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viernes, 21 de septiembre de 2012

La Ley Hinzpeter.y el Movimiento Social



Ley Hinzpeter.y el Movimiento Social o cómo la clase política se prepara para defender el modelo neoliberal ante el avance del movimiento social

Rechazo a general de Carabineros que se atribuyó ser la reserva moral de Chile. "Que no se aproveche del policía muerto" le responden parlamentarios

Por Pilar González

Las declaraciones las realizó el general Rodolfo Pacheco, jefe de la zona oeste de la Región Metropolitana. Sin duda la principal molestia radica que en medio de las manifestaciones estudiantiles y tomas de colegio, la violencia generada por Carabineros fue excesiva y en ningún caso se mostró arrepentimiento o incluso investigación interna, a pesar de existir material visual.

Este 11 de septiembre una vez más la violencia fue la protagonista en la conmemoración del trágico golpe de Estado de 1973, que instauró una dictadura militar por casi 17 años. En los disturbios de esa noche, un suboficial de Carabineros, el cabo Cristián Martínez murió víctima de un disparo hecho por desconocidos.

El hecho provocó la inmediata reacción de la institución y del mundo político, en especial del oficialismo desde cuyas filas piden incluso "pena de muerte para los que maten a algún funcionario".

Sin embargo, una de las declaraciones que más molestia causó a raíz de la muerte del suboficial, fue hecha por el general Rodolfo Pacheco, jefe de la Zona Metropolitana Oeste de Carabineros, quien aseguró que "de una vez por todas tenemos que entender en nuestro país que quien atenta contra un carabinero de servicio, en el ejercicio de sus funciones, está atentando contra el patrimonio de la nación".

A ello Pacheco agregó que "los carabineros somos la última reserva moral de este país llamado Chile: somos personas de bien, estamos en todos los lugares de nuestro territorio".

Las palabras de una de las más altas jerarquías de la institución policial provocaron la inmediata reacción en las redes sociales, donde criticaron y repudiaron sus dichos. De hecho en twitter se hizo sentir la molestia ciudadana. La principal radica cuando se recuerda que en medio de las manifestaciones estudiantiles y tomas de colegio, la violencia generada por carabineros fue excesiva y en ningún caso se mostró arrepentimiento o incluso investigación interna, a pesar de existir material visual.

De hecho la última encuesta realiza por la Universidad Diego Portales reveló que la evaluación de Carabineros no es positiva. En temas de "controlar la delincuencia", "controlar el narcotráfico" y "resguardar el orden durante manifestaciones públicas" no supera la nota cuatro.

Una falta de respeto

Para el diputado Roberto León (DC) "sin duda lo encuentro insólito. Espero que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, tome nota, porque Carabineros tiene el respeto de nuestra sociedad pero decir que son "la ultima reserva nacional" me parece un exceso".

"Sin duda traspasa los límites de lo que debiera ser la opinión de un general de Carabineros. Todos los chilenos estamos golpeados por la muerte de un funcionario, pero eso no le da derecho a tratar de transformar a su institución como reserva nacional", indicó el legislador.

En diálogo con Cambio21 agregó que "aquí lo importante es qué dirá Hinzpeter, porque como este es un gobierno de derecha veremos si tienen la democracia para cuestionar esas declaraciones".

"Si bien la institución está bien evaluada, mis dudas están en que quizás detrás de esas declaraciones exista una forma de justificar los excesos que ha cometido Carabineros", se preguntó León.

Por su parte, el diputado Patricio Hales (PPD), indicó que "le recomiendo al general que no abuse del carabinero fallecido para eludir responsabilidades y sacar ventaja en la imagen institucional".

"El dolor no puede nublarnos los ojos, ni borrarnos la memoria. Las reservas morales de Chile están depositadas en miles de seres anónimos y no en ellos", replicó el parlamentario.

Por último Hales indicó a Cambio21 que "las palabras de este general, me suenan a un intento de borrar la memoria nacional, aprovechándose del fallecido para que el país se olvide de sus responsabilidades institucionales. Por eso le digo que mida sus juicios morales".

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120913/pags/20120913172311.html

Fiscal federal ahondó en torno a la investigación de la Operación Cóndor


Miguel Osorio, quien está a cargo de la pesquisa en Argentina, conversó con Tomás Mosciatti y relató detalles del proceso de documentación de nuevos antecedentes que se han solicitado con respecto a los hechos ocurridos en Chile.

El millonario negocio de los Pinochet boys con el centro de exterminio de Simón Bolívar 8800

20 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Así se convirtió en negocio inmobiliario el sangriento cuartel de la DINA

La operación se llevó a cabo al final de la dictadura. Implicado aparece el ex auditor del Ejército, Juan Romero, representante de Augusto Pinochet en sus negocios y procesado en el caso Riggs; también la CNI, y un sobrino político de Lucía Hiriart. Negocio redondo, esta vez con el centro de exterminio que fue testigo de las peores atrocidades cometidas en la dictadura contra seres humanos. Los detalles son parte de un nuevo capítulo contenido en la segunda edición de La Danza de los Cuervos.

Un mes antes de terminar la dictadura, la Fundación Mi Casa, institución entonces dueña del cuartel Simón Bolívar 8800, donde se eliminó a cerca de 250 personas, decidió vender la propiedad.
“La parcela en que operó la Brigada Lautaro estuvo en manos de la Fundación Mi Casa hasta el 11 de diciembre de 1989, fecha en que esta institución la vendió a la Central Nacional de Informaciones (CNI) por un total de casi tres millones de pesos”, señala el nuevo capítulo perteneciente a la segunda edición de La Danza de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo.
Respecto de la relación de Fundación Mi Casa y la dictadura, el libro detalla:
“La entidad de beneficencia fue dirigida, entre 1973 y 1998, por el general Juan Romero Riquelme —oficial con buenas relaciones en el mundo democratacristiano—, quien luego fue nombrado Auditor General del Ejército, cargo que mantuvo hasta su pase a retiro en 2005. Además de militar, Romero es abogado, profesión desde la cual actuó como asesor financiero del ex dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. A nombre de ellos realizó numerosas compras de terrenos. Estas transacciones fueron investigadas por el ministro Carlos Cerda durante el caso Riggs. En 2007, Romero Riquelme fue una de las 23 personas del círculo de confianza del dictador procesadas en el caso por enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Hasta antes de ser removido del caso, Cerda investigó los movimientos de una cuenta de la Fundación Mi Casa —activa durante el período en que Romero Riquelme actuó como su gerente general— desde la que se habrían derivado fondos a la fortuna de Pinochet.
El libro explica que la CNI tuvo en sus manos Simón Bolívar 8800 durante poco más de dos semanas, para vendérsela a una empresa off shore. “El 29 de diciembre de 1989, la CNI le vendió la propiedad a Webster Trust Inversiones Limitada por 45 millones de pesos, un valor 15 veces más alto en relación al precio supuestamente pagado a Mi Casa”.
El libro explica que la CNI tuvo en sus manos Simón Bolívar 8800 durante poco más de dos semanas, para vendérsela a una empresa off shore.
“El 29 de diciembre de 1989, la CNI le vendió la propiedad a Webster Trust Inversiones Limitada por 45 millones de pesos, un valor 15 veces más alto en relación al precio supuestamente pagado a Mi Casa”.
A continuación se explica que al momento de hacer el negocio, la empresa chilena con domicilio en Panamá, tenía entre sus socios al abogado José Miguel Altamirano Hiriart, entonces empleado de la firma Montt y Compañía. Según el nuevo capítulo del libro, Altamirano Hiriart es pariente político de Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet.
“Me llamó la atención que el segundo apellido de Altamirano fuera Hiriart, como el de Lucía Hiriart, ex esposa del general Augusto Pinochet. (…) Conseguí comunicarme telefónicamente con José Miguel Altamirano Hiriart. Como me llamaba la atención su segundo apellido y su probable relación con la viuda de Augusto Pinochet, la conversación partió por ahí. Había averiguado que, si bien no es pariente directo con la ex “primera dama”, su hermano, Fernando Altamirano Hiriart está casado con una sobrina de ella. Él confirmó la información, pero negó conocer a Lucía Hiriart. (…) Pero el punto de quiebre en nuestra conversación fue la Webster Trust y la compra del predio a la CNI. No sólo no recordaba la operación, sino que además negó la posibilidad de haberla realizado, pues según su versión, a esa fecha él ya no trabajaba para el estudio de abogados Montt y Compañía. “Yo me fui del estudio de Montt Vicuña antes de diciembre de 1989, así que no sé qué sucedió. No sé si me falsificaron la firma o qué, pero a esa fecha yo ya me había ido de ese estudio de abogados. Estoy seguro. Voy a hablar con ellos para averiguar y lo llamo de vuelta”, respondió.
Lo llamé varias veces en días posteriores. Principalmente quería decirle que, de ser cierto que dejó Montt y Compañía en 1989, su firma fue falsificada hasta marzo de 1991, fecha en la que aparece realizando operaciones para Webster Trust, según las escrituras firmadas en la notaría de José Musalem Saffie. No me devolvió los llamados ni tampoco se comunicó de vuelta como me había indicado que haría luego de clarificar las cosas con el estudio de abogados Montt y Compañía”, afirma Rebolledo.
“El 8 de mayo de 1990, Webster Trust vendió la propiedad —que hoy corresponde a Simón Bolívar 8800— a la Inmobiliaria y Constructora Los Coigües. El precio fue de 68 millones de pesos, operación en la que la empresa, con domicilio en Panamá, se metió al bolsillo 23 millones de pesos, ya que sólo cinco meses antes había pagado 45 millones a la CNI”.
El libro concluye que recién iniciada la transición, la constructora, que creció durante la dictadura haciendo viviendas sociales para el régimen, construyó el condominio Simón Bolívar 8800.
“Los Coigües vendió las casas a partir de 1991. Éstas se comercializan actualmente en un promedio de 180 millones de pesos cada una. Un ex funcionario del Banco del Estado —que prefirió mantener su nombre en reserva— declaró que a principios de los ’90, cuando trabajaba en dicha institución, un conocido agente de la CNI les ofreció en venta las casas de Simón Bolívar 8800, a él y a otros altos funcionarios del banco”.


http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/20/el-millonario-negocio-de-los-pinochet-boys-con-el-centro-de-exterminio-de-simon-bolivar-8800/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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