Sepa lo que Hay Detrás del Saqueo del Mar: Una Ley de Pesca con el Sello de Piñera

Escrito por Roberto Nieri

Chile tiene uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta, lo que se explica por la corriente de Humboldt y las corrientes de surgencia, dos procesos naturales que han permitido que desde hace 45.000 años los habitantes de estas costas se puedan alimentar y gozar de ricas y variadas especies de peces y mariscos. Sin embargo, sólo en los últimos 60 años, los océanos han sido diezmados por las depredadoras flotas industriales, que han llevado a algunas especies al borde de la extinción, haciendo desaparecer de nuestras costas peces antes tan abundantes como el jurel. Aunque la pesca industrial aparece en Chile en los años 50, fue durante los años 80 y 90 donde se produjo la mayor sobreexplotación de los recursos marinos. Sin regulación y con el control de empresarios inescrupulosos, especies como la sardina, la anchoveta y el jurel, fueron capturados por decenas de toneladas. Las nuevas técnicas importadas, como la pesca de cerco y la pesca de arrastre, y la ampliación de los barcos y la escasa fiscalización, permitieron a los empresarios desarrollar una “carrera olímpica”: había que sacar lo mayor cantidad que se pudiera en el menor tiempo posible, hasta que se agotaba la cuota. Particularmente perjudicial ha resultado la pesca de arrastre, modalidad donde los grandes buques utilizan redes con peso que barren el fondo y, al no ser una pesca selectiva, provocan un gran daño colateral, matando especies que luego se devuelven al mar en una maniobra que se denomina “descarte”, que son millones de pescados que son devueltos al mar, y de los cuales no se puede saber la cifra exacta, pues no hay fiscalización en alta mar. Pese a la gran riqueza de especies marinas que aún persiste en nuestros océanos, el consumo anual de pescado en Chile es solo de 7.2 kilos por persona, y gran parte se concentra en los estratos socioeconómicos altos. En España, sin embargo, el consumo de pescado es de más de 30 kilos per cápita, y corresponde a uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. Otros países de alto consumo de pescado son Japón y Perú. El bajo consumo de pescado tiene grandes repercusiones en la salud de la población, pues es fuente de aportes tan nutritivos como el Omega 3, un ácido esencial que nuestro cuerpo no produce. Por ejemplo, la sardina, la anchoveta y el jurel, son peces azules que se alimentan de algas y que contienen grandes cantidades de Omega 3. Sin embargo, por años, estas especies han sido destinadas a la fabricación de harina de pescado, para el alimento de la animales de criadero que representan un buen negocio para las empresas productoras. De esta forma, gallinas ponedoras de huevos, pollos, chanchos, vacunos y salmones son los grandes consumidores de Omega 3 en nuestro país. Resulta interesante considerar que una tonelada de salmón, pescado de alto valor consumido principalmente por la clase alta, requiere 7.2 toneladas de pescado, en promedio, y una tonelada de carne de pollo, cerdo o vacuno requiere de 4 toneladas de pescado, en promedio. Los pescadores artesanales han sacado la voz este último tiempo y han hecho lo imposible para que la ciudadanía le tome el peso a la nueva Ley de Pesca que se está discutiendo en el Congreso. Los pescadores y expertos aseguran que estamos exigiendo a los océanos más de lo que pueden dar, y la ley “Longueira” permite seguir en este ritmo de consumo desenfrenado, ya que el sistema neoliberal no repara en los miles de damnificados que va dejando atrás. La pesca industrial no respeta los ciclos de vida de los peces, que se capturan en edades juveniles, impidiendo su reproducción y dejando para el consumo humano un pescado de bajísima calidad. Así lo entiende Cosme Caracciolo, dirigente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp): “En los últimos diez años hemos perdido casi el 80% de biomasa en algunas pesquerías. La antigua ley ha tenido buenos resultados para las grandes familias, pero si esto continúa bajo la nueva ley no vamos a tener recurso pesqueros en el país y los pescadores artesanales vamos a quedar en la miseria”. El dirigente aclara que son los pescadores artesanales los que proveen de pescado las mesas de los chilenos, y por eso han hecho tanto escándalo en torno a la nueva ley de pesca: “Los que pescan para comer somos los artesanales, consideramos a los peces como especies que deben ser usados de buena manera; en cambio los industriales generan capital con la pesca para hacer harina de pescado, como alimentos para pollo, salmones, etcétera. Estamos hablando de soberanía alimentaria, entonces el estado tiene que ver quiénes cumplen esa función”. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Ley de Pesca? Para comprender cómo ha sido posible que nuestros mares, que antes anunciaban un “futuro esplendor”, hoy estén cerca de quedar desiertos, es preciso entender el vínculo que tienen las leyes de pesca que han regido nuestro país con la inserción en el mercado global capitalista. La primera legislación corresponde a la llamada “Ley Merino”, formulada entre los años 1985 y 1989, en plena dictadura, donde el almirante José Toribio Merino, junto a Pablo Longueira, establecieron las bases para la privatización de los recursos del mar. En sintonía con la privatización y el saqueo de nuestros recursos naturales, la ley se adaptó a los requerimientos internacionales. No es casualidad que la “Ley corta de pesca”, aprobada el año 2002 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, tenga tanta cercanía con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, acuerdo comercial firmado en 2003. En ese acuerdo existió un Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P), que responde a una política de la Comunidad Europea que se inicia en los años 70 y continúa con el Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura establecido el año 1992 y ratificado el 4 de junio de 1998, que significó una importante disminución de recursos pesqueros -como la desaparecida albacora o “pez espada”- en aguas comunitarias europeas, por lo que parte importante de esta flota navegó hacia otras latitudes más fértiles, como las costas de Perú y Chile. Es decir, la firma del TLC con Europa representó una excelente oportunidad de inversión y con ello del crecimiento del negocio pesquero para los capitalistas europeos, principalmente españoles. En el mismo sentido, la “Ley Longueira” responde a los requisitos impuestos para ingresar a la OCDE, a la que Chile se incorporó en 2007, donde se establece que el país miembro debe tener una economía de mercado y adherir a los principios de una economía abierta globalizada. En nuestro país, se crearon tres comités especiales que examinarían las políticas nacionales respecto de sectores específicos: la pesca, el acero y la agricultura, donde se plantearon sugerencias para que nuestra pesca se sometiera a los instrumentos del mercado a la brevedad, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica, como por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones industriales extranjeras que operan frente a las costas chilenas. No es de extrañar, entonces, que la nueva ley entregue tantas concesiones a los industriales y castigue a los artesanales. Por ejemplo, el ministro Longueira expresó en la discusión en el congreso que con esta nueva ley se terminaría con aquella práctica “tan nefasta” en que los pescadores artesanales desembarcan y venden sus productos en las playas, pues ahora solo lo podrán hacer en determinados puntos. Este tipo de medidas es lo que ha causado enorme preocupación entre los pescadores artesanales. Por ejemplo, el representante del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores, Armadores y Ramos Afines de la Pesca Artesanal (Sipamar), Luis Villablanca, ha dicho que “rechazamos y repudiamos la ley de pesca que el señor Longueira quiere imponer. Es un tema que lleva a la muerte a los pescadores artesanales”. Hay que considerar que la pesca extractiva da empleo a unas 128.000 personas, de las que alrededor de 86.000 son pescadores artesanales, de quienes a su vez dependen 5.000 empleos indirectos. A estos es a quienes afecta principalmente la nueva ley de pesca, que reemplazará a la que rige hasta este 31 de diciembre. Y si no fuera por sus continuas movilizaciones y su férrea oposición, la discusión en el congreso habría pasado sin mayor aviso. Por eso, en las últimas semanas han protagonizado protestas en todo el país, exigiendo que se incluyan las cerca de 500 indicaciones que hicieron al proyecto de ley. La semana pasada, una caravana con miles de pescadores artesanales de las caletas de la VIII Región, como Tumbes, Lo Rojas, Arauco, Talcahuano, Lota, Coronel, llegó hasta Santiago a entregar una carta al presidente Sebastián Piñera, en la que piden algunos puntos que debían considerarse en la ley de pesca, reclamando que la mayor parte de las indicaciones que ellos han presentado han sido rechazadas, como por ejemplo la “prohibición de la pesca de arrastre en zona de operación artesanal”, “rechazamos la certificación en manos de privados por considerar que es deber del estado, a través del Servicio Nacional de Pesca” o “que corran la lista de espera de los registros artesanales por parte del Servicio nacional de Pesca”. El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, Nelson Estrada, afirmó: “La ley Longueira es una gran mentira, un traje hecho a la medida para favorecer a siete familias de la industria pesquera, con la que se condenará a la pobreza a 85.000 familias chilenas que viven sólo de la pesca”. ¿Quiénes son los beneficiados por esta ley? Los siete grupos a los que los pescadores hacen referencia y que controlan el 92% de la pesca nacional son las familias Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food. El primer grupo económico está liderado por Roberto Angelini. Con un capital estimado en U$1.200 millones, es una de las cinco fortunas más ricas del país y la 1.015 del mundo según la revista Forbes. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Orizon (Fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp), junto a la familia Lecaros. Angelini no ha desmentido su interés en la aprobación de la ley que lo beneficia, señalando: “Tenemos la esperanza de que todo se resuelva satisfactoriamente, por el bien de la industria pesquera. Estamos confiados que la nueva ley nos permitirá seguir delante de la misma forma como lo hemos hecho por tantos años”. El segundo grupo pertenece a Sergio Lecaros Méndez, con su Sociedad Pesquera Coloso, quien además de participar en Corpesca y Orizon, tiene intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde-Cambaña) e inmobiliarias en Chile y Buenos Aires. Yaconi-Santa Cruz es un conglomerado creado en los ´70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la Pesquera Itata, de la Familia Sarquis, dando origen a Blumar S.A. en 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124.000 millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros. El holding Sarquis está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar S.A., lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Stengel es un grupo liderado por Jan Stengel. Con la Pesquera Bío Bío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Además de participar en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales Pesqueros (Asipes). El sexto grupo es el de Jorge Fernández Valdés, al frente de la Compañía Pesquera Camanchaca. Al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola. El último grupo es el de los hermanos Izquierdo Menéndez, quienes controlan Alimentos Marinos S.A. y San Antonio S.A. Roberto Izquierdo es parte de la directiva de Asipes. También tienen interés en Kidzania, Universidad de los Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras. Propiedad de los recursos marinos El proyecto del ministro Longueira no reconocía propiedad alguna del estado sobre los peces, por lo que avalaba la tesis de que estos son de quien se los pesca y que los industriales tenían derechos históricos, como queda estipulado en la “Ley de Límites Máximos de Captura por Armador”, que entró en vigencia en 2001, impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos, donde en vías de terminar con la “carrera olímpica” del sector se estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el congreso aprobó extender estas licencias por diez años. Esos “derechos históricos” representan la principal controversia de esta ley, ya que las siete familias de industriales pesqueros argumentan que se debe reconocer la inversión pionera de la industria pesquera desde hace 50 años, dándole seguridad legal para defender el empleo. Así consiguieron que en la nueva ley se les otorguen licencias transables de pesca, con una duración de 20 años, renovables automáticamente, de forma indefinida, es decir, con carácter perpetuo, “salvo que se compruebe que han cometido irregularidades”. Esas licencias son transferibles, divisibles y heredables. Se pueden vender o ceder al mejor postor y el producto de esa venta queda para quien las cedió. Si bien los pescadores artesanales han manifestado que las licencias deben entregarse como máximo por 10 años, y licitarse su acceso periódicamente, la ley sigue posibilitando concesiones especulativas en el negocio acuícola, lo que permite que grupos de empresarios especuladores pidan concesiones para luego venderlas, como se ha hecho hasta ahora. En el congreso, fruto de la presión ciudadana, se reconoció que existen derechos soberanos del estado sobre el mar chileno, a través de la inclusión de un artículo en que se señala que “el estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en Chile”. Esto es un avance que han conseguido los senadores a pesar del rechazo inicial del gobierno. Aún así, el gobierno no se ha comprometido a desechar de forma clara el alegato que hacen las grandes empresas pesqueras de tener ellas la propiedad de los recursos. Si se entregan las concesiones a los industriales por veinte años más, en caso de que se agoten las cuotas, habría que indemnizarlos y aquel proceso solo podría revertirse por medio de expropiaciones que traerían billonarios costos al estado. Repartición de cuotas o “fraccionamiento” Otro punto conflictivo es que el proyecto propone una repartición de la cuota global de pesca o “fraccionamiento” entre el sector pesquero industrial y los pescadores artesanales, que consolida la desigualdad a favor de la industria pesquera, entregándoles cuotas mucho mayores. El proyecto se propone aumentar en un 10% la participación en todas las pesquerías para los artesanales, con lo que estos están en total desacuerdo pues exigen que les corresponde el 100% de algunas especies en determinadas áreas, por el impacto social que tienen las caletas a lo largo de todo Chile, ya que generan más empleos, son más sustentables y conforman una cultura y una economía local. Este sistema de “fraccionamiento” o repartición de las cuotas de pesca, proviene de una fórmula denominada “coeficiente de participación relativo”, del año 2001, donde las cuotas se fraccionaron sumando los registros de captura entre 1997 y 2000 y determinando la capacidad de bodega de las naves en 2001. Es decir, quienes tenían mayor participación del mercado salieron más beneficiados, lo que hoy se extiende con ligeras modificaciones. El proyecto propone licitar hasta un 15% de las cuotas que hoy tienen las grandes empresas pesqueras,  es decir, les asegura el 85%. De esta forma, la iniciativa que está por aprobarse en el congreso plantea una cuota de captura que se administraría bajos tres tipos de licencias transables (Clase A, B y C). Con las licencias de Clase A, según el propio ministerio de Economía, se “reconocen los derechos históricos de los industriales”. Aunque la Clase B se entregaría por licitación cuando una especie haya alcanzado su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y la clase C cuando la cuota se encuentre sobre esta tasa, se discute la viabilidad de estas opciones, ya que según los expertos los recursos marinos estarían tan depredados que sería casi imposible llegar a un estado de sustentabilidad donde se alcance el RMS. O sea, el 10% correspondiente a las licencias de clase B y C solo se licitarán cuando las masas de peces se hayan recuperado. A esto se refiere el famoso RMS, un concepto desacreditado a nivel internacional pues los expertos señalan que no se puede conocer con certidumbre el tamaño de las poblaciones marinas y porque no toma en cuenta el equilibrio del ecosistema. En otras palabras, el rendimiento máximo sostenible (RMS) no toma en cuenta que gran parte de las pesquerías ya están sobreexplotadas. Algunos expertos han señalado que el RMS por definición no puede ser un objetivo, sino una referencia a la cual hay que evitar llegar. Al ponerlo como objetivo no se reconocen componentes distintos a la pesca que podrían afectar los recursos, además de no considerar el resto de las especies que interactúan con las especies objetivo de la pesca, lo que se refiere a las especies asociadas a un tipo de pez. Entonces, utilizar el RMS como objetivo va en contra de la conservación, sustentabilidad, enfoque precautorio y enfoque ecosistémico, lo que, paradójicamente, el ministro pone como principios en el artículo primero del proyecto. Los artesanales han propuesto que se aplique, de manera obligatoria, el artículo 27 de la ley de pesca vigente desde 1991 que permite licitar hasta el 50% de la cuota industrial, y luego se siga adelante para llegar al 100%, como estipulaba en un principio el proyecto formulado por el ex ministro de la cartera, Andrés Fontaine, dándole mayor competencia al sector con el ingreso de nuevos actores y, así, generar mayores recursos para el estado. Pero la llegada de Pablo Longueira desestimó esas propuestas. Protección artesanal Otro punto discutido por los artesanales es la llamada franja de protección para la pesca artesanal, fijada en la RAE: Régimen Artesanal de Extracción, donde se les reserva 5 millas del borde marino. Sin embargo, se permite que la subsecretaría de Pesca autorice a la flota industrial a “perforar” esa reserva por los industriales, pudiendo igual pescar en dicha franja, a lo que los artesanales se oponen tenazmente. En el mismo sentido, rechazan otro artículo que otorga derecho de pesca solo al dueño de la embarcación o “armador”. Autoridades pesqueras En los que ha existido relativo consenso es en la instauración de comités científicos técnicos, 11 en total, separados por temas específicos –comité de pesca pelágica, basal, acuícola- quienes establecerán “rangos de decisión” en materia de cuotas de captura. Se trata de determinar cada año cuánto se puede pescar para cada tipo de pez, lo que supone que, en la medida que estos tomen las decisiones bajo estrictos criterios científicos, se asegura la sustentabilidad de los recursos. El riesgo es que los expertos trabajen y fijen cuotas bajo la presión de los políticos de turno, ya que no contarán con un presupuesto muy holgado como para desarrollar su trabajo de forma independiente y autónoma. La nueva modalidad en que se eligen las autoridades encargadas de la fiscalización de los desembarcos, también ha sido cuestionada. El proyecto no contiene avances para fortalecer seriamente a Sernapesca, actual encargado de fiscalizar la actividad de la industria pesquera, sino que busca establecer un sistema de licitaciones para que sean empresas privadas las que se hagan cargo de esta labor, ya que, en palabras del ministro Longueira, “así se abre la entrada a organizaciones internacionales que son más eficientes que muchos organismos públicos”. Esto fue duramente criticado en la Comisión de Hacienda por el senador Alejandro Navarro, quien criticó el rol que le deja esta ley al estado, asegurando que lo que se abren son “las puertas de la corrupción”. Pesca de arrastre y pueblos originarios Los pescadores artesanales y los movimientos ambientalistas han solicitado que se termine de una vez por todas con la “pesca de arrastre”, por sus devastadores efectos en el fondo marino, lo que altera todo el ecosistema. Esto, sin embargo, no se considera en la ley, permitiendo que esta técnica continúe utilizándose sin restricciones.     El proyecto próximo a aprobarse no incorpora un reconocimiento explícito de los pueblos originarios, lo que viola el tratado 169 de la OIT, que indica que todas las materias que involucren a los pueblos indígenas deben ser consultadas a estos. En este caso los lafkenches –“gente del mar”- han reclamado porque la ley no considera sus demandas. Conflictos de interés La ONG Ciudadano Inteligente se unió a las campañas para denunciar los múltiples tentáculos que, como esta ley ha revelado, se extienden entre el mundo político y el empresarial. Así, reveló los conflictos de interés de cuatro parlamentarios que deberían inhabilitarse en la votación de la ley. Estos son Carlos Larraín, quien tiene inversiones en empresa COPEC (empresa de la familia Angelini, directa beneficiada con todas las políticas del estado en pesca, desde subvenciones para hacer harina de pescado hasta la entrega de inmensas cuotas de captura) y en pesquera Coloso (recientemente fusionada con pesquera SPK, también de Angelini). Larraín ha señalado que se inhabilitará, aun cuando le parece que “tener acciones no me inhabilita para votar”. También tienen conflictos de interés Andrés Zaldívar, pues su hermano dirige una pesquera; Jovino Novoa, quien tiene participación en una empresa que exporta productos del mar; y el senador UDI Alejandro García Huidobro. Fuente:Semanario El Siglo, edición Nº 1638

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