Tras una investigación periodística, ArchivosChile.org reveló 150 de las leyes que el fallecido dictador Augusto Pinochet decretó para conseguir por vía legal los objetivos de la dictadura. Entre ellas, destacan la creación de los organismos represores como la Dina y CNI, además de traspasos de dineros que, hasta hoy, no se sabe dónde están.
“El Ministerio de Hacienda deberá incluir anualmente en el presupuesto de la nación un mínimo de 6 millones de dólares para cada una de las Instituciones de Defensa Nacional, destinado a la mantención de las unidades y equipos”. Decreto de Ley 410, 6 de abril de 1974.
Lo anterior es una muestra de los textos legales que Augusto Pinochet Ugarte, dictador de Chile, emitió durante su mandato al frente del país, entre los años 1973 y 1990. En total, fueron 150 leyes hasta ahora desconocidas, y que el sitio web de investigación periodísticaArchivosChile.org publicó en extenso y con detalles.
Se trató de una investigación de meses, realizada por los periodistas Jorge Escalante yJohn Dinges (el último, autor de varios libros sobre diversos asesinatos perpetrados por la dictadura), y que fueron publicados parcialmente, en ese momento, y sin los documentos en manos en el diario La Nación en febrero pasado.
Hoy, los decretos están disponibles, y reflejan las operaciones con que la dictadura logró posicionarse por 17 años en el poder, llegando incluso a concretar acciones que podrían, eventualmente, terminar en algún tipo de investigación judicial.
PLATAS DUDOSAS
Si bien, la mayoría de estas leyes hoy no están vigentes, sí produjeron cambios relevantes para esos años. Entre las destacadas se encuentra, por ejemplo, la Ley Reservada del Cobre, que destinó el 10 por ciento de los excedentes del mineral a las Fuerzas Armadas. Esa ley, vale precisar, es la única que sigue vigente.
La investigación de Dinges y Escalante también reveló que en 1978 y 1981, Pinochet obtuvo desde la Tesorería General de la República un total de 442 millones de dólares para fines de los cuales aún no se sabe nada. Incluso, en 1980 el dictador se atribuyó poderes para adjudicarse 250 millones de dólares más, que por medio de las leyes 3.466 y 3.467, sólo él fijaría el destino de los recursos.
“Es absurdo hablar de una ley secreta, porque la esencia de una ley es que sea promulgada y pública. (…) Lo que llama la atención es que en materia de derechos humanos, prácticamente no se presentan leyes secretas, sí hay muchas que tienen que ver con traspasos de dineros. O sea, no querían que el público se diera cuenta de los millones y millones de dólares que se estaban traspasando del fisco a las instituciones militares”, explica desde Estados Unidos el investigador John Dinges.
“Puede que Pinochet haya manejado personalmente esos fondos. Eso plantea dos preguntas: ¿Qué se hizo con ese dinero? (…) No sabemos la respuesta a esa pregunta. Esto es materia de mucha importancia todavía para el Gobierno”, sentencia Dinges.
LA BASE PARA LA REPRESIÓN
Entre otras, de las 150 leyes dadas a conocer, destacan la base jurídica para la creación de los centros represivos como la Dirección Nacional de Inteligencia, Dina, y posteriormente el Centro Nacional de Inteligencia, CNI.
Por intermedio del Decreto Reservado 521, del 17 de junio de 1974, el Ministerio del Interior creó la cuestionada Dina, encargándole la “misión de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera, para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la Seguridad Nacional y el desarrollo del país”.
De acuerdo a la investigación, dicho decreto contiene los artículos secretos 9, 10 y 11, que indican que la coordinación de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas con el director de Dina; dispone su facultad para el traslado, arresto, allanamiento y aprehensión de personas; además de que es la continuadora legal de la Comisión Dina, creada en noviembre de 1973.
De igual forma, cinco años más tarde, el 22 de octubre de 1979, con el Ministerio de Hacienda, se fijan las plantas y normas sobre el personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Rige a contar del 1 de julio de 1979 y considera 552 funcionarios, entre planta directiva, administrativa y de servicios.
OBSTÁCULO EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Conseguir toda esta información, sin embargo, no fue fácil. Si bien se trata de material denominado público, las trabas para lograr dar con las fuentes y los datos originales hoy siguen siendo una realidad.
Desde ArchivosChile aclaran que la Ley de Transparencia y de acceso a la información tiene falencias, o simplemente no se está cumpliendo.
“Estas leyes están en varias reparticiones públicas, pero ninguna se empodera de la ley de transparencia, que indica que todos los documentos públicos son de los ciudadanos y ninguna las entrega. Están buscando de alguna manera distintos subterfugios” para evitarlo, explica la periodista María José Vilches, investigadora de Archivos Chile.
Han intentado por todas las vías legales y protocolares conseguir la información de mano directa de las autoridades, pero aún no han recibido respuesta satisfactoria. Por vías extraoficiales, ArchivosChile logró acceder a los documentos auténticos y los recopiló, con el fin de darlas a conocer a la ciudadanía.
El equipo de investigación prepara una apelación al Consejo para la Transparencia para lograr un fallo a favor y revertir esta situación. Por el momento, mantienen en su Web el detalle de estos documentos valiosos para la historia y que ayudarán a crear un juicio propio, con antecedentes en manos, de cómo fueron esos 17 años en la historia de nuestro país.
Por Julio Sánchez Agurto
El Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.