En la página editorial de la edición de hoy de El Mercurio, el diario reflexiona en torno a los 40 años del golpe de Estado.
Primero, el Decano se refiere al fallido acto republicano que planeaba el Presidente Sebastián Piñera, al que no asistirán los dirigentes de la oposición.
“El país ha dado grandes pasos para ir dejando atrás la cruenta fractura que comenzó a incubarse a fines de los años 60 y se agudizó en los primeros de la década siguiente, en un clima de odios, enfrentamiento y ruina económica, hasta estallar -cuando el cúmulo de conflictos se tornó insoluble e incontrolable por el sistema político de entonces- en la asunción del poder por los militares y sus derivaciones”, partió diciendo el diario.
Luego, la publicación valoró avances para “la recuperación de la convivencia normal”, como las comisiones Rettig, Valech y la mesa de diálogo. Sin embargo, criticó al gobierno por que “las ambiciosas aspiraciones del Presidente Piñera de organizar un acto republicano significativo en La Moneda no fueron acompañadas de una sólida preparación por sus equipos políticos y de asesoría, que era indispensable. No se cuida la alta investidura presidencial -patrimonio del país- al no sondear rigurosamente las intenciones de las autoridades y altos dirigentes de la política. El Gobierno no puede recibir negativas para un propósito elevado como este, y menos puede exponerse a tener que reducir el potencial acto republicano a una ceremonia más y un discurso -por lo demás anticipado ya en sus puntos clave, que tampoco concitaron unidad de pareceres en la propia Alianza-”.
Posteriormente, El Mercurio reacciona a las declaraciones dadas por el Presidente, en las que señaló que “El poder judicial y los medios no estuvieron a la altura” durante la dictadura.
Lejos de pedir perdón, el diario reprocha a Piñera. Además, critica al Poder judicial por los gestos de perdón que ha pedido esta semana.
“Como es obvio, ni los magistrados ni la Corte actuales son los de entonces, y este gesto supone que los ministros de hoy responsabilizan a sus predecesores, que no pueden ya sostener sus ‘razones y sinrazones’. Ni en lo intelectual ni en lo jurídico competen a la Corte Suprema evaluaciones histórico-morales que determinen un alcance político presente. Su responsabilidad es la actual que le asignan la Constitución y las leyes: ni una menos, pero tampoco ni una más”, señala.
“Parecida injusticia -ha incurrido en ella incluso el Presidente Piñera- es imputar a los medios responsabilidades por omisión que son fáciles de proclamar cuando se ha gozado de casi un cuarto de siglo de democracia. ¿Habría sido acaso preferible la censura previa para todos, al modo español entre 1938 y 1966? La única alternativa a ese modelo era entonces un esfuerzo incesante por relajar todas las restricciones, hasta llegar -caso al parecer sin precedente histórico- a que, al avanzar la década de 1980, hubiera medios de oposición beligerantemente activos durante el gobierno militar mismo, contribuyendo con eso decisivamente a una transición pacífica y democrática”, cierra.