Tema
El cinismo pinochetista y la “impunidad”
Apablaza: gobierno formaliza queja ante Argentina por asilo
El canciller Alfredo Moreno formalizó este lunes la queja del Gobierno chileno a su par argentino por haber concedido refugio al ex frentista, Sergio Galvarino Apablaza, imputado del crimen del senador Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro del empresario Cristián Edwards.
Lanacion.cl
Más
Gobierno entrega a Argentina nota de protesta por caso Apablaza
NR: ¿Por qué Pinochet no advirtio a Guzmán?
Tras reunirse por más de una hora con el embajador del vecino país, Ginés González, en la Cancillería, el secretario de Estado señaló que le entregó la nota en que Chile expresa su malestar por la decisión de la Corte Suprema, que acogió la sugerencia de la Comisión Refugiados trasandina.
Si bien no dio a conocer el contenido de la misiva que deberá remitir el jefe de la misión diplomática a la administración de la presidenta Cristina Fernández, Moreno enfatizó que “nos parece que la decisión es un golpe a la justicia”, considerando que ella “en la práctica” cuestiona la vigencia del Estado de derecho en Chile.
De allí que el titular de Relaciones Exteriores reparara en tres razones en las que se sustenta el reclamo.
La primera, indicó, se refiere a que los crímenes por los que se ha pedido la extradición de Apablaza son delitos penales y no comunes, por los que ya se le seguía un proceso en el país.
También, añadió, que el asilo concedido no se ajusta a la ley argentina en cuanto a que la condición de refugiado se da por razones políticas y no por delitos comunes como los califica la Corte Suprema argentina al aprobar en forma unánime el beneficio.
Otro argumento, recalcó, es que Chile se rige por el Estado de derecho plenamente vigente, por lo que el imputado del asesinato del fundador de la UDI y el rapto del empresario periodístico tiene garantías de un juicio justo, al mismo tiempo que las familias de las víctimas tienen derecho a obtener justicia.
Más
Gobierno entrega a Argentina nota de protesta por caso Apablaza
SANTIAGO.- El canciller Alfredo Moreno entregó esta tarde la nota de protesta dirigida al gobierno argentino por la decisión de darle refugio político al ex frentista Galvarino Apablaza, acusado de estar involucrado en el asesinato del senador Jaime Guzmán.
El documento lo entregó el secretario de Estado al embajador de Argentina Ginés González, en el Edificio Carrera durante un encuentro que tuvo una duración de casi una hora.
A la salida de la reunión con el diplomático argentino, el ministro de Relaciones Exteriores señaló los términos en los que se basó la nota, reiterando que el gobierno chileno “lamenta profundamente la decisión y no comparte en absoluto la determinación de Conare (Comisión Nacional de Refugiados)".
El secretario de Estado dijo que “las razones son básicamente tres: Estos constituyen delitos gravísimos como son un asesinato de un senador y en segundo lugar un secuestro extorsivo en contra de Cristián Edwards , ambos ocurridos en democracia”.
A ello agregó que “esta solicitud de extradición fue aprobada en forma unánime por la Corte Suprema de Argentina y además consideró que eran delitos comunes y éstos, de acuerdo a las mismas normas que rigen al Conare y a los tratados internacionales en la materia, no son susceptibles de refugio. A pesar de ello, Conare concedió el refugio al señor Apablaza”, señaló el canciller Moreno.
En tercer lugar, el ministro dijo que "Chile cuenta con el más absoluto estado de derecho que garantiza el debido proceso para el señor Apablaza y para cualquier otra persona que deba enfrentar a los tribunales de manera tal que sea procesado, juzgado, reciba la pena que corresponda y la cumpla. Nos parece que la decisión de Conare apunta en la práctica, a desconocer este estado de derecho plenamente vigente en Chile".
Moreno recordó que Apablaza solicitó refugio hace cinco años y “sin causa justificada alguna fue demorada durante todo este tiempo. De tal manera, estos son los elementos en los cuales se ha basado lo que se ha expresado al gobierno argentino a través de la nota y nos parece que esta decisión constituye un golpe para lo que es la justicia y el respeto a los derechos humanos en Chile, pues naturalmente entorpece y dificulta la administración de justicia y no permite el legítimo ejercicio de sus derechos que tienen los familiares de las víctimas de estos delitos que he mencionado”.
De paso el secretario de Estado indicó que se van a seguir haciendo “todos los esfuerzos” para que Apablaza enfrente la justicia chilena.
"Quisiera decir también que hemos tenido el apoyo de todas las fuerzas políticas de este país. Creo que en estos se ha mostrado una unidad que es una gran fortaleza para Chile en este camino de seguir hacia adelante en la búsqueda de cumplir con la justicia. No es posible que una persona que delinque en un país vaya a otro y eso signifique impunidad, las fronteras son para otras cosas”, subrayó Moreno.
El canciller informó también que “de común acuerdo” se dispuso reprogramar la agenda bilateral respecto a un consejo de gabinete binacional que desde hace tiempo se espera concretar.
Respecto a la situación del embajador chileno en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, el canciller Moreno aseveró que “es la misma que ha tenido hasta el día de hoy. Está participando en diversas actividades en Chile que tienen que ver con su labor en Argentina y volverá a ese país en el momento en que estaba presupuestado”.
Más
El jefe del espionaje militar, General (R) Hernán Ramírez Rurange, que supo con antelación del crimen de Jaime Guzmán
Jorge Molir Por El Mostrador
El ex director de inteligencia y creador de la “unidad especial” que sacó a militares de Chile para evitar la acción de la justicia a principios de los 90, fue condenado por el asesinato del químico de la DINA Eugenio Berríos el pasado 10 de septiembre. Su nombre apareció en la investigación por la muerte del senador UDI, luego que el ex ministro Cuadra dijera que en 1991 un miembro del alto mando del Ejército le informó que Guzmán estaba en la mira del FPMR, unos días antes que fuera asesinado.
Fue un hombre con poder y muy cercano a Pinochet. De hecho, es posible verlo en fotografías de los años 80 junto al ex dictador, con esa mirada impenetrable, fría, distante y concentrada con la que los edecanes desempeñan su labor.
Fue un hombre “confiable y de confianza”, como se le llama en la jerga militar a un subalterno que practica la gélida reserva y cumple órdenes sin dudar.
Acompañó a Pinochet en muchos viajes, ocupó cargos políticos y hasta cometió graves delitos para proteger al Ejército de principios de los 90, cuando el gobierno de Patricio Aylwin iniciaba una cruzada para enjuiciar a los militares que habían participado en violaciones de Derechos Humanos. Incluso, no trepidó en usar todos los recursos de la institución y los contactos con los servicios de inteligencia sudamericanos y europeos para llevar a cabo esa misión.
Así es el general en retiro Hernán Ramírez Rurange. Un militar de otro tiempo que volvió al presente desde un pasado cercano, con toda su carga de secretos. Y como una sombra reveló que, cuando fue director de inteligencia en 1991, supo con antelación que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quería asesinar al entonces senador de la UDI Jaime Guzmán.
La telaraña de Cuadra
Su nombre apareció hace algunas semanas, luego que el ex ministro de la dictadura, Francisco Javier Cuadra, revelara que general (R) Jorge Ballerino -a la sazón jefe del comité asesor de Pinochet- lo llamó porque el grupo de ultraizquierda también lo tenía como objetivo a eliminar. El dato, lo canalizó precisamente Ramírez Rurange.
Las palabras de Cuadra aparecen en el contexto del caso que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, con posterioridad a la entrevista otorgada a Chilevisión por Mauricio Hernández Norambuena -comandante “Ramiro”- recluido en una cárcel brasileña por el secuestro del empresario Washington Oliveto.
Hernández Norambuena, condenado en Chile a presidio perpetuo por el homicidio del ex parlamentario y por el secuestro de Cristián Edwards -hijo de Agustín, dueño de El Mercurio-, aseguró que la decisión de terminar con la vida del ideólogo de la UDI, fue tomada por la jerarquía del FPMR. Involucró con ello al jefe de la organización, Galvarino Apablaza -comandante “Salvador”- quien se halla en Argentina esperando asilo político, luego que la Suprema de ese país aprobara su extradición, en el marco de la misma causa.
También vinculó al ex comandante del Frente, Enrique Villanueva Molina, como uno de los conocedores del hecho, imputándole haber sido agente de la Dirección de Seguridad Pública -conocida como “La Oficina”- y haber operado para desarticular al grupo subversivo.
Hay que recordar que Ramiro se fugó de Chile en 1996, cuando la dirección del FPMR lo rescató de la Cárcel de Alta Seguridad, en una espectacular evasión en helicóptero.
Todo lo anterior, instaló al Ejército en medio de la decisión política del gremialismo por aclarar el papel de los gobiernos de Aylwin y Frei, en el ocultamiento de información a la justicia sobre el crimen, y a Ramírez Rurange como el nexo necesario para el encadenamiento de una verdad procesal, que el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, busca probar en el expediente.
Los principiantes
El ministro Carroza arraigó a Villanueva Molina. Lo citó a declarar y buscará enlazar los dichos de Norambuena con los de Ballerino y Ramírez Rurange, pero al mismo tiempo, puede abrir una caja de pandora sobre la infiltración en el Frente por parte del Ejército y la CNI.
Carroza conoce al dedillo este hecho. Lo sabe porque junto al caso Guzmán, sustancia el proceso por la desaparición de cinco ex militares del FPMR en 1987, asesinados en represalia por el secuestro del coronel del Ejército Carlos Carreño, ocurrido el mismo año. Y este último, en una reciente declaración, ante Carroza, al menos los deslizó.
Ramírez Rurange ordenaría otra operación de encubrimiento, la que le fue mandatada directamente por Pinochet: sacar de Chile al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, quien estaba citado en el caso Letelier y se temía que revelara la creación de venenos del organismo dirigido por el general (R) Manuel Contreras desde 1973 a 1977.
Si bien es cierto Ramírez Rurange no tiene relación en los dos casos anteriores, conoce de sobra el espionaje a los grupos de izquierda.
El 23 de abril de 1991, 22 días después del homicidio del parlamentario UDI -ocurrido en el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde impartía clases- un hecho dejó al ex oficial al descubierto.
La historia comenzó cuando el militante comunista Álvaro de la Fuente, llegó al diario La Época. La información que traía no era menor: había sido informante de la CNI y ahora de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), usando la “identidad operativa” de “Max”.
El periódico, dirigido entonces por el periodista Ascanio Cavallo, se dio a la misión de probar los hechos por más de dos meses. Fue así como De la Fuente acordó un “punto” de reunión con sus dos agentes de control, “Charly” y “Pepe”. El encuentro se realizó en el centro de Santiago y fue registrado por un fotógrafo del medio.
El 3 de julio de 1991 un titular sacudió al gobierno de la Concertación: “Informante revela espionaje de DINE al gobierno”. Los agentes de Ramírez Rurange, habían caído en una trampa de principiantes y La Moneda se enfrentaba a un escenario complejo, a pocos meses del crimen de Guzmán y de la radicalización de las acciones del FPMR.
El entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas -investigado actualmente por la corrupción en la compra de aviones Mirage- se dio a la tarea de saber quiénes eran los agentes. Finalmente, La Época publicó el 26 de julio que uno de los militares era el sargento Carlos Kram Soto. Pero el destino de Ramírez Rurange volvió a coincidir con el de Ballerino. Este último, en una cita reservada con los periodistas que cubrían el caso, les indicó que Charly, Pepe y el capitán a cargo, serían sancionados y cambiados de la DINE.
Si bien Ramírez Rurange quedó cuestionado al interior del Ejército, Pinochet lo ascendió a un cargo superior: jefe de la guarnición de Santiago. Sin duda una demostración de poder.
El espionaje político no sólo afectaba a los dirigentes de la Concertación y la izquierda, sino también al entonces jefe de Investigaciones, el general en retiro del Ejército, Horacio Toro que estaba dedicado por esos días, a buscar a los responsables del crimen de Guzmán.
El servicio secreto
Pero Ramírez Rurange guardaba entonces otro secreto. Había iniciado la denominada “Operación Silencio” o “control de bajas”, como se le llamaba eufemísticamente en la DINE, porque en abril de 1991, usando la estructura del Servicio Secreto de Espionaje (SSE) del Ejército, sacó de Chile al ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros.
Sanhueza Ros estaba en la mira de la justicia por su participación en la Operación Albania, un montaje de dicho servicio represivo que terminó con la vida de 12 frentistas en distintos lugares de Santiago en junio de 1987. Además, aparecía como uno de los autores del crimen del empresario Aurelio Sichel, ocurrido en 1989, relacionado con la financiera ilegal que funcionaba al interior del Ejército, “La Cutufa” y el asesinato del vocero del MIR, Jecar Neghme en 1989.
Sanhueza Ros fue llevado hasta un hotel institucional, el Kon-Tiki, hasta donde llegó el jefe del SSE, el entonces coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Ferrer Lima, conocido en la comunidad como Carlos Frez Ramos. El SSE funcionaba en ese entonces en una oficina ubicada en Agustinas con Teatinos, frente al Hotel Carrera y a un costado del diario La Nación.
El ahora ex oficial, condenado por varios casos de derechos humanos cumpliendo condena en Punta Peuco, no estaba de acuerdo en usar la estructura que durante años logró armar el SSE en los países vecinos y Europa, con el fin de esconder a Sanhueza Ros. Pero Ferrer Lima, otro hombre “confiable y de confianza” de Pinochet, finalmente cumplió la orden que le dio Ramírez Rurange.
Llegó hasta el hotel e instruyó a Sanhueza Ros respecto de cómo se ejecutaría la operación para ponerlo en un avión con destino a Argentina.
Para ello, Ferrer Lima contactó al “abuelo” o José Antonio, el agente “residente” del SSE en Buenos Aires por más de 20 años, Carlos Narea González. Ex esposo de la hermana de la cantante “Sonia La Única”, Narea González llegó hasta el aeropuerto de Santiago, mientras Ferrer Lima montaba un dispositivo en el terminal aéreo y preparaba el salón VIP para que Narea González y Sanhueza Ros se conocieran. Se temía que este último fuera detenido por Investigaciones, pero nada ocurrió y Ferrer Lima le informó a Ramírez Rurange del éxito de la misión.
Entonces, las relaciones de Pinochet con el gobierno no iban por el mejor camino. A mediados de 1991 la Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para investigar el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en septiembre de 1976 en Washington -Estados Unidos-, a manos de la DINA.
Para evitar problemas a la institución, Ramírez Rurange conformó la llamada “Unidad Especial”. Se trataba de un grupo dedicado a esconder, controlar y llevar el sueldo a Sanhueza, quien luego de una corta estadía en el departamento que tenía Narea González en Buenos Aires, se dirigió al sur de Argentina, donde regentaba un kiosko.
Ramírez Rurange designó entonces a los oficiales Arturo Silva Valdés, el hombre que actuaba como avanzada de Pinochet para cualquier viaje que realizara el extranjero, como el jefe del grupo, para cumplir el cometido. Lo que Ramírez Rurange no sabía es que a estos hombres se los encontraría en la cárcel años más tarde.
El abuelo
Así llegó septiembre de 1991 y la Unidad Especial sacó de Chile al entonces mayor Carlos Herrera Jiménez. Este último estaba acusado como autor del crimen del militante DC, Mario Fernández, ocurrido en 1984 en La Serena y bajo el mismo cargo en el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez en 1982, hecho por el que actualmente cumple una condena a presidio perpetuo en Punta Peuco.
No obstante, Ramírez Rurange ordenaría otra operación de encubrimiento, la que le fue mandatada directamente por Pinochet: sacar de Chile al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, quien estaba citado en el caso Letelier y se temía que revelara la creación de venenos del organismo dirigido por el general (R) Manuel Contreras desde 1973 a 1977.
Berríos abandonó Chile con identidad falsa y con todos los recursos del Ejército fue llevado a Buenos Aires, y luego instalado en Uruguay, donde también estaba Herrera Jiménez.
Lo que Ramírez Rurange no podía prever en 1991, es que el 10 de septiembre de 2010 -19 años más tarde-, justo en momentos en que su nombre apareció en el caso Guzmán, el ministro Alejandro Madrid lo condenaría a cinco años y un día como autor de secuestro y tres años como autor de asociación ilícita junto a los otros miembros de la “Unidad Especial” por el homicidio de Berríos, quien fue hallado en 1995, en un balneario cercano a Montevideo, Uruguay, enterrado boca abajo -como se hacía en la antigüedad con los traidores- con dos tiros en la nuca.
Pero Ramírez Rurange también fue interrogado en el proceso por la muerte de Eduardo Frei Montalva ocurrida en 1982, cuando precisamente era el edecán de Pinochet.
El juez Madrid lo indagó respecto a dos operaciones secretas, una de ellas llamada “Olimpo” y otra “Yngecto”, respecto de las cuales existen sospechas que pudieron haber sido el inicio de la producción de toxinas que siete años más tarde terminaron con la vida de Frei. Ramírez Rurange dijo que la primera “se trató de algo meramente militar y de seguridad nacional, mientras que la segunda, me parece, que puede ser de contraespionaje”.
Ligazones
En el Ejército, actualmente, existe preocupación y molestia, debido a que se involucró a la institución en un caso virtualmente olvidado e incluyó a militares que cometieron graves delitos, hecho que pone ruido en la campaña de mejoramiento de su imagen “que nos ha costado mucho potenciar”, dice un general del alto mando.
Lo cierto es que más allá de lo que se diga privadamente, el caso Guzmán volvió a tomar nuevos aires.
Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades para llegar a puerto. La primera es que existe una posibilidad de que Galvarino Apablaza, no sea extraditado desde Argentina. También, y más allá de las intenciones del gremialismo, puede que Hernández Norambuena tampoco sea enviado a Chile para que enfrente la justicia. Lo anterior, porque cumple una condena de 30 años, inferior al presidio perpetuo al que fue sancionado por el crimen de Guzmán.
Sólo surge una duda, si Ramírez Rurange le informó a Ballerino lo que sabía del posible atentado del FPMR ¿por qué este último no entregó la información por los canales habituales?
Si bien la respuesta está en manos del ministro Carroza, la reciente entrevista otorgada a El Mostrador por el ex comandante del FPMR, Enrique Villanueva Molina, podría ser un elemento que asociara la muerte de Guzmán a los militares de la época.
Ni Carroza ni la UDI tienen un trabajo sencillo por delante, sobre todo porque han transcurrido casi 20 años desde que el Frente mató a Guzmán y porque en el expediente muchas de las diligencias que fueron hechas en su momento no entregaron los antecedentes para demostrar el supuesto encubrimiento de los agentes de La Oficina, Investigaciones y de los gobierno de Aylwin y Frei.
Si bien la reescritura del caso Guzmán recién comienza, lo cierto es que Ramírez Rurange cayó en la telaraña que tejió Hernández Norambuena y continuó Cuadra. Y de esos entramados, a veces, es difícil zafarse.
http://www.defensadelcobre.info/modules.php?name=News&file=print&sid=10749
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.