Lídice Carreño relató que “Me golpearon, me tiraron al piso. Los carabineros de Fuerzas Especiales me arrastraron hacia el bus policial, y en las escaleras se produjo un abuso sexual contra mí".
El viernes 20 de enero, 3 jóvenes acompañadas de familiares y organismos de Derechos Humanos, presentaron una querella contra quienes resulten responsables por agresiones, vejaciones y ultrajes cometidos por Carabineros, el pasado 15 de enero en Peñablanca, Villa Alemana (V Región de Chile), al término del Festival del Fin del Mundo.
El abogado Alejandro Chaparro presentó la denuncia y abundantes pruebas ante la 2ª Fiscalía Militar de Valparaíso, representando a Vania Frugone y a las hermanas Lídice y Sinsi Carreño.
El día de los hechos, las jóvenes fueron acorraladas –junto a cientos de adolescentes- a la salida del recinto deportivo en que se realizaba el evento, por un numeroso contingente de Carabineros, que procedió a agredir a mansalva y con todo el aparataje represivo a quienes al anochecer pretendían retirarse a sus hogares. Los miles de asistentes coinciden en que no hubo ningún incidente… hasta que la fuerza pública comenzó a golpear a los asistentes.
Lídice Carreño relató que “Me golpearon, me tiraron al piso. Los carabineros de Fuerzas Especiales me arrastraron hacia el bus policial, y en las escaleras se produjo un abuso sexual contra mí, una vez arriba nos siguieron golpeando con la luz apagada, y ellos estaban sin identificación”. Afirmó que “en total fueron tres golpizas: a la salida del Estadio, en el bus policial y en la comisaría de Villa Alemana”
A su vez, su hermana Sinsi narró que “fue mucho golpe, mucho abuso, estamos muy mal psicológicamente, yo lo único que quiero es que esas personas no vuelvan a salir nunca más a la calle porque son un peligro, no pueden estar en un cargo público, queremos justicia”. Aún choqueada manifestó que “Hace cinco años que vamos al Festival y nunca había pasado esto, nunca había Fuerzas Especiales afuera, bloqueando la salida y lanzando lacrimógenas. En la micro iban como trece o catorce carabineros, más dos tenientes. Teníamos a cuatro carabineros golpeándonos a cada una”, añadió.
Lo mas grave, y de lo que es directamente responsable el Mayor Cristian Millar a cargo de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, cuando los padres de las hermanas Carreño (Ariel y Glenda) alertados por amigos de las jóvenes, concurrieron al recinto policial a preguntar por la situación de sus hijas, fueron golpeados y detenidos. Ariel Carreño fue agredido por un grupo de funcionarios que en medio de la golpiza lo lanzaron contra una mampara, quebrando un vidrio con su cuerpo. Quedó detenido y fue formalizado por “maltrato de obra a Carabineros” (!) por el Ministerio Publico de Villa Alemana. La madre y las niñas fueron liberadas alrededor de las 4 de la madrugada.
Si bien estas personas tuvieron el valor de denunciar los maltratos y abusos cometidos por funcionarios de Carabineros, cabe señalar que fueron detenidos más de 80 jóvenes, formalizados 38 varones y 14 mujeres, muchas de las cuales relataron a su salida de la comisaría, no solo los golpes que sufrieron, sino los diversos ataques sexuales de que fueron objeto en los buses policiales.
Una vez más quedaron en evidencia las serias deficiencias que tiene el sistema de constatación de lesiones. Los médicos –en presencia de los funcionarios policiales- sólo miran a los detenidos y ponen el consabido “sin lesiones”, lo que contribuye a la impunidad de los delincuentes con uniforme. Esto es particularmente grave en casos de ultrajes sexuales. Esperamos que el Colegio Médico de una buena vez se haga responsable de esto.
Llamamos por tanto a la comunidad nacional e internacional a tomar conciencia de la grave crisis se seguridad ciudadana que vive Chile, en que los funcionarios encargados de resguardar el orden público, azuzados por el Gobierno, cada vez se preocupan menos de la delincuencia y más de reprimir cualquier manifestación ciudadana, sea esta de protesta, deportiva o musical como es el caso.
Cuando el Presidente de la República y su Ministro del Interior comprometen la credibilidad pública, le mienten al país, acusando sin bases a comunidades, a los Fiscales, a los jueces, entonces ha llegado la hora de poner en la agenda política el significado real de la seguridad ciudadana. ¿Se trata de proteger al Estado y sus funcionarios de la crítica pública? ¿Se trata de amedrentar a la ciudadanía para que no reclame por los abusos a que es sometida? ¿Es necesario darles más facultades a las policías –como pretende Hinzpeter- o establecer claramente sus límites, como demanda la ciudadanía? ¿Cuándo el Estado chileno establecerá el Reglamento del protocolo Facultativo contra la Tortura?
Lo que está meridianamente claro es que no podemos tolerar este comportamiento brutal y psicopático de funcionarios estatales.
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