Declaración Pública
EL CERCHIO-Coordinamento Nazionale.
En coordinación con CEDHPA, Comisión Europea de Derechos Humanos y Pueblos Ancestrales – Harald Edelstam, con sede y Personería jurídica en Suecia, da a conocer lo siguiente:
Con fecha 27 de diciembre y en adelante, el gobierno chileno inicia, a través de los medios de comunicación, la difusión de una campaña en contra de dos ciudadanas italianas acusando una supuesta participación como activistas en marcha no autorizada en Collipulli, e incluso participación en actos terroristas.
Reconoce públicamente también el 27 de diciembre, que han venido evaluando la expulsión del país de estas dos extranjeras, quienes se desempeñan como observadoras de derechos humanos en territorio mapuche, lo que aumenta nuestra preocupación, ya que dicha evaluación se basa principalmente en la información contenida en la carta de presentación e información enviada oficialmente por nuestra organización al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 29 de noviembre 2012, en donde se informa de la llegada y tareas que desempeñarían estas ciudadanas italianas, carta que se dirige a los siguientes correos: Dirección de Derechos Humanos MINREL (aguerra@minrel.gov.cl); ccornejo@minrel.gov.cl; pureta@minrel.gov.cl; gfernandezb@minrel.gov.cl
Parte del contenido de dicha carta es del siguiente tenor:
“Señoras y Señores
Ministerio Relaciones Exteriores de Chile
Se solicita tenga la amabilidad de hacer llegar la siguiente carta adjunta a los encargados de esta instancia. De nuestra máxima consideración, las organizaciones que firman carta adjunta, nos dirigimos a usted para informar sobre la labor de Derechos Humanos de IL Cerchio y CEDPHA - Edelstam. Por consiguiente deseamos informarles de la llegada de dos ciudadanas italianas que irán a Chile como observadoras de derechos humanos: Luisa Costalbano, educadora y Valentina Fabbri, Mediadora Intercultural.”
Con esto mencionamos que nuestra labor ha sido transparente y que las instancias informadas no ha tenido la delicadeza de acusar recibo de esta información, lo que en modo alguno se puede usar como excusa para desconocer que se recibió dicha información, aprovechándose sin embargo de estos datos para intentar crear un montaje “de ciertas agitadoras”, lo que es completamente falso y con objetivos que son del todo repudiables. Las Observadoras de Derechos, como en cualquier parte del mundo, apoyados en el Derecho Internacional sobre Observadores de Derechos Humanos, podrán estar presentes en todo lugar de conflicto para documentar y realizar sus informes, y Chile no podría ser la excepción a este principio de trasparencia.
Considerando que las declaraciones difundidas por el gobierno de Chile afectan a dos integrantes de nuestras organizaciones, debemos mencionar que en este momento, las observadoras están ejerciendo un trabajo de monitoreo y observaciones de derechos humanos en territorio de la Araucanía y otras regiones de Chile.
De la misma forma queremos señalar que las dos ciudadanas italianas ingresaron a Chile legalmente el 4 de diciembre 2012, a través de policía internacional, no en calidad de turistas, sino como Observadoras de Derechos Humanos, presentándose el mismo día 4 ante la embajada italiana en Santiago según instrucciones recibidas, y posteriormente el 5 de diciembre asistieron a reunión planificada con la Delegación Permanente de la Unión Europea en Chile.
En relación a esto último, cabe recordar que las observadoras se reunieron con Beatriz González, Policy officer de la Delegación de la Unión Europea, quien actuó en representación de dicha Delegación Permanente en Chile, a quienes se les informó su pertenencia a organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y que respaldan su papel de observadoras internacionales de derechos humanos en territorio chileno y donde incluso se acuerda trabajo entre las observadoras y esta institución. Cabe hacer presente que parte de ese trabajo acordado consiste en que antes de salir de Chile entregarán un informe respecto a la Observación de Derechos Humanos en los territorios visitados, y una reunión de alto nivel con los representantes de los Estados Europeos en Chile, cumpliendo de este modo con la diplomacia y relación entre Instituciones y la sociedad civil, por lo que el trabajo realizado jamás ha sido en secreto.
En comunicación directa con las observadoras, se nos ha informado de seguimiento de personas no identificadas así como por personal de carabineros, como también la presencia permanente de vehículos particulares y policiales de vigilancia, entre otros, datos confirmados por personas que viven en sectores donde se han hospedado ellas.
A través de los medios de comunicación hemos podido constatar que inicialmente se intento crear situaciones de confusión, tergiversando casos de dos italianos expulsados del país el 2008 con las presencia de las actuales observadoras. También hemos podido constatar el trabajo de Inteligencia del Estado de Chile, al tratar de vincular supuestos financiamientos desde el extranjero, haciendo mención de seguimiento historial de uno de los familiares de las observadoras, lo que sentimos como insulto a la democracia y al derecho humanitario internacional. Ver noticia: Chile expulsó de su territorio a los ciudadanos italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi.
Denunciamos que Chile incumple gravemente con acuerdos internacionales de Derechos Humanos que ha suscritos, como la aplicación en plenitud del Convenio 169 de la OIT para pueblos Indígenas, en especial lo que refiere a la Consulta. Chile, siendo garante y suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no está entregando protección ni garantía alguna a los Observadores de Derechos Humanos, muy por el contrario, se viene realizando seguimiento y acoso ejercido por organismos del Estado en contra de estos, llegando al extremo de criminalizar la labor humanitaria que éstos realizan, como ha ocurrido en este caso donde se ha pretendido vincular a las Observadoras italianas con actos de terrorismo, como lo insinuó el Intendente Molina de la región de la Araucanía.
Ante esta grave situación, hacemos un llamado a todos los organismos que trabajan por los Derechos Humanos, a personalidades políticas, a la sociedad civil, tanto nacional como internacional a manifestar la preocupación por la protección a observadores de derechos humanos que están en Chile y en cualquier parte del mundo donde estén ocurriendo actos de vulneración a los derechos fundamentales, que en el caso del pueblo mapuche, se traduce en la violación a sus derechos territoriales, como el irrespeto a sus derechos ancestrales ampliamente conocidos y denunciados por todos quienes han visitado dicho territorio a lo menos los últimos 10 años, partiendo con el Informe entregado en abril de 2004 por don Rodolfo Stavenhaguen, como Relator Especial para los pueblos indígenas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre los instrumentos internacionales que mencionamos, deseamos destacar que:
En relación a la difusión de parte del historial personal de una de las observadoras, nos apoyamos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.” En referencia a las comunicaciones escritas por nuestras observadoras, mencionamos que su y nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el artículo 19 del mismo pacto: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Cuando se trata de la situación en la Araucanía, es importante destacar que en las declaraciones de dueños de predios, estos particulares manifiestan abiertamente salir de caserío, y tomar la ley en sus propias manos, por tanto pensamos que todas difusión de esto sin que el estado chileno tome medidas correspondientes, pudiese interpretarse como apología al odio nacional. Sobre esto citamos el Artículo 20 del Pacto; “2, Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”
Queremos señalar, de acuerdo con el Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que dice “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.” como organizaciones internacionales de DDHH, exigimos el derecho de nuestras observadoras a que se rectifique toda tergiversación de la información publicada hasta el momento y que la han afectado no solo en su honra, sino que emocional y sicológicamente.
Por último señalar que donde no hay problemas con violación a los DDHH no es necesaria la presencia de Observadores de DDHH, pero en la medida que el territorio mapuche siga viviendo la situación actual, seguirá estando en la mira de muchos organismos de DDHH, tanto nacional como internacional, como en este caso,
Firma
Directiva Ejecutiva
CEDHPA Edelstam
IL CERCHIO- Coordinación Nacional
Europa, 28 de diciembre 2012
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