Publicado en Reportajes de La Tercera, sábado 17 de noviembre del 2012.
Más de dos décadas después, el temor de Piñera y sus colegas de que la Ley de Pesca vaya en “beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados” se ha vuelto realidad.
Muchos senadores se sienten incómodos con la Ley de Pesca. El hecho que ésta establezca cuotas industriales para las grandes empresas del sector y que estas cuotas se basen, exclusivamente, en un criterio histórico -es decir, favorecen a los “incumbentes” que llevan décadas explotando el mar- les huele a poco constitucional.
Por eso, un grupo de 15 senadores presenta un requerimiento por considerar que la Ley de Pesca “vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley (…) al establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden pescar (…) se trata de una diferencia arbitraria e injusta, pues no se basa en la razón, el derecho o la equidad… (y va en) beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados”.
Esto sucedió hace casi exactamente 22 años, el 15 de octubre de 1990, cuando el entonces senador Sebastián Piñera lideró al grupo de 15 legisladores para presentar ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Más de dos décadas después, el temor de Piñera y sus colegas de que la Ley de Pesca vaya en “beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados” se ha vuelto realidad. La pesca industrial ha vivido una concentración tal, que hoy siete familias agrupadas en cuatro grandes empresas controlan el 92% de ese sector. Durante décadas estos grandes actores se han beneficiado de rentas que, a juicio del entonces senador Piñera y sus pares, pertenecen a todos los chilenos, actuando coordinadamente para ejercer una presión a veces abierta, pero la mayoría de las veces silenciosa, con el fin de retener lo que ellos consideran son sus derechos históricos. Ciertamente, la Ley de Pesca de 2001, que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 las cuotas de pesca, favoreció este rumbo.
¿Y qué pasará ahora con la nueva Ley de Pesca que está empujando el ministro Longueira y que, supuestamente, deberá reemplazar a partir de enero de 2013 a la ya coja ley de 2001? Bueno, al respecto hay buenas y malas noticias.
Como siempre, las malas primero. Si el Congreso aprueba esta nueva ley -y más importante aún, da luz verde al “espíritu” de la ley Longueira- nos aseguramos de tener más de lo mismo para siempre. Donde “más de los mismo” significa que las siete familias se apropian de gran parte de las jugosas rentas del sector pesquero indefinidamente. Y lo harán con la venia de nuestras autoridades.
Algunos entendidos podrán replicar que esta ley es un avance respecto de lo que teníamos, aduciendo, por ejemplo, que ésta al menos contempla el mecanismo de licitar cuotas en vez de asignarlas. Pero también aquí tenemos “más de lo mismo”: son licitaciones “con letra chica”, una técnica de gestión pública a la que este gobierno se ha vuelto adepto. No quiero entrar en detalles técnicos que podrán aburrir al lector -no es casual que se estén discutiendo 600 indicaciones a la ley Longueira-, pero en la práctica, estas licitaciones no ocurrirán ya que las condiciones para que ocurran son muy remotas y aún más restrictivas en el proyecto actual que en el proyecto original del Ejecutivo.
La situación es grave y los detalles importan. La ley que empuja el gobierno crea licencias clase A y clase B; las clase B asociadas a las licitaciones con letra chica que probablemente nunca existan. Las clase A duran 20 años y, usando eufemismos del gobierno, son renovables automáticamente, es decir, son licencias indefinidas, transables, que serán entregadas gratuitamente a las cuatro empresas que hoy controlan el mercado. De salir la ley como está hoy, significa que el 1 de enero de 2013 estas empresas podrán incluir en sus estados financieros licencias clase A, valorizadas en cientos de millones de dólares, “donadas” por el gobierno a las cuatro empresas y sus accionistas, sin que éstos hayan pagado un peso a los chilenos por ellas. Parafraseando al entonces senador Piñera, “más de lo mismo” significa “establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden”, esta vez ad eternum.
Entonces, ¿qué debería tomar en cuenta la ley? Responderé con preguntas:
¿Fomenta esta ley una sociedad más equitativa? Si las grandes industrias pesqueras se salen con la suya, definitivamente no.
¿En el diseño y discusión de esta ley, se han tenido en cuenta los intereses de todos los chilenos? Ciertamente, no. El ministro Longueira convocó una mesa con los distintos actores industriales, grandes y pequeños, conminándolos a llegar a un acuerdo, abandonando de esta manera la defensa de los intereses de todos los chilenos que no participaron en dicha mesa y que podrían beneficiarse si las cuotas pesqueras se licitan.
¿Cómo han actuado las grandes empresas pesqueras? El lobby pesquero está bien dotado de plata y no le falta voluntad política para luchar por lo que creen es su justo derecho. Algunos representantes del sector, como Hugo Roa, presidente de la Multigremial Pesquera VIII Región, argumentan que su caso, “legalmente, no es diferente que el caso de los derechos de aguas, el espectro de radiodifusión o las rutas nacionales de aerolíneas”. En otras palabras, una vez adquiridos los derechos, estos son suyos casi por siempre.
¿Cuánto influirá el lobby pesquero en las decisiones que tomarán algunos parlamentarios? No lo sabemos. En una columna publicada hace un año sobre este mismo tema dije que “es preocupante la ausencia de información que permita a la ciudadanía monitorear a sus representantes durante el trámite legislativo que se avecina”. Nada ha cambiado desde entonces.
Lo que sí sabemos es que, en algunos casos, los intereses se entremezclan de manera clara. La ONG Ciudadano Inteligente entregó esta semana un escrito a la comisión de ética y transparencia del Senado, señalando “su error al no recomendar la inhabilidad de los senadores Jovino Novoa, Andrés Zaldívar y Carlos Larraín para votar en la Ley de Pesca”. Los tres senadores tienen intereses directos o indirectos en grandes empresas del sector pesquero.
También llaman la atención las razones que han comenzado a dar en días recientes algunos senadores de oposición para oponerse a las licitaciones. Dicen que las empresas pesqueras deben ser chilenas, olvidando que en todos los sectores económicos hay empresas extranjeras por ser parte de nuestro modelo de economía abierta. A esos parlamentarios no se les escucha quejarse de los bancos españoles.
¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que aún se está a tiempo de introducir cambios importantes a la ley, sobre todo al “espíritu” de ésta. Al igual que hace más de 20 años, hoy, un grupo de unos 15 senadores, la mayoría de oposición, pero que podrían sumar a un grupo de independientes de derecha y oficialistas, ha cerrado un acuerdo que avanza en la dirección correcta. Entre sus propuestas está establecer que los dueños de los recursos de nuestro mar son todos los chilenos. La implicancia es que ello permite realizar licitaciones verdaderas. Es decir, al licitar las cuotas, las rentas del negocio se las queda el Estado y no un puñado de familias. De hecho, el acuerdo propone licitar, en un lapso de 10 años, el 50% de la cuota industrial. Además, busca garantizar que el comité científico técnico que contempla la ley sea realmente inde- pendiente y autónomo para fijar los rangos de las cuotas de pesca y así evitar, de una vez por todas, la recurrente sobreexplotación de las pesquerías. También, introduce mecanismos para proteger a los pescadores artesanales y extender su zona de pesca hasta el extremo austral del país.
¿Es la mejor ley posible? Probablemente, no, pero ciertamente sería un avance importante y no “más de lo mismo”.
En fin, una verdadera Ley de Pesca ofrece al país una oportunidad única para avanzar hacia una sociedad más equitativa y, al mismo tiempo, mejorar la productividad y la innovación tecnológica de un sector económico que emplea a más de cien mil personas. No hay que olvidar que las repercusiones buenas y malas de las políticas públicas que diseñamos y ejecutamos hoy como país, nos acompañarán por mucho tiempo
Muchos senadores se sienten incómodos con la Ley de Pesca. El hecho que ésta establezca cuotas industriales para las grandes empresas del sector y que estas cuotas se basen, exclusivamente, en un criterio histórico -es decir, favorecen a los “incumbentes” que llevan décadas explotando el mar- les huele a poco constitucional.
Por eso, un grupo de 15 senadores presenta un requerimiento por considerar que la Ley de Pesca “vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley (…) al establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden pescar (…) se trata de una diferencia arbitraria e injusta, pues no se basa en la razón, el derecho o la equidad… (y va en) beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados”.
Esto sucedió hace casi exactamente 22 años, el 15 de octubre de 1990, cuando el entonces senador Sebastián Piñera lideró al grupo de 15 legisladores para presentar ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Más de dos décadas después, el temor de Piñera y sus colegas de que la Ley de Pesca vaya en “beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados” se ha vuelto realidad. La pesca industrial ha vivido una concentración tal, que hoy siete familias agrupadas en cuatro grandes empresas controlan el 92% de ese sector. Durante décadas estos grandes actores se han beneficiado de rentas que, a juicio del entonces senador Piñera y sus pares, pertenecen a todos los chilenos, actuando coordinadamente para ejercer una presión a veces abierta, pero la mayoría de las veces silenciosa, con el fin de retener lo que ellos consideran son sus derechos históricos. Ciertamente, la Ley de Pesca de 2001, que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2012 las cuotas de pesca, favoreció este rumbo.
¿Y qué pasará ahora con la nueva Ley de Pesca que está empujando el ministro Longueira y que, supuestamente, deberá reemplazar a partir de enero de 2013 a la ya coja ley de 2001? Bueno, al respecto hay buenas y malas noticias.
Como siempre, las malas primero. Si el Congreso aprueba esta nueva ley -y más importante aún, da luz verde al “espíritu” de la ley Longueira- nos aseguramos de tener más de lo mismo para siempre. Donde “más de los mismo” significa que las siete familias se apropian de gran parte de las jugosas rentas del sector pesquero indefinidamente. Y lo harán con la venia de nuestras autoridades.
Algunos entendidos podrán replicar que esta ley es un avance respecto de lo que teníamos, aduciendo, por ejemplo, que ésta al menos contempla el mecanismo de licitar cuotas en vez de asignarlas. Pero también aquí tenemos “más de lo mismo”: son licitaciones “con letra chica”, una técnica de gestión pública a la que este gobierno se ha vuelto adepto. No quiero entrar en detalles técnicos que podrán aburrir al lector -no es casual que se estén discutiendo 600 indicaciones a la ley Longueira-, pero en la práctica, estas licitaciones no ocurrirán ya que las condiciones para que ocurran son muy remotas y aún más restrictivas en el proyecto actual que en el proyecto original del Ejecutivo.
La situación es grave y los detalles importan. La ley que empuja el gobierno crea licencias clase A y clase B; las clase B asociadas a las licitaciones con letra chica que probablemente nunca existan. Las clase A duran 20 años y, usando eufemismos del gobierno, son renovables automáticamente, es decir, son licencias indefinidas, transables, que serán entregadas gratuitamente a las cuatro empresas que hoy controlan el mercado. De salir la ley como está hoy, significa que el 1 de enero de 2013 estas empresas podrán incluir en sus estados financieros licencias clase A, valorizadas en cientos de millones de dólares, “donadas” por el gobierno a las cuatro empresas y sus accionistas, sin que éstos hayan pagado un peso a los chilenos por ellas. Parafraseando al entonces senador Piñera, “más de lo mismo” significa “establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden”, esta vez ad eternum.
Entonces, ¿qué debería tomar en cuenta la ley? Responderé con preguntas:
¿Fomenta esta ley una sociedad más equitativa? Si las grandes industrias pesqueras se salen con la suya, definitivamente no.
¿En el diseño y discusión de esta ley, se han tenido en cuenta los intereses de todos los chilenos? Ciertamente, no. El ministro Longueira convocó una mesa con los distintos actores industriales, grandes y pequeños, conminándolos a llegar a un acuerdo, abandonando de esta manera la defensa de los intereses de todos los chilenos que no participaron en dicha mesa y que podrían beneficiarse si las cuotas pesqueras se licitan.
¿Cómo han actuado las grandes empresas pesqueras? El lobby pesquero está bien dotado de plata y no le falta voluntad política para luchar por lo que creen es su justo derecho. Algunos representantes del sector, como Hugo Roa, presidente de la Multigremial Pesquera VIII Región, argumentan que su caso, “legalmente, no es diferente que el caso de los derechos de aguas, el espectro de radiodifusión o las rutas nacionales de aerolíneas”. En otras palabras, una vez adquiridos los derechos, estos son suyos casi por siempre.
¿Cuánto influirá el lobby pesquero en las decisiones que tomarán algunos parlamentarios? No lo sabemos. En una columna publicada hace un año sobre este mismo tema dije que “es preocupante la ausencia de información que permita a la ciudadanía monitorear a sus representantes durante el trámite legislativo que se avecina”. Nada ha cambiado desde entonces.
Lo que sí sabemos es que, en algunos casos, los intereses se entremezclan de manera clara. La ONG Ciudadano Inteligente entregó esta semana un escrito a la comisión de ética y transparencia del Senado, señalando “su error al no recomendar la inhabilidad de los senadores Jovino Novoa, Andrés Zaldívar y Carlos Larraín para votar en la Ley de Pesca”. Los tres senadores tienen intereses directos o indirectos en grandes empresas del sector pesquero.
También llaman la atención las razones que han comenzado a dar en días recientes algunos senadores de oposición para oponerse a las licitaciones. Dicen que las empresas pesqueras deben ser chilenas, olvidando que en todos los sectores económicos hay empresas extranjeras por ser parte de nuestro modelo de economía abierta. A esos parlamentarios no se les escucha quejarse de los bancos españoles.
¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que aún se está a tiempo de introducir cambios importantes a la ley, sobre todo al “espíritu” de ésta. Al igual que hace más de 20 años, hoy, un grupo de unos 15 senadores, la mayoría de oposición, pero que podrían sumar a un grupo de independientes de derecha y oficialistas, ha cerrado un acuerdo que avanza en la dirección correcta. Entre sus propuestas está establecer que los dueños de los recursos de nuestro mar son todos los chilenos. La implicancia es que ello permite realizar licitaciones verdaderas. Es decir, al licitar las cuotas, las rentas del negocio se las queda el Estado y no un puñado de familias. De hecho, el acuerdo propone licitar, en un lapso de 10 años, el 50% de la cuota industrial. Además, busca garantizar que el comité científico técnico que contempla la ley sea realmente inde- pendiente y autónomo para fijar los rangos de las cuotas de pesca y así evitar, de una vez por todas, la recurrente sobreexplotación de las pesquerías. También, introduce mecanismos para proteger a los pescadores artesanales y extender su zona de pesca hasta el extremo austral del país.
¿Es la mejor ley posible? Probablemente, no, pero ciertamente sería un avance importante y no “más de lo mismo”.
En fin, una verdadera Ley de Pesca ofrece al país una oportunidad única para avanzar hacia una sociedad más equitativa y, al mismo tiempo, mejorar la productividad y la innovación tecnológica de un sector económico que emplea a más de cien mil personas. No hay que olvidar que las repercusiones buenas y malas de las políticas públicas que diseñamos y ejecutamos hoy como país, nos acompañarán por mucho tiempo
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