militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al
Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel
escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del
Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y
Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago
Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía
retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni
siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo
buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja
le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.
Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través
de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos
negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete
carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo
apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó
tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la
dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos
amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su
reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para
las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.
Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el
carabinero Sergio Castillo Basaul,
del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal
ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los
Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si
Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser
detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.
Juan
Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del
sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a
buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar
once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde
Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al
empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC),
Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que
estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también
estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo,
Óscar Sanhueza (23).
Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba
otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba
en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual
que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros.
De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los
amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo
con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas
cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el
teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.
11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES
Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández
Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar
ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en
Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y
cuando el día siguiente
rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:
“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la
noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a
mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial,
quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la
autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes,
llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el
suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.
“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura
de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno,
subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después
de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los
Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha
gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza,
me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como
la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y
actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de
inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.
Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC
formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía
expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por
Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún
tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300
funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández,
Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse
en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el
superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.
Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y
apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el
policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los
subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos
ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del
Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un
mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó
voluntariamente a la
reconstitución de escena
que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado.
Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus
compañeros de trabajo aún formados en la fila:
“¡Véanlo por última vez!”, les gritó.
Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y
tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se
le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días
siguientes no tuvieron.
13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS
Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el
sargento Pedro Rodríguez Ceballos,
fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía
de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo
unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín,
donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a
punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos
de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo
subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se
movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de
septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.
En
cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de
Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con
Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con
el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su
detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre
que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya
había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones
parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del
MIR en Laja. El joven quedó detenido.
El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado,
cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de
la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30.
Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus
compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron
no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente
del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.
Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie
afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la
patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de
trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de
sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de
trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y
Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el
comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso
Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que
lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15
de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros.
Nunca regresó.
El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep
de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se
sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo
de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro,
Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.
16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA
Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como
esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo
de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como
“dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”,
había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a
los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el
director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se
presentó en la Tenencia de forma voluntaria.
Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos
los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del
recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo
detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado,
pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a
verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le
habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron
los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras
de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a
uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en
la pica.
El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del
grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro
Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos,
director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de
ahí fue directo al calabozo.
Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron.
En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno
recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la
noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote
Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se
presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus
problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros
de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos,
que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias,
el teniente Fernández Michell recibió una orden.
“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari,
el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto
conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle.
Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera
enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y
estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me
dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos
detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la
orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme
a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.
18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE
Los
hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas
llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas,
vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre.
Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia.
También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya
estaba en curso.
“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de
queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos
ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los
integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell,
hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a
nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos
a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las
manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos,
los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que
custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las
manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana
iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.
Hasta que el
cabo Samuel Vidal declarara en junio de
2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después
de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la
matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado,
que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la
caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el
camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la
derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un
bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y
juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó
el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada,
sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo,
ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los
cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de
donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.
Según
un reportaje que publicó Contacto
cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile,
Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena
conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET)
de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens,
en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y
haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19
obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan.
Una noche que el
sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:
“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de
la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos
detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche
estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los
vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova,
recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido.
El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los
detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una
carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los
detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía
algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.
18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE
Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a
los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un
momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se
bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de
partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno
hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.
A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el
desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su
hermano Raúl. Esperaba
encontrarse con todos los detenidos y sus familiares,
sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba
vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda
Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían
permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana
esperaba encontrarse con su marido.
Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de
los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que
los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.
Los
familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de
Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de
IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el
Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no
aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la
desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares.
Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo
distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas.
Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se
habían esfumado.
Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al
obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el
ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los
días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo
habían encontrado.
“Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”,
le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo
convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día
quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en
el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente
por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el
Fundo San Juan.
EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973
pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El
sargento 1º (r) Gabriel González,
por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19
desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo
de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles
por la espalda. Y
el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró:
“En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC,
por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados
de dicha empresa”.
Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le
permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011
una orden de detención
para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y
en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan.
Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana
realizó con todos los detenidos
la reconstitución de escena
de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores.
Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas:
luego de cuatro días, el ministro
procesó a nueve de los carabineros por homicidio
y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en
la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes,
hoy todos están libres.
La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:
1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de
Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el
responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él
ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San
Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta
de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los
demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el
oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una
fianza de $300.000.
2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de
Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que
jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza
de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la
ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens.
Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular
producto de la diabetes.
3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de
Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel
protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo
después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió
el 22 de diciembre de 2012 el el Hospital Depreca por un cáncer gástrico
mestátasico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.
4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º
(r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber
participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la
oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación:
“Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.
5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de
Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que
pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió
su versión:
“Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.
6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de
Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que
no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena,
reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el
jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo,
pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y
luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.
7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer
lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se
juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo
procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de
pagar una fianza de $300.000.
8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r)
de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de
septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es
uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la
fianza, salió en libertad provisional.
9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r)
de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que
sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con
libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.
10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento
1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar,
aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares.
Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy
está libre.
11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de
Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su
testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en
Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras
pagar la fianza de $300.000.
12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30
años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del
11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC.
Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo
ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados
por homicidio y hoy goza de libertad provisional.
13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de
Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de
detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación.
También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la
fianza.
14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros.
Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro
Aldana lo sobreseyó de la investigación.
15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete:
Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el
tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después
volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres
carabineros sobreseídos.
16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.
17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de
Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo
al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en
esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de
2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis
de laennec, la que produce el alcoholismo.
