por Jorge Magasich (Chile)
Introducción del libro:“Las fuerzas armadas derrocaron al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973”.
Esta frase que ha sido escrita a menudo, entre otros por el autor de este trabajo, contiene sin embargo una afirmación inexacta.
¿El golpe de Estado fue obra de todas las fuerzas armadas?Dos de los cuatro comandantes en jefe firmantes del pronunciamiento que insta al Presidente a entregar la autoridad legal a los generales alzados, no eran titulares legítimos del cargo. El jefe de la Aviación Gustavo Leigh y el del Ejército Augusto Pinochet habían llegado regularmente a su puesto, pero los firmantes por la Marina y por Carabineros, Toribio Merino y César Mendoza, venían de apoderarse del mando de sus respectivas instituciones a través de un cuartelazo interno que derrocó a los jefes legítimos; el almirante Raúl Montero y el general José María Sepúlveda, ambos claramente opuestos al Golpe.
Este conflicto entre militares golpistas y legalistas no es excepcional. Varios altos oficiales manifestaron su disidencia, antes, durante o poco tiempo después de aquel 11 de septiembre.
La simple enumeración de los altos oficiales que expresaron su apego a la Constitución, arriesgando bastante más que su carrera, revela la existencia de una corriente significativa de militares que mantuvieron una postura legalista, negándose a participar en el golpe de Estado.
Los militares disidentes: una tendencia significativaEn el Ejército, el Golpe fue precedido de, al menos, dos acciones de desestabilización psicológica del comandante en jefe, general Carlos Prats, abiertamente antigolpista: primero un grupo de derechista le hace una encerrona donde casi será linchado (cap. 4) y días después mujeres de oficiales golpistas manifiestan frente a su domicilio mientras los otros generales comprometidos con el golpe le niegan apoyo. Él y otros dos generales legalistas, Guillermo Pickering, comandante de las escuelas militares y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), renuncian a sus puestos 19 días antes del Golpe, lo que permite el ascenso del general Pinochet y de otros golpistas.
El día del putsch renuncian el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia y el mayor Osvaldo Zavala, edecán de Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar [1]. Al día siguiente es detenido el coronel Renato Cantuarias, comandante de la Escuela de alta montaña; morirá en circunstancias sospechosas [2]. Los meses que siguen son excluidos varios oficiales que se niegan a ejecutar prisioneros. Es el caso del general Joaquín Lagos, comandante de la primera división y del mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado asesinado después de que puso en libertad a 54 prisioneros uruguayos.
En 2001, 28 años más tarde, varios oficiales iniciaron acciones jurídicas contra los golpistas, por secuestro, asociación ilícita y torturas. Los autores de las querellas son, entre otros, los coroneles Efraín Jaña comandante del regimiento de montaña, y Fernando Reveco comandante del regimiento de Calama torturado y detenido durante 15 meses; el capitán Vergara, detenido el día del Golpe en el regimiento Rancagua de la ciudad de Arica, incomunicado durante tres meses; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo Cristian Mires), Patricio Carmona y Manuel Fernández [3].
La Aviación acusó de traición a los miembros de su personal opuestos al Golpe en un consejo de guerra celebrado con gran despliegue publicitario, descrito notablemente por Fernando Villagrán en su libro Disparen a la bandada. Hay dos generales (Alberto Bachelet y Sergio Poblete); dos coroneles (Carlos Ominami y Rolando Miranda); cuatro comandantes (Ernesto Galaz, Alamiro Castillo, Otto Becerra, y Alvaro Yáñez); siete capitanes (Jorge Silva, Raúl Vergara, Carlos Camacho, Jaime Donoso, Daniel Aycimena, Eladio Cisternas y Julio Cerda). Todos fueron torturados y condenados, salvo los que murieron en prisión como el general Alberto Bachelet [4].
El caso de Carabineros es aún más sorprendente. En vísperas del Golpe sus organizadores se inquietan de la posición que tomará esta fuerza de 25.000 hombres. Alguien vinculado a la revista Qué Pasa, estudia prolijamente los currículos y las ideas políticas de cada uno de los 16 miembros del Estado Mayor, indicando si son “institucionales”, si son masones, o si son buenos oficiales y publica algo de este estudio en el último ejemplar del semanario antes del 11 de septiembre. El revelador artículo, sin firma, manifiesta las angustias de los organizadores del pustch:
“Es un hecho que en el último tiempo todo lo relativo a las distintas ramas de la defensa nacional toma una especial resonancia y cada uno cree saber ‘la firme’ sobre ellas. Pero Carabineros –considerado por muchos la cuarta Fuerza Armada– constituye hasta cierto punto un enigma [5]”.
Efectivamente, no les fue fácil ganarlos para el golpe. El director general José María Sepúlveda decide compartir la suerte del Presidente en el palacio asediado y partirá porque este se lo pide. El subdirector, Jorge Urrutia, acompañado por los generales Ruben Álvarez y Orestes Salinas, intenta en vano imponer la lealtad al gobierno [6]. Poco antes los golpistas habían contactado a los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz para proponerles la dirección de la institución si adhieren al golpe. Se niegan [7]. Finalmente los golpistas deben descender hasta el sexto grado en la jerarquía para encontrar un oscuro general que adhiere a la conjura.
Además, varios funcionarios de la policía civil van a resistir en el palacio, al lado del Presidente.
Entre los oficiales navales hubo también excepciones de importancia: como veremos, el jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, resueltamente opuesto al putsch, fue secuestrado en su domicilio. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery y el capitán René Durandot [8], fueron excluidos, igual que el teniente Horacio Larraín *. El capitán Gerardo Hiriart, quien se encontraba en el extranjero, envía su demisión. Sin olvidar al capitán Arturo Araya, edecán del Presidente, asesinado por un comando de extrema derecha el 27 de julio de 1973.
Hubo también otros, como el comandante Carlos Fanta, que siguieron a los golpistas pero se opusieron a la instauración de una dictadura. Su hijo Jorge recuerda su violenta expulsión:
“El comandante Carlos Fanta Núñez fue llamado a retiro el 29 de octubre de 1973, cuarenta y ocho días después del golpe militar, siendo su hogar vigilado y su correspondencia violada. No se incorporó al cuerpo de almirantes y oficiales en retiro y se negó por dos décadas a concurrir al buque escuela Esmeralda, respecto del cual fue testigo de su utilización como centro de detención y torturas, todo lo cual declaró en su oportunidad ante la comisión Rettig [9]”.
El embajador de Estados Unidos en Chile en 1973, Nathaniel Davis, afirma que supo de 50 oficiales leales que fueron arrestados y mantenidos incomunicados el lunes 10 y las primeras horas del martes 11. Entre ellos había varios oficiales de Marina, pero la operación se realizó con tal eficacia que el gobierno no se enteró [10].
Todos estos oficiales son algunos de los más decididos –y valientes– de la tendencia constitucionalista. Hay sin duda otros que soportaron en silencio, seguramente paralizados por el miedo, intentando evitar misiones inhumanas y ayudando a las víctimas, cuando les era posible.
La existencia irrefutable de un número significativo de militares que se negaron a participar en el golpe de Estado permite afirmar que éste no fue perpetrado por las fuerzas armadas, sino por una fracción de ellas. La historia poco conocida y a menuda ocultada de los legalistas desmiente indiscutiblemente el mito del alzamiento unánime, uno de los dogmas oficiales durante la dictadura.
Golpistas y legalistas: dos tendencias entre la oficialidad¿Cuál era la repartición de opiniones políticas entre los oficiales? Por supuesto que no existen sondeos acreditados sobre estas materias. Sin embargo, varios observadores competentes intentaron hacerse una idea.
El sociólogo francés Alain Joxe, autor de un estudio sobre las fuerzas armadas chilenas en 1970, constata que no hay informaciones objetivas pero, –dice– “puede suponerse que los militares se reparten entre las diversas familias políticas, de manera parecida al conjunto de los asalariados medios o superiores, de la cual son parte [11]”.
El 30 de diciembre de 1969, el general Prats redacta una síntesis de lo discutido en el Estado Mayor titulada “Análisis del momento político nacional, desde el punto de vista militar” y la envía a los tres comandantes en Jefe y al ministro de Defensa. Con bastante precisión, pronostica el resultado de la elección que ha de efectuarse en nueve meses, dándole el primer lugar a Allende con 38% (obtendrá 36,4%), e informa que un 80% del personal de las fuerzas armadas es de tendencia “centro-izquierdizante, no proclive al marxismo”. El 20% restante se divide en dos: un sector derechista compuesto por altos oficiales y suboficialidad; otro “infiltrado por la propaganda marxista” compuesto por oficialidad y suboficialidad baja [12].
Otra estimación es efectuada en 1973, por Arnoldo Camú, miembro de la Comisión Política del PS y encargado militar (muerto durante su arresto en septiembre 1973), quien informa a los guardias de Allende que las fuerzas armadas están atravesadas por dos tendencias: una dispuesta a defender la Constitución y otra, golpista, inspirada en el golpe de Estado brasileño de 1964; muy fuerte pero aún incapaz de romper el mando. Y añade que no existe una corriente de izquierda como tal dentro de las fuerzas armadas [13].
Esas apreciaciones son confirmadas por el coronel Fernando Reveco, tres lustros más tarde: en 1973 –dice– entre 25% a 30% de los oficiales están con el gobierno de Allende por respeto a la Constitución, sin ser ni socialistas ni marxistas. Sólo 10% a 15% están abiertamente en favor de la ruptura. Los otros no expresan opiniones políticas e intentan pasar desapercibidos para finalmente sumarse al que resulte vencedor [14]. Aunque es prudente relativizar esta estimación que proviene de un soldado que sufrió prisión y torturas, ella confirma que, pese al perfil elitista y aristocratizante del cuerpo de oficiales, una parte significativa expresa su apego a las instituciones democráticas.
El comportamiento de legalistas y golpistas fue diferente. Los primeros tenían sólo rudimentos de una organización, en el mejor de los casos, no formularon un plan, ni siquiera un esbozo de plan, para oponerse al golpe. Simplemente se niegan a salir de la legalidad. En revancha, la fracción golpista estaba mucho mejor organizada y resuelta a actuar, con la poderosa ayuda de los servicios secretos de los Estados Unidos. Consigue finalmente aislar a los constitucionalistas y arrastrar la mayoría de las fuerzas armadas al Golpe.
Los suboficiales y tropas: mayoría allendista
Entre los suboficiales y sobretodo en el seno de la tropa, las tendencias constitucionalistas y de izquierda son bastante más claras. Prácticamente todos los marinos que hemos entrevistado estiman que la mayoría de los marineros y suboficiales es más o menos de izquierda y ciertamente allendista.
Existen algunos indicios. Aunque resulta difícil evaluar la cantidad de militares que se niegan a participar en el putsch, las listas –incompletas– de militares condenados, muertos o despedidos, permiten afirmar la existencia en la tropa de una fuerte corriente de militares opuestos al golpe de Estado.
En el proceso organizado contra los disidentes de la Fuerza Aérea, son condenados a penas diversas 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos fueron asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles [15]. La Marina condena a 88 marinos, y seis civiles [16] y –al menos– un oficial. En 1991, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, constata que entre 1973 y 1990, agentes del Estado provocaron la muerte de 17 soldados, 2 marinos, 6 aviadores 9 policías civiles y 3 guardianes de prisión. Un total de 37 [17].
Pedidos de reconocimiento de la exoneración política de miembros de las fuerzas armadas [18]
Pedidos Calificados
Investigaciones452189
Aviación486214
Ejército1.231239
Carabineros1.430350
Armada2.471327
Total6.0701.319
Las numerosas demandas de reparación constituyen también un indicio interesante. En 1993 el gobierno de Aylwin vota la ley 19.234 titulada “Programa de reconocimiento de la exoneración política”, que concede una pequeña pensión a las personas despedidas por razones políticas. En su primera versión, bajo la presión de las fuerzas armadas, la ley excluye de sus beneficios a los militares despedidos. Sin embargo en 1998 una nueva ley (19.582) extiende los beneficios a los funcionarios de la Justicia, parlamentarios y militares despedidos por motivos políticos. En 2003 la ley 19.881 otorgó un plazo adicional para introducir el pedido, hasta el 30 de junio de año 2004.
La proporción es esclarecedora. En 1973 el Ejército contaba con unos 24.000 hombres, la Marina más o menos lo mismo (personal de los astilleros navales incluido), la Aviación con unos 8.500 y los carabineros eran casi 25.000. Si se añaden los detectives y los gendarmes, podemos afirmar que había unos 80.000 hombres militarizados.
Un total de 1.319 militares han sido reconocidos definitivamente como excluidos a causa de su oposición al Golpe o por su negativa a participar en las exacciones, y 6.070 revindican esta situación, lo que representa respectivamente un 1,64% y un 7,52% del total.
Se trata a veces de soldados que cometieron intencionalmente alguna falta disciplinaria para ser excluidos, evitando así la suerte reservada a los que manifestaron abiertamente su desacuerdo. Este número impresionante representa sólo a los que llegaron a actuar; muchos otros, seguramente aterrorizados, callaron sus desacuerdos.
Todo esto confirma que las fuerzas armadas no actuaron como bloque en 1973. Un grupo significativo de oficiales y hombres de tropa se negaron a participar y una parte de ellos intenta organizarse para impedirlo, especialmente grupos de aviadores y marinos. Nuestro proyecto es rescatar la Historia de estos últimos.
Los “militares disidentes”La disidencia en las fuerzas armadas en 1973, se aplica a una gama de comportamientos que va desde los que se inclinaron ante el hecho consumado del putsch, pero se negaron a maltratar o ejecutar prisioneros, lo que provoca su despido –o cosas peores–, a los que, opuestos al golpe, se propusieron enfrentarlo con las armas. Los primeros generalmente actuaron en conformidad a valores humanistas, mientras que los segundos, añaden a éstos ideas de izquierda pues defienden principios y un gobierno legitimo con el que se identifican. El primer comportamiento se da sobre todo entre los oficiales disidentes, mientras que la reacción comprometida es mayoritaria entre los disidentes de la tropa.
En 1973 todos los opositores al golpe tienen la ley de su parte y el punto de encuentro entre todas las disidencias es la legalidad. Todos reivindican el Derecho. Por consiguiente, se puede designar a los militares disidentes como “legalistas” o “constitucionalistas”.
Los marinos antigolpistasEntre 1970 y 1973 varios centenares de marinos intentan oponerse al golpe de Estado que ven prepararse. Sargentos, cabos y marineros, organizan grupos antigolpistas en las cuatro secciones de la Marina: la escuadra, las escuelas de especialidades, la unidad de aviación naval y los astilleros. Establecen contactos con dirigentes políticos próximos al gobierno para informarlos de la conspiración en marcha y se organizan para enfrentarla. Son descubiertos por los servicios de inteligencia. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973; las siguientes a fines de julio y a partir del 5 de agosto se desata una verdadera razzia dentro de la Marina.
Los años trágicos que se aproximan se encuentran resumidos en este drama. Durante los 36 días transcurridos entre la detención de los marinos de la flota y el golpe de Estado, los mandos de la Armada, mayoritariamente golpistas, comienzan a imponer el régimen que preparan. Los marinos detenidos serán los primeros en ser aislados ilegalmente y brutalmente torturados en recintos de la Marina que escapan al estado de derecho.
El término “primera vez” puede aplicarse a menudo al caso de los marinos, que encarna el ocaso de la democracia y la emergencia de la dictadura. Por primera vez militantes de izquierda retiran de sus domicilios, con apresuramiento, toda documentación o libro revelador de sus idea políticas; por primera vez comandos de la Marina interrumpen ilegalmente transmisiones radiales; por primera vez destacamentos de soldados (no de carabineros) cercan un teatro y detienen a los participantes de una manifestación de solidaridad con los marinos detenidos, con una violencia entonces desconocida. Más grave, la fracción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales. Nunca antes se había negado a los abogados el derecho a entrevistarse con sus defendidos y no se respeta el plazo de cinco días para presentar a un detenido ante un juez. Pese a las denuncias, abrumadoras, los partidos de derecha descalifican las denuncias de “presuntas” torturas y la Armada las niega oficialmente. Durante los últimos días del gobierno de Allende nacen los primeros comités de defensa de los derechos humanos y también por primera vez reúnen antecedentes para enviarlos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y los primeros nombres de torturadores son denunciados públicamente.
En resumen, las leyes republicanas se extinguen primero en los cuarteles navales, luego en zonas enteras, mientras emerge la futura dictadura. La tropa es informada que los marinos detenidos planeaban asesinatos masivos y algunos jóvenes crédulos se ensañan con ellos.
Hacer entrar el movimiento de los marinos antigolpistas en la Historia es el primer objetivo de este trabajo. Pese a ser un episodio fundamental del período, es poco conocido y no ha sido objeto de investigaciones de largo aliento, tal vez a causa de su posible impacto sobre la actualidad.
En efecto, si la conjura de 1973 es obra de una fracción golpista, las fuerzas armadas actuales son sus herederos directos. La irrupción de los militares constitucionalistas en la Historia reciente puede plantear de manera punzante la cuestión de su lugar en la sociedad: ¿Por qué son los golpistas de 1973 y no los defensores de las instituciones democráticas los que inspiran a las fuerzas armadas modernas? La historia de los militares que dijeron “No” está comenzando a conocerse. Esta investigación busca revelar su acción, sus dudas, su comportamiento, motivaciones y organización, cuando la hubo.
Sus demandas de reintegración a las fuerzas armadas sobrepasan las cuestiones materiales como pensiones, acceso a hospitales, terrenos de vacaciones y otras ventajas de los uniformados.
El comportamiento de los militares antigolpistas plantea de forma quemante la relación entre legalidad y disciplina militar. Los golpistas reivindican la verticalidad del mando: el principio de la obediencia debida implica que un soldado debe obedecer siempre a su superior y que es irresponsable de sus actos. En cambio los legalistas postulan la preeminencia de la ley sobre las ordenes, y el derecho de los soldados a incumplirlas cuando las ordenes violan la ley o lo derechos humanos. Y todos son responsables de sus actos.
Hasta hoy, este problema jurídico no está resuelto: ¿Qué hacer en caso de conflicto entre la obediencia a la ley y la obediencia a su jefe? ¿Tiene derecho un subordinado a discernir sobre una orden y referirse a una autoridad superior a la de su jefe? ¿Qué sentido tiene, para la defensa nacional, una disciplina a menudo servil y humillante?
Los intentos por impedir que las fuerzas armadas rompieran con la ley en 1973, plantea también la cuestión esencial de la herencia política: ¿Los principios que motivaron la opción constitucionalista en 1973 deben sustituir la exaltación del golpe aún presente dentro de las fuerzas armadas? ¿Debe incluirse en ellas el principio de la preeminencia de la Ley sobre las ordenes de los superiores? Los libros de los militares constitucionalistas y sus principios democráticos ¿deben ser enseñados en las escuelas militares?
Editorial LOM Notas:[1] Ramos, 2001, 118-122.[2] Verdugo, 1998, 16-20.[3] Villegas, 2001.[4] Villagrán, 2002, 267-285.[5] Qué Pasa 125, 6-9-73.[6] Verdugo, 1998, 53.[7] González, 2000, 288.[8] Garcés, 1975, 126.* Horacio Larraín se exiló en Dinamarca y décadas más tarde retorna a Chile. Su hija Paula, nacida en 1970, es una conocida periodista presentadora de un telediario danés. [Las Ultimas Noticias 7-8-05][9] Testimonios [10] Davis, 1986, 200.[11] Joxe, 1970, 74.[12] Prats, 1985, 139-141.[13] Quiroga, 2001, 121.[14] Verdugo, 1989, 53.[15] Villagrán, 2002, 287-285.[16] Copea, 2001.[17] Fajardo, 2000, 245-251.[18] Tablero establecido según las informaciones transmitidas por Patricio Maragaño Angulo, analista del Programa de reconocimiento al exonerado político, el 6-8-07.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.