Mural homenaje a Mauricio Fredes

¿Hay presos políticos por protestar en Chile? Hay señales que dicen que sí

Fiscales y jueces de garantía han dispuesto masivas medidas cautelares contra los detenidos en el contexto del estallido social, las que suman 25.000, entre leves y graves (como las prisiones preventivas). Varios profesionales ligados a los derechos humanos advierten que estas medidas se están usando para castigar la protesta. Acá algunos casos.

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A comienzos de año Mauricio Silvia se integró como ministro de la Corte Suprema e hizo una crítica a la judicatura. “La prisión preventiva no debe ser la regla general [...] Hay muchas más prisiones preventivas de lo que sería conveniente al sistema”, dijo Silva en enero.
La solicitud de esta medida cautelar privativa de libertad sufrió un aumento de un 36% entre 2010 y 2017, finalizando ese último año con más de 51 mil solicitudes, de las cuales casi 50 mil fueron concedidas por los jueces de garantía, según indica un documento de análisis sobre la prisión preventiva publicado en 2018 por parte de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
En los últimos dos años, la tendencia no ha cambiado. Las palabras de Silva fueron rápidamente olvidadas y una vez iniciado el estallido social el 18 de octubre, han sido casi dos mil las personas enviadas a prisión preventiva por hechos asociados a las protestas.
Según un informe de la Defensoría Penal Pública (DPP), entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre, a 1.384 personas se les aplicó esta medida cautelar. Mientras que -según datos de la Fiscalía- entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, se calcula en 1.957 personas las que quedaron con prisión preventiva.
Al cierre de esta edición ni Gendarmería, ni Fiscalía, ni el Poder Judicial tenían estadísticas respecto de la composición de estas prisiones preventivas, respecto de su gravedad. Tampoco acerca de las detenciones flagrantes versus detenciones por investigación policial, ni acerca de cantidades de primerizos versus personas con antecedentes. Todos elementos que ayudarían a comprender si se están cumpliendo los principios garantistas con los detenidos.
Esta situación preocupa a diversos organismos de derechos humanos y de asistencia jurídica.
En conversación con INTERFERENCIA, el abogado Nicolás Toro, miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo -y que hoy es parte de la Coordinadora 18 de octubre por la Libertad de Prisioneros Políticos- planteó que “hay un contexto de represión que evidentemente está fuera de los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
La inquietud fue planteada por la Coordinadora a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país durante noviembre. “Acá se está utilizando la prisión política y eso lo planteamos al comisionado de la CIDH, quienes estuvieron de acuerdo que el uso desproporcionado de la prisión preventiva es persecución política”, dice Toro.
Concepción ¿Un caso de castigos judiciales a través de medidas cautelares?
El martes 3 de diciembre, Catalina Fuentes, estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Concepción, fue detenida por funcionarios de la PDI que estaban de civil luego de sacar tres adoquines durante una manifestación en el centro de la ciudad. Al día siguiente en la audiencia de formalización, se le imputaron los delitos de daños calificados y desórdenes públicos, por lo que se establecieron 45 días de investigación y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, la cual fue otorgada por el juez de Garantía, Marcelo Bustos Vergara. Así, el 4 de diciembre, la estudiante ingresó a la cárcel El Manzano de Concepción.
Fuentes, quien no tiene antecedentes policiales, fue representada por la DPP, la que luego presentó un recurso de amparo solicitando la revocación de la medida cautelar. Consultado por INTERFERENCIA, Claudio Vigueras, el abogado de la DPP que defendió a la estudiante, dijo que “a juicio nuestro, la prisión preventiva fue aplicada por el juez de garantía sin cumplir con los requisitos que la ley le impone para fundamentar su resolución, entonces a nuestro juicio la privación de libertad no solo es improcedente, sino que también es ilegal”.
Frente a esto, Vigueras presentó el amparo para que se ordenara la libertad completa o “una libertad bajo sujeción de medidas cautelares de menor intensidad”. Tras diez días en prisión, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el amparo y el pasado viernes 13 de diciembre, Catalina Fuentes fue liberada bajo arresto domiciliario total.
Desde iniciado el estallido social, la DPP de Concepción ha presentado cuatro recursos similares, tres de ellos en la última semana, “precisamente por la aplicación de la prisión preventiva para aquellas personas que no tenían antecedentes”, explicó el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro.
El 12 de noviembre, José Sepúlveda de 61 años fue detenido por funcionarios de la PDI, momentos después de que el edificio de la Gobernación Provincial de Concepción se incendiara mientras ocurría una de las tantas manifestaciones en la ciudad. Sepúlveda fue registrado arrojando unos papeles al fuego que se había iniciado hace un rato. Con este antecedente, el 15 de noviembre durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, la cual fue concedida mientras se realice la investigación que tiene un plazo de cuatro meses. Así, Sepúlveda ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío como presunto autor del incendio en el edificio.
Días después, el viernes 22 de noviembre, Constanza Valdebenito, estudiante de biología marina en la Universidad de Concepción caminaba de vuelta a su casa tras haber pasado gran parte de la tarde en los laboratorios de la universidad. En el centro de la ciudad fue detenida por Carabineros, quienes la acusaron de haber participado de un saqueo y estuvo incomunicada durante seis días. Se le imputaron los delitos de saqueo y de asociación ilícita, se fijaron 120 días de investigación y a pesar de no tener antecedentes previos fue enviada a prisión preventiva.
El profesor del Departamento de Oceanografía, Osvaldo Ulloa, aseguró que durante la jornada del 22 de noviembre, Valdebenito estuvo todo el día trabajando en los laboratorios, según se indica en el sitio web de la Asociación de Académicos y Académicas Enrique Molina Garmendia de la Universidad de Concepción.
Entre los recursos de amparo presentados por la DPP de Concepción, se encuentra el de Valdebenito, que debería resolverse pronto por la Corte de Apelaciones.
Lo que se sabe sobre las prisiones preventivas
Todavía no hay datos consolidados, sin embargo, según indica el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, durante la segunda quincena de octubre la prisión preventiva era la cuarta medida cautelar más solicitada por la Fiscalía local. Pero ya en la primera quincena de noviembre llegó a ocupar el tercer puesto. “En la última quincena de noviembre la prisión preventiva pasó a utilizar el primer lugar de las medidas cautelares, incluso para las personas que no tenían antecedentes”, asegura Pizarro.
Esta situación se viene denunciando hace semanas, a través de varios casos. A inicios de diciembre INTERFERENCIA denunció el caso de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, ambos de 17 años, quienes se encuentran en prisión preventiva en centros del Sename desde el 5 de noviembre. Se les imputó el delito de incendio con riesgo a la vida de las personas, por supuestamente haber incendiado una bolsa de basura frente a la Municipalidad de Buin, la cual fue apagada con una manguera por un funcionario de la institución. Sin embargo, según testigos y lo registrado por cámaras, no fueron ellos quienes iniciaron el fuego. A pesar de esto, y de no tener antecedentes previos, se les otorgó la prisión preventiva y 100 días de investigación.
“Lo que ha pasado este tiempo es que por delitos muy pequeños se está aplicando la prisión preventiva, lo que en otras circunstancias jamás habría ameritado como medida cautelar”, dice el abogado Toro a este medio.
Según los antecedentes entregados en el informe de la DPP, con datos recopilados entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre, se realizaron 20.645 audiencias de control de detención, lo que significa un aumento del 25,4% en relación al mismo periodo del año 2018. Además, el informe señala -en relación a la prisión preventiva- que esta se ha otorgado en un 6,7% de los casos, cifra menor que la del año pasado, que alcanzó un 8,7%.
Sin embargo, lo que sí ha aumentado considerablemente son las detenciones declaradas como ilegales. En el periodo indicado anteriormente, hubo 5.421 alegaciones de ilegalidad, siendo declaradas como tales 1.280 de ellas. Esta cifra corresponde a un aumento significativo respecto de la misma fecha del año anterior, cuando hubo solo 367 declaraciones de ilegalidad en la detención.
Esa cifra es aún mayor respecto de las detenciones ilegales de menores de 18 años. Mientras que en 2018 hubo 28, en 2019 estás se elevaron a 128.
Consultado por INTERFERENCIA, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual, declaró que “la prisión preventiva se ha dado en sus parámetros normales e incluso menor al régimen diario. De todas formas, el régimen normal de la prisión preventiva suele ser alta en relación a las personas que después siguen cumpliendo penas privativas de libertad”.
Según el artículo 140 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva se puede aplicar solo cuando existen antecedentes suficientes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que existan antecedentes fundados de la participación del imputado en el hecho. También, se puede aplicar en caso de que la prisión del imputado sea indispensable para poder llevar a cabo las diligencias de investigación, que exista el riesgo de que el supuesto responsable se de a la fuga o que la libertad de este suponga un peligro de seguridad para la sociedad o la víctima.
“Una medida cautelar como la prisión preventiva, aplicada solamente para dar una pena anticipada son contrarios a los criterios establecidos por los órganos de protección de los derechos humanos, por lo tanto, son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos”, advierte Pascual.
Por otro lado, la directora de Comunicaciones del Poder Judicial, Lucy Dávila, dice a este medio que la institución no ha identificado un cambio de criterio en las solicitudes del Ministerio Público respecto de la prisión preventiva. Tampoco lo advierten respecto a las decisiones de los jueces de garantía que otorgan tal medida.
Otras cautelares
Por su parte, la Fiscalía Nacional -en su comunicado del 30 de noviembre, el mismo por el cual señaló la existencia de 2.000 prisiones preventivas- informó que desde el inicio de las protestas el 18 de octubre hasta el 22 de noviembre, 30.102 personas pasaron por control de detención y 25 mil de ellas quedaron con medidas cautelares de diversos tipos.
En ocasiones -según los defensores- la aplicación de medidas cautelares se utilizan para desincentivar la participación de las personas en las manifestaciones. Incluso para prohibirlas, con el argumento de que existe una investigación en curso. Ese es el caso de muchos de los detenidos en el contexto de las protestas que no han quedado en prisión preventiva.
El lunes 9 de diciembre Matías Meza fue a protestar después de un partido de fútbol. A eso de las 18.30 se encontraba en el Puente Pío Nono cuando fue alcanzado por un carro lanza aguas que le provocó un gran ardor en el cuerpo. Recibió primeros auxilios de un grupo voluntario de la Universidad San Sebastián y en cuanto salió de las dependencias de la institución, Carabineros lanzó al menos nueve bombas lacrimógenas. Una de ellas cayó al lado de Matías y nuevamente fue mojado por el carro. Luego, fue atendido por los voluntarios médicos por una segunda vez.
Minutos después, el joven comenzó a caminar por la calle Pío Nono hacia los pies del Cerro San Cristóbal, lugar donde lo pasarían a buscar para volver a su casa en Recoleta. Mientras caminaba, pasó una furgoneta de Carabineros. Uno de sus funcionarios gritó “ahí está” y comenzaron a correr tras Meza, quien huyó por varias cuadras, entró a un almacén y fue delatado por un locatario.
Fue detenido y una vez en la furgoneta, uno de los carabineros le dijo “estai pasado a bencina, que Dios te proteja”. Meza se imaginó inmediatamente en prisión, al igual que muchos otros manifestantes que han sido privados de libertad. Fue trasladado hasta la Sexta Comisaría de Recoleta con la noción de que lo culparían de lanzar bombas molotov, lo cual no era cierto.
A media noche, le informaron que pasaría a control de detención por fabricación de bombas molotov. Sin embargo, un sargento presente en la comisaría se acercó para decirle “quédate tranquilo flaco, cuando llegaste acá yo solo te sentí olor a lacrimógena, no a bencina. No tienen pruebas contra tí”. Minutos después, llegó Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) a realizarle pericias. Le quitaron el celular y la ropa.
En la tarde del martes, Meza fue trasladado hasta la Fiscalía donde se realizó su audiencia de control de detención. Para su sorpresa, el Ministerio Público no solicitó la cautelar de prisión preventiva y así, tras casi un día de estar detenido, salió en libertad, pero con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de cualquier manifestación.
La investigación de su caso durará 100 días y a partir de enero debe cumplir con la firma mensual en la 33° Comisaría de Ñuñoa.

https://interferencia.cl/articulos/hay-presos-politicos-por-protestar-en-chile-hay-senales-que-dicen-que-si

Mauricio Fredes

Maestro yesero y de La Pintana: ¿Quién era Mauricio Fredes, el manifestante que falleció el viernes en Plaza Baquedano?

Sus restos fueron retirados este domingo desde el Servicio Médico Legal. Los funerales se realizarán en la casa donde vivía junto a su tío y su abuela en las cercanías de calle Observatorio.

Centenares de personas llegaron durante esta jornada a los alrededores del Servicio Médico Legal, en la comuna de Independencia. Entre gritos, ruidos de instrumentos y banderas flameando, Luis Cordero había llegado para realizar una diligencia relacionada con su familia: retirar el cuerpo de su sobrino, que había muerto el pasado viernes en las cercanías de Plaza Baquedano.

Fue en horas de la tarde del pasado 27 de diciembre cuando se produjeron serios incidentes en dicho sector de la Alameda. En este contexto -de acuerdo a las versiones policiales y del Ministerio Público- Mauricio Fredes Fredes (33) tuvo que arrancar de los efectivos Fuerzas Especiales de Carabineros.

Mientras Fredes corría en la intersección de la Alameda con calle Irene Morales cayó a una fosa de 1,80 metros de profundidad que tenía cables energizados y agua. Fue trasladado a la ex Posta Central, pero ingresó al recinto asistencial sin signos de vida.

“Los amigos de mi sobrino corrieron, pero no se percataron que había sido él”, señaló hoy Luis Cordero, su tío, en el SML. “Me comentan que se fueron como a las 12 a la casa. Llegaron todos, estuvieron esperando a mi sobrino hasta más o menos las 6 de la mañana, pero nunca llegó, nunca apareció por ningún lado”.

El propio Cordero entregó más antecedentes sobre su sobrino: “Trabajaba en construcciones. Su oficio era ser yesero y pintor. Y por lo que yo sé, fue a la Plaza Italia con los amigos a ver qué sucedía, cómo era la cosa”.

Además indicó que tanto él como la abuela de Mauricio se enteraron ayer que el fallecido era su familiar. Mientras sus conocidos averiguaban en comisarías y en Fiscalía si había novedades sobre su paradero, Cordero comenta que llegaron efectivos de la Policía de Investigaciones hasta su casa y le confirmaron el deceso.

Mauricio vivía en La Pintana, cerca de calle Observatorio, a unas pocas cuadras de Avenida Santa Rosa. En dicha casa se realizarán sus funerales, de acuerdo a lo señalado por su tío. “Él se crió con nosotros”, aseguró su tío.

El cuerpo me lo llevo hoy a la casa sí o sí. Los funerales no son en ningún otro lado que en la casa. Ningún otro lado, porque anda mucha información sobre otra capilla u otra comuna y eso es falso”, señaló Cordero hoy a parte de la multitud que llegó hoy a despedir a su sobrino.

Es esa misma casa donde fue trasladado su cuerpo durante esta tarde, luego que cerca de las 14.30 horas fuera retirado por su tío. Mientras la carroza avanzaba por las calles de Independencia cercanas al Cementerio General, la multitud lo acompañaba con vitoreos y con una versión instrumental de “El derecho de vivir en paz”.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/maestro-yesero-la-pintana-quien-mauricio-fredes-manifestante-fallecio-viernes-plaza-baquedano/955548/

Caravana acompaña el cuerpo de Mauricio Fredes

Mauricio Fredes es trasladado en una caravana multitudinaria para ser velado en La Pintana

Será velado por su familia y todos los manifestantes que han acompañado su camino desde el SML hasta su casa en La Pintana.

Este domingo alrededor de las 2 de la tarde, el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Mauricio Fredes, el joven de 33 años que murió tras caer a un foso este viernes, escapando de una encerrona de Carabineros durante las manifestaciones en Plaza Italia. Algunas versiones no oficiales indican que el fallecimiento del joven habría sido por ahogamieno y no por electrocución, aunque se encuentra en desarrollo la investigación respectiva.

Cientos de personas se reunieron fuera de las instalaciones del SML para acompañar el retiro del cuerpo de Fredes desde ese Servicio, para luego velado en su casa junto a su familia. El velorio se está realizando actualmente en Santa Elvira 1194, La Pintana.

En la esquina donde ayer se reunieron manifestantes, que tuvieron dificultades para presentar su homenaje póstuno, se hizo un mural en su honor.

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/12/29/caravana-mauricio-fredes.html

SML: MAURICIO FREDES MURIÓ AHOGADO Y NO ELECTROCUTADO AL CAER A UNA FOSA

Tras realizar la autopsia al sujeto que falleció el viernes tras participar de las protestas que se produjeron en la Plaza Baquedano, se entregó el cuerpo a los familiares para poder realizar el velorio y funeral.

El Servicio Médico Legal (SML) hizo entrega a sus familiares del cuerpo de Mauricio Fredes, hombre que murió durante las manifestaciones registradas la noche del viernes en Plaza Baquedano, y confirmó que su muerte fue por inmersión y no electrocutado como se creía en un primer momento.

Las pericias del Servicio Médico Legal identificaron que Fredes murió ahogado, aunque sí comprobó que tenía lesiones producidas por la corriente.

Sin embargo la investigación para determinar exactamente lo que ocurrió aún está en curso, mientras que los familiares informaron que el velorio de la víctima se realizará en el domicilio de su abuela en La Pintana.

Hasta el SML llegaron cerca de mil manifestantes quienes con capuchas y flores en la mano despidieron su compañero de manifestaciones, que perdió la vida la noche del 27 de diciembre, cuando Fredes cayó a la fosa en el momento que arrancaba de funcionarios de Carabineros.



http://lanacion.cl/2019/12/29/sml-mauricio-fredes-murio-ahogado-y-no-electrocutado-al-caer-a-una-fosa/

SML confirma que cuerpo de manifestante fallecido corresponde al de Mauricio Fredes

Durante esta jornada el Servicio Médico Legal (SML) identificó el cuerpo del manifestante que falleció el pasado viernes en los alrededores de Plaza Baquedano, luego de caer a una fosa que estaba electrificada.

Se trata de Mauricio Fredes (33) quien esa misma jornada ingresó al servicio de Urgencias de la ex Posta Central ya sin signos vitales.

Desde el SML indicaron que ya se hizo la respectiva autopsia e identificación, motivo por el que los restos están listos para ser entregados a los familiares.

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El cuerpo de Mauricio Fredes podrá ser retirado desde las 14.00, dependiendo de la hora en la que la familia llegue a las dependencias del organismo con el servicio funerario.

Luis Cordero, tío del fallecido, afirmó que “ya hice todo el trámite y a mi sobrino me lo entregan hoy día, posiblemente a las dos de la tarde. El cuerpo me lo llevo hoy a la casa sí o sí”.

Además indicó que los funerales se realizarán en La Pintana, lugar donde vivía Mauricio.

“Voy a pedir un poco de paciencia porque emocionalmente no estamos bien en la familia. Gracias por el apoyo a mi sobrino y a mi familia”, finalizó Cordero.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/sml-confirma-cuerpo-manifestante-fallecido-corresponde-al-mauricio-fredes/955461/

El psicópata de la Escopeta o el gatillo fácil de Carabineros

El engendro de pretexto financiero pasea arrogante.
Lo único recto es la escopeta que mima, antes y después, de la faena.

Mientras su madre sufre desgarro de ovario arrepentido al ver a su crío asesino.
El diablo los cría y el capital los junta.
Estruendo de jubilado derrotado, encumbra su cloaca.
La restricción de muchedumbre que lo graba, comprime su espinazo.
Ya llegará la noche, la oscuridad y la impunidad.

No va a la guerra, pero carga plomo contra piedras.
Se piensa héroe de una película que sólo algunos entienden.
Sonido de hueso fracturado expande sus fosas nasales.

Caverna de bruto amaestrado, avanza.

Ausencia de honor espolea al carnicero de obreros, al ejecutante de estudiantes, al verdugo de viejos, al mutilador de muchachas.

Mientras los amantes de ultratumba caminan de la mano por las calles. Y sólo él los ve y los detesta. Son hormigas que robaban el azúcar allá en su infancia, tachuelas negras que sostenían su rancha.

Y mengua la lluvia pétrea y monta. Todo el escenario es de él. Dispara, se muerde los labios, como cuando ve su reflejo en la sangre. Grosero cenicero de sobra humana.
¿Qué son las historias de palos y garrotazos?, frente a su colección de cabezas perforadas.

Los insultos le son indiferentes, el ácido corrosivo de ideas implantadas, burbujea en su azotea. Dispara al aire fingiéndose correcto, pero las manos le chillan, le chillan: “al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo”

El vaho lacrimógeno ondea el collar de ojos que lleva al pecho.
El color de los moretones maquilla su cuerpo.
Porque su corazón no late, va muerto hace años, y aún no lo entiende. Es un reloj vacío, sólo brazos y piernas. Él es…su propio infierno.

El dolor del otro alivia su tormento. El grito ajeno acalla sus gritos.

Por entre el escudo de las hienas, dispara y vuelve a esconderse.
Sólo sigue órdenes, es un perro que aprendió a golpes.
La mano invisible de su patrón acaricia su mollera.

El psicópata de la escopeta ronda las casas pobres, e irónicamente, apenas habla, cuando cuida los jardines de los señores.
Los suyos lo esperan sonriendo. Psiquiátrico en llamas invisibles que a nadie preocupa apagar, mucho menos a él, que acarrea el pan lleno de coágulos sobre la mesa.
Los regalos ensangrentados son cortesía de su amo.

Para prensa Opal: Andrés Bianque Squadracci.

Base Musical: Fuck the Police - Dr. Funkstein & Mr. Watkins

https://www.youtube.com/watch?v=_5FpzuGjrY0

Ellos son los que matan sin razon

Crisis en Chile: Hombre murió electrocutado mientras manifestaba en Plaza Italia

Durante la tarde ayer viernes, un hombre de 40 años de edad perdió la vida mientras se manifestaba en el sector de Plaza Italia, mejor conocido ahora como Plaza de la Dignidad, tras caer a una fosa que se encontraba electrificada.

De acuerdo con información recabada por La Tercera, la víctima huía del actuar del cuerpo de Carabineros en la intersección de Alameda con Irene Morales, cuando por razones que aún están siendo investigadas, cayó en la fosa que se encontraba con cables de corriente y agua.

Aunque el personal de Bomberos y del Samu llegaron al lugar para intentar rescatarlo, no lograron reanimarlo e ingresó fallecido a la ex Postal Central. El jefe de urgencia del recinto, Teodoro Novillo, señaló que se intento reanimar a la víctima pero debido a la gravedad los esfuerzos fueron infructuosos.

Durante el día de hoy sábado, diversas personas se congregaron en lugar del suceso para rendir homenaje a la víctima de nombre Mauricio Fredes.



https://www.ismorbo.com/crisis-en-chile-hombre-murio-electrocutado-mientras-manifestaba-en-plaza-italia/

Piñera desmiente videos donde se ve a Carabineros cometiendo delitos varios

Cine Arte Alameda

El video de "Anonymous Chile Legion" sobre Piñera

Chile: ONU respalda informe sobre DD.HH del INDH que “corrobora la existencia de tortura”

La ONU corroboró el informe presentado por el INDH esta semana, en donde sostenían que habían presentado más de 500 querellas contra autoridades policiales. Fotografía: Reuters

Este lunes se dio a conocer el informe más reciente realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre los hechos ocurridos durante el estallido social chileno, que se dio inicio el pasado mes de octubre.

De acuerdo con documento, que abarca el período que va desde el 17 de octubre al 30 de noviembre, indican que presentaron más de 500 querellas contra agentes del Estado, especialmente Carabineros, destacando graves violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, así como una “indebida autonomía” de parte de la policía uniformada, e inacción por parte del Estado.

Luego de su publicación, Jan Jarab, quien es jefe de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para América del Sur, aseguró que el de la INDH es el “informe más completo de todos, con gráficos contundentes, que corroboran los hallazgos sobre la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos”.

“Corrobora la existencia de tortura, incluso tortura sexual y malos tratos; las agresiones en contra de periodistas y de personal de salud por Carabineros, aunque identificados al momento de la agresión; y agresiones contra propio personal del INDH”.

Jarab también destacó que los manifestantes fueron “severamente afectados” por la desmedida actuación policial, además de constatar “el uso indiscriminado de escopetas antimotines y cartuchos de gas lacrimógeno en contra de personas, muchas veces a corta distancia”.

El representante de la ONU indicó que el informe concluye no solo la falta de control sobre los medios disuasivos utilizados por Carabineros, y sino “una preocupante demora en una respuesta adecuada por parte del Estado”. En ese sentido, dijo que “como sabemos, las prácticas como uso de cartuchos de gas lacrimógeno disparado de manera directa contra los rostros de las personas siguió en el mes de diciembre”.

Finalmente, hizo un llamado a la “urgente implementación de las recomendaciones del informe del INDH y también, evidentemente, de nuestro informe de la ACNUDH. Llamamos a un cambio verdadero”.

https://www.ismorbo.com/chile-onu-respalda-informe-sobre-dd-hh-del-indh-que-corrobora-la-existencia-de-tortura/

El Ridiculo de #BigData

Fiscal Guerra desmiente a Piñera y asegura que no ha recibido información de intervención extranjera en ataques al Metro

El jefe de la Fiscalía Oriente señaló que el fiscal nacional, Jorge Abbott, tampoco ha recibido información con respecto a una presunta intervención de gobiernos extranjeros.

Por: El Desconcierto / Publicado: 11.11.2019

jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, desmintió que haya recibido información, de parte del gobierno, sobre una presunta intervención extranjera en los ataques al Metro de Santiago.

El presidente Sebastián Piñera afirmó ayer al diario español, El País, que ha “recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros” y aseguró que entregó esos datos a la Fiscalía.

Ante esto, Guerra señaló a Cooperativa que “por lo menos yo no tengo ninguna información al respecto, hasta donde sé tampoco se maneja en la Fiscalía; a lo mejor la lleva otro fiscal. A mí directamente no me ha llegado nada, entiendo que al fiscal nacional tampoco. No sé si alguna otra fiscalía regional en particular, pero hasta donde sé no nos ha llegado información de esa índole”.

En referencia a la presunta actuación de “grupos organizados” en los ataques al Metro de Santiago, “en general es algo que no podemos descartar, es una línea de investigación que se debe llevar adelante”.

“Nos llama la atención la sincronización con la que se produjeron estos ataques, el hecho de que se dieron en un momento determinado con muy poca diferencia horaria”, agregó.



https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/11/fiscal-guerra-desmiente-a-pinera-y-asegura-que-no-ha-recibido-informacion-de-intervencion-extranjera-en-ataques-al-metro/

Fiscal Guerra desmiente a Piñera: “No tenemos la presencia de ningún grupo organizado extranjero”

18 de Diciembre, 2019

El fiscal aseguró que en su mayoría se trata de jóvenes con una organización “bastante precaria” quienes están detrás de hechos violentos en el país.

En su última entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Arhi), el presidente Sebastián Piñera fue enfático en señalar que son muchos los responsables de los actos violentos en el país, los que estarían siendo coordinados mediante redes sociales por extranjeros.

A pesar de esto, en una entrevista otorgada a radio Infinita y publicada por Meganoticias, el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, aseguró que no tienen información para confirmar las declaraciones del mandatario.

“No tenemos, hasta la fecha, la presencia de grupos de extranjeros que se hayan organizado para ese fin y hasta donde conozco, tampoco tenemos la presencia de ningún grupo organizado extranjero en ninguna de las otras fiscalías regionales de Santiago y del resto del país”, indicó.

Respecto al supuesto “enemigo implacable y organizado” expuesto por Piñera, el fiscal aclaró que en su mayoría son jóvenes y con un nivel de organización “bastante precaria, no tenemos grandes niveles de organización. En eso no nos figuran siendo dirigidos por ciudadanos extranjeros, no tenemos ninguna información de esa naturaleza”.

Así, explicó que tal vez esa información ha sido proporcionada por instituciones de inteligencia que no ha sido denunciada. Ante esto, criticó que el presidente esté dando esta información de manera pública, generando una expectativa en la población.

Finalmente señaló respecto a la supuesta intervención extranjera que “sería conveniente que si existen esos antecedentes y están dentro del ámbito de lo ellos pueden liberar, lo más sensato es que se formularan las denuncias correspondientes”.

https://www.theclinic.cl/2019/12/18/fiscal-guerra-desmiente-a-pinera-no-tenemos-la-presencia-de-ningun-grupo-organizado-extranjero/

Sin ceder un centímetro: Piñera blinda a Rozas, insiste en intervención extranjera y que cambio al modelo es seguir el camino de Venezuela

Al cumplirse casi dos meses desde el inicio del estallido, el Presidente dio una entrevista conjunta a las cadenas radiales de Archi, donde confirmó la sensación ambiente que hay en La Moneda de que están logrando sortear el conflicto. A juicio de Piñera, las medidas tomadas por el Ejecutivo son las correctas, pese a las críticas por la “letra chica” de los anuncios presidenciales. Consultado entonces por qué queda la impresión en la ciudadanía de que cada vez que habla, no dice nada, la respuesta del Mandatario fue que “hay algunos que nada los va a satisfacer (…) y cuando fueron Gobierno no atacaron ninguno de estos problemas”.

“He cometido errores, le pido perdón”. Esa fue una de las frases lanzadas por el Presidente Sebastián Piñera en la entrevista conjunta con las radios de la ARCHI, por el manejo ante la crisis que está por cumplir dos meses. Sin embargo, pese a esta suerte de mea culpa, en el detalle, las declaraciones del Mandatario siguen apegándose al guión oficialista y revelan la cero autocrítica del titular del Ejecutivo.

La entrevista se da en momentos en que Piñera marca apenas un 13% en las encuestas, de acuerdo al último sondeo de Cadem. “Me duele este bajo apoyo”, admitió el gobernante, aunque sus palabras confirman la sensación ambiente que hay en La Moneda, donde creen que el Presidente está logrando sortear el conflicto.

Prueba de esta falta de autocrítica de Piñera, es que –a su juicio- las medidas tomadas por el Ejecutivo son las correctas, pese a las críticas por la “letra chica” de los anuncios presidenciales.

“Hemos actuado con diligencia, con sentido de urgencia. Hemos escuchado la voz de la gente. En 60 días hemos mejorado las pensiones, hemos mejorado el ingreso mínimo, hemos reducido el costo de servicios públicos”, sostuvo. Es más, anunció que viene “cambio profundo a sistema de salud público y privado”.

Consultado entonces por qué queda la impresión en la ciudadanía de que cada vez que habla, no dice nada: “Hay algunos que nada los va a satisfacer (…) y cuando fueron Gobierno no atacaron ninguno de estos problemas”, indicó.

A renglón seguido, descartó que este estallido pueda derivar en un cambio de modelo, como sostienen algunos sectores. A juicio del Presidente, quienes plantean esa premisa “están hablando del modelo venezolano donde atropellan los DD.HH. todos los santos días”.

Pero esa no fue la única referencia a Venezuela que hizo el Presidente en la entrevista. Al hacer un balance de los dos meses del estallido, el Mandatario aseguró que el país enfrentó una “ola de violencia sin dios ni ley” e insistió en las tesis ya deslizadas en entrevistas con medios extranjeros donde señaló que “hay tecnología de punta, hay organización militar” e injerencia extranjera.

“Así lo ha dicho el secretario general de la OEA (Luis Almagro) y el Departamento de Estado de EE.UU. y países amigos”, aseguró, evitando dar más detalles, porque –según dijo- dichos antecedentes son parte de las investigaciones del Ministerio Público.


DD.HH., y blindaje a Rozas

En materia de derechos humanos, el Presidente evitó una vez más hablar de violaciones, y sostuvo que “en Chile se cometieron excesos, atropellos y abusos a los derechos humanos, no de forma sistemática”.

“Reconocemos que se cometieron excesos y los condenamos (…) pero hay mucha noticia falsa que hay que mirar con mucho cuidado. Los medios de comunicación han publicado noticias sin tener certeza de su veracidad”, dijo, deslindado responsabilidad en la prensa.

Asimismo, separó aguas, y sostuvo que “hay informes que son serios y que respetamos” como los de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. “Otros son totalmente sesgados como el de Amnistía Internacional que está totalmente alejado de la realidad”, acusó.

También hizo una férrea defensa de Carabineros. “Carabineros no ha tenido un patrón de conducta” de violación de derechos humanos, dijo el Mandatario.

En esa línea, dio todo un espaldarazo a Mario Rozas, el general director de Carabineros: “Ha hecho todo lo humanamente posible para cumplir su deber, él ha tratado de ser parte de la solución y ha combatido con toda la energía todos los excesos que han cometido algunos miembros de la institución”.

Asimismo, descartó responsabilidades de su Gobierno, por ejemplo en el uso de los perdigones de goma, y apuntó a la administración de Michelle Bachelet. “La información que teníamos era que los balines comprados en el Gobierno anterior eran íntegramente de goma”, comentó.


El optimismo económico

En materia económica, las apuestas del Presidente apuntan a mirar el vaso medio lleno: “Es posible que el Imacec de noviembre también sea negativo, pero yo espero que el próximo año la economía vuelva a crecer y soy más optimista que las proyecciones del Banco Central”.

Pero a renglón seguido, dejó en claro que no está disponible a abrir más la billetera fiscal, insistiendo en que no cederá a la demagogia y el populismo. “Me tengo que preocupar de no destruir la económica chilena y si Chile cae en recesión y alto desempleo solo vamos a perjudicar a la clase media y sectores más vulnerables”, indicó.


https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/12/16/sin-ceder-un-centimetro-pinera-blinda-a-rozas-insiste-en-intervencion-extranjera-y-que-cambio-al-modelo-es-seguir-el-camino-de-venezuela

Carta del general Mario Rozas y respuesta de Mónica González

12.12.2019 - Por Jorge Parra Aguilar

Santiago, 2 de diciembre 2019.

Sr. Pedro Ramírez

Director CIPER

Presente

En representación de Mario Alberto Rozas Córdova, General Director de Carabineros y del Teniente Coronel (J) de Carabineros, Christian Retamal Contreras en ejercicio del derecho que les asiste de conformidad a lo dispuesto por el Título IV de la Ley No.19.733, me dirijo a usted con el fin de aclarar y/o rectificar las afirmaciones contenidas en una nota difundida el día 12 de noviembre 2019, en la versión electrónica del medio que usted dirige, titulada “Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto” suscrita por la periodista Mónica González, en la que sin fundamento alguno, se efectúan imputaciones y que contienen imprecisiones tales que no hacen sino -al menos- presumir su falta de rigurosidad periodística, exigiendo a usted la publicación integra de la presente en condiciones similares de difusión y publicidad que se dio a la nota que se comenta en conformidad a las normas legales correspondientes (artículos 18 y 19 de la Ley Nº 19.733).

En este sentido, destaco en lo pertinente lo siguiente:

1.- Bajo el Titulo “ROZAS UN GENERAL DE ESCRITORIO”, la nota presentada, pretende fundamentar dicha aseveración señalando; “que el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magíster y cuyo último puesto fue ser j efe de Bienestar de la institución” aseveraciones que son complementadas con la expresión “es imposible que el oficial que solo es general desde 2017 y que carece de experiencia sólida en mando operacional, pueda imponer su autoridad ante los hombres de las Fuerzas Especiales y del “Comando Jungla”.

2.- La nota periodística pretende construir una imagen hacia la opinión pública del General Director de Carabineros, fundada en expresiones erradas, incompletas, y contradictorias, lo que deja en evidencia la carente rigurosidad utilizada en este tipo de reportajes.

3.- Si se revisa la hoja de vida del General Director de Carabineros Mario Alberto Rozas Córdova, se acredita que prestó servicios durante su carrera profesional en diferentes Unidades operativas, tales como; la Tercera Comisaría de Talca, en la Primera Comisaría de Linares, en el Departamento de Drogas O.S.7., entre los años 1993-1996, en la Sexta

Comisaría de Isla de Pascua, fue Comisario de la 17ª. Comisaria “Las Condes”, y en el año 2017 como Jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, datos omitidos que destruyen la tesis del reportaje.

4.- La contradicción se manifiesta en la referencia a que el General Director no puede imponer su mando al comando Jungla y después el reportaje señala “que el Comando Jungla abandonaba La Araucanía, el general Rozas asumía el mando de Carabineros en reemplazo del general Hermes Soto”. Es decir, el propio reportaje aclara que al asumir el mando el GeneralRozas dicho comando ya no existía,luego resulta imposible ejercer elmando sobre él.

5.- La nota agrega diciendo “cuyo último puesto fue serjefe de Bienestar de Ja institución, función asimilada por los oficialesjóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando, no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías”.

6.- Estas expresiones claramente refieren a fuentes periodísticas carentes de informac ión verídica, por cuanto al asumir el mando de la Dirección de Bienestar en marzo del 2018, el General Mario Alberto Rozas Córdova, ya se había concluido la Auditoria efectuada en el año 2017 a la precitada Alta Repartición por la Contraloría General de la Republica, la que no dispuso ningún sumario administrativo, como  tampoco la existencia de hechos ilícitos, correspondiendo a mi representado solo dar cumplimiento a las observaciones dispuestas por el Órgano de Control, luego las expresiones utilizadas en el reportaje son carentes de fundamento, al igual que lo referente a la obediencia y el respeto hacia el General Director.

7.- El Reportaje agrega “el general Rozas representa las dobles contrataciones y asignaciones y regalías a destajo con que se beneficiaron muchos altos oficiales del círculo del poder. Y citan como ejemplo, los dos sueldos con sus respectivas regalías que tuvo el asesor jurídico de Mario Rozas en la Dirección de Bienestar: el coronel Christian Retamal Contreras“, en este caso las imprecisiones publicadas son las siguientes:

7.1.- Ningún General de Carabineros, a cargo de Direcciones tiene la facultad legal para otorgar ningún tipo asignaciones o regalías a sus subalternos y menos a destajo.

7.2.- Las asignaciones en Carabineros de Chile, están reglamentadas en el Estatuto del Personal, son tramitadas por la Dirección Nacional de Personal y son revisadas por la Contraloría General dela República,por lo que las aseveraciones son falsas.

7.3.- La referencia al Teniente Coronel (J) Christian Retamal Contreras es antojadiza, por cuanto su jornada de trabajo está sujeta a la norma de la Orden General Nº 783, de 05.08.1991, y  la  Directiva  del Personal  Contratado  por  Resolución,  al  igual  que  un  número importante de abogados, médicos y profesionales que ejercen funciones estratégicas en la Institución, por lo cual, no se trata de ningún caso excepcional, no registrando ningún otro beneficio que aquel establecido en las normas reglamentarias.

8.- En resumen, la nota contiene expresiones que verbalizan la imaginación del redactor y de las teorías que tiene o que quiere tener sobre la inexistente relación de hechos que creó. Se expresa entonces, la molestia por las imprecisiones y acusaciones realizadas, que carecen de respaldo fáctico y jurídico y que no incorporan versión alguna de mis representados que contrasten lo afirmado, incumpliendo normas éticas del ejercicio del periodismo, restando con ello confianza, veracidad y credibilidad a este tipo de notas, resultando evidente la ausencia de compromiso profesional en el ejercicio del periodismo.

Envío a usted esta misiva en representación de Mario Alberto Rozas Córdova y de Christian Retamal Contreras, según consta en escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Miryam Amigo Arancibia.

Jorge Parra Aguilar

Defensoría Jurídica del Personal (J.2.) de Carabineros de Chile

RESPUESTA DE MÓNICA GONZÁLEZ

Santiago, 11 de diciembre de 2019

Señor Mario Rozas

General Director de Carabineros:

Me dirijo directamente a usted en relación con la carta que en su representación le envió al director de CIPER, Pedro Ramírez, la persona individualizada como Jorge Parra Aguilar, de la “Defensoría Jurídica del Personal (J.2.) de Carabineros de Chile”.  En ella se intenta desmentir los hechos que aparecen consignados en el artículo “Furia desatada en Carabineros: sin control y sin piloto”, publicado por CIPER  el 12 de noviembre pasado y del que soy la autora, acusándome de “falta de rigurosidad periodística” y de hacer imputaciones “sin fundamento alguno”.

Al respecto, quisiera punto por punto mostrarle a usted que ninguno de los hechos que en el citado artículo se mencionan carece de sustento. Y que, releído con atención hoy, a la luz de los hechos de público conocimiento -y de otros que yo misma he continuado recabando desde el 12 de noviembre-, debo afirmar que la ausencia de respeto al mando que usted ejerce sobre los 60 mil hombres que componen su institución, constituye un problema mucho más grave que hace un mes para la seguridad del país y la integridad física de los ciudadanos que lo habitan.

La afirmación que vengo a sostener se sustenta en varios hechos que paso a consignar:

1-. En el informe entregado el 26 de noviembre por la ONG internacional Human Rights Watch, tras dos semanas de trabajo en terreno en el país, junto con denunciar que “Chile enfrenta una situación de extrema gravedad en el orden público”, y que los efectivos de Carabineros que son los encargados de restaurar el orden público cometen en el desempeño de esta función, “graves violaciones a los derechos humanos”, se recomienda -y con urgencia- una profunda reforma a Carabineros.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, concluyó sobre el contenido de ese informe que en Carabineros existe “una cultura de abusos sin que haya ninguna consecuencia”. Y dio ejemplos: “uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes, facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”.

Y respecto de la responsabilidad del general director de Carabineros en estos hechos, aludiendo directamente a su responsabilidad, José Miguel Vivanco afirmó:

“No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no conozca, no sepa, cuál es la composición material de los perdigones. Me parece que es elemental de cualquier fuerza pública en el mundo que por lo menos conozca con mayor precisión no solo las consecuencias que tenga el uso de estas escopetas (antidisturbios), sino la composición y las reglas del juego para usarlas”.

No solo a José Miguel Vivanco le pareció impresentable su primera declaración pública al respecto, en la que desmintió el estudio de la Universidad de Chile que indica que los perdigones que dispara en las manifestaciones el personal bajo su mando contienen plomo, entre otros componentes que provocan daño importante en las personas, y que incluso puede ser letal; para luego tener que reconocerlo y deslindar responsabilidad en el proveedor de los perdigones, diciendo que usted desconocía su composición.

Esa actitud habla por sí sola del desconocimiento que tiene de protocolos, procedimientos y adquisiciones en áreas clave de una institución que debe garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes de este país. Sus dos declaraciones fueron escuchadas por los cientos de miles de personas que en estos 54 días han comprobado personalmente, o a través de los testimonios de sus familiares y amigos, la violencia sin control que despliegan sus hombres contra quienes se manifiestan en forma pacífica, en contraste con la inacción que se percibe frente a grupos organizados de delincuentes o del narcotráfico.

Su actitud fue leída por muchos como la vía para endosar la responsabilidad por las más de 1.550 personas que han sido heridas y atendidas en hospitales a causa de la violación de los protocolos del uso de estas armas antidisturbios. Una actitud muy poco digna de la investidura que aún lleva.

El mismo día que se conoció el informe de Human Rights Watch, el gobierno informó -a través de su ministro del Interior- que le había solicitado al general director de Carabineros -es decir, a usted- un informe que debía ser entregado en el plazo de una semana. Y lo hizo. En ese informe de 36 páginas, usted intentó refutar los graves hechos que consigna el documento de Human Rights Watch.

Se cuestionan las cifras, específicamente la de la cuantía de heridos entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, que en esos días llegaba a 11.564 personas, de los cuales “más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves” y “al menos 1.051 personas resultaron heridas por impacto de perdigones”. Para Carabineros, en el informe refrendado por usted, sus registros indicaban un total de 1.195 civiles lesionado hasta el 2 de diciembre, de los cuales solo 376 presentaban heridas de perdigones “cuya autoría aún no se encuentra determinada por los órganos persecutores”. También refutaron las cifras de abusos sexuales.

Sobre este último punto, en el informe de Carabineros que usted firmó, se lee: “Agrega el informe HRW (Human Rights Watch), la existencia de 74 casos relacionados con abusos sexuales en que los detenidos fueron obligados a desvestirse y hacer ‘sentadillas’ en las comisarías, sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de esos relatos”. Y agregó: “Por lo demás, varios de ellos han podido desvirtuarse en sede administrativa con la sola exhibición de cámaras de televigilancia existente en los cuarteles”.

Es decir, usted no reconoce ni una sola “sentadilla” en total desnudez a las que han sido obligadas menores en sus retenes, ni una sola tocación violenta en los genitales de detenidos hombres y mujeres y ni una sola violación. Y ello, a pesar de que, tal como le refutó José Miguel Vivanco el 5 de diciembre, las querellas por abusos sexuales desde el 18 de octubre llegaban en esos días a 74, las que incluyen testimonios estremecedores. No hubo ni una sola información sobre sumarios en curso. José Miguel Vivanco lo dejó en silencio. Y se entiende.

Después del informe de Human Rights Watch vino el segundo pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza policial que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que se iniciara el estallido social el 18 de octubre pasado. En él se expresa la preocupación por el alto número de denuncias de violaciones a los derechos humanos, las que presentan un patrón de conductas de violencia en contra de manifestantes que se repiten. Junto con llamar al gobierno al “cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, el organismo de la OEA expresó su alarma por el alto número de acciones judiciales por abusos sexuales contra menores que se manifestaban. Usted, señor general director, guardó silencio.

También guardó silencio cuando pese a la orden que emanó del gobierno prohibiéndole al personal bajo su mando disparar perdigones, debido al alto número de heridos que habían dejado esas armas antidisturbios en el país, se siguieron registrando heridos por la misma causa. Cientos de imágenes captadas por equipos de documentalistas que recorren el país registrando cada manifestación, muestran cómo sus hombres desobedecieron las órdenes de las autoridades. Y también se aprecia como efectivos policiales bajo su mando continuaron disparando bombas lacrimógenas directo al cuerpo y a corta distancia contra personas que manifestaban de forma pacífica.

El 6 de diciembre pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyas cifras se han constituido en el registro de la verdad sobre la vulneración de derechos en Chile desde el 18 de octubre, ya que su sustento son las cifras oficiales que sus funcionarios recogen en hospitales y comisarías en todo el país, entregó su último recuento:

Personas heridas y atendidas en hospitales: 3.449, de las cuales 254 corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Heridos por lesión ocular: 352.

Heridos por disparos: 1.983, de los cuales 1.554 corresponden a perdigones, 180 a balines y 51 heridos por bala.

Denuncias por Tortura: 405

Denuncias por violencia sexual: 192.

El balance del INDH fue un duro golpe. Si a esa cifra se le suman las al menos 26 víctimas fatales que se registran desde el 18 de octubre, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por efectivos policiales bajo su mando adquiere una dimensión inédita en estos 30 años desde la recuperación de la democracia.

Pero eso no fue todo. Al finalizar la tarde del pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando miles de chilenos se reunieron pacíficamente a denunciar la violación de los Derechos Humanos que tiene lugar en estos días en Chile, sus hombres volvieron a violar los protocolos dejando en el centro de Santiago a 14 personas heridas por el impacto de bombas lacrimógenas, dos de ellas -una menor de 15 años y un hombre de 35 años- con riesgo vital al haber recibido el impacto directo en la cabeza.

Esa noche, el director del INDH, Sergio Micco, después de constatar el estado de salud de los heridos y la violación de los protocolos por parte de los efectivos policiales sin que nadie responda por ello, afirmó: “Exigimos que se cumplan los protocolos. Es público y notorio que estas situaciones siguen sucediendo, el dolor y el miedo se expanden y esto le hace más daño a la sociedad chilena. Hay cientos de testimonios que indican que esto sigue ocurriendo (disparo al cuerpo)”.

Horas antes se había reunido la comisión constituida por el gobierno para diseñar la reforma de Carabineros, la que ya no habló de “modernización”, sino que se sumergió en la “reestructuración urgente” de la institución debido a la gravedad y dimensión de las reiteradas violaciones a los derechos humanos provocados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y se dio un plazo de 50 días para ello. Usted nuevamente guardó silencio. En los precisos momentos en que se está ejecutando una reingeniería profunda a su institución por las graves violaciones y delitos cometidos, el hombre que está al mando guarda absoluto silencio. Y sigue en su puesto.

El mismo silencio que usted mantuvo -aunque parezca increíble- cuando en la tarde de ayer miércoles 11 de diciembre el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de quien fuera ministro del Interior hasta el 28 de noviembre, Andrés Chadwick. Y el fundamento de esa condena política es la responsabilidad que ese ministro tiene al no haber sido capaz de parar los graves abusos que han cometidos los efectivos policiales bajo su mando.

Lo hasta aquí relatado y ocurrido en estos 54 días transcurridos desde que el 18 de octubre se iniciara el estallido social protagonizado por millones de chilenos en las calles de distintas ciudades del país, indica que su permanencia y su actitud a la cabeza de Carabineros se ha constituido en la constatación de que en Chile se violan los derechos humanos en democracia, y sin costos para sus autores. Esta suerte de impunidad representa un problema grave no solo por la violencia ejercida sobre más de tres mil ciudadanos, sino por los juicios que mantendrán ocupado al Estado de Chile en los años que vienen. En esto, ya no hay vuelta atrás.

2-. En la carta que firma su representante se lee en el primer punto que, en el reportaje en cuestión, y “bajo el título ‘Rozas, un general de escritorio’, se dice que ‘el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magíster y cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de la institución’, aseveraciones que son complementadas con la expresión ‘es imposible que el oficial que solo es general desde 2017 y que carece de experiencia sólida en mando operacional, pueda imponer su autoridad ante los hombres de las Fuerzas Especiales y del Comando Jungla”.

Y agrega su representante defensor: “La nota periodística pretende construir una imagen hacia la opinión pública del General Director de Carabineros, fundada en expresiones erradas, incompletas, y contradictorias, lo que deja en evidencia la carente rigurosidad utilizada en este tipo de reportajes”.

Su representante fundamenta lo que afirma su representante de la siguiente manera (punto 3 de su carta):

“Si se revisa la hoja de vida del general director de Carabineros Mario Alberto Rozas Córdova, se acredita que prestó servicios durante su carrera profesional en diferentes unidades operativas, tales como; la Tercera Comisaría de Talca, en la Primera Comisaría de Linares, en el Departamento de Drogas O.S.7., entre los años 1993-1996, en la Sexta Comisaría de Isla de Pascua, fue Comisario de la 17ª. Comisaria ‘Las Condes’, y en el año 2017 como Jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, datos omitidos que destruyen la tesis del reportaje”.

Desmenucemos lo que su representante afirma. Lo primero a destacar es lo que su representante obvió de lo que escribí en el reportaje en cuestión. Porque allí, bajo el subtítulo (y no título) “Rozas, un general de escritorio”, el párrafo comienza así: “Porque ni el Presidente Piñera ni el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ignoran que el jefe de Carabineros, el general Mario Rozas, quien asumió hace solo 11 meses, no garantiza el mando de su institución. Saben que el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magister y cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de la institución…”. Hasta aquí va textual lo que se lee en el reportaje que lleva mi firma, pero su representante obvia lo que sigue en mi reportaje: “función asimilada por los oficiales jóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando (la Dirección de Bienestar)”. Y es por todo ello, agrego, que el general Mario Rozas “no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías”.

La afirmación la mantengo. Y ahora agrego que efectivamente no cité algunas de las destinaciones que el general Mario Rozas ha tenido en su carrera. Por ejemplo, no dije que sirvió una jefatura en Isla de Pascua, una destinación que, al igual que la Agregaduría Policial en España y ser designado edecán presidencial por cuatro años (en el primer gobierno de Sebastián Piñera), son premios reservados para los “regalones” o favoritos del alto mando. Ese mismo alto mando que aparece en el juicio en curso como responsables algunos y otros beneficiarios del fraude que ya completa $29.000 millones; del montaje de la “Operación Huracán”, que terminó con el desmantelamiento de todo el equipo de Inteligencia policial y con algunos de los altos mandos que montaron el operativo de guerra e inventaron el “enfrentamiento” en el que fue asesinado el joven mapuche Camilo Catrillanca en noviembre del 2018.

Si sumamos Isla de Pascua a sus destinaciones como jefe de la 17ª Comisaria ‘Las Condes’, jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, además de haber servido tres años en el OS-7 (entre 1993 y 1996), su experiencia operativa no varía mucho: el general Mario Rozas carece de experiencia operativa en las funciones más delicadas de una institución clave para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos de este país. Y su falta de conocimiento y mando ha quedado de manifiesto en estos 54 días.

3-. En el punto 5 de la carta que envía su representante se hace mención a lo que se afirma en el reportaje (que ya mencioné), pero que aquí se cita fuera de contexto: “cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de Ja institución, función asimilada por los oficiales jóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando, no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías”.

La explicación de ese desmentido está en el punto 6 de la carta que envió su representante. Allí se lee:

“Estas expresiones claramente refieren a fuentes periodísticas carentes de información verídica, por cuanto al asumir el mando de la Dirección de Bienestar en marzo del 2018, el general Mario Alberto Rozas Córdova, ya se había concluido la Auditoria efectuada en el año 2017 a la precitada Alta Repartición por la Contraloría General de la Republica, la que no dispuso ningún sumario administrativo, como  tampoco la existencia de hechos ilícitos, correspondiendo a mi representado solo dar cumplimiento a las observaciones dispuestas por el Órgano de Control, luego las expresiones utilizadas en el reportaje son carentes de fundamento, al igual que lo referente a la obediencia y el respeto hacia el general director”.

Como su mismo representante lo asume, en ninguna parte del reportaje se dice que usted es responsable de un fraude. Por lo menos hasta esta fecha. Lo que allí se dice -afirmación que mantengo- es que la Dirección de Bienestar de Carabineros ha sido identificada por los oficiales de menor grado y los suboficiales de Carabineros como una repartición que favorecía con discriminación y secretismo a los integrantes del alto mando. Una de esas áreas eran los préstamos que otorgaban a los altos oficiales para la compra de casas de lujo, como las que habitaban en Peñaflor los generales Bruno Villalobos y Fernando Cordero, ambos ex generales directores de Carabineros involucrados en graves irregularidades.

En la investigación publicada por CIPER el 8 de junio de 2017 (“El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones”), se reveló que los 18 propietarios de las hermosas parcelas de 5 mil metros cuadrados del condominio “El Tranque de San Javier” no pagaban contribuciones. Entre ellos estaban Villalobos, Cordero y otros altos oficiales de Carabineros, como la generala (r) Lilian González González, quien fue directora de Bienestar de la institución entre 2006 y 2009, unidad clave en el otorgamiento de préstamos habitacionales para el personal policial. En ese periodo, se han detectado las mayores operaciones del fraude millonario que afecta a Carabineros. La generala González está casada con un ex alto oficial de Carabineros: Emilio Maldonado Lobos, del área de Administración y Finanzas, cuyo superior el general Flavio Echeverría está preso por su responsabilidad en el fraude millonario. Maldonado ha sido representante del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros ante el SII y miembro de la directiva del Radio Club de Carabineros.

Las últimas irregularidades detectadas en la Dirección de Bienestar dicen relación con los sobresueldos que recibían los oficiales que asumían su dirección, como el general Marcos Tello, y que, según las confesiones de los propios protagonistas del fraude, salían de los gastos reservados que recibía la institución. Se calcula que un 40% del monto total de los gastos reservados que recibía cada año Carabineros iban a parar a los bolsillos de los miembros del alto mando.

Otra de las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Dirección de Bienestar fue el no registro de los ingresos percibidos por los centros recreacionales y gastronómicos de Carabineros en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe), así como el cobro por cifras mucho menores a las debidas por el arriendo de las instalaciones de la Casa de Campo de La Reina. La investigación del millonario fraude aún no ha terminado.

En total, hasta ahora suman 12 los generales que tuvieron mando sobre unidades de Carabineros relacionadas con el gran desfalco y que tienen responsabilidad directa en los delitos detectados.

En todo caso, general, usted debiera tener cierto pudor cuando habla de sumarios, pues todavía se está esperando el cumplimiento de la orden emanada de la Contraloría en septiembre de este año de devolver los $1.620 millones que no fueron ejecutados de uno de los planes clave contra el crimen organizado, como lo es el Plan Nacional contra el Narcotráfico.

4-. En el punto 7 de la carta que envió su representante se lee: “El Reportaje agrega ‘el general Rozas representa las dobles contrataciones y asignaciones y regalías a destajo con que se beneficiaron muchos altos oficiales del círculo del poder’. Y citan como ejemplo, los dos sueldos con sus respectivas regalías que tuvo el asesor jurídico de Mario Rozas en la Dirección de Bienestar: el coronel Christian Retamal Contreras. En este caso las imprecisiones publicadas son las siguientes: ningún general de Carabineros, a cargo de Direcciones tiene la facultad legal para otorgar ningún tipo asignaciones o regalías a sus subalternos y menos a destajo”.

Su representante cita luego la normativa legal que regula las asignaciones y sus fiscalizaciones, para concluir: “por lo que las aseveraciones son falsas”.

En los párrafos precedentes se ha hecho una sucinta acotación sobre las múltiples ilegalidades e irregularidades que se han descubierto en la investigación del millonario fraude cometido por oficiales del alto mando de carabineros para beneficiarse y que alcanza a los $29 mil millones. Todos estos hechos son de público conocimiento. Y en ellos también están involucrados los oficiales que han estado a la cabeza de la Dirección de Bienestar.

Sobre las asignaciones dobles que recibió el asesor jurídico del general Mario Rozas (coronel Christian Retamal Contreras) cuando éste era jefe de la Dirección de Bienestar, en el reportaje en cuestión se dice lo siguiente: “Malas prácticas que, si bien han sido aceptadas por Contraloría, en virtud de los reglamentos vigentes, han provocado rechazo en la tropa. Para otros, Rozas es parte del círculo del poder porque su esposa, la coronel Carola Ahengo, quien renunció cuando su marido fue designado general director, trabajó en la Subsecretaría de Carabineros desde 2006 a 2009 con Javiera Blanco”.

Esto significa que en ninguna parte del reportaje se acusa al general Rozas de haber otorgado dobles asignaciones de forma ilegal, sino que utilizando los reglamentos al filo de lo legal para no ser sancionado. Igual como lo hicieron sus antecesores.

Después de haber escuchado por más de tres años el relato de los ilícitos cometidos por los altos oficiales de Carabineros para un enriquecimiento que significó robarle al estado miles de millones, lo que ha provocado la ira de los oficiales de menor grado y de los suboficiales que, además, reciben mal trato de sus superiores, lo que la ciudadanía espera del general director de Carabineros es una actitud humilde, clara y firme.

Esa pareció que sería su actitud cuando el 11 de enero de 2019, recién nombrado al mando de Carabineros, usted general Rozas asumió la crisis, de la que nunca ha salido, y dijo: “La única forma de salir de esta crisis es escuchando críticas y asumiendo culpas, porque hay que asumir que fuimos soberbios como institución”.

Y tres meses y medio más tarde, para la celebración del Día del Carabinero, volvió a recordar el duro momento que vivía su institución: “¿En qué momento caímos por este abismo tortuoso y perverso? ¿Cómo es posible que se cometieran tantas acciones corruptas sin siquiera detectar oportunamente estos ilícitos?”.

Hasta el 27 de abril pasado usted general Mario Rozas parecía tener claro que Carabineros estaba en crisis y que habría que hacer un enorme esfuerzo para limpiar y reforzar a sus mandos y sobre todo a su tropa para salir adelante. Ahora no asume -o nunca supo- que los efectivos policiales que están en la calle tienen solo un año de formación y carecen de conocimientos sobre protocolos y uso adecuado del armamento antidisturbios. Otro de los efectos nocivos de la corrupción que se comió el presupuesto destinado a formar a los nuevos contingentes.

Al inicio de dicha carta su representante me acusa de falta de rigor. Allí se dice que en el reportaje en cuestión “sin fundamento alguno, se efectúan imputaciones y que contienen imprecisiones tales que no hacen sino -al menos- presumir su falta de rigurosidad periodística”.  Su acusación general Rozas, carece de veracidad. Pero eso es lo menos importante. Lo que los ciudadanos requieren ahora es que usted asuma su responsabilidad, porque lo que necesitamos todos y con urgencia es una policía que garantice el orden público y, al mismo tiempo, respete la integridad y la vida de los ciudadanos que pacíficamente reclaman sus derechos. Así funciona el Estado de Derecho. De lo contrario es la democracia la que está en peligro.

Mónica González

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